la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@yahoo.com.ar



Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.45 en adelante. Cuota social: $ 120.-




sábado, 12 de abril de 2014

Citaciones masivas

Por ocupación de la SCJ por traslado de Mota

Caras y Caretas - Viernes 11 4 14


 

La Justicia decidió ampliar la indagatoria penal por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el día del traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil. 

Unas 60 personas serían citadas a declarar en los próximos días para certificar su participación en la ocupación. 

Por estos hechos, fueron procesados siete activistas sociales, entre ellos, el ex dirigente del MLN-T, Jorge Zabalza.

La jueza Penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, y el fiscal Gustavo Zubía iniciarán, después de Semana de Turismo, una nueva indagatoria penal por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el día del traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil. Se estima que unas 60 personas serían citadas a declarar como indagadas.
La magistrada resolvió en las últimas horas, a pedido de la Fiscalía, iniciar un nuevo presumario por la ocupación de la Corte, con el objetivo de indagar la participación en los hechos de todas las personas que voluntariamente comparecieron ante la Sede para manifestar su participación en el acto.
La jueza Rieiro y el fiscal Zubía analizarán nuevamente los videos y registros fotográficos que fueron incorporados en el expediente principal, para certificar si las personas que firmaron la carta participaron efectivamente en la ocupación y cuál fue su rol en la misma. Cuando esta etapa culmine, se dispondrá la citación de los involucrados, según indicaron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.

Los hechos se remontan a febrero de 2013, cuando la SCJ dispuso el traslado de la jueza Mariana Mota, a un Juzgado Civil. Mota era la jueza que tramitaba la mayor cantidad de expedientes por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y una de las pocas en aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, por el que se considera estos delitos como crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles.
El traslado de Mota generó un profundo malestar entre las organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos. El día que Mota debía jurar en su cargo, unas 500 personas se congregaron en la Corte para manifestar su rechazo a la decisión. La ceremonia se postergó durante unas horas y se realizó sólo después de que la Corte fuera desalojada.
En esa instancia, los ministros de la Corte presentaron una denuncia penal por la ocupación de la Corte, aduciendo que el accionar de los manifestantes impidió el normal desarrollo de la ceremonia y que se cumpliera el acto administrativo. El caso derivó en el procesamiento sin prisión, en noviembre de 2014. de siete activistas sociales.
La entonces jueza Penal Gabriela Merialdo, dispuso el procesamiento del ex militante del MLN-T, Jorge Zabalza, la militante de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, el dirigente de Adeom Montevideo, Aníbal Varela, la docente Patricia Borda, el ex preso político Álvaro Jaume y sus hijos, los ex jugadores de fútbol, Eduardo y Diego Jaume por un delito de “asonada”.
Empero, la magistrada, hoy en el fuero civil, ordenó la apertura de un presumario para indagar la presunta participación en la ocupación de unos 60 activistas que presentaron un escrito ante la Sede donde reclamaban ser citados a declarar por su participación en la movilización.

El escrito señalaba que los firmantes participaron y apoyaron la ocupación de la sede Corte, como parte de legítimos derechos consagrados en la Constitución de la República y en la normativa internacional para “manifestar el repudio al nuevo acto de impunidad trasladando a la Dra. Mariana Mota”. Tras el análisis de los videos y los registros fotográficos estas personas serán citadas.
-------------

viernes, 11 de abril de 2014

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero


En la tarde de ayer se presentó en el Centro Cívico y Comercial
de Ciudad de la Costa una nueva edición del libro 
"Julio Abreu sobreviviente del
vuelo cero" escrito por Alberto Silva.

Hicieron uso de la palabra el Alcalde del Municipio Ciudad de la
Costa Omar Rodríguez, Gladys Oyamburo de la Comisión por
la Memoria de los Fusilados de Soca, Gastón Grisoni, Presidente 
de Crysol, Julio Abreu y Alberto Silva.

La presentación del libro contó con la presencia del
Embajador de la República Argentina en nuestro país, 
Ing. Dante Dovena y su señora esposa, 
 de ediles departamentales,  consejales del municipio
y un nutrido marco de público.

La actividad contó con el respaldo de la Junta Departamental
de Canelones, especialmente de la Comisión de Memoria
de la misma.







------

viernes, 28 de marzo de 2014

¡Los terroristas, Heber!

