la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@yahoo.com.ar



Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.45 en adelante. Cuota social: $ 120.-




miércoles, 19 de noviembre de 2014

Nuevas autoridades en Crysol

Habiéndose llevado a cabo el pasado viernes 14 de noviembre de 2014, de 

acuerdo a las normas estatutarias, el acto eleccionario, 

las nuevas autoridades de Crysol para el ejercicio 2014 - 2016 son:


Consejo Directivo


Titulares


Gastón Grisoni. Presidente

Baldemar Taroco. Vicepresidente

Uberfil Martínez. Secretario

Carlos  “Tito” López. Tesorero

Enrique Chalar. Vocal

Roberto “Mono” Herrera. Vocal

Chela Fontora. Vocal


Suplentes


Juan Carlos Valledor

Juan Miguel “Sibarita” García

Víctor “Gallego” Garabal

Ana Amorós

Héctor “Tarta” Grimón

Juan Carlos Fontela

José “Borrón” Olivera


Comisión Fiscal


Titulares


Eduardo Volpe. Presidente

Lucas Vallarino

Gustavo “Tato” Gravina

Suplentes

Alfredo Ramos

Víctor Hugo Tosetto

Nelson Burgos

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martes, 18 de noviembre de 2014

Omisión inexcusable



El pasado martes 11, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inauguró una nueva policlínica con el nombre de Arturo Dubra en lo que fuera "La isla" en el  Penal de Libertad durante el terrorismo de Estado.

Arturo Dubra, fallecido tempranamente a los 62 años de edad en junio de 2003,  fue un destacado expreso político de la dictadura, militante social y político y también parlamentario del partido de gobierno. El reconocimiento que se le ha tributado  es merecido e incuestionable. Fue una justa y destacable iniciativa.

El Estado debe reconocer y homenajear, colectiva e individualmente, a quienes tanto han contribuido a la conquista de la sociedad democrática en la cual vivimos.  Hacerlo supone un rechazo y una condena a quienes lo persiguieron, lo torturaron y lo encarcelaron. Designar con su nombre la nueva policlínica robustece la salud moral de la sociedad y contribuye a forjar  la memoria histórica del país, educando a las jóvenes generaciones.

"La isla" un pequeño edificio apartado del cuerpo central del establecimiento carcelario fue el lugar por el cual pasaban todos los prisioneros al llegar  y también antes de abandonar el Penal. Era también el sitio de castigo al cual se trasladaba a los prisioneros cuando se los sancionaba a rigor. Un lugar tenebroso y siempre temible por todos quienes estuvieron en el Penal. Ahí, precisamente, Horacio "el gorila" Ramos fue asesinado en 1981,  mientras cumplía una sospechosa sanción.

Durante el terrorismo de Estado 2870 prisioneros sociales y políticos del sexo masculino pasaron por el Establecimiento Militar de Reclusión Nº1 (EMR Nº1 en la jerga militar) y siempre fue conocido como el Penal de Libertad. Junto con la Cárcel de Paso de los Toros y el Penal de Punta de Rieles, fue uno de los centros donde se recluyó a los prisioneros con el propósito de destruirlos física, psíquica y psicológicamente.

A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, la privación de la libertad, de carácter prolongada, asociada a la tortura masiva, sistemática y generalizada,  a condiciones de reclusión aberrantes e inhumanas, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las fuerzas armadas para aterrorizar a la población, mantenerse en el poder y destruir a todos aquellos que se oponían a sus designios.

La decisión de designar con el nombre de Arturo Dubra a la nueva policlínica fue adoptada por el Directorio de ASSE sin consultar y sin informar a las organizaciones de la sociedad civil, lo cual no deja de llamar la atención teniendo en cuenta de que en el mismo hay un representante de los usuarios, es decir, de la sociedad civil.

Lo más llamativo de todo, sin embargo, es que ni ASSE, ni el Ministerio del Interior, tuvieron, ni siquiera, la cortesía de invitar a Crysol, la organización que representa y nuclea a todos los expresos políticos de Uruguay, a la ceremonia de inauguración.

Por demandar la plena implementación en la realidad uruguaya de las normas de DDHH, muy especialmente la Resolución 60/147 de la ONU, para afirmar y fortalecer la institucionalidad democrática y construir el Nunca Más con sólidas raíces, se nos considera sujetos molestos. La representatividad de Crysol como organización nucleadora de las  y de los expresos políticos, guste o no guste, es incuestionable. El millar de socios activos, documentados, lo pone de manifiesto.

Hace unas semanas el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, presentó su informe al Consejo de DDHH de la ONU en la 27ª sesión. 

Uno de los aspectos mencionados en dicho informe es la escasa atención que el Estado uruguayo presta a quienes fueron víctimas directas del terrorismo estatal. Reclamó al respecto un cambio de actitud por parte del Estado hacia las víctimas y sus organizaciones representativas, ya que ellas han sido el motor imparable de la construcción de la memoria histórica del pasado reciente, entre otras contribuciones indudables.

