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domingo, 1 de junio de 2014

Grietas en la muralla

TAP NIEGA CLAUSURA DEL CASO PIEGAS



Los delitos cometidos durante la dictadura no prescribieron, por lo que los jueces deben seguir investigando y, eventualmente, condenar a los responsables. Un tribunal de Apelaciones ordenó la reapertura de una indagatoria judicial, con el argumento de que el período de vigencia de la ley de caducidad no puede incluirse dentro del plazo de prescripción.

Caras y Caretas - 31 5 14 - Por Mauricio Pérez


El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 4º Turno aseguró, en sucesivos fallos judiciales, que el período de vigencia plena de la Ley 15.848 (de caducidad de la pretensión punitiva del Estado) no puede ser considerado dentro de los plazos de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura. En consecuencia, pueden seguir siendo investigados.
La Sala, con el voto conforme de todos sus integrantes (Ángel Cal Shabán, Jorge Catenaccio y Luis Charles) ordenó entonces, el lunes 19, la reapertura de la investigación por el homicidio de Enrique Piegas Cavalheiro, cuyo plazo de prescripción aún no se habría cumplido. 
Piegas, funcionario aduanero y dirigente sindical en Salto, fue detenido por efectivos del Fusna en Montevideo, por motivos que aún se desconocen. Falleció el 8 de febrero de 1978 en el hospital de su departamento, como consecuencia, aparentemente, de las torturas a las que fue sometido durante su detención, según señala la denuncia penal presentada por su familia. 
En abril de 2013, semanas después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarara la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831 para el caso de Piegas, el juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal, dispuso el archivo de la indagatoria penal. El magistrado consideró que ese fallo, que favoreció a dos capitanes de Navío en situación de retiro que fueron citados a declarar por la Sede, desechaba la tesis de la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura y categorizaba al crimen como un delito común. Con estos argumentos, el caso estaba prescrito desde el 28 de octubre de 2011. El caso de Piegas fue el primero que se archivó a raíz de la resolución de la Corte. 
Sin embargo, el TAP rebatió estos argumentos y consideró que el caso debe reabrirse. Argumentó que “no es jurídicamente admisible” que el período de vigencia de la ley de caducidad se incluya dentro de los plazos de prescripción ya que, en los hechos, las víctimas de los delitos o sus familiares no pudieron acudir a la Justicia. La postura del TAP fue reiterada en otro expediente: la indagatoria penal por el homicidio del maestro Julio Castro.
Reapertura

En línea con la jurisprudencia establecida en los tribunales uruguayos, el TAP consideró que el tiempo que duró la dictadura (27 de junio de 1973 al 1º de marzo de 1985) no puede contabilizarse a la hora de computar los años de prescripción para los delitos cometidos por policías o militares, ya que las víctimas o sus familias estaban, en esos años, imposibilitadas de acudir a la Justicia. El retorno a la democracia hizo posible que las víctimas acudieran a la Justicia y presentaran las denuncias con la “correlativa posibilidad, efectiva y concreta” de que los hechos fueran investigados “con las garantías del debido proceso”. Pero esa situación cambió el 22 de diciembre de 1986, cuando fue promulgada la ley de caducidad.
La norma “supuso ineluctablemente, que las víctimas, o sus causahabientes, o cualquier persona con un interés directo en que se investigaran eventuales hechos delictivos ocurridos en el período dictatorial, se tuvieran que enfrentar nuevamente a la paradojal situación de que la Justicia carecía de autonomía funcional para desarrollar su específica labor institucional”, en virtud de la necesaria intervención del Poder Ejecutivo para definir qué casos podían investigarse y qué casos no.
Por este motivo, para el caso Piegas “no es jurídicamente admisible pretender computar el término de prescripción, de manera conjunta, simultánea, o superpuesta con la caducidad operada legalmente”, ya que ambos son “institutos excepcionales” y “no admiten ser aplicados respecto del ejercicio del mismo derecho, en un plano temporal idéntico”. Por ende, “el término de prescripción no puede jurídicamente computarse durante el lapso [en] que operó la caducidad, esto es, a partir de la vigencia de la Ley 15.848, sin perjuicio de ser computable el período anterior a la promulgación de la misma”, concluyó el TAP.
Las hipótesis

Con esta línea argumental, el TAP establece que el plazo de prescripción de los crímenes de la dictadura debe computarse desde el 1º de marzo de 1985 hasta la promulgación de la ley de caducidad, detenerse durante el período de vigencia plena de esa norma y reiniciarse con base en alguna de tres hipótesis legales, cuya aplicación depende de cada caso. 
En la primera hipótesis se cuenta a partir de la fecha en que, eventualmente, el Poder Ejecutivo hubiera emitido un informe considerando que el caso estaba excluido de la ley de caducidad. En la segunda, se cuenta a partir del 30 de junio de 2011, cuando el Poder Ejecutivo aprobó la resolución 322/2011 (por la que todos los casos fueron excluidos del amparo de la polémica norma). Y en la tercera, a partir del 27 de octubre de 2011, cuando entró en vigencia el artículo 1 de la Ley 18.831.
La Sala consideró que ese artículo, que restableció la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por funcionarios policiales y militares, no fue declarado inconstitucional por la Corte, así que está vigente y debe aplicarse: “La precitada norma no modificó un ápice la situación legal preexistente a su sanción, en cuanto sus efectos se proyectan hacia el futuro, al carecer de efecto retroactivo, y por tanto su eventual aplicación al caso que pudiera corresponder, se efectúa con absoluta prescindencia de los arts. 2 y 3 del mismo texto legal” (que fueron declarados inconstitucionales).
Estos sucesivos fallos del TAP de 4º Turno son relevantes, ya que se trata del segundo tribunal de Apelaciones que, con base en estos argumentos, niega el pedido de clausura de indagatorias penales por delitos cometidos durante la dictadura. En abril de 2013, el TAP de 1º Turno desestimó la clausura de varias causas al considerar que “la Ley de Caducidad se erigió en obstáculo a la investigación” de estos ilícitos, puesto que “ni las víctimas ni el titular de la acción pública estuvieron en plenas condiciones de perseguir los delitos encapsulados por el artículo 1º de la Ley 15.848”.
Desde entonces se aguardaba con expectativa qué postura asumirían los demás tribunales de alzada, ya que su posicionamiento sería clave para definir la continuidad de los procesos por violaciones a los derechos humanos de la dictadura. En todo caso, la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia (o en su defecto, los fiscales que no compartan estos argumentos y consideren que los delitos están prescriptos). Empero, la famosa “muralla” de la que habló el ministro de Corte Jorge Ruibal Pino comenzó a mostrar algunas grietas, y existen argumentos jurídicos para atravesarla.
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jueves, 15 de mayo de 2014

Para eso mismo fue creada





En el marco del cumplimiento de sus obligaciones legales, la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) emitió informes constatando presuntas golpizas y malos tratos físicos y psicológicos a menores internados en el Sirpa además de expresar preocupación por las condiciones de reclusión que violentan las obligaciones contraídas por el Estado uruguayo.