La diaria - 28 3 14 - Columna de opinión - Por Marcelo Jelen

Un país cuyo prócer pasó exiliado los últimos 30 años de su vida no puede fregarse en instituciones humanitarias como el refugio o el asilo político. Un país donde, hace no mucho tiempo, miles de personas acusadas de “terrorismo” y “sedición” fueron encerradas en cárceles y mazmorras, sometidas a juicios que no merecen ese nombre, torturadas y desterradas, no puede permanecer indolente cuando ocurren cosas así en otros lugares. Los herederos políticos del colorado Luis Batlle y del blanco Gustavo Gallinal, encarcelados en 1931 en la Isla de Flores por la dictadura de Gabriel Terra y luego expulsados, no deberían tomarse a la ligera el sufrimiento de los reclusos musulmanes en la base militar estadounidense enclavada en el territorio cubano de Guantánamo.
Pero lo están haciendo. El precandidato blanco Luis Lacalle Pou interroga por estas horas al canciller Luis Almagro, en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, porque el presidente José Mujica accedió al pedido de su par de Estados Unidos, Barack Obama, de acoger en Uruguay a varios de esos prisioneros, secuestrados y encerrados en el marco de la mal llamada "guerra contra el terror". El hijo de Luis Batlle, Jorge, aquel ex presidente que prometió un "gobierno divertido" pero dejó al país hundido en la peor crisis económica de su historia, escribió en su cuenta de Facebook que Mujica es "el rey del show" y actúa "para ganar el premio Nobel" de la Paz.
Recibir a los secuestrados es un simple gesto humanitario que no merece ni siquiera las gracias: es lo que hay que hacer una vez que pinta la ocasión. ¿Cómo pretenden que reaccione el presidente de la República ante la solicitud de Obama? El Poder Ejecutivo "no informó, sino que desinformó en este tema", dijo Lacalle Pou, cuando en estos casos es preciso actuar con discreción porque hay vidas en peligro. "Nuestro rechazo total a ser carceleros de Estados Unidos", añadió vía Twitter, maquillando con brocha gorda el hecho de que tanto refugiados como asilados son personas libres. "Aceptar presos de Guantánamo es aceptar el régimen de Guantánamo", dijo el también aspirante blanco a presidente Jorge Larrañaga, sin detenerse a pensar que las víctimas de ese régimen ilegal e inaceptable son los humanos de carne y hueso que han estado allí encerrados, entre ellos los cinco o seis a quienes Uruguay asilará.
"Bastantes líos tenemos aquí para importar los líos de otros", dijo el precandidato colorado Pedro Bordaberry, olvidando que muchos de esos "otros" no fueron tan mezquinos al recibir a los exiliados de la dictadura uruguaya. Pero capaz que ni lo sabe, porque en esos años él la pasó fenómeno. "Si son terroristas, no los queremos", dijo el senador colorado y ex vicecanciller Ope Pasquet, a pesar de que no hubo procedimientos judiciales legítimos que determinen esa condición, y él lo sabe.
"¿Por qué [Obama] no los manda al lugar en que nacieron?", preguntó Jorge Batlle. "¿No hay lugar en Estados Unidos para sus presos en Guantánamo?", inquirió el diputado blanco José Carlos Cardoso. La respuesta a esos interrogantes la sabe cualquiera que haya leído un diario en los últimos 13 años: ni los gobiernos de sus países de origen ni el estadounidense les pueden garantizar no ya su seguridad, sino la propia vida.
El colmo de la contradicción le correspondió al precandidato y senador blanco Sergio Abreu. "No podemos ser un santuario como se hizo con los etarras", dijo, confirmando así la información brindada por el diario El País en su editorial del martes: que los gobiernos de Julio Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle les brindaron refugio a ciudadanos vascos "como un acto de cooperación de Uruguay [con España] para desmovilizar a los guerrilleros". En un inexplicable vuelco, las autoridades detuvieron en 1992 a 30 presuntos etarras y extraditaron dos años después a cuatro de ellos. Abreu debió lidiar como canciller con ese caso y con el del asesinato del represor chileno Eugenio Berríos. ¿Ahora pretende darle lecciones de derecho internacional humanitario al presidente Mujica? ¿Acaso el gobierno que integró no le "hizo favores" al caprichoso Reino de España, al recibir a los vascos primero y expulsarlos luego, al costo de la vida del manifestante Fernando Morroni, baleado por la Policía, y de la aberrante clausura de CX 44 Radio Panamericana, entonces la emisora del Movimiento de Liberación Nacional?
Tal vez Mujica haya sonado soberbio al declarar que su gobierno le haría "un favor a la humanidad" al recibir a los reclusos en Guantánamo. Pero es cierto. Lo otro, no. Lo otro son sanatas de año electoral. Son invocaciones al miedo a lo distinto, a lo que no se conoce, invocaciones a la imagen del musulmán barbudo que arma bombas, empuña una AK 47 y necesita una afeitada, según Batlle, tan seriecito él. El mismo miedo al que apelan propuestas como militarizar la Policía o encarcelar adolescentes. Y esto sí que es soberbia, una soberbia apoyada en verdades a medias y mentiras rotundas que no le hacen ningún favor a la humanidad, a las víctimas de asqueantes violaciones de derechos humanos ni a la ciudadanía uruguaya.

-----

jueves, 27 de marzo de 2014

Con códigos

Institución de Derechos Humanos valoró el “gesto humanitario” del gobierno por Guantánamo y reclamó que se respeten normas sobre refugiados.

La diaria - 27 3 14
La eventual llegada de reclusos de la cárcel estadounidense de Guantánamo a Uruguay siguió sobre el tapete ayer. La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), basándose en las declaraciones brindadas a la opinión pública por las autoridades, emitió un comunicado en el que “reconoce el gesto humanitario” del gobierno en “contribuir al fin de la detención” de un grupo de personas “que se encuentran privadas de libertad desde hace años en forma indefinida, sin haber gozado de las más elementales garantías de sus derechos a la integridad personal ni al debido proceso legal”. 
Valoró que esto colaborará con “el anunciado proceso de desmantelar” una cárcel que constituye “una afrenta a la dignidad de toda la humanidad” y que es “probablemente la única posibilidad para que estas personas no sean retornadas a sus países de origen, donde sus vidas podrían correr peligro o el goce de sus derechos podría estar amenazado”. Recordó que “el principio de no devolución de una persona detenida a un país, bajo la sospecha de que podría ser sometida a malos tratos, constituye un principio fundamental del derecho internacional”.
Más allá de esto, la INDDHH advierte que esta “intención humanitaria” debe “sostenerse en forma clara y precisa en el ordenamiento jurídico” uruguayo, “en especial en las normas sobre asilo, refugio y derechos de las personas migrantes”. Esto implica, señala la INDDHH, que las personas que lleguen desde Guantánamo no podrán tener un trato diferente al de los residentes en el país. Finalmente, la institución expresa su deseo de recibir mayor información por parte de las autoridades sobre este tema.
La asociación de ex presos políticos Crysol también consideró “positivo” el “gesto humanitario” del gobierno uruguayo y se ofreció ayer a ser “apoyo y sostén” de las personas que lleguen desde Guantánamo para que “su estadía sea lo más agradable posible, puedan sobreponerse a la traumática experiencia vivida y rehacer satisfactoriamente sus vidas”.
Por otra parte, ayer el presidente del Comité Central Israelita, Sergio Gorzy, se reunió en la Torre Ejecutiva con el secretario y el prosecretario de la Presidencia, Homero Guerrero y Diego Cánepa, respectivamente, para conocer detalles respecto a los traslados, y especialmente respecto a los antecedentes de los reclusos que vendrían a Uruguay. 
Gorzy dejó entrever ayer en la mañana, en diálogo con radio Sarandí, que el presidente José Mujica sabía que se divulgaría el jueves en el semanario Búsqueda la información sobre el traslado. “Me encontré con el presidente un día antes de que saliera la noticia. Cuando le comenté que era el nuevo presidente del Comité, me miró, me llevó a un costado y me dijo que al otro día iba a salir una noticia y me pidió que no me preocupara”, explicó Gorzy. “A partir de ahí comencé a tener conversaciones con respecto a que no había motivos para preocuparse. La información nace del Miami Herald y luego llega a la prensa uruguaya. Alguien le pasó el dato a Mujica de que el Miami Herald sacaba la información”, agregó.
En el encuentro de ayer, Guerrero y Cánepa le transmitieron a Gorzy que los reclusos que llegarán son considerados de “baja peligrosidad”, de acuerdo con un análisis que realizó el gobierno de Estados Unidos en 2010. En el gobierno de Barack Obama consideran que el gobierno de George Bush calificó a estos reclusos como de “alta peligrosidad” en 2008 como forma de justificar su reclusión y tortura.
Mañana el canciller Luis Almagro comparecerá ante la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, convocado por la oposición, para brindar algunos detalles del traslado. Ayer Mujica sostuvo que la llegada de los prisioneros se concretará y que es un tema “laudado”.
-----------

