la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@yahoo.com.ar



Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.45 en adelante. Cuota social: $ 120.-




viernes, 19 de diciembre de 2014





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jueves, 18 de diciembre de 2014

Resultado del Concurso de Mural para la sede social

 

Reunidos los compañeros invitados a integrar el jurado y decidido por unanimidad.

 
La propuesta representada como “Peter” y “Carabombo”, la cual resultó corresponder a los compañeros Pedro Duarte Y Gabriel Carbajales para ser ejecutada como pintura mural en la sede de Crysol.

 
Dicho proyecto contiene los eventos relacionados con la temática sugerida, y se destaca manejo del color y la fotografía bien integrada.

 
En segundo lugar el trabajo presentado bajo el seudónimo  “Caballo”, que corresponde a los compañeros Diego Vieytes, Eduardo Rodríguez Matos, vimos la calidad del proyecto presentado y el buen manejo del color.

 
Finalmente se hace mención al buen nivel de todos los trabajos presentados.

 
Susana Escudero.          Carlos Seveso.          Glauco Mirandetti.



 
Crysol agradece a todos quienes hicieron llegar sus propuestas y felicita a los ganadores
 
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martes, 16 de diciembre de 2014

16º asado de fin de año de Crysol







Senadora Patricia Ayala y Víctor Hugo Tosetto




Para ver el video, hacer doble click en el link líneas abajo








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Lágrimas que se amortiguan

Es difícil, para uruguayos y uruguayas con un mínimo de sensibilidad, no sentirse profundamente conmovidos con la recepción de los ex secuestrados en Guantánamo. La decisión del gobierno uruguayo, la solidaridad del PIT-CNT, que desinteresadamente se puso a disposición para resocializar a los seis refugiados, buena parte de la sociedad uruguaya honestamente sensibilizada. Sin dudas, Uruguay tiene motivos para estar orgulloso.

La diaria - 15 12 14 - Por Martín Couto

Se suma a ese orgullo la recepción de los refugiados sirios. De vuelta, las decisiones del gobierno uruguayo y la solidaridad de la gente para recibirlos y acogerlos. Es verdad que estamos cumpliendo una larga tradición, abrazando a inmigrantes perseguidos e incluyéndolos en nuestra sociedad. Pero también hay otra tradición a la que pareciera que estamos empecinados en hacerle honor. La tan usada expresión del historiador Carlos Real de Azúa, aquella que describe a la sociedad uruguaya como una “sociedad amortiguadora”; ¿querrá decir sociedad contradictoria? ¿Lo que amortigua es la ambigüedad? Los Derechos Humanos en Uruguay, las garantías para ejercerlos, también están amortiguados.
Porque así como la sociedad uruguaya es tan sensible y solidaria con los refugiados provenientes de Guantánamo y de Siria, es igual de cruel e indiferente con derechos humanos violados en el pasado, que siguen sin ser reparados, y que por lo tanto, se siguen violando. Y, como en los otros casos, esta historia empieza con decisiones del gobierno, de los tres poderes del Estado, y se extiende a toda la sociedad.
Las resoluciones, difíciles de explicar, de la Suprema Corte de Justicia y del Fiscal de Corte, trasladando a jueces y fiscales que entienden en causas vinculadas al terrorismo de Estado de nuestra última dictadura cívico-militar, son un ejemplo de cachetazo a las víctimas, de cachetazo a los derechos humanos. El maltrato a las víctimas que, después de años de esfuerzo y de haber recuperado un mínimo de confianza en las instituciones del Estado, se aprestan a denunciar y declarar en juicios contra torturadores, violadores y asesinos, es imperdonable. Que una mujer, víctima de abuso sexual en el marco de un conjunto de mecanismos de tortura, tenga que contarle con detalles, varias veces, al sistema judicial lo que sufrió, es aberrante. ¿Nos imaginamos los días, meses, años que debe vivir esa mujer para poder declarar? ¿Nos imaginamos sus días posteriores? ¿Y nos imaginamos lo que siente cuando se entera que la fiscal que entendía en el caso ha sido trasladada a un juzgado civil?
El Uruguay, tan sensible y solidario en algunos casos, y tan indiferente y egoísta en otros, ¿se imagina lo que siente una víctima del terrorismo de Estado cuando no llegamos a los votos necesarios para anular la ley de caducidad? Porque no son sólo los tres poderes del Estado los que dan cachetazos a las víctimas. La sociedad toda, también, golpea y fuerte.
¿Sabemos los uruguayos y uruguayas que las víctimas del terrorismo de Estado que cobran una pensión reparatoria tienen que preocuparse todos los meses de no pasar determinado tope de ingresos (muy bajo, nada comparado con lo que cobran los genocidas con “buena conducta”) porque en ese caso pierden la pensión? Y si la pierden, pierden el único ingreso posible para cuando, por vejez, no puedan seguir trabajando. En 2014, pareciera que el Estado les dice a las víctimas, de vuelta, “jódanse, algo habrán hecho”.
Y no sólo Uruguay (su gobierno y su sociedad) le da la espalda a las víctimas de la dictadura. Convivimos con la aberración de las violaciones a los derechos humanos a adolescentes en conflicto con la ley. ¿Qué medida profunda ha habido para reformar al Sirpa? ¿Cuánto se está haciendo cargo el Estado de esas violaciones a los Derechos Humanos? Porque en Uruguay, tal vez no ahora, pero hasta hace muy poco y seguramente dentro de muy poco, algunas prácticas de la cárcel de Guantánamo también se dan en el Sirpa.
Tan solidarios y generosos somos los y las uruguayas en algunos casos (¡por suerte!). Y tan desagradecidos, irrespetuosos y egoístas en otros. La lágrima de alegría por ver cómo recibimos a los refugiados indefectiblemente se mezcla con la de rabia e impotencia por ver cómo tratamos a los nuestros. Lágrimas que se amortiguan.
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domingo, 14 de diciembre de 2014