Las condiciones carcelarias en Uruguay son un problema estructural y endémico de nuestro país, tanto para los adultos como para los menores infractores y una problemática heredada difícil de resolver a corto plazo, aunque en los últimos años se ha avanzado en una dirección correcta, tal como lo señaló Manfred Nowak, relator especial de las Naciones Unidas.


La constatación de episodios de malos tratos físicos y psicológicos, torturas, es harina de otro costal. La tortura es una grave violación a los DDHH y así ha sido establecido en nuestra legislación aunque no se haya logrado hasta el momento incorporarla al Código Penal tal como ha reclamado en reiteradas oportunidades nuestra organización.
  
Lo hemos señalado al referirnos al pasado reciente y lo reiteramos. La tortura es una práctica inmemorial en la historia de la humanidad, pero no por ello deja de ser una conducta abyecta y despreciable, bestial, que no admite ninguna justificación ni excusa para su empleo, que degrada a quienes la ejecutan, la ordenan, la justifican o la toleran aunque se invoquen las causas más nobles o encomiables ya sea desde el punto de vista político, religioso o por motivos de seguridad nacional. 

Al constatarse una grave violación a los DDHH las obligaciones del Estado, de sus órganos, agentes, poderes, funcionarios y representantes, están reguladas detallada y pormenorizadamente por la Resolución 60/147 (*), aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en diciembre de 2005. 

La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, sistemáticamente ignorada hasta el momento por el sistema político uruguayo a todos los niveles y las autoridades gubernamentales, poder judicial incluido, es el instrumento internacional que establece el estándar de calidad institucional y el patrón de medida a la luz del cual juzgar las conductas y las acciones de los gobernantes a cualquier nivel de responsabilidad cuando se constatan graves violaciones a los DDHH, como también lo remarcó el Relator Especial de las Naciones Unidas, Dr. Pablo de Greiff en octubre del año pasado cuando visitó nuestro país. 

Como colectivo, para evitar los riesgos del subjetivismo y de la autocomplacencia, evaluamos la transición democrática iniciada en 1985 a la luz de ella: es el estándar de calidad, el criterio objetivo para medir los avances y definir  los desafíos pendientes de la sociedad uruguaya. Para el pasado, el presente y el futuro. 

La INDDHH es un logro de la sociedad aunque moleste.


En el plano de los derechos humanos,  si bien todos los órganos del Estado y sus funcionarios tienen la obligación de respetar y garantizarlos junto con  las libertades fundamentales, existe un poder con responsabilidades específicas al respecto en todos los países, la experiencia internacional demostró, que era conveniente, además, la existencia de un órgano con cometidos especializados en materia de derechos humanos para asegurar su pleno respeto y vigencia.
  
De ahí provino la iniciativa de crear Instituciones Nacionales de DDHH (ONU, Resolución 48/134 de marzo de 1994), con el cometido de promover y proteger los derechos y las libertades fundamentales, como responsabilidad propia y de dedicación exclusiva para obtener mejores resultados.
  
La libertad, la justicia y la paz en el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Las instituciones nacionales tienen el cometido de velar que ello ocurra en sus países. 

La creación de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en el año 2009 fue una gran conquista de la sociedad uruguaya. Se modificó positivamente la institucionalidad democrática, se profundizó la democracia reconquistada con la lucha y la resistencia de los trabajadores y del pueblo uruguayo.
  
Las instituciones nacionales de DDHH son escudos para los débiles, para los ciudadanos más vulnerables y más desprotegidos de las sociedades. Los banqueros, los grandes industriales y terratenientes, los dueños de los medios de comunicación, las transnacionales, tienen los recursos y los medios, para proteger y defender sus intereses sin tener que recurrir a ellas.  

El fortalecimiento, desarrollo y potenciación de la INDDHH es imprescindible para afirmar y profundizar la democracia uruguaya, para afirmar la libertad y los derechos de los ciudadanos frente al gobierno, los poderes y la burocracia estatal. Darle mayores atribuciones legales para reforzar su potencial social y asegurar su plena independencia técnica y administrativa es un desafío para el presente. 

Las resoluciones de la INDDHH y su acatamiento por parte del Estado uruguayo, de todos sus agentes,  aunque  se denominen “recomendaciones” y no tengan carácter jurídico vinculante, si lo tienen desde el punto de vista político y moral. Por lo menos para quienes estamos convencidos de que las normas de derechos humanos son un pilar básico de una convivencia democrática, pacífica, civilizada, gratificante y enriquecedora con plena justicia social. 

Cumplir con las recomendaciones de la INDDHH es una obligación, moral y política, de todos los funcionarios del Estado. Desde el más encumbrado al más humilde servidor. Para dignificar la sociedad. El sistema político como tal debe comprometerse en esa orientación y exigir que así sea. Por si hubiera alguna duda: una vez más, nuestro pleno respaldo a la Institución.

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(*) Resolución 60/147 de la ONU: Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.

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Ópinando – Año 3 – Jueves 15 de mayo de 2014

miércoles, 14 de mayo de 2014

Se mantiene vigente

JUSTICIA PUEDE APLICAR LEY 18.831 EN CASO ALTER



La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó una excepción de inconstitucionalidad contra la ley 18.831 presentada por la defensa del oficial imputado por el homicidio de Gerardo Alter. El fallo habilita a que el militar sea juzgado en aplicación de la norma que restituyó la pretensión punitiva del Estado. Hasta el momento, la norma sólo pudo aplicarse en el caso Ramón Peré.


Caras y Caretas - 10 5 14 - 

Por Mauricio Pérez.

La Corte desestimó la excepción de inconstitucionalidad presentada por la defensa del coronel (r) Arturo Aguirre contra la ley 18.831, en el marco de la indagatoria penal por la muerte del militante del PRT, Gerardo Alter, y habilitó que el oficial sea juzgado al amparo de dicha norma, que fue oportunamente declarada inconstitucional por la propia Corporación.
La mayoría del máximo órgano del Poder Judicial consideró, con el voto conforme de los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Ricardo Pérez Manrique, que la norma, que restituyó la pretensión punitiva del Estado, fue “definitivamente aplicada” en la causa, ya que existe un fallo de un Tribunal de Apelaciones que confirma el procesamiento.
En este sentido, “un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia sobre el fondo del asunto supondría la emisión de un juicio abstracto, genérico y no relevante para la resolución de un caso concreto, actividad que no está habilitada por el ordenamiento jurídico”, afirma el fallo, al que accedió Caras y Caretas Portal.

