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martes, 22 de abril de 2014

Marcas de abril

Homenajearon ayer a las tres muchachas asesinadas por militares en Brazo Oriental, un crimen que sigue impune después de 40 años.
La diaria - 22 4 14 - Por Luis Rómboli


Participantes del acto de inauguración de la Marca de la Resistencia, en recuerdo de las “Muchachas de abril”, colocan, ayer, sus fotos en el estrado. / Foto: Javier Calvelo.

Se realizó ayer la colocación de la decimoquinta marca de la memoria, una iniciativa de la comisión Proyecto Memoria de la Resistencia 1973-1985 para identificar lugares donde ocurrieron acciones importantes de resistencia a la dictadura, con placas recordatorias y otros elementos. En total se colocarán 26 marcas. 
Esta vez, con el apoyo de la comisión Memorias Muchachas de Abril, la placa se colocó en la vereda del apartamento 3 de Mariano Soler 3098 bis en Montevideo, lugar en el que, en la madrugada del 21 de abril de 1974, fueron acribilladas por militares las jóvenes Diana Maidanick, de 22 años, y Laura Raggio y Silvia Reyes, ambas de 19. Esta última estaba embarazada de tres meses. Además de la placa, se colocaron en su entorno tres asientos de hormigón “simplemente para sentarse, encontrarse con ellas y meditar”, según explicó Antonia Yáñez, presidenta de la comisión que colocó las marcas.
El apartamento está ubicado en el barrio Brazo Oriental, en la punta de una esquina sin cruce, ya que las calles Mariano Soler y Ramón de Santiago se juntan pero no se atraviesan. En la calle se montó un pequeño escenario en el que se colocaron las imágenes de las tres mujeres y unos altoparlantes. Unas 200 personas se congregaron alrededor del lugar, entre ellas autoridades de gobierno, legisladores y dirigentes de sectores del Frente Amplio (FA), así como militantes de Plenaria Memoria y Justicia, que además envió una adhesión. 
Yáñez dijo que “esta marca es particularmente emotiva” porque se cumplen 40 años de los asesinatos, y además porque “estas muertes todavía no habían sido reveladas”, y la colocación de la placa es “una manera más de ponerlas en el colectivo de nuestro pueblo”. El secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, Edgardo Oyenart, dijo que “la memoria, la verdad y la justicia” son “tres pilares de los que el movimiento popular no se puede apear”, y que “hay una parte que está aún pendiente, porque todavía hay militares torturadores caminando libremente por la calle”. “Conmemoro este hecho con tristeza, por la frustración de no haber podido lograr que la verdad y la justicia existan en toda su plenitud en este país”, agregó el sindicalista. 
Luego habló Alma, prima de Diana, quien leyó una proclama para “decirles presente” a las muchachas asesinadas y planteó que “la construcción de la memoria colectiva es una tarea del futuro, porque sólo así se puede cimentar una sociedad que conozca lo que sucedió e impida que se repita”. Por su parte, Stella, hermana de Silvia, dijo que el asesinato de las jóvenes “permanece impune”, y que si bien el militar José Nino Gavazzo, uno de los que comandaron el operativo, “está preso”, no fue condenado por este caso. Además, denunció que uno “de los represores que estuvieron corriendo por este pasillo”, en referencia a la entrada del apartamento, “hoy es edil de la Junta Departamental de Flores por el Partido Colorado”.
Stella contó que participó en careos en el ámbito judicial para identificar a los responsables de la muerte de su hermana y que “ellos estaban igual que siempre, sin arrepentimiento”. Dijo, además, que se trató de “una masacre”, porque cuando su padre “fue a buscar los cuerpos”, contó más de 40 impactos de bala en cada uno. 
“Estaban destrozados, partidos”, agregó. Luego mencionó que tanto el caso de las muchachas como la causa por la desaparición en Argentina de Washington Barrios “están estancados”. Si bien el expediente fue archivado luego de la entrada en vigencia de la Ley de Caducidad, en 2012, cuando se reactivaron todas las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, la causa volvió al Juzgado Penal de 8º Turno, a cargo de la jueza Graciela Eustaccio.

La masacre de Brazo Oriental

Washington Barrios era el militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros al que los militares fueron a buscar al apartamento la noche del 21 de abril de 1974, pero el joven había viajado a Argentina el día anterior. Silvia Reyes, una de las víctimas, era su esposa. El operativo fue comandado por Gavazzo, Manuel Cordero, Armando Méndez, Jorge Silveira, Julio César Gutiérrez, Mauro Mauriño y Juan Rebollo. Los militares no encontraron a Barrios y tras romper la puerta, ingresaron disparando en la vivienda de las tres mujeres. La balacera fue tan grande que dos de los militares resultaron heridos por sus propios compañeros. Así asesinaron a las tres muchachas, y luego de montar una “ratonera” para intentar atrapar a Barrios, al mediodía, los militares trasladaron los cuerpos al Hospital Militar y se llevaron todas las pertenencias de las jóvenes, incluido el mobiliario. Seis meses después se conoció la detención de Barrios en Córdoba, Argentina, en el marco de la aplicación del Plan Cóndor. Sus padres fueron informados sobre la captura por el propio Gavazzo. Después, mientras Barrios cumplía una condena a seis meses de prisión por entrada ilegal a ese país, se decidió su traslado a Córdoba. En el camino desapareció, situación que continúa hasta hoy.

Semana de homenajes

Después de los familiares de las jóvenes habló la alcaldesa del Municipio C, Miriam Rodríguez, que pidió a los presentes continuar “trabajando por los cambios”, para lo cual “no hay que quedarse en las casas”. Después se les obsequió a los familiares un disco con un documental de Ignacio Guichón en homenaje a las Muchachas de abril, que se estrenará hoy a las 19.00 en el Centro Cultural de la Estación Goes. Finalmente, habló la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, que recordó varios episodios en la “lucha por recuperar la democracia”, pero dijo que este caso no es suficientemente conocido incluso entre muchos militantes de izquierda, como “muchas otras cosas que aún están ocultas: para los que las vivieron y mucho más para las nuevas generaciones”. “Seguramente, la gran mayoría de las mujeres que están aquí piensa que podrían haber sido cualquiera de ellas”, dijo Olivera. El cierre de esta semana de homenajes tendrá lugar el domingo en el Centro Cultural Museo de la Memoria, donde se montó una exposición titulada Las muchachas de abril. Allí se presentará nuevamente el documental y cantará Daniel Viglietti. La exposición podrá visitarse hasta el 3 de mayo.


lunes, 21 de abril de 2014




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viernes, 18 de abril de 2014

A 40 años del asesinato impune de las muchachas de abril

Brecha - 16 4 14 - Por Samuel Blixen

El horror y la barbarie de los asesinatos de tres jóvenes, Silvia Reyes, Diana Maidanik y Laura Raggio, siguen reclamando, 40 años después, el justo castigo. Algunos de los responsables de la “masacre de Brazo Oriental” del 21 de abril de 1974 están entre rejas; otros siguen desafiantes, a caballo de la impunidad. Justicia es el único capitulo que falta en esta historia, paradigma de la aberración represiva de la dictadura.