miércoles, 26 de marzo de 2014

Ante la decisión de Uruguay sobre los prisioneros de Guantánamo




1.- Consideramos positiva la decisión del gobierno uruguayo de  aceptar como refugiados, a los efectos de lograr su liberación, a prisioneros del ilegal centro No clandestino de detención y torturas de EEUU en el territorio de Guantánamo, ilegítimamente arrebatado a Cuba.



2.- Este gesto humanitario es acorde a las mejores tradiciones  del pueblo uruguayo y en reciprocidad a la inmensa solidaridad recibida por los uruguayos durante el negro período del terrorismo de Estado, alentado y promovido, incluso, por EEUU como está ampliamente documentado y conocido.


3.- Manifestamos nuestro rechazo al estado norteamericano por haber creado ese campo de concentración y torturas en territorio usurpado ilegalmente a la nación cubana y demandamos la liberación inmediata de los más de 150 seres humanos  mantenidos en cautiverio, al margen de cualquier legalidad jurídica y violatoria de las normas internacionales de DDHH,  que aún permanecen en esa cárcel.


4.- Expresamos nuestra disposición como colectivo organizado a ser apoyo y sostén de dichos ciudadanos cuando arriben a nuestro país y estaremos a su disposición para que su estadía sea lo más agradable posible, puedan sobreponerse a la traumática experiencia vivida y puedan rehacer sus vidas.

----------

sábado, 15 de marzo de 2014

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor


En el marco de la celebración del Día del Liberad@,
en la noche de ayer, viernes 14 de marzo de 2014,
en la sede social, Crysol llevó a cabo un acto de 
reconocimiento a la expresidenta de la institución
en el período 2005 - 2007, cra. Silvia "turca" Yapor
por su contribución al logro de los objetivos 
institucionales.


Durante un brindis crysolero se le entregó una
plaqueta por parte de Chela Fontora a nombre
de la organización. En la ceremonia hizo uso
de la palabra Gastón Grisoni, Presidente de Crysol.





-------------

viernes, 14 de marzo de 2014

Crysol celebró el Día del Liberad@

Al cumplirse 29 años de la liberación de los
últimos presos políticos de la dictadura,
Crysol celebró el Día del Liberad@ con
una breve ceremonia en el Memorial de 
los Detenidos Desaparecidos
en el Parque Vaz Ferreira.


Se rindió homenaje a todos los
Detenidos Desaparecidos y a todas y a todos
los expresos políticos que ya no están físicamente
presentes.

En el video se aprecia la oratoria
de José "Borrón" Olivera
haciendo uso de la palabra a nombre del colectivo.






---------

martes, 25 de febrero de 2014

La pretensión punitiva del Estado fue restablecida




Durante el año 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales varias leyes aprobadas por el Parlamento. Lo hizo actuando en el marco  del Estado de derecho que caracteriza a la sociedad uruguaya. El hecho ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación. Ha dado lugar a numerosas columnas de opinión de talante opositor, en un año pautado por la realización de elecciones generales y de campañas con tales propósitos.

La cobertura mediática fue empleada, incluso,  en algún caso, para desvirtuar ante la opinión pública el sentido del pronunciamiento del máximo órgano del Poder Judicial. Nos referimos en particular al fallo en torno a la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley 18 831. Dicha norma, de gran trascendencia para la seguridad democrática e institucional, restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el proceso cívico militar.

Aunque en ningún momento lo fue, con aviesas intenciones, se ha señalado que la SCJ declaró inconstitucional la ley “interpretativa” de la Caducidad y se ha insistido en forma machacona e insidiosa en calificarla de ese modo. La ley 18 831 de octubre de 2011 no fue una norma interpretativa de la Ley de Impunidad. Lo ha señalado incluso el exintegrante de dicho cuerpo, el Dr. Leslie van Rompaey, en entrevista concedida a “Búsqueda”. Esencialmente, la ley 18 831, en su artículo 1, restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado, barriendo con los obstáculos legales para el accionar de la justicia que había impuesto la Ley de Caducidad aprobada, ante la presión de los mandos militares y el peligro de desacato, en diciembre de 1986.

Dando cumplimiento a la sentencia de la Corte interamericana de DDHH (CIDH) en el caso Gelman vs Uruguay, que declaró la nulidad fáctica de la misma por contravenir resoluciones y compromisos asumidos internacionalmente por Uruguay, con la Ley 18 831, el Parlamento procedió a restablecer la pretensión punitiva del Estado para que la justicia pudiera desempeñar sus cometidos específicos en el marco de las disposiciones constitucionales vigentes.

En base al artículo 1 de la Ley 18 831, el Parlamento no sólo restableció la pretensión punitiva para los crímenes de la dictadura sino que al mismo tiempo devolvió la plena independencia al Poder Judicial que había quedado supeditado al Poder Ejecutivo en base a lo dispuesto por la Ley de Caducidad.