Este episodio protagonizado por ASSE y el Ministerio del Interior que cuestionamos como colectivo organizado, lo ejemplifica gráficamente. Lamentable. 

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Opinando – Año 3 – Martes 18 de noviembre de 2014 

lunes, 3 de noviembre de 2014

Resultado del concurso "Historias y testimonios de la represión y la cana"

En Montevideo, el 20 de octubre de 2014, reunidos en la sede de CRYSOL, el jurado del Concurso de “Historias y testimonios de la represión y la cana”, resuelve por unanimidad otorgar el primer premio al testimonio llamado “Obra testimonial” presentado por “Laura”. 

El segundo premio es otorgado a  “El fin del verano” presentado por “Haydée” y el tercer premio a “Una canción interrumpida” presentada por “Orosman”.

Más allá de esta premiación, el Jurado estima conveniente la publicación de todos los relatos presentados entendiendo que cada uno de ellos, representa un invalorable aporte a la memoria y al rescate de las historias cotidianas que conforman nuestro pasado cercano.

A continuación  presentamos el ordenamiento final correspondiente a los distintos puntajes obtenidos y a la deliberación unánime del jurado.

1   1.   Obra testimonial – Blanca Cobas

2   2.   El Fin del Verano – Lila Cornalino Viñas

3   3.   Una canción interrumpida- Robert César Hirigoyen

4   4.   El mundo que vive en un agujero- María Elia Topolansky

5   5.   Muleque y Esnal, melenses en España- Esteban Larregui

6   6.   La huella- Claudio Carbajal Laport

7   7.   Un choque entre dos concepciones opuestas- Eduardo Francisco Abreu

8   8.   Un día- Baldemar Taroco

9   9.   Ayer fui al sexto de caballería- Ana Demarco

1   10.                Julio, el lector- José Olivera

1   11.               La caja de cartón-  Adriana Zinola Conde

1   12.                El fine de un incubo- Vladimiro Delgado

1   13.                Así sea – Omar Mir Silva

1   14.                La carnea, memoria de la dictadura – Zulma Raquel Lagarde

1   15.                La egipcia – Jorge Garcia Irrazábal

1   16.                Del amor que  no pudo ser- Jorge Llambías

1   17.                Aquellos y estos días – Carlos H. Minetti

1   18.               Momentos – Susana Ferreiro


El jurado estuvo conformado por: Oscar Destouet, Carla Larrobla y Roger Rodríguez

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miércoles, 22 de octubre de 2014

Lesa humanidad: hay cierta "involución" en la Justicia

A 5 AÑOS DE QUE LA CORTE DECLARASE INCONSTITUCIONAL


LA LEY DE CADUCIDAD



(Uypress) - 22 10 14

El 19 de octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. A cinco años de aquella decisión, las causas por delitos de lesa humanidad casi no avanzaron, mientras mueren militares acusados, testigos y familiares de las víctimas.

Mirtha Guianze fue la fiscal que movilizó el recurso por el cual la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley 15.848. Seis días antes de las elecciones generales de 2009, el máximo Tribunal del país se expedía al respecto, aunque la jurista remarca que esta decisión "demoró un año".

"Yo había presentado el recurso [en el marco de la investigación por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray] en octubre de 2008 y la Corte lo resolvió casi sobre las elecciones", recuerda Guianze, en diálogo con Uypress.

En ese momento, la decisión "fue un hito de esperanza", considera la actual integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). "Fue una buena sentencia: tomaba referencias tanto del derecho internacional como de otras sentencias de la región que remiten a crímenes de lesa humanidad".

No obstante, la fiscal señala: "Me da la impresión que la posterior sentencia que declaró la lainconstitucionalidad de los artículos 2 y 3(*) de la ley interpretativa de la ley de Caducidad[en febrero de 2013] representó una involución de la Corte, porque establece que para estos ministros no existen los delitos de lesa humanidad"; es decir, que delitos como secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985) prescriben, compartiendo los plazos de los delitos comunes, y depende de la "voluntad" de cada juez penal archivar o no cada causa.

Guianze también subrayó que en la actualidad "hay expedientes que se están archivando" como consecuencia de la lentitud en los procesos judiciales. "Si la justicia es lenta, no es justicia", afirma la integrante de la INDDHH, quien de todas maneras no pierde expectativas y dice "esperemos que avancen".

Para revertir esta situación, la fiscal remarcó que es necesaria una "política general de derechos humanos" que "entrelace la información disponible entre las partes" y que se constituyan equipos de trabajo que investiguen y unifiquen criterios para aportar elementos a las causas. "Hay que cruzar información que se repite entre diferentes causas, testimonios y pruebas que se dan en un expediente y servirían para otro también", dijo. Esto iría de la mano con "mayor capacitación" para el personal judicial y "mayor intercambio de información y de criterios para juzgar estas causas, entre jueces y juristas de la región".