“Expresado en otros términos, partiendo de la premisa de que la solicitud de declaración de inconstitucionalidad tiene por finalidad evitar la aplicación de la Ley impugnada a un caso concreto, no es jurídicamente posible alcanzar dicho objetivo cuando la norma ha sido definitivamente aplicada”, dice el fallo.
Los argumentos esgrimidos por la mayoría de la Corte fueron los mismos utilizados sobre mediados de 2013 para desestimar la acción de inconstitucionalidad promovida por el coronel (r) Tranquilino Machado, en el caso Ramón Peré. Machado fue el primer oficial condenado por crímenes de la dictadura, al amparo de la ley 18.831.
Oportunamente, la Corte valoró que los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 violentan “el principio constitucional de legalidad y el de irretroactividad de la ley penal más gravosa”, en contravención de los preceptos emanados de la Constitución de la República. Empero, al rechazar el recurso, la Corte habilita que Aguirre sea enjuiciado al amparo de la norma.
El juez Penal de 4º Turno, Eduardo Pereyra, dispuso en octubre de 2011 el procesamiento del teniente coronel (r) Alberto Gómez Graña y del coronel (r) Arturo Aguirre como coautores de un delito de “homicidio muy especialmente agravado”, del militante del PRT, Gerardo Alter. El fallo fue posteriormente confirmado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 4º Turno.
Alter fue detenido, en agosto de 1973 por efectivos de la dictadura cívico-militar en el cruce de Camino Carrasco y Veracierto, junto a los militantes del MLN-T Jorge Selves y Walter Arteche. Los tres detenidos fueron derivados al Batallón Florida, donde fueron interrogados y torturados. Alter y Arteche fallecieron a causa de las torturas, pero Selves salvó su vida y fue testigo en la causa.
Gómez falleció en prisión en junio de 2013, por lo que el caso continuó exclusivamente contra Aguirre. Tras el fallo de la Corte, el juez Pereyra queda habilitado para continuar la indagatoria contra el oficial y, eventualmente, dictar su condena por el homicidio de Alter, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. El fallo contó con la discordia del ministro Julio Cesar Chalar.


En tanto, la Justicia mantiene vigente una orden de captura internacional contra el oficial Hermes Tarigo, prófugo de la Justicia uruguaya desde octubre de 2011. El militar fue imputado por el crimen de Alter, pero nunca concurrió a la audiencia ratificatoria por lo que se solicitó su captura. En los últimos meses la Justicia adoptó diversas medidas para conocer su paradero, pero el militar aún no pudo ser localizado.
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lunes, 5 de mayo de 2014

Putas y guerrilleras

ADELANTO DEL LIBRO DE MIRIAM LEWIN Y OLGA WORNAT SOBRE LOS CRIMENES SEXUALES EN LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCION

Militantes en su juventud y periodistas después, las autoras relatan –en el libro Putas y guerrilleras, que distribuye Planeta en estos días– las torturas, abusos y violaciones que sufrieron cientos de mujeres en los centros clandestinos en la década del ’70. En algunos casos fueron también relaciones tortuosas nacidas bajo tormentos con sus victimarios. Aquí, como anticipo, un extracto de la introducción de Miriam Lewin.