Sólo alguien cansado, medio dormido, con las alertas bajas, podía transitar desprevenido las calles del barrio, a las 4 y media de la mañana. De hecho, buena parte de los vecinos de Brazo Oriental, en la lengua que se apoya en Burgues y en San Martín, habían huido despavoridos llevando a sus hijos menores, a sus padres ancianos, no importa a dónde, con tal de escapar de las balas que atravesaban paredes, rebotaban en el pavimento, salían de las esquinas, de las azoteas, dibujando una malla de muerte antes de que la muerte posible fuera anunciada por el estruendo, que se oía incluso en el Cerrito y en La Blanqueada. 

Dorval Márquez, agente de Policía, pedaleaba su bicicleta con un resto de voluntad después de una jornada de trabajo agotadora, cuando una bala de carabina o de fusil, salida de no se sabe dónde, disparada por no se sabe quién, lo mató en seco, inmediatamente, aun antes de que la rueda dejara de girar, acostada en el pavimento. 

No fue el único muerto por balas militares aquella madrugada de domingo que completaba una noche de sábado para los que aún tenían ánimo de juerga después de dos años de guerra interna implacable. Eso sí: no fue una bala perdida la que abatió a Dorval; fue una bala premeditada, disparada por las dudas, con poca reflexión y mucha impunidad, por si acaso el que pedaleaba la bicicleta fuera el mismo “sedicioso” al que pretendieron detener dos horas antes. La explosión provocada por el disparo rompió el silencio que se había instalado al fin, y por un momento se temió que la locura volviera a empezar.

A las 2.30 del domingo 21 de abril de 1974, las decenas de oficiales y soldados del Grupo de Artillería comandados por el coronel Juan Modesto Rebollo y supervisados a su vez por el Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (ocoa) comenzaron a tomar posiciones a lo largo de la calle Mariano Soler, en la paralela Carabelas y en las transversales Fomento y Ramón de Santiago, aunque el despliegue llegó hasta bulevar Artigas, hasta Luis Alberto de Herrera. No fueron particularmente sigilosos al cerrar las calles y ocupar todas las azoteas de las cuadras más cercanas al objetivo: un modesto edificio de apartamentos de Mariano Soler 3098 bis. Las corridas por las veredas, las órdenes asordinadas, los ruidos en el techo, interrumpieron el sueño e instalaron el miedo en los vecinos. 

A las 2 .40, oficiales y soldados entraron en tropel en el estrecho corredor, convencidos de que iban a capturar a Washington Barrios, “Camilo”, militante del mln, que arriesgaba su legalidad imprimiendo afiches contra la dictadura y volantes para el próximo Primero de Mayo con una impresora instalada en el sótano de su vivienda. No sabían, los represores, que “Camilo” había viajado el día anterior a Argentina, con la esperanza de obtener dinero para evacuar a una pareja y una beba de nueve meses, y a dos muchachas. 

Todos habían sido liberados recientemente, después de meses de encierro por razones tan nimias que no justificaron, siquiera, el pase al juez militar. Pero no lograban obtener trabajo, eran políticamente leprosos, y semanalmente debían someterse aldestrato de la vigilancia en los cuarteles. Como muchos otros, dejaron de presentarse en el cuartel y automáticamente se convirtieron en fugitivos. Intentaron ocultarse en casa de un amigo, en La Teja; providencialmente un vecino les alertó: “Ojo, que hay una ratonera”. Finalmente, a través de una red de amigos, se contactaron con Washington, que dejó a las dos jóvenes al cuidado de su esposa, en su casa, y solicitó a su cuñada que escondiera a la pareja y a la beba.

Los militares que entraron en la vivienda de Mariano Soler cometieron un primer error: los oficiales al frente del pelotón –los mayores José Gavazzo y Manuel Cordero, los capitanes ArmandoMéndez, Julio César Gutiérrez y Mauro Mauriño, y el teniente Jorge Silveira– se equivocaron de apartamento, fueron hasta el fondo y golpearon la puerta número 8. Sus aterrados habitantes explicaron que Barrios vivía en el 5. Desandaron sus pasos a los gritos, contagiando el nerviosismo a los soldados que se agolpaban en el corredor, dispuestos a cumplir órdenes, a ser sumisos en la disciplina, si tan sólo las órdenes no fueran contradictorias, antagónicas, ilógicas, en el coro histérico de gritos y amenazas.

Volvieron a equivocarse: los oficiales exigieron a los gritos que abrieran la puerta numero 5, entraron insultando y puteando, blandiendo metralletas que apuntaban indistintamente a los ocupantes, un hombre, su esposa y la hija menor. “¿Dónde está Washington Barrios?”. El hombre, en calzoncillos, dijo: “Soy yo”, y automáticamente varios se abalanzaron sobre él, golpeándolo y arrastrándolo hacia el corredor, hasta que alguien gritó: “No, a ese no lo maten que es el padre”.

En un creciente paroxismo los oficiales se abrieron paso a través de los soldados que se apiñaban en el corredor y enfilaron hacia enfrente, al apartamento número 3. Desde el suelo, WashingtonBarrios padre  intentaba captar la atención de los militares para postergar el desenlace que se leía en los rostros crispados, en las miradas desorbitadas, y su esposa, Hilda Hernández, los seguía llorando y rogando: “No las maten, no tiren que mi nuera está embarazada”. 

Derribaron la puerta y entraron en la vivienda disparando sus armas. Se sorprendieron: de hecho, la puerta daba acceso a un patio abierto; las ráfagas barrieron las paredes y destrozaron el baño y la cocina, que daban al exterior. Los soldados apostados en las azoteas también comenzaron a disparar. 

Las balas traspasaban la mampostería. Un vecino de otro apartamento salió despavorido en calzoncillos, pidiendo por favor que dejaran de tirar porque las balas traspasaban la pared: “Van a matar a mis hijos”; lo obligaron a ponerse con las piernas abiertas y las manos contra la pared. Desde allí oyó unas voces femeninas gritando que querían entregarse. Otros gritos advirtieron que el capitán Gutiérrez había caído. (Había sido herido por sus propios camaradas; la bala le perforó el cuello y el capitán murió un mes después.) 