Desde la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos Uruguayos señalaron que, si bien a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en 2009 hubo mayor actuación judicial, a lo que se sumó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman vs. Uruguay y la ley interpretativa de la ley de caducidad aprobada en el Parlamento en 2011 (18.831), los avances se frenaron con la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 esta última ley y con decisiones como el traslado al fuero civil de la jueza Mariana Mota.

"El traslado de Mota fue una advertencia a otros jueces sobre la postura que la Corte tendría respecto a estas causas que investigan violaciones a los derechos humanos durante la dictadura", declaró a Uypress el representante de Familiares, Ignacio Errandonea.

"En la actualidad hay más de cien causas abiertas; pero durante los últimos cinco años prácticamente no hubo procesamientos de militares", añadió. "Mientras que en los papeles se nos dice que la Justicia está actuando, esto no está funcionando en los hechos. Los criminales se siguen muriendo y los testigos y familiares, también. Entonces, si bien no hay denegación de justicia, los dejan morir".

Respecto a las políticas de Estado en cuanto a juzgar violaciones a los derechos humanos, Errandonea consideró que "el gobierno no es homogénero"; por lo tanto, algunas áreas actúan más que otras. En concreto apuntó al Ministerio de Defensa, que en reiteradas ocasiones ha impedido el ingreso de abogados y testigos a terrenos de batallones donde funcionaron centros de detención de víctimas de la dictadura.

"No hay una política del Estado de presionar a las Fuerzas Armadas para que digan la verdad. Los archivos existen y todavía hay mucho por desclasificar. También han prometido que juzgarían a militares culpables de delitos de lesa humanidad en el Tribunal de Honor, y todavía no lo han hecho", concluyó.

El fallo

El 19 de octubre de 2009 la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley 15.848 aplicada al caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.

"En definitiva, las normas atacadas excluyeron de la órbita del Poder Judicial el juzgamiento de conductas con apariencia delictiva, lo cual transgredió el principio de separación de poderes y afectó muy seriamente las garantías que el ordenamiento constitucional puso en manos de aquel", indica uno de los principales argumentos planteados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Se trata de la Resolución 365/2009 redactada por el Dr. Jorge Chediak y principalmente establece que el tiempo en que la ley 15.848 estuvo vigente no puede ni debe computarse a los efectos del plazo prescripcional de los delitos.

Judicialmente condujo a que el Gral. Julio Dalmao fuera procesado por el asesinato de Sabalsagaray junto con quien fuera en el momento del crimen el responsable del cuartel, el teniente coronel (R) José Chialanza.

De esta manera, la Corte, por unanimidad de sus integrantes, resolvió que los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley de Caducidad son inconstitucionales en la investigación judicial que busca echar luz sobre la muerte de Sabalsagaray, quien perdió la vida en dudosas circunstancias estando detenida en una unidad militar en junio de 1974.

Además del argumento relativo a la violación del principio de separación de poderes, la sentencia señala que la Ley de Caducidad violenta el principio de soberanía establecido en la Constitución, a la vez que no cumple con los criterios de pactos y convenios internacionales que, tras ser ratificados por Uruguay, adquirieron rango constitucional.

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(*) El artículo 2 de la ley interpretativa de la ley de Caducidad (18.831) sostiene: "No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley".

El artículo 3 sostiene: Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte".

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martes, 21 de octubre de 2014

A votar con Memoria, por Verdad y Justicia



Salvo por el exhabrupto verbal proferido por Luis Lacalle Pou hace algunas semanas sobre el tema de los detenidos desaparecidos, del cual inmediatamente pidió disculpas, los temas del pasado dictatorial han estado casi ausentes en la actual campaña electoral del país. Aunque en los últimos 10 años Uruguay ha dado pasos muy importantes, no todos los que debería ni con la intensidad necesaria, tal como lo señaló el Relator Especial de la ONU para la promoción de la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, aún quedan importantes desafíos y obligaciones estatales que el actual gobierno y el que asuma el próximo 1º de marzo de 2015 deberán implementar, algunos en forma apremiante, dada la edad avanzada de las víctimas.