Página 12 - 5 - 5 - 14 - Por Miriam Lewin

Mártires y prostitutas

Era un 24 de marzo, aniversario del golpe, y me habían invitado a Almorzando con Mirtha Legrand. Aceptar estar ahí significaba para mí renunciar a ir a la ESMA, ahora a un acto multitudinario, el día de su conversión en espacio para la memoria. Decidí ir al programa de la ex diva del cine argentino devenida entrevistadora, sobre todo porque iban también Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y Mariana Pérez, cuyos padres, desaparecidos, habían militado conmigo. Mariana había buscado incansablemente a su hermano Rodolfo, nacido en la Escuela. Yo había estado presente en el parto. Había visto a ese bebé sobre el pecho de su madre, sabía que había sido arrebatado después y había declarado en tribunales sobre el tema. La mesa la completaban dos jueces del Juicio a las Juntas y un periodista. Seguramente el programa iba a ser visto desde sus casas por mucha gente que aún no sabía o no reconocía la verdadera dimensión de lo que había pasado en los dominios del grupo de tareas 3.3.2. Otros miles de personas se reunirían a la misma hora en Avenida del Libertador, frente al campo de concentración, donde el presidente Néstor Kirchner iba a compartir el escenario con Juan Cabandié, otro recién nacido a quien yo había visto en noviembre de 1977 en un pasillo del campo, en brazos de su mamá, una chica de dieciséis años, después asesinada.
Llegué temprano. Un productor veterano, que conocía sólo de vista, me atajó en la entrada. Me llevó a un costado y, consternado, me advirtió que “la vieja” tenía planeado hacerme algunas preguntas inconvenientes y que quería que yo estuviera prevenida.
¿Qué preguntas inconvenientes? –indagué, con la seguridad de que no iba a ir más allá de lo que alguna vez me habían preguntado los defensores de los militares en algún proceso al que había ido como testigo. Por lo general, me atribuían –para descalificarme– hechos armados, atentados o secuestros en los que no había participado.
El productor tosió, nervioso.
–No sé, me imagino que algo tendrá que ver con la colaboración, con la delación. Te lo adelanto para que no te sientas incómoda.
–No te preocupes, estoy acostumbrada. Te lo agradezco mucho.
Tenía en claro para qué estaba ahí y las intrigas no me importaban. El día de la recuperación del espacio del campo de concentración para la sociedad civil yo le iba a hablar a una parte de ella que tal vez nunca había prestado atención al tema. Tal vez si lo decía sentada a la mesa de Mirtha todos comprenderían. Me vinieron a buscar y me arrearon al estudio.
Detrás de unos paneles me colocaron el micrófono, casi invisible, un cable que trepaba por debajo de mis ropas hasta el escote y un receptor colgando de la cintura. En pocos minutos estaba en el centro de la escena, rodeada por cristales, jarrones con flores, brocatos, caireles, alfombras y cortinados. Ya había concluido el rito acostumbrado de la descripción del vestuario, zapatos y joyas de la conductora, y las risitas y aplausos del enjambre de asistentes y empleados que la acompañaba detrás de cámaras.
Era una jornada especial. No hubo almuerzo servido por mucamas de uniforme. Tampoco se distribuyó el regalo acostumbrado para cada invitado, un reloj pulsera. “No es un día para festejar”, dijo Mirtha, y todos asintieron, admirando su sensibilidad.
No sé cómo ocurrió. No me acuerdo si ella tenía la pregunta anotada en un papel “ayudamemoria”. Tampoco recuerdo si en ese momento estábamos solas, todo lo solas que se puede estar frente a una audiencia de cientos de miles de personas... Pero después de hacerme una observación sobre lo bien que me quedaba mi nuevo color de pelo, me disparó: “¿Es verdad que vos salías con el Tigre Acosta?”. Hubo un silencio sólido, un contener la respiración de todos los que estaban en el estudio.
–¿Cómo que “salía”?
–Bueno... –reculó–. Si es verdad que salían a cenar, eso es lo que dice la gente...
Inhalé profundamente, como reuniendo fuerzas. Podría haberme levantado y salido del estudio, podría haberme ofendido. Seguramente, la escena habría sido reproducida decenas de veces en los programas de chismes del espectáculo. “Periodista de Puntodoc le hace un desplante a Mirtha cuando le pregunta si tuvo un amorío (nadie diría ‘fue abusada sexualmente’, por supuesto) con el jefe del grupo de tareas de la ESMA.” Pero no lo hice. Le respondí.
–Es verdad, nosotras mismas lo relatamos en el libro Ese Infierno que escribimos sobre lo que vivimos en el campo. Nos sacaban a cenar. No salíamos por nuestros propios medios. No teníamos derecho a negarnos. Eramos prisioneras. Nos venían a buscar los guardias en plena noche y nos llevaban. A una compañera, Cristina Aldini, el Tigre Acosta la llevó a bailar a Mau Mau después del asesinato de su marido. Que a una mujer la lleven a bailar a un lugar de moda los asesinos de su compañero me pregunto si no es una forma refinada de tortura. A Cristina un oficial de la ESMA le llevó la alianza de su esposo, Alejo Mallea, a su cucheta en Capucha, adonde estaba engrillada, para demostrarle que lo habían asesinado. Le preguntó si ella quería ver el cadáver. Cristina al principio dudó, pero después aceptó porque pensó que, de lo contrario, siempre se iba a quedar con la incertidumbre. Cuando lo vio, tenía dos tiros en la cara. Uno era el de gracia, entre ceja y ceja. Lo habían ejecutado.
Mirtha se sintió en falta. Miró detrás de cámaras, como buscando apoyo.
–Bueno, yo tengo que preguntar...
Nadie contestó.
–¿O está mal que pregunte? –dijo, al borde del lloriqueo, ensayando un mohín angelical.
Cuando todo terminó, me acompañó a la puerta una productora.
–No sé cómo pedirte disculpas –me dijo, resoplando y sacudiendo la cabeza. Me dio la impresión de que a ella también le había dolido. Era una mujer de mi edad. Parecía abatida, indignada, avergonzada. Tal vez tenía algún pariente o amigo desaparecido, pensé.
Ese “salías” de Mirtha encerraba un significado concreto. Tenía razón en sorprenderse por la reprobación de su claque. Probablemente Mirtha encarnaba el pensamiento de miles de personas, esas que hubieran querido preguntar como ella, así, elípticamente, si me había salvado por acostarme con el jefe del grupo de tareas. Porque alguna explicación tenía que tener que yo hubiera pasado de encapuchada en el campo de concentración a invitada a la mesa de la diva. Y su pregunta implicaba una condena, una sentencia que en ese momento no supe desarticular dando vuelta el argumento, provocándola como ella me provocaba, desde su pretendida ingenuidad informada. Diciendo, por ejemplo: “No, no me acosté con el Tigre Acosta, pero si lo hubiera hecho para salvar mi vida, ¿qué? ¿Quién podría juzgarme? ¿Quiénes pueden asegurar qué es lo que habrían hecho si hubieran estado en mis zapatos?”.
Ninguna de nosotras tenía posibilidad de resistirse, estábamos bajo amenaza constante de muerte en un campo de concentración. Estábamos desaparecidas, sin derechos, inermes, arrasada nuestra subjetividad. Su dominio sobre nosotras era absoluto. No podíamos tomar ninguna decisión, eso era absolutamente inimaginable. De ellos dependía que comiéramos, que durmiéramos, que respiráramos. Ellos eran nuestros dueños absolutos. No quedaba resquicio alguno para nuestro libre albedrío. ¿Pero si hubiera existido? Si la mirada lasciva de ellos sobre nuestros cuerpos hubiera sido usada por nosotras como un arma en su contra, un resquicio de fortaleza en nuestra extrema indefensión, ¿hubiera sido correcto condenarnos socialmente?
Como mujeres, la utilización de nuestros cuerpos o el deseo que despertamos en el otro como instrumento de manipulación o de salvación es condenable. No pasa lo mismo con los hombres.
(...)
Las mujeres sobrevivientes sufrimos doblemente el estigma.
La hipótesis general era que, si estábamos vivas, éramos delatoras y, además, prostitutas. La única posibilidad de que las sobrevivientes hubiéramos conseguido salir de un campo de concentración era a través de la entrega de datos en la tortura y, aún más, por medio de una transacción que se consideraba todavía más infame y que involucraba nuestro cuerpo.
Nos habíamos acostado con los represores. Y no éramos víctimas, sino que había existido una alta cuota de voluntad propia: nos habíamos entregado de buen grado a la lascivia de nuestros captores cuando habíamos podido elegir no hacerlo. Habíamos traicionado doblemente nuestro mandato como mujeres: el de la sociedad en general y el de la organización en la que militábamos. No se nos veía como víctimas, sino como dueñas de un libre albedrío en verdad improbable.
Resulta imposible explicar por qué quienes nos juzgaban sin haber vivido las condiciones que se sufrían en un centro clandestino de detención suponían que las mujeres teníamos el poder de resistirnos a la violencia sexual, a los avances de los represores y podíamos preservar “el altar” de nuestros cuerpos impoluto.
Las mujeres teníamos un tesoro que guardar, una pureza que resguardar, un mandato que obedecer. Nos habían convencido de que así era.
Yo no escapaba a ese mandato. Por eso, lo abrumador del rechazo que me provocaba la conducta de la mujer de mi responsable. Nunca se me ocurrió que podía usar la atracción que provocaba en su captor para conseguir el precioso tesoro del contacto telefónico con su hijita, para aliviar su dolor de madre separada de su cachorra. Tampoco que no había tenido el poder de resistirse a los avances sexuales de su secuestrador, desaparecida y privada de todos sus derechos, en manos de un grupo de ilegales que disponía de su vida y de su cuerpo. Del mismo modo que no había podido preservarse de las laceraciones de la picana. Para mí, para la Petisa, para todos, esa muchacha era la encarnación de lo peor, de lo más repulsivo. Sentíamos más miedo de convertirnos en eso que de inmolarnos. Queríamos ser mártires y no prostitutas.

No me era posible terminar este libro, que ideé con mi amiga y compañera Olga, sin incluir un pasaje de mi propia historia que me atribuló durante años. No podía, no hubiera sido honesto, exponer las experiencias de otras mujeres y callar la mía. Es en realidad parte de una novela autobiográfica que empecé a escribir hace un tiempo, precisamente para clarificar dentro de mi mente lo que había atravesado. Por eso, al final de Putas y guerrilleras, relato lo vivido en La Casa de la CIA.
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miércoles, 30 de abril de 2014

No están solos

Familiares de desaparecidos y más de 30 organizaciones respaldan hoy a la Institución de DDHH por denuncias de torturas en Sirpa.

La diaria – 30 4 14 – Por Natalia Uval



 Mirtha Guianze. / Foto: Mauricio Kühne (archivo, marzo de 2013)

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas recibió ayer en Ginebra a representantes del gobierno uruguayo y les formuló 87 preguntas que deberán responder hoy, varias de ellas sobre las denuncias de golpizas y maltratos en los centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). La delegación del gobierno uruguayo está integrada, entre otros, por el director de Asuntos Políticos de la cancillería, Ricardo González, y por el presidente del Sirpa, Ruben Villaverde.
Para formular sus preguntas, el Comité se basó en el informe que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) le entregó el 11 de abril y en una teleconferencia que mantuvo el lunes con organizaciones vinculadas a los derechos humanos. Según recogió la agencia de noticias Efe, Abdoulaye Gaye, integrante del comité oriundo de Senegal, señaló que hay “indicios” de que personas denunciadas por haber maltratado a los jóvenes privados de libertad siguen ejerciendo sus funciones, “por lo que es probable que los malos tratos persistan”. Felice Gaer, de Estados Unidos, preguntó si existen mecanismos para proteger a los funcionarios que quieren denunciar los maltratos y no exponerlos a represalias. 
Además de la situación del Sirpa, el comité consultó al gobierno uruguayo sobre la tipificación del delito de tortura, la reforma procesal penal y la prisión preventiva, explicó a la diaria Mirtha Guianze, integrante del directorio de la INDDHH. Gaye mencionó que el hecho de que 60% de los presos en Uruguay todavía no tenga sentencia “indica claramente que se han de buscar medidas alternativas a la prisión”. 