Donde no murió nadie

LOS TESTIMONIOS DEL HORROR DE LA TORTURA Y LOS ASESINATOS EN LA PERLA

Mientras forma una “comisión” de represores para tratar de moderar su situación legal señalando un lugar donde ya se encontraron cuerpos, Ernesto “el Nabo” Barreiro dijo lo increíble: que en La Perla “no murió nadie”. Pero los testimonios son clarísimos sobre las horribles muertes que sufrieron los prisioneros de ese campo de concentración.

Página 12 - 14 12 14 - Por Marta Platía - Desde Córdoba

Lo dijo Ernesto “el Nabo” Barreiro: “En La Perla no murió nadie”. Fue apenas un día después de entregar sin que nadie se lo pidiera una lista con 19 nombres de desaparecidos al Tribunal Oral Federal No 1, que lo juzga por crímenes de lesa humanidad, y de señalar los supuestos lugares donde los enterraron. “No murió nadie”, dijo, y en los oídos de cientos de víctimas –sobrevivientes, familiares y amigos de los desaparecidos– retumbaron los nombres de los suyos. De los que nunca volvieron. de los muertos.

Por ejemplo, el del albañil de Unquillo Justino “el Negro” Honores, que agonizó en plena cuadra de ese campo de concentración en brazos de otro prisionero, Eduardo Porta, que lo cuidó como pudo luego de una fatal mezcla de palos y picana. Era una técnica que practicaba con esmero y delectación Elpidio “Texas” Tejeda, un feroz torturador adiestrado, como Barreiro, en la Escuela de las Américas de Fort Gulik, Panamá. “Este cóctel inutiliza el sistema renal y hace que no puedas orinar, te sale como pasta dental, y sentís la muerte, hasta que finalmente te morís”, describió, entre espasmos de dolor y llanto, el sobreviviente Andrés Remondegui quien, gracias a su “juventud y cuerpo de deportista”, logró escapar a ese final que también mató al doctor Eduardo “Tero” Valverde. El abogado había sido funcionario del gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano. Su esposa María Elena Mercado nunca dejó de buscarlo. El día del golpe, Valverde se presentó “de inmediato” en el Hospital Aeronáutico de la Avenida Colón cuando supo que lo habían reclamado. No tenía nada que ocultar, le había dicho a un colega. “Lo mataron en La Perla en pocas horas”, atestiguó Graciela Olivella. Donde Barreiro dice que no murió nadie.
En esa misma cuadra, en diciembre de 1976, María Luz Mujica de Ruartes volvió a su niñez en una de las agonías más espeluznantes que relataron los sobrevivientes Cecilia Suzzara, Graciela Geuna, Piero Di Monte y Susana Sastre. “Estaba destruida y muy hinchada. Ella en su mente volvió a su niñez y pedía por su mamá. Nos turnábamos para hacer de madre, para acariciarla, acunarla o darla vuelta para que no sufriera tanto. La habían reventado en la tortura. La sacaron medio muerta y nunca más la vimos.” El médico Enrique Fernández Samar, de Buenos Aires, que había sido secuestrado con ella, murió poco después y por el mismo atroz, sistemático tormento.
Teresa “Tina” Meschiatti, una de las sobrevivientes cuyo testimonio es de los que se consideran más completos, ya que fue secuestrada en septiembre de 1976 y la liberaron casi a finales del ’78, fue picaneada en todo el cuerpo, pero especialmente en su zona genital. Le quemaron la vagina y las piernas “dándole máquina”, al punto de que cuando declaró en juicio contó y mostró que le quedaban marcas en las pantorrillas a más de 37 años de la tortura. “Tenía olor a podrido, a carne quemada. No me podía mover. Estaba hinchada y casi no podía respirar, y no sabía que era yo la que despedía ese hedor... En un momento ya no tenía voluntad de vivir.”