Desde diciembre de 1986 a octubre de 2011, en Uruguay, el Poder Judicial no fue un poder independiente en lo referido al “pasado reciente”. Estuvo condicionado y supeditado a las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo. Durante el período de vigencia de la Ley de Caducidad, promovida por el Dr. Julio María Sanguinetti, no existió plenamente la separación de poderes de acuerdo a las disposiciones constitucionales. En los hechos prevaleció lo político sobre lo jurídico. Así lo señaló la propia SCJ en su pronunciamiento Nº 365 de 22 de octubre de 2009 en el caso Nibia Sabalsagaray, lo cual posibilitó el enjuiciamiento y la condena posterior del Gral. Julio Dalmao.

Desde el momento en que la SCJ ratificó la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 18 831, el Estado uruguayo no defiende más la impunidad para los criminales, civiles y militares, de la dictadura. No existe ningún obstáculo legal para que los magistrados de todo el país puedan instruir y procesar las  denuncias que las víctimas o sus familiares han presentado. Pueden investigar, incluso, todas las denuncias que en su momento fueron archivadas al amparo de la Ley de Caducidad.

De acuerdo a lo dispuesto por la sentencia 365 de la SCJ de 22 de octubre de 2009, el tiempo en que estuvo vigente la Ley de Caducidad no puede ni debe, jurídicamente hablando, computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos. No existió en dicho tiempo un poder judicial independiente y las víctimas, al igual que lo que sucedió durante la dictadura, no pudieron ejercer sus legítimos derechos.

Con la mirada puesta en el futuro del país, afirmar y profundizar hasta sus últimas consecuencias la transición democrática iniciada en marzo de 1985, es una necesidad imperiosa de carácter estratégico, para que los hechos no vuelvan a ocurrir. Para los expresos políticos, la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General, es el estándar de calidad para evaluar el proceso vivido hasta el momento y definir los desafíos por delante para que la libertad y la democracia tengan bases sólidas y sustentables.

Tanto en Argentina como en Chile, hace años ya, las fuerzas armadas han asumido ante la ciudadanía su responsabilidad por los crímenes cometidos. La Suprema Corte de Chile ha pedido públicas disculpas por sus omisiones durante la dictadura de Pinochet. En la actualidad, en Mendoza, Argentina, se enjuicia públicamente a quienes desde el poder judicial participaron de la represión. A 29 años del retorno a la institucionalidad democrática en Uruguay, solamente un pequeño y reducido grupo de golpistas y represores activos han sido  enjuiciados y juzgados. Protagonistas emblemáticos y públicamente conocidos del terrorismo de Estado, dentro y fuera de fronteras, nunca han pisado una sede judicial en el país hasta el momento. Este hecho no es una señal de fortaleza, precisamente, del Estado de derecho ni de la plena vigencia de las disposiciones constitucionales. Mucho menos de las normas de DDHH que son el pilar básico de una convivencia pacífica, civilizada, enriquecedora y gratificante.

A instancias de las organizaciones de DDHH, en el ámbito del Ministerio del Interior se ha creado una Unidad de Investigación Especial al servicio del poder judicial para colaborar en la investigación de las causas vinculadas a la dictadura. Los magistrados tienen las manos libres para actuar, para investigar, esclarecer y sancionar. Para afirmar la justicia y la democracia.

-------


Opinando Nº 4 – Año 3 – Martes 25 de febrero de 2014

martes, 18 de febrero de 2014

El verdadero desprestigio



Nada desprestigia tanto a un órgano del Estado como el no cumplimiento de sus obligaciones y  cometidos básicos. Con respecto a las aberrantes violaciones a los derechos humanos ejecutadas durante la noche dictatorial, hasta el día de hoy, la justicia uruguaya no ha logrado estar a la altura de sus responsabilidades ante la opinión pública nacional y  ante los ojos del mundo.

Durante más de dos décadas, debido a la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que supeditó todas las actuaciones judiciales a las decisiones del Poder Ejecutivo, la justicia no pudo cumplir con las disposiciones establecidas en la Constitución. En el año 2009, ante un recurso presentado por la exfiscal Dra. Mirtha Guianze,  la SCJ declaró la inconstitucionalidad de dicha norma. En un fallo memorable y lapidario, silenciado en forma sistemática por la prensa seria, la SCJ señaló que la Ley de Caducidad era inconstitucional porque  interfería, ilegítimamente,  con sus potestades jurisdiccionales para ejercer justicia en forma independiente. Además, como ley de amnistía fue aprobada sin contar en la Asamblea General con los votos necesarios para ello.

El castigo de los delitos y de sus responsables es el pilar básico de una convivencia pacífica y civilizada. Se sanciona a quienes los cometen para que reciban el castigo que merecen por sus acciones y para desalentar dichas conductas en la sociedad. También para evitar la justicia por mano propia por parte de las víctimas, para educar  y para generar las condiciones que impidan que los hechos vuelvan a ocurrir. En la actualidad, el castigo de los delitos figura en la agenda electoral de la ciudadanía. En los próximos meses habrá un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad. En aras de la seguridad ciudadana, paradojalmente, es impulsado por sectores políticos de la derecha que han sido, históricamente y hasta el día de hoy, defensores ardientes,  de la Impunidad con letras mayúsculas.

A diferencia de los delitos que cometen los particulares, las violaciones a los derechos humanos, son siempre delitos graves. Algunos de ellos, desapariciones forzadas, crímenes políticos, privación agravada de la libertad, torturas, son imprescriptibles e, incluso, inamnistiables. Las violaciones a los derechos humanos son cometidas solamente  por los agentes y funcionarios del Estado. Las cometen representantes del Estado que, entre sus obligaciones, tienen la responsabilidad de respetar, de asegurar y de garantizar el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales a todos los ciudadanos, sin distinción de raza, sexo, edad, orientación sexual o creencia religiosa. Muy especialmente comprende a los militares y policías que son en todas las sociedades ciudadanos “privilegiados”. Ellos son los únicos que poseen, entre otras prerrogativas, el porte de armas en forma monopólica y exclusiva.