El comité también preguntó sobre los recursos con los que cuenta el mecanismo nacional de prevención de la tortura, que en Uruguay está a cargo de la INDDHH. Durante la sesión de ayer, según informó Efe, el comité se interesó por la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años, cuestionada en el informe de la INDDHH. Gaye afirmó que “parecería que se quiere recalcar el aspecto punitivo, cuando lo que debería hacerse es caminar hacia un sistema que promueva medidas alternativas al encarcelamiento”.

En apoyo

Hoy a las 13.00, en una conferencia que se realizará en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya, más de 30 organizaciones vinculadas a la infancia y a los derechos humanos y más de 30 personalidades vinculadas a la cultura, el periodismo y la academia harán público su respaldo a la actuación de la INDDHH, que ha sido cuestionada por autoridades de gobierno y legisladores oficialistas tras las denuncias de torturas en el Sirpa.
“Las situaciones visibilizadas muestran nuevamente las graves violaciones a los derechos de los adolescentes que suceden en los centros de detención juvenil, y cuestionan conceptual y estructuralmente a la cárcel como lugar propicio para disminuir la criminalidad adolescente”, indica el comunicado. A continuación enfatiza que resulta “imperioso relevar a la actual dirección del Sirpa” para generar “una señal política clara y precisa acorde con la nueva agenda de derechos impulsada desde el Estado”.
También se menciona la “falta de apoyo y las precarias condiciones de trabajo de la mayoría de los funcionarios que desarrollan tareas dentro del sistema”, pero se advierte de todos modos que es “intolerable la utilización de la violencia en sus múltiples formas y sentidos”. “Por tal motivo, convocamos a los trabajadores del sistema y al movimiento sindical en su conjunto a promover buenas prácticas de ejercicio de sus funciones y a actuar de forma firme y rápida sobre cualquier uso desmedido de la fuerza, dando una señal clara de que la tortura no se tolera y se persigue”, indica el comunicado.
El texto está firmado, entre otras organizaciones, por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la fundación Mario Benedetti, Cotidiano Mujer, el Servicio Paz y Justicia Uruguay, el Instituto de Estudios Legales y Sociales Uruguay, el grupo de familiares de adolescentes privados de libertad, la Organización Mundial Contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño Uruguay, Gurises Unidos, Aldeas Infantiles y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.

No todas son malas 

La INDDHH señala varios aspectos positivos en su informe respecto del accionar del Estado uruguayo. Destaca los avances en políticas públicas en materia de atención de la violencia doméstica -un problema muy grave en Uruguay, en términos comparativos con la región- y los avances edilicios en la infraestructura carcelaria, así como el aumento del personal penitenciario. Advierte sobre la necesidad de “reformar urgentemente el proceso penal inquisitivo vigente” y expresa su “preocupación” ante la iniciativa de una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad. “Dicha reforma podría ser contraria al corpus juris de los derechos del niño del que Uruguay es parte, y podría tener serias consecuencias en términos de seguridad ciudadana, pues al incorporarse a los jóvenes en espacios de encierro adulto y responsabilizarlos de la misma manera, se podría ver acrecentada la violencia institucional, repercutiendo en el circuito de violencia a nivel general. Asimismo se podrían exacerbar los problemas estructurales del sistema penitenciario nacional”, sostiene el informe.
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martes, 22 de abril de 2014

Marcas de abril

Homenajearon ayer a las tres muchachas asesinadas por militares en Brazo Oriental, un crimen que sigue impune después de 40 años.
La diaria - 22 4 14 - Por Luis Rómboli


Participantes del acto de inauguración de la Marca de la Resistencia, en recuerdo de las “Muchachas de abril”, colocan, ayer, sus fotos en el estrado. / Foto: Javier Calvelo.

Se realizó ayer la colocación de la decimoquinta marca de la memoria, una iniciativa de la comisión Proyecto Memoria de la Resistencia 1973-1985 para identificar lugares donde ocurrieron acciones importantes de resistencia a la dictadura, con placas recordatorias y otros elementos. En total se colocarán 26 marcas. 
Esta vez, con el apoyo de la comisión Memorias Muchachas de Abril, la placa se colocó en la vereda del apartamento 3 de Mariano Soler 3098 bis en Montevideo, lugar en el que, en la madrugada del 21 de abril de 1974, fueron acribilladas por militares las jóvenes Diana Maidanick, de 22 años, y Laura Raggio y Silvia Reyes, ambas de 19. Esta última estaba embarazada de tres meses. Además de la placa, se colocaron en su entorno tres asientos de hormigón “simplemente para sentarse, encontrarse con ellas y meditar”, según explicó Antonia Yáñez, presidenta de la comisión que colocó las marcas.
El apartamento está ubicado en el barrio Brazo Oriental, en la punta de una esquina sin cruce, ya que las calles Mariano Soler y Ramón de Santiago se juntan pero no se atraviesan. En la calle se montó un pequeño escenario en el que se colocaron las imágenes de las tres mujeres y unos altoparlantes. Unas 200 personas se congregaron alrededor del lugar, entre ellas autoridades de gobierno, legisladores y dirigentes de sectores del Frente Amplio (FA), así como militantes de Plenaria Memoria y Justicia, que además envió una adhesión. 
Yáñez dijo que “esta marca es particularmente emotiva” porque se cumplen 40 años de los asesinatos, y además porque “estas muertes todavía no habían sido reveladas”, y la colocación de la placa es “una manera más de ponerlas en el colectivo de nuestro pueblo”. El secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, Edgardo Oyenart, dijo que “la memoria, la verdad y la justicia” son “tres pilares de los que el movimiento popular no se puede apear”, y que “hay una parte que está aún pendiente, porque todavía hay militares torturadores caminando libremente por la calle”. “Conmemoro este hecho con tristeza, por la frustración de no haber podido lograr que la verdad y la justicia existan en toda su plenitud en este país”, agregó el sindicalista. 
Luego habló Alma, prima de Diana, quien leyó una proclama para “decirles presente” a las muchachas asesinadas y planteó que “la construcción de la memoria colectiva es una tarea del futuro, porque sólo así se puede cimentar una sociedad que conozca lo que sucedió e impida que se repita”. Por su parte, Stella, hermana de Silvia, dijo que el asesinato de las jóvenes “permanece impune”, y que si bien el militar José Nino Gavazzo, uno de los que comandaron el operativo, “está preso”, no fue condenado por este caso. Además, denunció que uno “de los represores que estuvieron corriendo por este pasillo”, en referencia a la entrada del apartamento, “hoy es edil de la Junta Departamental de Flores por el Partido Colorado”.
Stella contó que participó en careos en el ámbito judicial para identificar a los responsables de la muerte de su hermana y que “ellos estaban igual que siempre, sin arrepentimiento”. Dijo, además, que se trató de “una masacre”, porque cuando su padre “fue a buscar los cuerpos”, contó más de 40 impactos de bala en cada uno. 
“Estaban destrozados, partidos”, agregó. Luego mencionó que tanto el caso de las muchachas como la causa por la desaparición en Argentina de Washington Barrios “están estancados”. Si bien el expediente fue archivado luego de la entrada en vigencia de la Ley de Caducidad, en 2012, cuando se reactivaron todas las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, la causa volvió al Juzgado Penal de 8º Turno, a cargo de la jueza Graciela Eustaccio.