Entre jingle y jingle, entre tanda y tanda publicitaria,  estos días quedará poco espacio para señalar que el miércoles 22 de octubre se cumplen exactamente 5 años de que la Suprema Corte de Justicia emitió la Resolución 365/2009 por medio de la cual declaró inconstitucional la Ley 15 848, Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que impidió durante más de 20 años que se pudieran investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Más allá de que no cumpliera con las disposiciones constitucionales para una norma de dicha naturaleza, fue concebida como tal y ofició, en los hechos, como una ley de amnistía para todos los militares y policías que durante el período del terrorismo de Estado cometieron, dentro y fuera de las fronteras nacionales, los crímenes más aberrantes y atroces desde el genocidio de Salsipuedes, cuando el Gral. Fructuoso Rivera mandó exterminar a los charrúas. Los gobiernos que se sucedieron desde que fuera ratificada por un plebiscito en 1989 ni siquiera cumplieron con el compromiso de investigar lo ocurrido con los ciudadanos detenidos desaparecidos y extendieron su alcance, contrariando la letra de la misma, a los crímenes cometidos fuera del país, en el marco del Plan Cóndor, y a los mandos de la época que fueron explícitamente excluidos de los beneficios de la amnistía.

La Resolución 365/2009, redactada por el Dr. Jorge Chediak, declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para el caso Nibia Sabalsagaray, asesinada por torturas en 1974 en una unidad militar, condujo al procesamiento del Gral. Julio Dalmao y del Tte. Cnel. José Chialanza. La sentencia de la SCJ dejó esclarecido que durante la vigencia de la norma impugnada, en los hechos, el Poder Judicial estuvo supeditado al Poder Ejecutivo violentando la separación de poderes que señalan las disposiciones constitucionales.

Un aspecto de gran trascendencia y de vigencia actual cuando el Estado, a través de la Ley 18 831, restableció la pretensión punitiva, es el hecho de que la Resolución 365/2009 aseveró de manera contundente que durante la vigencia de la Ley de Caducidad las víctimas de las graves violaciones o sus familiares no tuvieron acceso a la justicia, se vieron injustamente impedidas.

De esta afirmación tajante y vigente hasta el momento se deduce claramente, de acuerdo a los principios jurídicos de nuestro país, que dicho período, dos décadas, no debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos. Dicho de otro modo: habiéndose restablecido la pretensión punitiva del Estado mediante el Artículo 1 de la Ley 18 831 y no computándose a los efectos legales el tiempo en que estuvo vigente la Ley de Caducidad, todas las causas en proceso pueden continuar tramitándose y sus culpables pueden ser sancionados con todas las garantías del debido proceso.

Dos caras del mismo proyecto de país

El próximo domingo se llevará a cabo junto con las elecciones nacionales una consulta ciudadana con el propósito de reducir la edad de imputabilidad penal de los menores infractores. Solo dos candidatos presidenciales, el Dr. Pedro Bordaberry y el Dr. Luis Lacalle Pou, son promotores militantes de dicha iniciativa de reforma constitucional. Para ambos la seguridad nacional, el futuro del país, mejorar la convivencia ciudadana, demanda castigar con mayor severidad y dureza a los jóvenes que delinquen.

No solamente por tradición familiar o histórica de los sectores políticos y sociales que ambos representan sino por compromiso personal, la dureza represiva frente a los jóvenes contrasta con la postura que mantuvieron y mantienen frente al pasado dictatorial.

Ignorando la normativa internacional que desde el Tribunal de Nuremberg, cuando se juzgó a los jerarcas nazis, califica de crímenes contra la humanidad las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Uruguay, desconocen incluso el tajante pronunciamiento de la SCJ de 2009 con respecto a la Ley de Caducidad. Votaron en contra de la ley que restableció la pretensión punitiva del Estado, sumaron sus piedras discursivas a la lapidación pública de la jueza Mariana Mota. Fueron y son defensores militantes de la impunidad aunque por el momento hagan silencio en sus discursos y sus spots publicitarios. De ser posible usarán las mayorías parlamentarias como lo han hecho hasta el año 2005 para impedir que se avance en el juzgamiento de los  crímenes y torturas, para detener la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Probablemente gestionarán la libertad de quienes hoy, habiendo sido condenados, están recluidos en un verdadero spa carcelario.

En las elecciones del próximo domingo, tal como lo señaló, llevando agua para las ideas conservadoras, la Asociación Rural, que en su momento supo colocarle la máxima cocarda al golpe de Estado de Juan María Bordaberry, mientras miles éramos torturados y sufríamos tormentos como lo reconoció recientemente el Capitán ® Ascencio Lucero en sede judicial, se juega el destino del país.

Volver a las viejas mayorías parlamentarias de la Ley de Caducidad y de la cultura de la impunidad, también en este plano, sería funesto para los intereses de la ciudadanía en general, para el esclarecimiento de la suerte de los detenidos desaparecidos y la causa de la verdad y de la justicia. Las víctimas del terrorismo de Estado, agrupadas en Crysol, no fuimos, no somos, ni seremos neutrales. Los actuales menores infractores son hijos de las políticas económicas de las mayorías parlamentarias proimpunidad. Llamamos a no acompañar la baja de la imputabilidad penal. Votaremos y llamamos a votar lo que corresponda con memoria militante.