Durante el proceso iniciado el 13 de junio de 1968 que desembocó en la larga dictadura cívico militar, cuando Jorge Pacheco Areco incendió la pradera, Uruguay tuvo, según cifras oficiales y provisorias, 178 ciudadanos detenidos desaparecidos, centenares de ciudadanos ejecutados en presuntos enfrentamientos, decenas de asesinados, cruelmente, mientras eran sometidos a torturas. Uruguay fue una gran cárcel. Miles de uruguayos fueron sometidos en forma masiva, sistemática y generalizada a torturas físicas, sicológicas y morales que incluyeron, incluso, los abusos y las violaciones sexuales en dependencias de las fuerzas armadas y de la policía.

Hasta el momento, a pesar de la gravedad de lo ocurrido, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, de que la mitad de la población se ha expresado explícitamente a favor de que actúe la justicia, ninguna causa ni investigación de los hechos ha sido impulsada o promovida por operadores judiciales. Todas las causas que se han tramitado han sido iniciadas por las víctimas directas o sus familiares. La inoperancia del poder judicial es digna de alarma pública a nivel nacional e internacional. Quienes en base a su propio esfuerzo, dolor y sacrificio han promovido las causas judiciales no han contado con el apoyo del Estado en ningún momento. Han sido públicamente calumniados, intencionalmente, para presionar a la justicia, por operadores políticos de primer nivel como el expresidente Julio María Sanguinetti.

A 29 años del retorno a la institucionalidad democrática en Uruguay, solamente un pequeño y reducido grupo de golpistas y terroristas estatales han sido juzgados y condenados. Este hecho no es una señal de fortaleza, precisamente, del Estado de derecho ni de la plena vigencia de las disposiciones constitucionales. Mucho menos de las normas de DDHH que son el pilar básico de una convivencia pacífica, civilizada, enriquecedora y gratificante. Tampoco habla bien del poder judicial que no ha cumplido, salvo dignas excepciones, con sus obligaciones y que en los hechos ha desamparado a quienes reclaman justicia.

Cuando  los expresos políticos criticamos la inoperancia del Poder Judicial y sus fallos lo hacemos para profundizar la transición institucional iniciada en marzo de 1985, para  consolidar y extender la democracia. Ejercemos nuestros legítimos derechos ciudadanos. Junto a todo el pueblo pagamos un altísimo precio para reconquistarlos y acceder a ellos. La dictadura fue una auténtica tragedia nacional que no debe volver a repetirse. Por ello reclamamos que se cumpla a cabalidad con la normativa de DDHH, con la Resolución 60/147 de la ONU y la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman vs Uruguay.

Que el vocero contumaz de los golpistas, de quienes pisotearon la Constitución y las libertades, primero siempre, elogie la labor de la SCJ es un síntoma realmente alarmante. Debería serlo para los señores miembros de ella.

-------------
Opinando Nº 3 – Año 3 – Martes 18 de febrero de 2014

martes, 11 de febrero de 2014

Un año sin Mota: la justicia empantanada




Esta semana se cumple un año del traslado de la jueza Dra. Mariana Mota de la órbita penal a la civil, dispuesta por la Suprema Corte de Justicia, burdamente fundada en “razones de mejor servicio”, sin cumplir con lo previsto por el Artículo 246 de la Constitución. Se produjo en momentos en que varias causas de DDHH que ella venía tramitando ingresaban en instancias decisorias. Tal el caso de Aldo Perrini, asesinado mientras era  torturado en el cuartel de Colonia en el año 1974.

El traslado de la jueza Mota, de acuerdo a procedimientos habituales en el poder judicial pero no por ello acordes con las disposiciones constitucionales, supuso, en los hechos, que las investigaciones con respecto a las graves violaciones a los DDHH cometidas durante  la dictadura se enlentecieran peligrosamente. A tal punto es así que aún no ha podido ser procesado el Gral. ® Raúl Barneix seriamente implicado en el crimen de Aldo Perrini, tal como lo demostró la documentación de la justicia militar de la época que fuera descubierta casualmente. Lo mismo ocurre con decenas de causas que la jueza Mariana Mota tenía en sus manos mientras cumplía con el resto de las obligaciones ordinarias y permanentes en un juzgado penal.

La remoción de la jueza Mariana Mota fue ampliamente rechazada, en forma militante por todos los sectores de la sociedad uruguaya que realmente están comprometidos con la institucionalidad democrática y que tienen sólidas credenciales y compromisos de vida  que las avalan.

La protesta pacífica que algunas centenas de ciudadanos indignados con el proceder de la SCJ llevaron a cabo en la sede de la misma fue distorsionada, amplificada y demonizada convenientemente por los medios de comunicación una vez que el senador Bordaberry la calificó de “asonada”, retomando términos jurídicos y penales habituales durante el gobierno de su padre para calificar las protestas populares en defensa de la democracia y la libertad.

A instancias de la propia SCJ se formalizó una denuncia penal que derivó en el procesamiento de algunos expresos políticos y de otros ciudadanos participantes cuando se procedió al desalojo de la sede mediante un  prepotente accionar de los efectivos policiales intervinientes.

Al adoptar la sanción encubierta y de “guante blanco” de la jueza Mariana Mota, la SCJ no solamente enlenteció casi hasta el paroxismo la investigación sobre los crímenes del terrorismo de Estado que ella tramitaba, desamparando a las víctimas que reclaman justicia. La SCJ envió un mensaje amedrentador para todos los jueces y operadores judiciales que en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales debieran actuar en la temática. Quienes investiguen las desapariciones forzadas, los asesinatos, los secuestros, las torturas, los abusos sexuales, serán sancionados adecuadamente y sus carreras profesionales se verán truncadas.