Ya no fue posible detener la balacera en el apartamento, en el corredor, en la calle, en las azoteas, que repetía el reflejo automático, instintivo, de accionar el gatillo. Los disparos partían de cualquier lado dirigidos hacia ningún lado; no había fuego enemigo, sólo descargas que terminaron concentrándose sobre la puerta de madera de dos hojas que comunicaba con un gran espacio, cuarto y comedor, y cuya pared parecía que terminaría por derrumbarse horadada por los impactos.

No se sabe cuánto tiempo continuaron los militares disparando ráfagas, una tras otra. Las balas se incrustaron en los techos, destrozaron las puertas, hicieron saltar las ventanas en añicos, agujerearon las paredes de ladrillo y perforaron las medianeras del patio. Detrás de la puerta del comedor los militares encontraron a tres jóvenes en camisón, acurrucadas, abrazadas entre sí y, por cierto, desarmadas. No preguntaron por Washington Barrios; simplemente las acribillaron, fuera de sí, incapaces de contener el miedo que nace de la tensión.

Cuando las armas dejaron de escupir balas, cuando el capitán Gutiérrez y el coronel Rebollo –que había sido herido levemente en un brazo– fueron evacuados, cuando los generales Julio CésarRapela y Esteban Cristi “se apersonaron en el lugar del enfrentamiento”, el teniente Jorge Silveira, “Chimichurri”, a quien le esperaba una larga carrera especializada en asesinatos, torturas y violaciones, se dio un respiro, regresó al apartamento 5 y encaró a Hilda Hernández corajudamente: “Dígame dónde está su hijo, que yo mismo lo mato”, sin que hasta hoy se sepa por qué tanto encono. 

En el apartamento 3, los oficiales dispusieron que se armara una “ratonera”, es decir, tres o cuatro soldados que aguardarían un improbable regreso de Washington Barrios. En un rincón del comedor, detrás de la puerta, quedaron los cuerpos acribillados y desfigurados de Diana Maidanik, 21 años, estudiante de la Facultad de Humanidades y maestra de jardín de infantes; LauraRaggio, 19 años, estudiante de la Facultad de Psicología; y Silvia Reyes, 19 años, esposa de Washington Barrios, embarazada de tres meses.  

Es posible que los responsables de lo que después se conoció como “la masacre de Brazo Oriental” ni siquiera tuvieran idea de a quiénes estaban asesinando; la justificación vino después, con el débil argumento, estampado en los comunicados de las Fuerzas Conjuntas, de que los militares habían respondido al fuego de los sediciosos y que en la casa fue hallado un “berretín con armas”. El invento era irrelevante: ni aun así se justificaba la furia homicida, más cuando, 32 años después, ante un juez penal, José Gavazzo reconocería, indolente –indiferente a los sentimientos de los familiares que revivían en el careo el dolor intacto– que “Barrios no era un objetivo importante”.

Todo estuvo a punto de repetirse, una hora más tarde, a eso de las 3 y media, cuando los militares volvieron a copar calles y azoteas en la zona de Jacinto Vera y Estivao, en el Buceo, en un edificio de apartamentos independientes, en uno de los cuales vivían los padres de Silvia Reyes, y en otro, al fondo, Stella, la hermana de Silvia. 

Como antes, entraron en el corredor y fueron golpeando todas las puertas. Stella y la pareja con su hija lograron a duras penas escurrirse; dejaron a la beba en la puerta de la abuela de Stella y treparon a la azotea, pero los soldados apostados en los techos las vieron. Como antes, se desató una balacera infernal, incontrolada. Previendo lo de antes, un megáfono tronó una orden: “¡Paren, que nos estamos tirando entre nosotros!”. Stella y la pareja lograron descolgarse hasta los fondos y se escondieron en un galpón. 

Recién al amanecer los soldados las encontraron. Las ataron con una cuerda de colgar ropa y comenzaron atorturarlas, allí mismo, en la calle, pero no para obtener información, para descargar el miedo acumulado. Los vecinos, testigos de la saña, pedían que no las mataran. Después, en el cuartel de La Paloma, Artillería 1, con más método y menos prisa, Gavazzo y Juan  Modesto Rebollo –cuya herida no le impidió torturar– interrogaron a Stella sobre Washington Barrios.

Recién a media mañana del domingo, los cuerpos de las tres chicas –las “muchachas de abril”– fueron retirados del apartamento devastado y trasladados al Hospital Militar. 

Al mediodía la “ratonera” fue levantada para que un pelotón de soldados, trasladado  en varios camiones, iniciara el desguace del apartamento 3. Desde el otro lado del corredor, en la puerta de enfrente,Jacqueline, la hermana de Washington Barrios, vio impotente cómo se llevaban todo el mobiliario, rúbrica postrera de la impunidad,  burla del dolor, gesto impúdico de rapacidad. Se llevaron hasta la puerta de entrada, los tapones y las tapas de las llaves de las luces; Jacqueline vio cuando sacaban la máquina de coser y el colchón del sofá cama empapados en sangre. No pudieron llevarse el placar del dormitorio, que estaba empotrado; lo rompieron.

Por la tarde, Washington Barrios padre entró en el apartamento 3: el revoque de las paredes formaba una alfombra en los pisos, y en el comedor el blanco se confundía con el rojo de la sangre. Las paredes estaban salpicadas. “Era horrible. Las balas incrustadas tenían trozos de cuero cabelludo”. El padre contabilizó 140 impactos de bala. 

El lunes 22 las tres familias de las víctimas recibieron llamadas telefónicas conminándolas a retirar los cadáveres en el Hospital Militar. Los padres de Diana Maidanik comprobaron que su hija había recibido 35 balazos; la madre de Laura Raggio no pudo sobreponerse a la visión de su hija con una herida de bala en la cabeza; más tarde, cuando la velaban, creyó que Laura se había teñido el pelo, pero era sangre. 

El padre de Silvia Reyes debió reconocer a su hija –identificarla– en la morgue: contó más de 38 impactos de bala en todo el cuerpo. Las heridas revelaban que habían recorrido el cuerpo con dos ráfagas, de arriba abajo, cuando ya estaba muerta. Nadie se atrevió a decirle nada cuando le sacó el anillo de matrimonio de la mano derecha y lo guardó para su yerno, a quien nunca más volvió a ver.