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Año 3 - Martes 21 de Octubre de 2014

viernes, 10 de octubre de 2014

Estado de conmoción

Militar retirado reconoció que torturó a presas políticas con plantones, submarinos, picana y desnudos.


La Diaria - 10 10 14

El capitán retirado Asencio Lucero admitió ante la Justicia que interrogó a presas políticas aplicando métodos de tortura como “el plantón”, “el tacho” o submarino seco y mojado, la picana eléctrica, o haciéndolas desnudarse. Según publicó ayer el semanario Búsqueda, Lucero declaró el martes 30 de setiembre ante la jueza Penal de 16º Turno, Julia Staricco, y la fiscal adjunta en lo Penal de 10º Turno, Silvia Nipoli, en la causa que investiga una denuncia colectiva de tortura y abuso sexual durante la dictadura, presentada por 28 ex presas políticas.
Según el semanario, Lucero, que entre 1972 y 1978 fue responsable de inteligencia en el Regimiento de Caballería Nº 9, justificó los métodos de interrogatorio: cuando “se entra en un estado de guerra o conmoción todo vale y se pierden las referencias”. El militar dijo que la tortura “no era tal como se la describe” ahora, sino que más bien se trataba de “presión psicológica”, como interrogar a los presos “a las tres de la mañana” o “no dejarlos dormir”. Lucero reconoció que se practicaba “el plantón”, tortura que consistía en mantener a un preso “perfectamente vestido, sin asiento, parado hasta que se desplomaba, porque una persona parada durante cinco o seis horas se desploma”. 
Afirmó también que usó el “tacho” o submarino, aunque aclaró que “el tacho con agua tenía agua limpia” y en el tacho seco al preso “le vendaban la cara y los ojos”. “Hablábamos de un submarino seco: envolverle la cabeza con una bufanda; si yo le envuelvo la cabeza con una bufanda y la dejo parada cinco horas atada contra una pared, después de ese tiempo la persona por lógica entraba a hablar”, explicó el militar. En cuanto al uso de la picana eléctrica, Lucero dijo que “sí, se usaba” y que se “aplicaba en las piernas” y que era “un cosquilleo”. La jueza le preguntó si también se aplicaba en los genitales, pero el militar respondió que no.
La jueza y la fiscal le preguntaron luego por los pasos que se seguían para interrogar a un detenido y el militar expresó que primero se veía si “entraba a hablar o no entraba a hablar”. “Si hablaba, firmaba [una declaración] y si no, plantón. Segundo paso, caía; tercer paso, submarino, y así hablaban”, agregó. Si bien Lucero aseguró que los métodos de tortura se usaban tanto con hombres como con mujeres, éstas “eran más sensibles” porque “las ablandaba el desnudo y el pudor, y entonces empezaban a hablar”.
Al comandante también
Cuando se le preguntó quiénes daban las órdenes en los interrogatorios Lucero respondió que se trataba de “un sistema” en el “nadie daba la orden” y que él “tenía que conseguir información”. “Los interrogatorios se hacían en equipo de tres personas, normalmente las mismas”, explicó, y dijo que el “teniente Braida y Brusconi”, que “murieron”, integraban su grupo. El militar aseguró que a los presos que se desplomaban después de un plantón se les “daba la oportunidad de hablar” y luego “los pasaban a un médico”, que era el que “daba la última palabra” para “seguir el interrogatorio”.
Según consigno Búsqueda, la abogada de Lucero, Rosana Gavazzo, hija del militar condenado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura José Gavazzo, le preguntó a su cliente si el comandante del Regimiento, de apellido Livtosky, “tomó conocimiento de estos interrogatorios”, a lo que Lucero respondió afirmativamente.
Sobre el final de la audiencia, Lucero dijo que los métodos de tortura no fueron “correctos”, pero argumentó que cuando “se necesita información hay que presionar”. “No era correcto, pero era necesario”, agregó. El militar también declaró que tuvo en custodia hasta 1977, para protegerlos, a los ex tupamaros y colaboradores con la dictadura Amodio Pérez y Alicia Rey, porque “sus ex amigos los querían matar porque ellos habían hablado”.
El abogado denunciante, Federico Álvarez Petraglia, dijo a la diaria que fue la primera vez que presenció un testimonio de este tipo de un militar acusado, y que Lucero había presentado un recurso por entender que los delitos habían prescripto. Sin embargo, Staricco emitió un fallo en el que los calificó como imprescriptibles. Además de Lucero, en la causa figuran más de 100 militares acusados, y la semana próxima concurrirán a declarar los ya presos Gilberto Vázquez, Jorge Silvera y Gavazzo.
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miércoles, 8 de octubre de 2014

ANTE LA DRAMATICA SITUACION DE LOS 

PRISIONEROS DE GUANTANAMO



1.- El 26 de marzo pasado, Crysol -en un comunicado -  consideró positiva la decisión del gobierno uruguayo de aceptar como refugiados a prisioneros del ilegal centro de detención y torturas que EEUU mantiene en Guantánamo, en territorio ilegalmente arrebatado a la nación cubana. Se demandaba además la liberación de los más de 150 prisioneros mantenidos en ese cautiverio. Por último, nuestro colectivo ofrecía apoyo y sostén a estos seres humanos, a su arribo a nuestro país. Crysol fue la primera organización uruguaya que apoyó desde el primer día esta iniciativa.