La masacre de Brazo Oriental

Washington Barrios era el militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros al que los militares fueron a buscar al apartamento la noche del 21 de abril de 1974, pero el joven había viajado a Argentina el día anterior. Silvia Reyes, una de las víctimas, era su esposa. El operativo fue comandado por Gavazzo, Manuel Cordero, Armando Méndez, Jorge Silveira, Julio César Gutiérrez, Mauro Mauriño y Juan Rebollo. Los militares no encontraron a Barrios y tras romper la puerta, ingresaron disparando en la vivienda de las tres mujeres. La balacera fue tan grande que dos de los militares resultaron heridos por sus propios compañeros. Así asesinaron a las tres muchachas, y luego de montar una “ratonera” para intentar atrapar a Barrios, al mediodía, los militares trasladaron los cuerpos al Hospital Militar y se llevaron todas las pertenencias de las jóvenes, incluido el mobiliario. Seis meses después se conoció la detención de Barrios en Córdoba, Argentina, en el marco de la aplicación del Plan Cóndor. Sus padres fueron informados sobre la captura por el propio Gavazzo. Después, mientras Barrios cumplía una condena a seis meses de prisión por entrada ilegal a ese país, se decidió su traslado a Córdoba. En el camino desapareció, situación que continúa hasta hoy.

Semana de homenajes

Después de los familiares de las jóvenes habló la alcaldesa del Municipio C, Miriam Rodríguez, que pidió a los presentes continuar “trabajando por los cambios”, para lo cual “no hay que quedarse en las casas”. Después se les obsequió a los familiares un disco con un documental de Ignacio Guichón en homenaje a las Muchachas de abril, que se estrenará hoy a las 19.00 en el Centro Cultural de la Estación Goes. Finalmente, habló la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, que recordó varios episodios en la “lucha por recuperar la democracia”, pero dijo que este caso no es suficientemente conocido incluso entre muchos militantes de izquierda, como “muchas otras cosas que aún están ocultas: para los que las vivieron y mucho más para las nuevas generaciones”. “Seguramente, la gran mayoría de las mujeres que están aquí piensa que podrían haber sido cualquiera de ellas”, dijo Olivera. El cierre de esta semana de homenajes tendrá lugar el domingo en el Centro Cultural Museo de la Memoria, donde se montó una exposición titulada Las muchachas de abril. Allí se presentará nuevamente el documental y cantará Daniel Viglietti. La exposición podrá visitarse hasta el 3 de mayo.


lunes, 21 de abril de 2014




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viernes, 18 de abril de 2014

A 40 años del asesinato impune de las muchachas de abril

Brecha - 16 4 14 - Por Samuel Blixen

El horror y la barbarie de los asesinatos de tres jóvenes, Silvia Reyes, Diana Maidanik y Laura Raggio, siguen reclamando, 40 años después, el justo castigo. Algunos de los responsables de la “masacre de Brazo Oriental” del 21 de abril de 1974 están entre rejas; otros siguen desafiantes, a caballo de la impunidad. Justicia es el único capitulo que falta en esta historia, paradigma de la aberración represiva de la dictadura.

Sólo alguien cansado, medio dormido, con las alertas bajas, podía transitar desprevenido las calles del barrio, a las 4 y media de la mañana. De hecho, buena parte de los vecinos de Brazo Oriental, en la lengua que se apoya en Burgues y en San Martín, habían huido despavoridos llevando a sus hijos menores, a sus padres ancianos, no importa a dónde, con tal de escapar de las balas que atravesaban paredes, rebotaban en el pavimento, salían de las esquinas, de las azoteas, dibujando una malla de muerte antes de que la muerte posible fuera anunciada por el estruendo, que se oía incluso en el Cerrito y en La Blanqueada. 

Dorval Márquez, agente de Policía, pedaleaba su bicicleta con un resto de voluntad después de una jornada de trabajo agotadora, cuando una bala de carabina o de fusil, salida de no se sabe dónde, disparada por no se sabe quién, lo mató en seco, inmediatamente, aun antes de que la rueda dejara de girar, acostada en el pavimento. 

No fue el único muerto por balas militares aquella madrugada de domingo que completaba una noche de sábado para los que aún tenían ánimo de juerga después de dos años de guerra interna implacable. Eso sí: no fue una bala perdida la que abatió a Dorval; fue una bala premeditada, disparada por las dudas, con poca reflexión y mucha impunidad, por si acaso el que pedaleaba la bicicleta fuera el mismo “sedicioso” al que pretendieron detener dos horas antes. La explosión provocada por el disparo rompió el silencio que se había instalado al fin, y por un momento se temió que la locura volviera a empezar.

A las 2.30 del domingo 21 de abril de 1974, las decenas de oficiales y soldados del Grupo de Artillería comandados por el coronel Juan Modesto Rebollo y supervisados a su vez por el Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (ocoa) comenzaron a tomar posiciones a lo largo de la calle Mariano Soler, en la paralela Carabelas y en las transversales Fomento y Ramón de Santiago, aunque el despliegue llegó hasta bulevar Artigas, hasta Luis Alberto de Herrera. No fueron particularmente sigilosos al cerrar las calles y ocupar todas las azoteas de las cuadras más cercanas al objetivo: un modesto edificio de apartamentos de Mariano Soler 3098 bis. Las corridas por las veredas, las órdenes asordinadas, los ruidos en el techo, interrumpieron el sueño e instalaron el miedo en los vecinos. 

A las 2 .40, oficiales y soldados entraron en tropel en el estrecho corredor, convencidos de que iban a capturar a Washington Barrios, “Camilo”, militante del mln, que arriesgaba su legalidad imprimiendo afiches contra la dictadura y volantes para el próximo Primero de Mayo con una impresora instalada en el sótano de su vivienda. No sabían, los represores, que “Camilo” había viajado el día anterior a Argentina, con la esperanza de obtener dinero para evacuar a una pareja y una beba de nueve meses, y a dos muchachas. 

Todos habían sido liberados recientemente, después de meses de encierro por razones tan nimias que no justificaron, siquiera, el pase al juez militar. Pero no lograban obtener trabajo, eran políticamente leprosos, y semanalmente debían someterse aldestrato de la vigilancia en los cuarteles. Como muchos otros, dejaron de presentarse en el cuartel y automáticamente se convirtieron en fugitivos. Intentaron ocultarse en casa de un amigo, en La Teja; providencialmente un vecino les alertó: “Ojo, que hay una ratonera”. Finalmente, a través de una red de amigos, se contactaron con Washington, que dejó a las dos jóvenes al cuidado de su esposa, en su casa, y solicitó a su cuñada que escondiera a la pareja y a la beba.