Pero aún no había acabado el calvario: cuando se realizaba el velorio de Silva, un grupo de soldados entró en la casa, se dirigió a los fondos, donde vivía Stella, y comenzó a saquear la casa. Mientras al frente los familiares lloraban a la muerta, al fondo los soldados se llevaban todo lo transportable mientras cantaban “Uruguayos campeones…”. 

El padre de Silvia no soportó la provocación, encaró al general Rapela, que solía comprarle obras de arte y pretendió, en el forcejeo, arrebatarle el arma. Rapela no se lo esperaba, y antes de que atinara a una reacción, un tío de Silvia logró tranquilizarlo. A la hora del sepelio, cuando sacaron el féretro de la casa, los vecinos de la zona aguardaban compactos, en la vereda de enfrente; cubrieron el féretro con una lluvia de rosas.

En 1985 las familias Barrios y Reyes formalizaron la denuncia sobre los asesinatos de las muchachas de abril, pero en 1986, ley de caducidad mediante, el caso fue archivado por orden del presidente Julio María Sanguinetti. Diecinueve años después, en octubre de 2005, un equipo de abogados de Ielsur, organización no gubernamental, pidió retomar la indagatoria, que recayó en el juzgado penal a cargo del juez Pablo Eguren. Insólitamente, el escrito que solicitaba la reapertura del caso no reclamaba expresamente –como es habitual– responsabilidades penales para quienes estaban implicados en el operativo que culminó con los asesinatos. El fiscal Enrique Moller, experto en archivar causas de violaciones a los derechos humanos, ni lerdo ni perezoso aprovechó el pretexto para solicitar que se desistiera de la investigación. El juez Eguren estuvo de acuerdo. 

Al reactivarse todas las causas, en 2012, el expediente volvió al despacho del juzgado penal de 8º Turno, ahora a cargo de la jueza Graciela Eustaccio. Pero hasta el presente, a 40 años de los sucesos, no hay ninguna sanción penal para los responsables de los asesinatos.


La desaparición de Wáshington Barrios

 
Exactamente seis meses después de aquel domingo que amaneció teñido en sangre en el barrio Brazo Oriental, el mayor José Gavazzo regresó al edificio de Mariano Soler 3098 bis y volvió a golpear la puerta del apartamento 5. Los padres de Wa­shington Barrios supieron al instante que nada bueno traía la visita. 

Si hasta ese momento el estudiante y empleado de 22 años, nacido en Cúcuta, Colombia, y nacionalizado uruguayo, que contaba apenas con un antecedente por pintadas callejeras, no figuraba entre los objetivos de la represión, algo hizo cambiar la apreciación, porque el operativo de Brazo Oriental, además de los cientos de cartuchos que quedaron desparramados en el apartamento y en la zona como muestra de la barbarie desatada, concentró lo más graneado de la inteligencia represiva.

Fortuitamente, Washington se escabulló y algunas semanas después logró informar a la familia que estaba vivo y que se había refugiado en Argentina. Pero nada más se sabía. Por eso, la presencia de Gavazzo sólo podía ser del peor augurio. El mayor, que desde la caída en desgracia de los oficiales del Batallón Florida se había convertido en pieza clave de la coordinación, se hizo el canchero ante los padres de Washington: “Camilo está bien, fue detenido en Córdoba”, dijo, y mostró un papel, con escritura a mano, que Hilda, la madre, reconoció como la de su hijo. “Querida vieja, viejo, flaquita. No se preocupen, yo me encuentro bien. Dentro de poco nos vemos.” 

¿Qué objeto tenía entregar esa esquela? Era una manera de revelar, gratuitamente, una coordinación entre argentinos y uruguayos que después sería negada así se amontonaran las evidencias cuando comenzó a investigarse el Plan Cóndor, del que Gavazzo fue un diligente ejecutor. Washington Barrios fue detenido un mes antes de la visita de Gavazzo, el 17 de setiembre, tras un allanamiento en una casa en calle 6 esquina 9, barrio Cabo Fariña, ciudad de Córdoba, junto con otros argentinos acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo (erp). Según informaciones de prensa, de origen policial, en el domicilio se encontraron armas y explosivos, algunas de las cuales fueron sustraídas en el copamiento de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos, en agosto de 1974, por comandos del erp.

En los interrogatorios, según el comisario Héctor García Rey, secretario de Seguridad y jefe de Policía de la provincia de Córdoba, Barrios reclamó ser tratado según las disposiciones de la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra porque, dijo el comisario que dijo el detenido, era combatiente de guerra. Insólitamente para un combatiente que manejaba un arsenal en su casa, el 11 de octubre Barrios fue procesado por el delito de entrada ilegal al país y condenado a seis meses de prisión. Ese mismo 11 de octubre fue conducido por orden judicial desde Córdoba hasta Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

Segundo capítulo insólito: el 20 de febrero de 1975, cuando cumplía cuatro de los seis meses de pena, el juzgado 3 de La Plata decretó su libertad; se ordenó que Washington Barrios fuera devuelto a Córdoba, para trámites administrativos. En el trayecto simplemente desapareció; en el juzgado “oficialmente se informa que se fugó en el trayecto de La Plata-Córdoba”, así nomás, sin ninguna aclaración, ningún detalle, ninguna explicación; apenas se consigna que “no existen indicios sobre su destino posterior”, y no los habrá hasta que el caso de Washington Barrios seaoficialmente declarado como desaparición forzada.

En el expediente de La Plata, según le contó el fiscal a la madre, Hilda Hernández, constaba que las Fuerzas Armadas uruguayas habían reclamado al detenido por ser uruguayo. Pero el expediente, a su vez, ya no tan insólitamente, desapareció del juzgado, con lo que se cerró un círculo de crímenes, infamias e impunidades.

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sábado, 12 de abril de 2014

Citaciones masivas

Por ocupación de la SCJ por traslado de Mota

Caras y Caretas - Viernes 11 4 14


 

La Justicia decidió ampliar la indagatoria penal por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el día del traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil. 

Unas 60 personas serían citadas a declarar en los próximos días para certificar su participación en la ocupación. 

Por estos hechos, fueron procesados siete activistas sociales, entre ellos, el ex dirigente del MLN-T, Jorge Zabalza.