2.- Ha pasado casi medio año y esta resolución aun no se ha podido instrumentar en la práctica. El día 6 del presente mes, la prensa nacional e internacional  informó, que el detenido ABU DHIAB, uno de los seis prisioneros a ser trasladados a Uruguay,  quien lleva 12 años preso y torturado sin acusación ni juicio alguno, está en huelga de hambre y recibe alimentación en forma forzada. Este recluso ha dejado de creer en su traslado a Uruguay y quiere continuar su huelga hasta la muerte.


3.-  En las dos últimas semanas hemos constatado que el gesto humanitario del gobierno uruguayo, dentro del marco legal vigente, ha sido abordado de manera sensacionalista por medios de comunicación tradicionalmente opositores y explotado con fines mezquinos y electorales  por actores políticos olvidando las mejores tradiciones solidarias del pueblo uruguayo.


4- Crysol, la organización que nuclea a l@s ex preso@s polític@s uruguayos, rechaza la tortura como un crimen aberrante y sin justificación. Todos los expresos políticos uruguayos fuimos torturados y sumamos en total miles de años de prisión en condiciones diseñadas para la destrucción.



Es por esta situación vivida en carne propia durante el período de Terrorismo de Estado, que somos muy sensibles al padecimiento de cualquier preso político en cualquier parte del mundo. Sentimos como propio el sufrimiento de Abu Dhiab y sus compañeros de cautiverio. Nos solidarizamos plenamente con ellos desde el punto de vista estrictamente humanitario.



5.- Por lo dicho anteriormente es que:



Consideramos urgente el traslado de los prisioneros de Guantánamo a Uruguay y exhortamos al gobierno uruguayo,  en particular al Presidente Mujica a que, en la medida de sus posibilidades y de lo que de él dependa, habiliten la pronta llegada de estos prisioneros a Uruguay para rescatar a estos seres humanos del infierno en que se encuentran.


Convocamos a todos los expresos políticos y a la ciudadanía en general a respaldar este gesto humanitario dentro de las leyes vigentes y las mejores tradiciones nacionales.


La cárcel de Guantánamo avergüenza no sólo a la nación norteamericana, sino a todas las naciones civilizadas del mundo.


Crysol

8 de octubre de 2014


martes, 9 de septiembre de 2014

Desatino mayúsculo






Hay que rebuscar mucho en la historia uruguaya para encontrar una ley tan inconstitucional como la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Aprobada en diciembre del año 1986 y ratificada mediante un plebiscito en abril del año 1989, instancia que por cierto no logró subsanar sus defectos de origen y de sustancia, se lleva todos los premios en materia de inconstitucionalidad.


Al retornar a la institucionalidad democrática y comenzar a procesarse por la justicia las primeras investigaciones por las graves violaciones a los DDHH cometidas durante la dictadura, ante la primera convocatoria formal a que declarara un conspicuo grupo de involucrados, el Tte. Gral. Medina, comandante en jefe de la época, instó al Poder Ejecutivo la aprobación de una noma que pusiera punto final a este peligro para evitar un retroceso institucional. Las fuerzas armadas no estaban dispuestas acatar las disposiciones del Poder Judicial. Habían vuelto a los cuarteles ante la derrota del Plebiscito constitucional de 1980 y el repudio ciudadano incontenible pero  sus convicciones democráticas y republicanas eran una simple apariencia formal para evitar males mayores.


El presidente de ese momento, Dr. Julio María Sanguinetti, entendió que era conveniente atender el reclamo corporativo de las fuerzas armadas. Con ese fin envió al Poder Legislativo un proyecto de ley de amnistía para los militares y policías involucrados en los graves delitos. Dicho proyecto fue rechazado en el ámbito parlamentario y fracasó como iniciativa legal.


Nuevas convocatorias judiciales a militares y la férrea negativa de las fuerzas armadas a cumplir con las normas legales impulsaron al Dr. Julio María Sanguinetti a llegar a un acuerdo con sectores del Partido Nacional que derivó en la aprobación de la Ley 15 848: Ley de Caducidad de la pretensión punitiva.