Desde hacía más de dos años la jueza Mariana Mota venía siendo seriamente cuestionada y criticada en una campaña orquestada y organizada por los centros militares tal como lo denunció en su momento el periodista Roger Rodríguez. El Dr. Gonzalo Aguirre y el expresidente Jorge Batlle habían presionado a la SCJ abogando por su sustitución en una entrevista solicitada a tales efectos. Los medios de comunicación, liderados por El país y el oligopolio televisivo, en forma frecuente y reiterada, difundían notas informativas alarmistas y catastróficas sobre su actuación. Las columnas de opinión de los defensores vocacionales de la impunidad, cuestionando a la Dra. Mota, eran ardientes y efusivas.

Más claro, echarle agua

A los pocos días de adoptar la sanción encubierta de la jueza Mariana Mota, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley 18 831 que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. El vocero de la SCJ, Dr. Raúl Oxandabarat,  se apresuró a informar que dicha resolución significaba “el punto final” para todas las causas referidas a la dictadura y sus crímenes. El ministro de la SCJ, Dr. Julio César Chalar, recomendó a las víctimas y a los familiares de ellas recurrir al ámbito civil para obtener reparaciones económicas. El Dr. Ruibal Pino, presidente de la SCJ en ese momento, señaló gráficamente que la Verdad y la Justicia encontrarían en la actual integración de la misma “una muralla”.

A 29 años del retorno a la institucionalidad democrática en Uruguay, solamente un pequeño y reducido grupo de golpistas y represores seriales han sido juzgados y condenados debido a la influencia ideológica, política y al poder real que aún detentan para impedirlo. Este hecho no es una señal de fortaleza, precisamente, del Estado de derecho ni de la plena vigencia de las disposiciones constitucionales. Mucho menos de las normas de DDHH que son el pilar básico de una convivencia pacífica, civilizada, enriquecedora y gratificante.

Para los expresos políticos, civiles y militares, sobrevivientes del terrorismo de Estado, la lucha por la plena implementación, en todos los planos, de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, Verdad, Justicia, Memoria, Reparación y Satisfacción, para continuar la transición democrática, es un compromiso de honor con nuestro pasado de lucha y resistencia. Por el presente. También mirando al futuro del país: para afirmar la democracia, el Estado de derecho e impedir que los hechos vuelvan a repetirse.

-----------


Opinando – Año 3 - Martes 11 de febrero de 2014

domingo, 9 de febrero de 2014

La asunción de Villagrán en el Ejército

Brecha - 7 2 14 - Por Ricardo Scagliola


En el primer día de su mandato, el nuevo comandante en jefe del Ejército advirtió que “no hay más nada para decir sobre los desaparecidos”. El mensaje chocó de bruces con el intento de Aguerre de convertir al Ejército “en una fuerza aceptada por su pueblo”. 

El ex comandante habló con Brecha sobre los cambios en la fuerza, el tribunal de honor a Gregorio Álvarez y la relación con los retirados. Más silencio. Así podría resumirse el grueso del mensaje que el general Juan Villagrán pronunció el sábado pasado, en el Comando General del Ejército, tras su asunción como nuevo comandante en jefe. 

Minutos antes, bajo la lluvia que bañaba la Plaza de Armas y ante la atenta mirada de sus camaradas, Villagrán se comprometió con “el apego a las tradiciones” del Ejército, y destacó algunos de “los principios y bases axiológicas” que guiarán su mandato al frente de la fuerza, que finalizará dentro de un año. Son, dijo, “aquellos que han regido toda mi vida: honor, lealtad, disciplina, abnegación”. Anunció que ejercerá el comando “en forma justa y enérgica, sin por ello dejar de ser digno”, y, sostuvo, sus prioridades serán “mantener y acrecentar” la moral de los soldados. 

Villagrán hizo guiños a los retirados cuando sopesó “su experiencia y conocimiento” como “un capital que no se puede desperdiciar”. Se quedó corto el comandante. Poco después, consultado por la prensa sobre la posibilidad de que los militares aporten nueva información sobre los casos aún no cerrados del período de la dictadura, agregó que en las Fuerzas Armadas “no hay mucho más que decir”. Y alegó que “un 96 por ciento de los integrantes actuales de las Fuerzas Armadas” ingresó después del año 1985.

Las reticencias del nuevo comandante a aportar nueva información son, por lo menos, contradictorias. Meses atrás, fuentes militares reconocieron a Brecha estar trabajando en un nuevo informe que no incluiría datos sobre enterramientos sino información sobre las circunstancias en que fallecieron varios ciudadanos detenidos desaparecidos. 

En diciembre, el presidente se refirió al punto durante una conferencia sobre derechos humanos organizada por la embajada argentina. “El proceso va a continuar. Siempre aparece algo, y se va asomando”, señaló Mujica. Tras un período de “cambios importantes” en el Ejército, según reconoció el propio Pedro Aguerre a Brecha, las primeras señales dadas por Villagrán parecen indicar para buena parte de la izquierda un retroceso. 

Con algunos cambios simbólicos, como la modificación del paso militar “de disuasión”, herencia de la dictadura, y otros más palmarios –vinculados al despliegue territorial del Ejército–, los riesgos de la designación del nuevo comandante trascienden a la izquierda. Y radican en que, al calor del clima imperante en la fuerza de tierra, donde varios oficiales han manifestado cierto fastidio por algunos de los cambios impulsados en los últimos años, el Ejército recupere espacios político-institucionales que se le habían constreñido. La tendencia ahora, desde adentro, es a ampliarlos. 

Hombre proveniente del arma de caballería, Villagrán fue ascendido en 2007, mientras desempeñaba funciones como agregado militar en Madrid. En noviembre de 2010 fue designado jefe de la División III con asiento en la ciudad de Tacuarembó. Antes, en abril de 2008, el gobierno de Tabaré Vázquez lo había nombrado mandamás de los espías al confiarle la titularidad de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie).


“LA TAREA NO ESTÁ TERMINADA.” 

No comprarse problemas. Para varios expertos en defensa consultados por Brecha, esa parece ser la estrategia de Villagrán durante los 365 días que ejercerá el comando del Ejército. Lejos de remar contra la corriente, para un militar que se aproxima al retiro el objetivo suele ser buscar la complacencia de sus camaradas de armas, el aplauso, el honor, los galones. 