La jueza Penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, y el fiscal Gustavo Zubía iniciarán, después de Semana de Turismo, una nueva indagatoria penal por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el día del traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil. Se estima que unas 60 personas serían citadas a declarar como indagadas.
La magistrada resolvió en las últimas horas, a pedido de la Fiscalía, iniciar un nuevo presumario por la ocupación de la Corte, con el objetivo de indagar la participación en los hechos de todas las personas que voluntariamente comparecieron ante la Sede para manifestar su participación en el acto.
La jueza Rieiro y el fiscal Zubía analizarán nuevamente los videos y registros fotográficos que fueron incorporados en el expediente principal, para certificar si las personas que firmaron la carta participaron efectivamente en la ocupación y cuál fue su rol en la misma. Cuando esta etapa culmine, se dispondrá la citación de los involucrados, según indicaron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.

Los hechos se remontan a febrero de 2013, cuando la SCJ dispuso el traslado de la jueza Mariana Mota, a un Juzgado Civil. Mota era la jueza que tramitaba la mayor cantidad de expedientes por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y una de las pocas en aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, por el que se considera estos delitos como crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles.
El traslado de Mota generó un profundo malestar entre las organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos. El día que Mota debía jurar en su cargo, unas 500 personas se congregaron en la Corte para manifestar su rechazo a la decisión. La ceremonia se postergó durante unas horas y se realizó sólo después de que la Corte fuera desalojada.
En esa instancia, los ministros de la Corte presentaron una denuncia penal por la ocupación de la Corte, aduciendo que el accionar de los manifestantes impidió el normal desarrollo de la ceremonia y que se cumpliera el acto administrativo. El caso derivó en el procesamiento sin prisión, en noviembre de 2014. de siete activistas sociales.
La entonces jueza Penal Gabriela Merialdo, dispuso el procesamiento del ex militante del MLN-T, Jorge Zabalza, la militante de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, el dirigente de Adeom Montevideo, Aníbal Varela, la docente Patricia Borda, el ex preso político Álvaro Jaume y sus hijos, los ex jugadores de fútbol, Eduardo y Diego Jaume por un delito de “asonada”.
Empero, la magistrada, hoy en el fuero civil, ordenó la apertura de un presumario para indagar la presunta participación en la ocupación de unos 60 activistas que presentaron un escrito ante la Sede donde reclamaban ser citados a declarar por su participación en la movilización.

El escrito señalaba que los firmantes participaron y apoyaron la ocupación de la sede Corte, como parte de legítimos derechos consagrados en la Constitución de la República y en la normativa internacional para “manifestar el repudio al nuevo acto de impunidad trasladando a la Dra. Mariana Mota”. Tras el análisis de los videos y los registros fotográficos estas personas serán citadas.
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viernes, 11 de abril de 2014

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero


En la tarde de ayer se presentó en el Centro Cívico y Comercial
de Ciudad de la Costa una nueva edición del libro 
"Julio Abreu sobreviviente del
vuelo cero" escrito por Alberto Silva.

Hicieron uso de la palabra el Alcalde del Municipio Ciudad de la
Costa Omar Rodríguez, Gladys Oyamburo de la Comisión por
la Memoria de los Fusilados de Soca, Gastón Grisoni, Presidente 
de Crysol, Julio Abreu y Alberto Silva.

La presentación del libro contó con la presencia del
Embajador de la República Argentina en nuestro país, 
Ing. Dante Dovena y su señora esposa, 
 de ediles departamentales,  consejales del municipio
y un nutrido marco de público.

La actividad contó con el respaldo de la Junta Departamental
de Canelones, especialmente de la Comisión de Memoria
de la misma.







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viernes, 28 de marzo de 2014

¡Los terroristas, Heber!

La diaria - 28 3 14 - Columna de opinión - Por Marcelo Jelen

Un país cuyo prócer pasó exiliado los últimos 30 años de su vida no puede fregarse en instituciones humanitarias como el refugio o el asilo político. Un país donde, hace no mucho tiempo, miles de personas acusadas de “terrorismo” y “sedición” fueron encerradas en cárceles y mazmorras, sometidas a juicios que no merecen ese nombre, torturadas y desterradas, no puede permanecer indolente cuando ocurren cosas así en otros lugares. Los herederos políticos del colorado Luis Batlle y del blanco Gustavo Gallinal, encarcelados en 1931 en la Isla de Flores por la dictadura de Gabriel Terra y luego expulsados, no deberían tomarse a la ligera el sufrimiento de los reclusos musulmanes en la base militar estadounidense enclavada en el territorio cubano de Guantánamo.
Pero lo están haciendo. El precandidato blanco Luis Lacalle Pou interroga por estas horas al canciller Luis Almagro, en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, porque el presidente José Mujica accedió al pedido de su par de Estados Unidos, Barack Obama, de acoger en Uruguay a varios de esos prisioneros, secuestrados y encerrados en el marco de la mal llamada "guerra contra el terror". El hijo de Luis Batlle, Jorge, aquel ex presidente que prometió un "gobierno divertido" pero dejó al país hundido en la peor crisis económica de su historia, escribió en su cuenta de Facebook que Mujica es "el rey del show" y actúa "para ganar el premio Nobel" de la Paz.
Recibir a los secuestrados es un simple gesto humanitario que no merece ni siquiera las gracias: es lo que hay que hacer una vez que pinta la ocasión. ¿Cómo pretenden que reaccione el presidente de la República ante la solicitud de Obama? El Poder Ejecutivo "no informó, sino que desinformó en este tema", dijo Lacalle Pou, cuando en estos casos es preciso actuar con discreción porque hay vidas en peligro. "Nuestro rechazo total a ser carceleros de Estados Unidos", añadió vía Twitter, maquillando con brocha gorda el hecho de que tanto refugiados como asilados son personas libres. "Aceptar presos de Guantánamo es aceptar el régimen de Guantánamo", dijo el también aspirante blanco a presidente Jorge Larrañaga, sin detenerse a pensar que las víctimas de ese régimen ilegal e inaceptable son los humanos de carne y hueso que han estado allí encerrados, entre ellos los cinco o seis a quienes Uruguay asilará.
"Bastantes líos tenemos aquí para importar los líos de otros", dijo el precandidato colorado Pedro Bordaberry, olvidando que muchos de esos "otros" no fueron tan mezquinos al recibir a los exiliados de la dictadura uruguaya. Pero capaz que ni lo sabe, porque en esos años él la pasó fenómeno. "Si son terroristas, no los queremos", dijo el senador colorado y ex vicecanciller Ope Pasquet, a pesar de que no hubo procedimientos judiciales legítimos que determinen esa condición, y él lo sabe.
"¿Por qué [Obama] no los manda al lugar en que nacieron?", preguntó Jorge Batlle. "¿No hay lugar en Estados Unidos para sus presos en Guantánamo?", inquirió el diputado blanco José Carlos Cardoso. La respuesta a esos interrogantes la sabe cualquiera que haya leído un diario en los últimos 13 años: ni los gobiernos de sus países de origen ni el estadounidense les pueden garantizar no ya su seguridad, sino la propia vida.
El colmo de la contradicción le correspondió al precandidato y senador blanco Sergio Abreu. "No podemos ser un santuario como se hizo con los etarras", dijo, confirmando así la información brindada por el diario El País en su editorial del martes: que los gobiernos de Julio Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle les brindaron refugio a ciudadanos vascos "como un acto de cooperación de Uruguay [con España] para desmovilizar a los guerrilleros". En un inexplicable vuelco, las autoridades detuvieron en 1992 a 30 presuntos etarras y extraditaron dos años después a cuatro de ellos. Abreu debió lidiar como canciller con ese caso y con el del asesinato del represor chileno Eugenio Berríos. ¿Ahora pretende darle lecciones de derecho internacional humanitario al presidente Mujica? ¿Acaso el gobierno que integró no le "hizo favores" al caprichoso Reino de España, al recibir a los vascos primero y expulsarlos luego, al costo de la vida del manifestante Fernando Morroni, baleado por la Policía, y de la aberrante clausura de CX 44 Radio Panamericana, entonces la emisora del Movimiento de Liberación Nacional?
Tal vez Mujica haya sonado soberbio al declarar que su gobierno le haría "un favor a la humanidad" al recibir a los reclusos en Guantánamo. Pero es cierto. Lo otro, no. Lo otro son sanatas de año electoral. Son invocaciones al miedo a lo distinto, a lo que no se conoce, invocaciones a la imagen del musulmán barbudo que arma bombas, empuña una AK 47 y necesita una afeitada, según Batlle, tan seriecito él. El mismo miedo al que apelan propuestas como militarizar la Policía o encarcelar adolescentes. Y esto sí que es soberbia, una soberbia apoyada en verdades a medias y mentiras rotundas que no le hacen ningún favor a la humanidad, a las víctimas de asqueantes violaciones de derechos humanos ni a la ciudadanía uruguaya.