Mediante dicha norma, el Estado renunció a castigar a los militares y policías involucrados en las graves violaciones a los DDHH perpretradas durante la dictadura, en primer lugar. Además se estableció que ante cada denuncia que por dichos delitos se presentaran en los juzgados, el Poder Judicial debía solicitar autorización al Poder Ejecutivo para procesar las mismas. Formalmente el Poder Judicial quedó supeditado a las decisiones del máximo órgano político de nuestro país.


Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y un amplísimo abanico de fuerzas sociales y políticas promovieron entonces un plebiscito popular para derogar dicha ley. Llevado a cabo en el mes de abril de 1989, la mayoría de la población votó a favor de mantener dicha ley por un escaso margen de votos.


La gran vuelta de tuerca.


En Octubre de 2009, ante un recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal Dra. Mirtha Guianze para el caso Nibia Sabalsagaray, asesinada por torturas en el año 1974 en un cuartel, la Suprema Corte de Justicia estableció, en sentencia ratificada ante nuevos recursos presentados, y que sigue vigente hasta el día de hoy, que la Ley 15 848 era inconstitucional, que violaba las disposiciones legales y  no debía aplicarse.


La Resolución 365/2009, redactada por el Dr. Jorge Chediak, con el voto conforme de tres actuales integrantes del cuerpo, el Dr. Jorge Larrieux, actual Presidente del máximo órgano y del Dr. Jorge Ruibal Pino, no tuvo la trascendencia pública y mediática que merecía. Fue adoptada y difundida a escasos días de la instancia electoral que consagró el ascenso a la presidencia del actual mandatario, José Mujica. Judicialmente condujo a que el Gral. Julio Dalmao fuera procesado por el asesinato de la profesora Nibia Sabalsagaray junto con quien fuera en el momento del crimen el responsable del cuartel, el Tte. Cnel ® José Chialanza.


El Dr. Julio María Sanguinetti principal instigador de la Ley de Caducidad, defendió a capa y espada, en un reciente debate televisivo, dicha norma definiéndola como una amnistía equiparable a la que se otorgó a los expresos políticos de la dictadura. El punto de vista del exmandatario es contrario y opuesto, claramente, a lo afirmado por SCJ en la Resolución 365/2009.


Si bien es potestad legítima del Parlamento otorgar indultos y amnistías en circunstancias excepcionales, en ocasión de aprobarse la Ley de Caducidad no se cumplió con las regulaciones formales que establece la Constitución para dichas leyes. La Ley de Caducidad, como amnistía, no podía aprobarse en ese período legislativo pues ya se había aprobado la Ley 15 737 que excluyó expresamente a los militares y policías y, además, un proyecto específico, en tal sentido había fracasado tres meses antes.


Según las normas constitucionales vigentes, cuando un proyecto de amnistía es rechazado por el Parlamento, un proyecto similar o de igual tenor no puede aprobarse hasta el siguiente período legislativo, es decir, se debería haber esperado el gobierno del Dr. Lacalle Herrera para hacerlo.


Además de este aspecto, el Dr. Jorge Chediak señala en la Resolución 365/2009 que las leyes de amnistía, según lo establecen las disposiciones constitucionales, requieren de mayorías especiales en la votación de la Asamblea General que no se obtuvieron en este caso concreto: faltó un voto de un diputado para que la Ley de Caducidad pudiera ser aprobada legítimamente como Ley de Amnistía por el número de votantes a favor.


Un aspecto sustancial e importante mencionado por la Resolución 365/2009 para declarar la inconstitucionalidad de la Ley 15 848, lo constituye el hecho de que la misma interfiere con las legítimas atribuciones que tiene el Poder Judicial de acuerdo a nuestra constitución. Es precisamente sobre esta característica que hace hincapié el Dr. Jorge Chediak cuando señala: “declarar la caducidad de las acciones penales, en cualquier supuesto, excede las facultades de los legisladores e invade el ámbito de una función constitucionalmente asignada a los jueces”.


Más adelante el fallo de la SCJ que comentamos señala que el Artículo 3 de la Ley 15 848 es inconstitucional pues le atribuye al Poder Ejecutivo funciones que son propias del Poder Judicial, el cual según el artículo 233 de la Constitución será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y Juzgados en la forma que estableciere la ley. Es clarísimo para la SCJ, y así lo remarca en la Resolución, que las disposiciones de la Ley 15 848 conculcan la separación de poderes que la organización democrático-representativa constitucional del país les confiere sólo a los jueces del Poder Judicial.


El Artículo 3 de la Ley de Caducidad condiciona la “actividad jurisdiccional a una decisión del Poder Ejecutivo, con eficacia absoluta, lo cual colide ostensiblemente con las facultades de los Jueces de establecer quiénes son o no son responsables de la comisión de delitos comunes, que como se dijo, es función del Juez ordinario y de nadie más”. Esta función jurisdiccional, de neto rango constitucional, no puede ser otorgada a otra autoridad o Poder del Estado sin transgredir el principio de separación de poderes.