Los militares que entraron en la vivienda de Mariano Soler cometieron un primer error: los oficiales al frente del pelotón –los mayores José Gavazzo y Manuel Cordero, los capitanes ArmandoMéndez, Julio César Gutiérrez y Mauro Mauriño, y el teniente Jorge Silveira– se equivocaron de apartamento, fueron hasta el fondo y golpearon la puerta número 8. Sus aterrados habitantes explicaron que Barrios vivía en el 5. Desandaron sus pasos a los gritos, contagiando el nerviosismo a los soldados que se agolpaban en el corredor, dispuestos a cumplir órdenes, a ser sumisos en la disciplina, si tan sólo las órdenes no fueran contradictorias, antagónicas, ilógicas, en el coro histérico de gritos y amenazas.

Volvieron a equivocarse: los oficiales exigieron a los gritos que abrieran la puerta numero 5, entraron insultando y puteando, blandiendo metralletas que apuntaban indistintamente a los ocupantes, un hombre, su esposa y la hija menor. “¿Dónde está Washington Barrios?”. El hombre, en calzoncillos, dijo: “Soy yo”, y automáticamente varios se abalanzaron sobre él, golpeándolo y arrastrándolo hacia el corredor, hasta que alguien gritó: “No, a ese no lo maten que es el padre”.

En un creciente paroxismo los oficiales se abrieron paso a través de los soldados que se apiñaban en el corredor y enfilaron hacia enfrente, al apartamento número 3. Desde el suelo, WashingtonBarrios padre  intentaba captar la atención de los militares para postergar el desenlace que se leía en los rostros crispados, en las miradas desorbitadas, y su esposa, Hilda Hernández, los seguía llorando y rogando: “No las maten, no tiren que mi nuera está embarazada”. 

Derribaron la puerta y entraron en la vivienda disparando sus armas. Se sorprendieron: de hecho, la puerta daba acceso a un patio abierto; las ráfagas barrieron las paredes y destrozaron el baño y la cocina, que daban al exterior. Los soldados apostados en las azoteas también comenzaron a disparar. 

Las balas traspasaban la mampostería. Un vecino de otro apartamento salió despavorido en calzoncillos, pidiendo por favor que dejaran de tirar porque las balas traspasaban la pared: “Van a matar a mis hijos”; lo obligaron a ponerse con las piernas abiertas y las manos contra la pared. Desde allí oyó unas voces femeninas gritando que querían entregarse. Otros gritos advirtieron que el capitán Gutiérrez había caído. (Había sido herido por sus propios camaradas; la bala le perforó el cuello y el capitán murió un mes después.) 

Ya no fue posible detener la balacera en el apartamento, en el corredor, en la calle, en las azoteas, que repetía el reflejo automático, instintivo, de accionar el gatillo. Los disparos partían de cualquier lado dirigidos hacia ningún lado; no había fuego enemigo, sólo descargas que terminaron concentrándose sobre la puerta de madera de dos hojas que comunicaba con un gran espacio, cuarto y comedor, y cuya pared parecía que terminaría por derrumbarse horadada por los impactos.

No se sabe cuánto tiempo continuaron los militares disparando ráfagas, una tras otra. Las balas se incrustaron en los techos, destrozaron las puertas, hicieron saltar las ventanas en añicos, agujerearon las paredes de ladrillo y perforaron las medianeras del patio. Detrás de la puerta del comedor los militares encontraron a tres jóvenes en camisón, acurrucadas, abrazadas entre sí y, por cierto, desarmadas. No preguntaron por Washington Barrios; simplemente las acribillaron, fuera de sí, incapaces de contener el miedo que nace de la tensión.

Cuando las armas dejaron de escupir balas, cuando el capitán Gutiérrez y el coronel Rebollo –que había sido herido levemente en un brazo– fueron evacuados, cuando los generales Julio CésarRapela y Esteban Cristi “se apersonaron en el lugar del enfrentamiento”, el teniente Jorge Silveira, “Chimichurri”, a quien le esperaba una larga carrera especializada en asesinatos, torturas y violaciones, se dio un respiro, regresó al apartamento 5 y encaró a Hilda Hernández corajudamente: “Dígame dónde está su hijo, que yo mismo lo mato”, sin que hasta hoy se sepa por qué tanto encono. 

En el apartamento 3, los oficiales dispusieron que se armara una “ratonera”, es decir, tres o cuatro soldados que aguardarían un improbable regreso de Washington Barrios. En un rincón del comedor, detrás de la puerta, quedaron los cuerpos acribillados y desfigurados de Diana Maidanik, 21 años, estudiante de la Facultad de Humanidades y maestra de jardín de infantes; LauraRaggio, 19 años, estudiante de la Facultad de Psicología; y Silvia Reyes, 19 años, esposa de Washington Barrios, embarazada de tres meses.  

Es posible que los responsables de lo que después se conoció como “la masacre de Brazo Oriental” ni siquiera tuvieran idea de a quiénes estaban asesinando; la justificación vino después, con el débil argumento, estampado en los comunicados de las Fuerzas Conjuntas, de que los militares habían respondido al fuego de los sediciosos y que en la casa fue hallado un “berretín con armas”. El invento era irrelevante: ni aun así se justificaba la furia homicida, más cuando, 32 años después, ante un juez penal, José Gavazzo reconocería, indolente –indiferente a los sentimientos de los familiares que revivían en el careo el dolor intacto– que “Barrios no era un objetivo importante”.

Todo estuvo a punto de repetirse, una hora más tarde, a eso de las 3 y media, cuando los militares volvieron a copar calles y azoteas en la zona de Jacinto Vera y Estivao, en el Buceo, en un edificio de apartamentos independientes, en uno de los cuales vivían los padres de Silvia Reyes, y en otro, al fondo, Stella, la hermana de Silvia. 

Como antes, entraron en el corredor y fueron golpeando todas las puertas. Stella y la pareja con su hija lograron a duras penas escurrirse; dejaron a la beba en la puerta de la abuela de Stella y treparon a la azotea, pero los soldados apostados en los techos las vieron. Como antes, se desató una balacera infernal, incontrolada. Previendo lo de antes, un megáfono tronó una orden: “¡Paren, que nos estamos tirando entre nosotros!”. Stella y la pareja lograron descolgarse hasta los fondos y se escondieron en un galpón. 

Recién al amanecer los soldados las encontraron. Las ataron con una cuerda de colgar ropa y comenzaron atorturarlas, allí mismo, en la calle, pero no para obtener información, para descargar el miedo acumulado. Los vecinos, testigos de la saña, pedían que no las mataran. Después, en el cuartel de La Paloma, Artillería 1, con más método y menos prisa, Gavazzo y Juan  Modesto Rebollo –cuya herida no le impidió torturar– interrogaron a Stella sobre Washington Barrios.

Recién a media mañana del domingo, los cuerpos de las tres chicas –las “muchachas de abril”– fueron retirados del apartamento devastado y trasladados al Hospital Militar. 

Al mediodía la “ratonera” fue levantada para que un pelotón de soldados, trasladado  en varios camiones, iniciara el desguace del apartamento 3. Desde el otro lado del corredor, en la puerta de enfrente,Jacqueline, la hermana de Washington Barrios, vio impotente cómo se llevaban todo el mobiliario, rúbrica postrera de la impunidad,  burla del dolor, gesto impúdico de rapacidad. Se llevaron hasta la puerta de entrada, los tapones y las tapas de las llaves de las luces; Jacqueline vio cuando sacaban la máquina de coser y el colchón del sofá cama empapados en sangre. No pudieron llevarse el placar del dormitorio, que estaba empotrado; lo rompieron.