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jueves, 27 de marzo de 2014

Con códigos

Institución de Derechos Humanos valoró el “gesto humanitario” del gobierno por Guantánamo y reclamó que se respeten normas sobre refugiados.

La diaria - 27 3 14
La eventual llegada de reclusos de la cárcel estadounidense de Guantánamo a Uruguay siguió sobre el tapete ayer. La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), basándose en las declaraciones brindadas a la opinión pública por las autoridades, emitió un comunicado en el que “reconoce el gesto humanitario” del gobierno en “contribuir al fin de la detención” de un grupo de personas “que se encuentran privadas de libertad desde hace años en forma indefinida, sin haber gozado de las más elementales garantías de sus derechos a la integridad personal ni al debido proceso legal”. 
Valoró que esto colaborará con “el anunciado proceso de desmantelar” una cárcel que constituye “una afrenta a la dignidad de toda la humanidad” y que es “probablemente la única posibilidad para que estas personas no sean retornadas a sus países de origen, donde sus vidas podrían correr peligro o el goce de sus derechos podría estar amenazado”. Recordó que “el principio de no devolución de una persona detenida a un país, bajo la sospecha de que podría ser sometida a malos tratos, constituye un principio fundamental del derecho internacional”.
Más allá de esto, la INDDHH advierte que esta “intención humanitaria” debe “sostenerse en forma clara y precisa en el ordenamiento jurídico” uruguayo, “en especial en las normas sobre asilo, refugio y derechos de las personas migrantes”. Esto implica, señala la INDDHH, que las personas que lleguen desde Guantánamo no podrán tener un trato diferente al de los residentes en el país. Finalmente, la institución expresa su deseo de recibir mayor información por parte de las autoridades sobre este tema.
La asociación de ex presos políticos Crysol también consideró “positivo” el “gesto humanitario” del gobierno uruguayo y se ofreció ayer a ser “apoyo y sostén” de las personas que lleguen desde Guantánamo para que “su estadía sea lo más agradable posible, puedan sobreponerse a la traumática experiencia vivida y rehacer satisfactoriamente sus vidas”.
Por otra parte, ayer el presidente del Comité Central Israelita, Sergio Gorzy, se reunió en la Torre Ejecutiva con el secretario y el prosecretario de la Presidencia, Homero Guerrero y Diego Cánepa, respectivamente, para conocer detalles respecto a los traslados, y especialmente respecto a los antecedentes de los reclusos que vendrían a Uruguay. 
Gorzy dejó entrever ayer en la mañana, en diálogo con radio Sarandí, que el presidente José Mujica sabía que se divulgaría el jueves en el semanario Búsqueda la información sobre el traslado. “Me encontré con el presidente un día antes de que saliera la noticia. Cuando le comenté que era el nuevo presidente del Comité, me miró, me llevó a un costado y me dijo que al otro día iba a salir una noticia y me pidió que no me preocupara”, explicó Gorzy. “A partir de ahí comencé a tener conversaciones con respecto a que no había motivos para preocuparse. La información nace del Miami Herald y luego llega a la prensa uruguaya. Alguien le pasó el dato a Mujica de que el Miami Herald sacaba la información”, agregó.
En el encuentro de ayer, Guerrero y Cánepa le transmitieron a Gorzy que los reclusos que llegarán son considerados de “baja peligrosidad”, de acuerdo con un análisis que realizó el gobierno de Estados Unidos en 2010. En el gobierno de Barack Obama consideran que el gobierno de George Bush calificó a estos reclusos como de “alta peligrosidad” en 2008 como forma de justificar su reclusión y tortura.
Mañana el canciller Luis Almagro comparecerá ante la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, convocado por la oposición, para brindar algunos detalles del traslado. Ayer Mujica sostuvo que la llegada de los prisioneros se concretará y que es un tema “laudado”.
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miércoles, 26 de marzo de 2014

Ante la decisión de Uruguay sobre los prisioneros de Guantánamo




1.- Consideramos positiva la decisión del gobierno uruguayo de  aceptar como refugiados, a los efectos de lograr su liberación, a prisioneros del ilegal centro No clandestino de detención y torturas de EEUU en el territorio de Guantánamo, ilegítimamente arrebatado a Cuba.



2.- Este gesto humanitario es acorde a las mejores tradiciones  del pueblo uruguayo y en reciprocidad a la inmensa solidaridad recibida por los uruguayos durante el negro período del terrorismo de Estado, alentado y promovido, incluso, por EEUU como está ampliamente documentado y conocido.