La elección del ex titular de la Dinacie, orientada a “dejarle las manos libres” al próximo gobierno –que en la Torre Ejecutiva, descuentan, ocupará el ex presidente Tabaré Vázquez–, tiene su contracara: la de un general que no enfrentará a sus pares. 

Para la izquierda es un dolor de cabeza. Para el Ejército, un alivio: durante su mandato al frente de la fuerza de tierra, Aguerre había ordenado levantar los “pactos de silencio” en torno al destino de los desaparecidos, y había advertido: “El Ejército no encubrirá delincuentes ni homicidas dentro de sus filas”. Hacia el final de su período, Aguerre acompañó la decisión del Poder Ejecutivo de conformar tribunales de honor para aquellos militares que, procesados por delitos de lesa humanidad, tuvieran sentencia firme de la justicia, empezando por el dictador Gregorio Álvarez. 

Esas señales, impensables tiempo atrás, generaron movimientos –embozados y no tanto– de algunos militares retirados que aún hoy reivindican el terrorismo de Estado. Las escaramuzas y murmuraciones por el porte de apellido de Aguerre –a quien endilgaron un tratamiento “demasiado permisivo” hacia su padre, el general Pedro Aguerre, preso durante la dictadura– completaron el cuadro. Y lo llevaron incluso a presentar, el 11 de marzo de 2013, su renuncia al Centro Militar. “Desde mi renuncia, el relacionamiento con todas las instituciones sociales que nuclean a efectivos retirados es normal y en los términos que corresponde”, explicó a Brecha, frío como el acero, Aguerre.

Sobre las transformaciones llevadas adelante durante su período, el ex comandante en jefe reconoció que “es cierto que se han realizado cambios importantes”. En particular, Aguerre destacó la mejora en la operatividad de la fuerza. “Hemos colocado en un lugar central del país nuestros medios blindados y dispuesto el despliegue conjunto de unidades de las diferentes armas. Los blindados se desplegaron próximos a unidades de artillería autopropulsada e ingenieros de combate y a una de las principales bases de la Fuerza Aérea Uruguaya”, explicó. 

Esto permite, sostuvo, un rápido desplazamiento de las unidades del Ejército hacia cualquier punto del país. Aguerre se refería así al emplazamiento de una brigada blindada en el departamento de Durazno, que ahora reúne al Regimiento de Caballería Blindado número 2, históricamente asentado en el centro del país, y al Regimiento de Infantería Blindado número 13. Sin embargo, no fue la operatividad sino las implicancias doctrinarias del cambio las que irritaron a los más jurásicos. 

Estratégicamente ubicadas en la periferia de Montevideo, esas unidades militares fueron históricamente funcionales a la represión durante la última dictadura militar. La combinación de varias armas, inédita en el Ejército, también provocó molestias: con este tipo de fusiones Aguerre rompió con determinados círculos sociales en el Ejército. 

En su momento este tema también incrementó las actividades subterráneas de los retirados, reticentes al nuevo despliegue. En diálogo con Brecha, Aguerre justificó estos cambios en “un mejor empleo” y “una mejor y más económica preparación para el cumplimiento de nuestras misiones”. 

A la hora del balance, el ex comandante sopesa: “La tarea no está terminada. De hecho, no es un camino fácil para una institución del Estado con las complejidades inherentes a la misma (…). Intenté dejarle al general Villagrán un Ejército direccionado hacia el objetivo marcado, con la finalidad de mejorar los niveles de profesionalidad de la institución, siendo a su vez sustentable y creíble; pero por encima de todo, convertirse en una fuerza aceptada por su pueblo”. A juzgar por el día cero del nuevo comandante, no se equivoca Aguerre: lo suyo fue sólo un intento. Un frustrado intento de lavarle la cara al Ejército.


Aguerre, sobre los tribunales de honor

“No afecta a la interna del Ejército”



Para el ex comandante en jefe del Ejército Pedro Aguerre, la decisión de juzgar en un tribunal de honor al teniente general (r) Gregorio Álvarez –y a otros siete militares con sentencia firme en relación con violaciones a los derechos humanos– no impacta en la interna del Ejército: “A la fuerza no la afecta ninguna decisión que esté basada en leyes y reglamentos, por lo que el hecho no afecta a la interna del Ejército”, subrayó. 

Aguerre también se refirió a sus dichos en una entrevista con el Semanario Hebreo, cuando dijo: “Yo no creo en la teoría de los dos demonios que anda por ahí”. En diálogo con Brecha agregó: “A esta altura, varios de esos actores, sean ellos internacionales, regionales o nacionales, se han expedido públicamente asumiendo, con matices que podrían ser cuestionables, sus responsabilidades. Y todos ellos comienzan justificándose por el contexto internacional en que los hechos nacionales se desarrollaron”.

--------

viernes, 7 de febrero de 2014

"Un triunfo sobre la mentira"

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO ANUNCIÓ LA RESTITUCIÓN DE LA NIETA 110


Página 12 - 7 2 14 - Informe: Cecilia Camarano.



El anuncio fue realizado por Estela

 de Carlotto, junto a Martín Fresneda y

 Baltasar Garzón, entre otros.
La nieta recuperada, cuyo nombre aún no se dio a conocer, es hija de Oscar Rómulo Gutiérrez y Liliana Isabel Acuña, ambos desaparecidos desde 1976. “Queremos conocerte, verte, abrazarte, contarte historias de tus padres”, dijo el tío de la joven.

A pocas horas de tener los resultados de los exámenes de ADN, la hija biológica de los desaparecidos Oscar Rómulo Gutiérrez y Liliana Isabel Acuña necesita tiempo para dar a conocer su nombre. “Pidió un tiempo mínimo, aunque hay en ella una enorme disposición por conocer a su familia”, contó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. 

En el primer piso de la sede de Abuelas había una enorme alegría, que contrastaba con el escenario ofrecido a dos cuadras de ahí, donde se velaban los restos de los bomberos fallecidos en la tragedia de Barracas. Fueron dedicadas a ellos las primeras palabras de Carlotto: “El país está de duelo y las Abuelas somos parte de este país, así que rendimos nuestro homenaje y les decimos que la vida continúa; sus compañeros esconden un poco el dolor, que es lo que venimos haciendo las Abuelas desde hace 36 años, pero con la alegría de estar vivas y seguir luchando”.