Por la tarde, Washington Barrios padre entró en el apartamento 3: el revoque de las paredes formaba una alfombra en los pisos, y en el comedor el blanco se confundía con el rojo de la sangre. Las paredes estaban salpicadas. “Era horrible. Las balas incrustadas tenían trozos de cuero cabelludo”. El padre contabilizó 140 impactos de bala. 

El lunes 22 las tres familias de las víctimas recibieron llamadas telefónicas conminándolas a retirar los cadáveres en el Hospital Militar. Los padres de Diana Maidanik comprobaron que su hija había recibido 35 balazos; la madre de Laura Raggio no pudo sobreponerse a la visión de su hija con una herida de bala en la cabeza; más tarde, cuando la velaban, creyó que Laura se había teñido el pelo, pero era sangre. 

El padre de Silvia Reyes debió reconocer a su hija –identificarla– en la morgue: contó más de 38 impactos de bala en todo el cuerpo. Las heridas revelaban que habían recorrido el cuerpo con dos ráfagas, de arriba abajo, cuando ya estaba muerta. Nadie se atrevió a decirle nada cuando le sacó el anillo de matrimonio de la mano derecha y lo guardó para su yerno, a quien nunca más volvió a ver.

Pero aún no había acabado el calvario: cuando se realizaba el velorio de Silva, un grupo de soldados entró en la casa, se dirigió a los fondos, donde vivía Stella, y comenzó a saquear la casa. Mientras al frente los familiares lloraban a la muerta, al fondo los soldados se llevaban todo lo transportable mientras cantaban “Uruguayos campeones…”. 

El padre de Silvia no soportó la provocación, encaró al general Rapela, que solía comprarle obras de arte y pretendió, en el forcejeo, arrebatarle el arma. Rapela no se lo esperaba, y antes de que atinara a una reacción, un tío de Silvia logró tranquilizarlo. A la hora del sepelio, cuando sacaron el féretro de la casa, los vecinos de la zona aguardaban compactos, en la vereda de enfrente; cubrieron el féretro con una lluvia de rosas.

En 1985 las familias Barrios y Reyes formalizaron la denuncia sobre los asesinatos de las muchachas de abril, pero en 1986, ley de caducidad mediante, el caso fue archivado por orden del presidente Julio María Sanguinetti. Diecinueve años después, en octubre de 2005, un equipo de abogados de Ielsur, organización no gubernamental, pidió retomar la indagatoria, que recayó en el juzgado penal a cargo del juez Pablo Eguren. Insólitamente, el escrito que solicitaba la reapertura del caso no reclamaba expresamente –como es habitual– responsabilidades penales para quienes estaban implicados en el operativo que culminó con los asesinatos. El fiscal Enrique Moller, experto en archivar causas de violaciones a los derechos humanos, ni lerdo ni perezoso aprovechó el pretexto para solicitar que se desistiera de la investigación. El juez Eguren estuvo de acuerdo. 

Al reactivarse todas las causas, en 2012, el expediente volvió al despacho del juzgado penal de 8º Turno, ahora a cargo de la jueza Graciela Eustaccio. Pero hasta el presente, a 40 años de los sucesos, no hay ninguna sanción penal para los responsables de los asesinatos.


La desaparición de Wáshington Barrios

 
Exactamente seis meses después de aquel domingo que amaneció teñido en sangre en el barrio Brazo Oriental, el mayor José Gavazzo regresó al edificio de Mariano Soler 3098 bis y volvió a golpear la puerta del apartamento 5. Los padres de Wa­shington Barrios supieron al instante que nada bueno traía la visita. 

Si hasta ese momento el estudiante y empleado de 22 años, nacido en Cúcuta, Colombia, y nacionalizado uruguayo, que contaba apenas con un antecedente por pintadas callejeras, no figuraba entre los objetivos de la represión, algo hizo cambiar la apreciación, porque el operativo de Brazo Oriental, además de los cientos de cartuchos que quedaron desparramados en el apartamento y en la zona como muestra de la barbarie desatada, concentró lo más graneado de la inteligencia represiva.

Fortuitamente, Washington se escabulló y algunas semanas después logró informar a la familia que estaba vivo y que se había refugiado en Argentina. Pero nada más se sabía. Por eso, la presencia de Gavazzo sólo podía ser del peor augurio. El mayor, que desde la caída en desgracia de los oficiales del Batallón Florida se había convertido en pieza clave de la coordinación, se hizo el canchero ante los padres de Washington: “Camilo está bien, fue detenido en Córdoba”, dijo, y mostró un papel, con escritura a mano, que Hilda, la madre, reconoció como la de su hijo. “Querida vieja, viejo, flaquita. No se preocupen, yo me encuentro bien. Dentro de poco nos vemos.” 

¿Qué objeto tenía entregar esa esquela? Era una manera de revelar, gratuitamente, una coordinación entre argentinos y uruguayos que después sería negada así se amontonaran las evidencias cuando comenzó a investigarse el Plan Cóndor, del que Gavazzo fue un diligente ejecutor. Washington Barrios fue detenido un mes antes de la visita de Gavazzo, el 17 de setiembre, tras un allanamiento en una casa en calle 6 esquina 9, barrio Cabo Fariña, ciudad de Córdoba, junto con otros argentinos acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo (erp). Según informaciones de prensa, de origen policial, en el domicilio se encontraron armas y explosivos, algunas de las cuales fueron sustraídas en el copamiento de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos, en agosto de 1974, por comandos del erp.

En los interrogatorios, según el comisario Héctor García Rey, secretario de Seguridad y jefe de Policía de la provincia de Córdoba, Barrios reclamó ser tratado según las disposiciones de la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra porque, dijo el comisario que dijo el detenido, era combatiente de guerra. Insólitamente para un combatiente que manejaba un arsenal en su casa, el 11 de octubre Barrios fue procesado por el delito de entrada ilegal al país y condenado a seis meses de prisión. Ese mismo 11 de octubre fue conducido por orden judicial desde Córdoba hasta Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

Segundo capítulo insólito: el 20 de febrero de 1975, cuando cumplía cuatro de los seis meses de pena, el juzgado 3 de La Plata decretó su libertad; se ordenó que Washington Barrios fuera devuelto a Córdoba, para trámites administrativos. En el trayecto simplemente desapareció; en el juzgado “oficialmente se informa que se fugó en el trayecto de La Plata-Córdoba”, así nomás, sin ninguna aclaración, ningún detalle, ninguna explicación; apenas se consigna que “no existen indicios sobre su destino posterior”, y no los habrá hasta que el caso de Washington Barrios seaoficialmente declarado como desaparición forzada.

En el expediente de La Plata, según le contó el fiscal a la madre, Hilda Hernández, constaba que las Fuerzas Armadas uruguayas habían reclamado al detenido por ser uruguayo. Pero el expediente, a su vez, ya no tan insólitamente, desapareció del juzgado, con lo que se cerró un círculo de crímenes, infamias e impunidades.

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