3.- Manifestamos nuestro rechazo al estado norteamericano por haber creado ese campo de concentración y torturas en territorio usurpado ilegalmente a la nación cubana y demandamos la liberación inmediata de los más de 150 seres humanos  mantenidos en cautiverio, al margen de cualquier legalidad jurídica y violatoria de las normas internacionales de DDHH,  que aún permanecen en esa cárcel.


4.- Expresamos nuestra disposición como colectivo organizado a ser apoyo y sostén de dichos ciudadanos cuando arriben a nuestro país y estaremos a su disposición para que su estadía sea lo más agradable posible, puedan sobreponerse a la traumática experiencia vivida y puedan rehacer sus vidas.

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sábado, 15 de marzo de 2014

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor


En el marco de la celebración del Día del Liberad@,
en la noche de ayer, viernes 14 de marzo de 2014,
en la sede social, Crysol llevó a cabo un acto de 
reconocimiento a la expresidenta de la institución
en el período 2005 - 2007, cra. Silvia "turca" Yapor
por su contribución al logro de los objetivos 
institucionales.


Durante un brindis crysolero se le entregó una
plaqueta por parte de Chela Fontora a nombre
de la organización. En la ceremonia hizo uso
de la palabra Gastón Grisoni, Presidente de Crysol.





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viernes, 14 de marzo de 2014

Crysol celebró el Día del Liberad@

Al cumplirse 29 años de la liberación de los
últimos presos políticos de la dictadura,
Crysol celebró el Día del Liberad@ con
una breve ceremonia en el Memorial de 
los Detenidos Desaparecidos
en el Parque Vaz Ferreira.


Se rindió homenaje a todos los
Detenidos Desaparecidos y a todas y a todos
los expresos políticos que ya no están físicamente
presentes.

En el video se aprecia la oratoria
de José "Borrón" Olivera
haciendo uso de la palabra a nombre del colectivo.






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martes, 25 de febrero de 2014

La pretensión punitiva del Estado fue restablecida




Durante el año 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales varias leyes aprobadas por el Parlamento. Lo hizo actuando en el marco  del Estado de derecho que caracteriza a la sociedad uruguaya. El hecho ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación. Ha dado lugar a numerosas columnas de opinión de talante opositor, en un año pautado por la realización de elecciones generales y de campañas con tales propósitos.

La cobertura mediática fue empleada, incluso,  en algún caso, para desvirtuar ante la opinión pública el sentido del pronunciamiento del máximo órgano del Poder Judicial. Nos referimos en particular al fallo en torno a la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley 18 831. Dicha norma, de gran trascendencia para la seguridad democrática e institucional, restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el proceso cívico militar.

Aunque en ningún momento lo fue, con aviesas intenciones, se ha señalado que la SCJ declaró inconstitucional la ley “interpretativa” de la Caducidad y se ha insistido en forma machacona e insidiosa en calificarla de ese modo. La ley 18 831 de octubre de 2011 no fue una norma interpretativa de la Ley de Impunidad. Lo ha señalado incluso el exintegrante de dicho cuerpo, el Dr. Leslie van Rompaey, en entrevista concedida a “Búsqueda”. Esencialmente, la ley 18 831, en su artículo 1, restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado, barriendo con los obstáculos legales para el accionar de la justicia que había impuesto la Ley de Caducidad aprobada, ante la presión de los mandos militares y el peligro de desacato, en diciembre de 1986.

Dando cumplimiento a la sentencia de la Corte interamericana de DDHH (CIDH) en el caso Gelman vs Uruguay, que declaró la nulidad fáctica de la misma por contravenir resoluciones y compromisos asumidos internacionalmente por Uruguay, con la Ley 18 831, el Parlamento procedió a restablecer la pretensión punitiva del Estado para que la justicia pudiera desempeñar sus cometidos específicos en el marco de las disposiciones constitucionales vigentes.

En base al artículo 1 de la Ley 18 831, el Parlamento no sólo restableció la pretensión punitiva para los crímenes de la dictadura sino que al mismo tiempo devolvió la plena independencia al Poder Judicial que había quedado supeditado al Poder Ejecutivo en base a lo dispuesto por la Ley de Caducidad.

Desde diciembre de 1986 a octubre de 2011, en Uruguay, el Poder Judicial no fue un poder independiente en lo referido al “pasado reciente”. Estuvo condicionado y supeditado a las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo. Durante el período de vigencia de la Ley de Caducidad, promovida por el Dr. Julio María Sanguinetti, no existió plenamente la separación de poderes de acuerdo a las disposiciones constitucionales. En los hechos prevaleció lo político sobre lo jurídico. Así lo señaló la propia SCJ en su pronunciamiento Nº 365 de 22 de octubre de 2009 en el caso Nibia Sabalsagaray, lo cual posibilitó el enjuiciamiento y la condena posterior del Gral. Julio Dalmao.

Desde el momento en que la SCJ ratificó la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 18 831, el Estado uruguayo no defiende más la impunidad para los criminales, civiles y militares, de la dictadura. No existe ningún obstáculo legal para que los magistrados de todo el país puedan instruir y procesar las  denuncias que las víctimas o sus familiares han presentado. Pueden investigar, incluso, todas las denuncias que en su momento fueron archivadas al amparo de la Ley de Caducidad.

De acuerdo a lo dispuesto por la sentencia 365 de la SCJ de 22 de octubre de 2009, el tiempo en que estuvo vigente la Ley de Caducidad no puede ni debe, jurídicamente hablando, computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos. No existió en dicho tiempo un poder judicial independiente y las víctimas, al igual que lo que sucedió durante la dictadura, no pudieron ejercer sus legítimos derechos.

Con la mirada puesta en el futuro del país, afirmar y profundizar hasta sus últimas consecuencias la transición democrática iniciada en marzo de 1985, es una necesidad imperiosa de carácter estratégico, para que los hechos no vuelvan a ocurrir. Para los expresos políticos, la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General, es el estándar de calidad para evaluar el proceso vivido hasta el momento y definir los desafíos por delante para que la libertad y la democracia tengan bases sólidas y sustentables.