Acompañada por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; el jurista español Baltasar Garzón; Rosa Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas, y Rodolfo Gutiérrez, tío de la nieta recuperada, junto a otros nietos y familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura, Carlotto hizo oficial ayer, a las 13, la restitución de la identidad de la nieta número 110. Ella se acercó voluntariamente a Abuelas el 31 de octubre de 2013 a manifestar las dudas sobre su origen. Allí fue recibida por el equipo de Presentación Espontánea, el cual la derivó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, para que se le hicieran los exámenes de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, el 8 de noviembre pasado.

“Queremos agradecer a todo el pueblo argentino que nos ha acompañado y a la prensa por ayudarnos a difundir algo que todavía no está resuelto, que es la identidad de alrededor de 400 nietos”, remarcó la presidenta de Abuelas antes de leer el comunicado oficial. 

Allí se señala que los padres de la joven restituida, Oscar Rómulo Gutiérrez y Liliana Isabel Acuña, militaban en Montoneros y fueron secuestrados el 26 de agosto de 1976, aproximadamente a las 6.30 de la mañana de su vivienda en San Justo. Liliana transitaba su quinto mes de embarazo cuando doce hombres de civil, portando armas largas y bajo amenazas de muerte, la metieron a ella y a su marido en un auto. En el mismo operativo fue secuestrada la hermana de Liliana, Elba Eva Acuña, y también su esposo, Hugo Alberto Sáez.

Oscar Gutiérrez había nacido en La Tablada el 17 de abril de 1951. Sociólogo e hincha de Independiente, se había anotado en Ciencias Económicas a la vez que trabajaba en una empresa metalúrgica. Liliana Acuña había nacido el 30 de mayo de 1952 en la ciudad de Buenos Aires y estudió Veterinaria por unos años para luego pasarse a Agronomía. 

Trabajaba dando clases particulares de matemáticas. Luego de ser secuestrados de su vivienda, fueron conducidos a la comisaría 4ª de San Isidro, conocida bajo el nombre de “Las Barrancas”. Cuando ingresaron, ya mostraban señales de haber sido torturados. Compartían con otras doce personas el sótano de la comisaría. 

Mientras estuvieron detenidos allí, sus familiares pudieron saber que se encontraban con vida, aunque en pésimas condiciones, y que el embarazo de Liliana seguía en curso. La información se las brindaba un agente, el mismo que les anunció que Liliana había dado a luz a una nena en San Martín, en diciembre del ’76 o enero del ’77. Cuando en la comisaría se enteraron del contacto de la familia con el agente, todos los detenidos fueron trasladados y ya no se volvieron a tener noticias de ellos. Desde entonces permanecen desaparecidos.

Aun así, las abuelas de esa nena no cesaron en la búsqueda. Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez, madre de Oscar, fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Sus compañeras la recuerdan como “muy lúcida y suspicaz, dicen que era difícil engañarla con datos o denuncias falsas”, afirmó Carlotto. Su marido, el médico boliviano Oscar Rómulo Gutiérrez, llegó incluso a entrevistarse con el dictador Jorge Rafael Videla en Bolivia. Rosa González, madre de Liliana, se unió a Vilma en la búsqueda de sus hijos y su nieta. Lamentablemente, ambas fallecieron antes de poder reencontrarse con ella.

La familia con la que se crió le contó a la nieta número 110 que ella había sido entregada por miembros de la Policía Federal, quienes aseguraban haberla encontrado abandonada en la Ruta 2, en Florencio Varela. “A pesar del tiempo transcurrido y las huellas que quisieron borrar, la verdad triunfa sobre la mentira”, dijo Carlotto.

Antes de cerrar la conferencia, la presidenta de Abuelas le pasó el micrófono a Fresneda. “Este compromiso que tiene el Estado argentino es el compromiso de la lucha de organismos de derechos humanos, que hoy se han cristalizado en un Estado presente y en un Estado absolutamente dispuesto a realizar las políticas necesarias para recuperar hasta el último de nuestros nietos”, dijo el secretario de Derechos Humanos. A su turno, Baltasar Garzón afirmó que la recuperación de la nieta 110 es “ver que el trabajo tiene su recompensa ante la irracionalidad de quienes todavía siguen impidiendo que esa identidad se recupere”. Denunció que en España “los pasos se están dando a la inversa”, y llamó la atención a que en su país “se ablanden las conciencias de quienes tienen la responsabilidad de dar justicia y reparación”.

Casi al final habló Rodolfo Gutiérrez, quien emocionado se dirigió a su sobrina: “Queremos conocerte, verte, abrazarte, contarte historias de tus padres. Es una lucha de casi 37 años, una lucha de mis padres, de tu abuela Vilma, de todas las Abuelas, a las que quiero agradecer, como también al Gobierno, que desde hace diez años se dedica a tener políticas públicas para que puedan ocurrir acontecimientos fabulosos como éste, que no es un hecho individual sino un hecho social, porque una sociedad mejora cuando empieza a conocerse la verdad”, dijo y destacó el gesto de su sobrina de acercarse por su propia voluntad a las Abuelas.

“Encontramos un papelito en el archivo de los primeros tiempos donde decía ‘la abuela tiene un lunar acá y la mamá también, entonces si era una nena ella lo debe tener’, claro, eso era cuando no teníamos el ADN”, se sonrió Estela de Carlotto. En la misma línea, Roisinblit agregó que “37 años atrás no sabíamos si nuestros nietos habían nacido, no sabíamos el sexo, nada, y no había ningún texto donde aprender todo eso”, remarcó con su nieto recuperado, Guillermo, parado detrás de ella.

Hacia el cierre, Carlotto invitó a todos los jóvenes que tengan dudas sobre su identidad a que “se animen a confrontarse con su historia: les ofrecemos certezas, respeto a sus necesidades, les repetimos que no están solos, que los espera la libertad”.

--------