Las víctimas impedidas de ejercer sus derechos.


La SCJ señala claramente que debido a la Ley de Caducidad las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos se vieron impedidas de ejercer sus legítimos derechos a la justicia. La Ley de Caducidad fue un obstáculo insalvable, una muralla infranqueable,  para que quienes sufrieron secuestros, torturas, abusos sexuales, privaciones agravadas de la libertad, crímenes, asesinatos y desapariciones forzadas pudieran lograr que los responsables directos e indirectos de ellos fueran juzgados y castigados. Las víctimas se vieron imposibilitadas de ejercer derechos garantizados constitucionalmente.


Lo dispuesto por la SCJ  en la Resolución 365/2009 es muy importante,  tiene connotaciones jurídicas actuales ya que un principio básico del derecho establece que al injustamente impedido no le corre el plazo de prescripción. El tiempo en que la Ley 15 848 estuvo vigente no puede ni debe computarse a los efectos del plazo prescripcional de los delitos. Es la posición que lógicamente deriva de la sentencia que en su momento redactara el Dr. Jorge Chediak.


El plebiscito: irrelevante desde el punto de vista jurídico.

Los defensores de la Ley de Caducidad, quienes se opusieron en forma militante a su anulación y votaron en contra de la Ley 18 831 que en octubre de 2011 restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado argumentaron que la Impunidad había sido refrendada por el cuerpo electoral en el plebiscito de 1989.


Una lectura atenta de la Resolución 365/2009 pone en evidencia que  la oposición a restablecer la pretensión punitiva del Estado obedeció a posturas políticas y/o compromisos previamente asumidos. No hubo un verdadero compromiso democrático, republicano, ni de apego a las normas constitucionales. Pedro Bordaberry, incluso en estos días, en visita a Amnistía Internacional que reproduce “Búsqueda”, reafirmó su postura pro impunidad ignorando lo establecido por la Suprema Corte de Justicia en cuanto a su inconstitucionalidad.


Para la Corporación la ratificación popular que tuvo lugar en el recurso del plebiscito promovido contra la Ley en 1989, y el argumento es válido para la fracasada iniciativa del referéndum en 2009, no proyecta consecuencia relevante alguna con relación al análisis de constitucionalidad de la norma.


El Soberano no fue convocado para pronunciarse sobre la naturaleza jurídica ni sobre las mayorías con las que fue dictada la Ley, función propia, específica y exclusiva de la SCJ de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 72 de la Constitución. En nuestro ordenamiento legal solamente la SCJ determina la constitucionalidad de las leyes.


Una ley nefasta para el país y la salud democrática.


La inmensa mayoría de los uruguayos tiene hoy sumamente claro que la Ley de Caducidad fue inconstitucional desde todos los ángulos.  También fue nefasta y perjudicial para la salud de la democracia. Impidió la afirmación plena de las normas de DDHH como valores básicos para una convivencia pacífica, civilizada y enriquecedora. Sus efectos siguen proyectándose hasta el día de hoy, superando incluso el ámbito específico para el cual fue diseñada extendiéndose hacia toda la sociedad.


En Uruguay, al amparo de la caducidad de la pretensión punitiva, solo un reducido grupo de criminales seriales ha sido enjuiciado y condenado para demérito de las normas constitucionales y de DDHH. Hasta el momento una parte mayoritaria de los involucrados ha evadido a la justicia alentando la posibilidad de que las conductas delictivas puedan volver a repetirse en el futuro. La plena transición democrática iniciada en marzo de 1985 implica la implementación en la realidad del país de las disposiciones de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas. Es el instrumento internacional que especifica las obligaciones de los Estados.  Es el estándar de calidad institucional para superar la tragedia de la dictadura, el patrón de medida para una democracia sólida y con perspectivas de futuro, de Nunca Más terrorismo de Estado.


Equiparar la posibilidad de suprimir el delito de abuso innominado de funciones del Código Penal con la ley que impidió que decenas de criminales fueran juzgados, supone una inaceptable banalización de los delitos que ella amparó. Disminuye hasta límites absurdos el padecimiento sufrido por miles de uruguayos que lucharon por la libertad y la democracia en el país. Ofende la memoria histórica de lo ocurrido, le resta valor y significado a la lucha por Verdad y  Justicia, a la batalla por recuperar los restos de los detenidos desaparecidos, que desde hace décadas miles de uruguayos, entre ellos los expresos políticos agrupados en Crysol, venimos desplegando.


La verdad: una auténtica joya del arte de desmerecer la gravedad de los delitos y del daño ocasionado por el terrorismo de Estado. Casi una  encubierta y rebuscada apología del delito, un desatino mayúsculo.


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Opinando – Año 3 – Martes 9 de septiembre de 2014