Tanto en Argentina como en Chile, hace años ya, las fuerzas armadas han asumido ante la ciudadanía su responsabilidad por los crímenes cometidos. La Suprema Corte de Chile ha pedido públicas disculpas por sus omisiones durante la dictadura de Pinochet. En la actualidad, en Mendoza, Argentina, se enjuicia públicamente a quienes desde el poder judicial participaron de la represión. A 29 años del retorno a la institucionalidad democrática en Uruguay, solamente un pequeño y reducido grupo de golpistas y represores activos han sido  enjuiciados y juzgados. Protagonistas emblemáticos y públicamente conocidos del terrorismo de Estado, dentro y fuera de fronteras, nunca han pisado una sede judicial en el país hasta el momento. Este hecho no es una señal de fortaleza, precisamente, del Estado de derecho ni de la plena vigencia de las disposiciones constitucionales. Mucho menos de las normas de DDHH que son el pilar básico de una convivencia pacífica, civilizada, enriquecedora y gratificante.

A instancias de las organizaciones de DDHH, en el ámbito del Ministerio del Interior se ha creado una Unidad de Investigación Especial al servicio del poder judicial para colaborar en la investigación de las causas vinculadas a la dictadura. Los magistrados tienen las manos libres para actuar, para investigar, esclarecer y sancionar. Para afirmar la justicia y la democracia.

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Opinando Nº 4 – Año 3 – Martes 25 de febrero de 2014

martes, 18 de febrero de 2014

El verdadero desprestigio



Nada desprestigia tanto a un órgano del Estado como el no cumplimiento de sus obligaciones y  cometidos básicos. Con respecto a las aberrantes violaciones a los derechos humanos ejecutadas durante la noche dictatorial, hasta el día de hoy, la justicia uruguaya no ha logrado estar a la altura de sus responsabilidades ante la opinión pública nacional y  ante los ojos del mundo.

Durante más de dos décadas, debido a la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que supeditó todas las actuaciones judiciales a las decisiones del Poder Ejecutivo, la justicia no pudo cumplir con las disposiciones establecidas en la Constitución. En el año 2009, ante un recurso presentado por la exfiscal Dra. Mirtha Guianze,  la SCJ declaró la inconstitucionalidad de dicha norma. En un fallo memorable y lapidario, silenciado en forma sistemática por la prensa seria, la SCJ señaló que la Ley de Caducidad era inconstitucional porque  interfería, ilegítimamente,  con sus potestades jurisdiccionales para ejercer justicia en forma independiente. Además, como ley de amnistía fue aprobada sin contar en la Asamblea General con los votos necesarios para ello.

El castigo de los delitos y de sus responsables es el pilar básico de una convivencia pacífica y civilizada. Se sanciona a quienes los cometen para que reciban el castigo que merecen por sus acciones y para desalentar dichas conductas en la sociedad. También para evitar la justicia por mano propia por parte de las víctimas, para educar  y para generar las condiciones que impidan que los hechos vuelvan a ocurrir. En la actualidad, el castigo de los delitos figura en la agenda electoral de la ciudadanía. En los próximos meses habrá un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad. En aras de la seguridad ciudadana, paradojalmente, es impulsado por sectores políticos de la derecha que han sido, históricamente y hasta el día de hoy, defensores ardientes,  de la Impunidad con letras mayúsculas.

A diferencia de los delitos que cometen los particulares, las violaciones a los derechos humanos, son siempre delitos graves. Algunos de ellos, desapariciones forzadas, crímenes políticos, privación agravada de la libertad, torturas, son imprescriptibles e, incluso, inamnistiables. Las violaciones a los derechos humanos son cometidas solamente  por los agentes y funcionarios del Estado. Las cometen representantes del Estado que, entre sus obligaciones, tienen la responsabilidad de respetar, de asegurar y de garantizar el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales a todos los ciudadanos, sin distinción de raza, sexo, edad, orientación sexual o creencia religiosa. Muy especialmente comprende a los militares y policías que son en todas las sociedades ciudadanos “privilegiados”. Ellos son los únicos que poseen, entre otras prerrogativas, el porte de armas en forma monopólica y exclusiva.

Durante el proceso iniciado el 13 de junio de 1968 que desembocó en la larga dictadura cívico militar, cuando Jorge Pacheco Areco incendió la pradera, Uruguay tuvo, según cifras oficiales y provisorias, 178 ciudadanos detenidos desaparecidos, centenares de ciudadanos ejecutados en presuntos enfrentamientos, decenas de asesinados, cruelmente, mientras eran sometidos a torturas. Uruguay fue una gran cárcel. Miles de uruguayos fueron sometidos en forma masiva, sistemática y generalizada a torturas físicas, sicológicas y morales que incluyeron, incluso, los abusos y las violaciones sexuales en dependencias de las fuerzas armadas y de la policía.

Hasta el momento, a pesar de la gravedad de lo ocurrido, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, de que la mitad de la población se ha expresado explícitamente a favor de que actúe la justicia, ninguna causa ni investigación de los hechos ha sido impulsada o promovida por operadores judiciales. Todas las causas que se han tramitado han sido iniciadas por las víctimas directas o sus familiares. La inoperancia del poder judicial es digna de alarma pública a nivel nacional e internacional. Quienes en base a su propio esfuerzo, dolor y sacrificio han promovido las causas judiciales no han contado con el apoyo del Estado en ningún momento. Han sido públicamente calumniados, intencionalmente, para presionar a la justicia, por operadores políticos de primer nivel como el expresidente Julio María Sanguinetti.

A 29 años del retorno a la institucionalidad democrática en Uruguay, solamente un pequeño y reducido grupo de golpistas y terroristas estatales han sido juzgados y condenados. Este hecho no es una señal de fortaleza, precisamente, del Estado de derecho ni de la plena vigencia de las disposiciones constitucionales. Mucho menos de las normas de DDHH que son el pilar básico de una convivencia pacífica, civilizada, enriquecedora y gratificante. Tampoco habla bien del poder judicial que no ha cumplido, salvo dignas excepciones, con sus obligaciones y que en los hechos ha desamparado a quienes reclaman justicia.

Cuando  los expresos políticos criticamos la inoperancia del Poder Judicial y sus fallos lo hacemos para profundizar la transición institucional iniciada en marzo de 1985, para  consolidar y extender la democracia. Ejercemos nuestros legítimos derechos ciudadanos. Junto a todo el pueblo pagamos un altísimo precio para reconquistarlos y acceder a ellos. La dictadura fue una auténtica tragedia nacional que no debe volver a repetirse. Por ello reclamamos que se cumpla a cabalidad con la normativa de DDHH, con la Resolución 60/147 de la ONU y la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman vs Uruguay.

Que el vocero contumaz de los golpistas, de quienes pisotearon la Constitución y las libertades, primero siempre, elogie la labor de la SCJ es un síntoma realmente alarmante. Debería serlo para los señores miembros de ella.

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Opinando Nº 3 – Año 3 – Martes 18 de febrero de 2014