Piero Di Monte a su turno, repitió: “¡No es uno el que grita en la tortura, es el cuerpo! ¡Uno ya no puede controlarlo!”. Y señaló directamente a Barreiro como uno de los que lo picanearon a él y a su mujer, Graciela, embarazada de cinco meses en una parrilla en “la terapia intensiva”, como también llamaban los represores a la sala de torturas. Así o “la margarita”, por la forma de la punta de la picana. “Pensé que me moría, que no podría resistir cuando lo vi a Barreiro ir con la picana en la mano a torturar a mi esposa.” ¿Se le notaba el embarazo?, preguntó el fiscal. “Sí, tenía una pancita de cinco meses y un vestido con flores...”.
Di Monte, que se salvó de la muerte por su doble nacionalidad ítalo-argentina –un general con ansias de ser diplomático en Italia decidió atender el pedido de la embajada de ese país–, fue quien dio fe de la insistencia nacionalista de Barreiro en cuanto a los métodos de tortura utilizados: “Decía que no eran ni de los norteamericanos (la Escuela de las Américas, donde él había estudiado); ni de la Doctrina Francesa (de Roger Trinquier, que llegó al país de la mano del brigadier Alcides Aufranc, ya en 1959, al edificio Cóndor). Según él, acá se usaba un método criollo que él mismo había ideado. Barreiro nos puede dar cátedra de tortura. Es un experto en eso”, afirmó. En su banquillo, el represor sonreía y negaba con la cabeza.
Otra víctima que recordó “perfectamente” la cara de Barreiro durante sus tormentos fue Jorge De Breuil. “En el Campo de La Ribera, Barreiro me apaleó, y cuando estaba en el piso, me levantó la venda y me dijo en la cara ‘¿te gustó la orgía de sangre que hicimos con tu hermano?’.” La frase-tortura se refería al fusilamiento en un simulacro de fuga de Gustavo, su hermano menor de sólo 20 años. Una ejecución en la que también mataron a Higinio Toranzo y al abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja, de 35 (el padre del actual juez federal No 3 de Córdoba, homónimo de su padre y de su abuelo, también asesinado).

Una mujer destrozada

La brutal matanza de la joven madre Herminia Falik de Vergara, a quien la patota había atrapado en la parada de un ómnibus el mediodía del 24 de diciembre de 1976, y torturaron “de apuro, ya que querían ir a brindar con sus familiares en la Nochebuena”, es una de las heridas más profundas en los recuerdos de quienes lograron salir con vida del campo de concentración. Liliana Callizo no sólo contó en la sala al Tribunal lo que les vio hacer a Barreiro y a sus cómplices, sino que en una inspección ocular en La Perla señaló cada paso del recorrido “a la rastra y de la mano, por el que el Nabo me llevó a la Margarita”. Callizo señaló en la puerta de la sala de tortura –un cuarto pequeño, asfixiante, de techo muy bajo– donde la ubicaron cuando Barreiro le quitó la venda para que viera cómo masacraban a Falik de Vergara. Destacó las mangas “arremangadas” de la camisa del Nabo, su “transpiración” por el trabajo de matar. Y cómo el torturador y ahora miembro de la flamante “comisión” de reos que preside Barreiro, Luis Manzanelli, “con una picana en cada mano se había sentado en la cabecera de la parrilla” –el elástico de cama donde tenían atada desnuda a la víctima– para darle electricidad entre todos y matarla más rápido.
Callizo contó horrorizada que el cuerpo de la chica “se arqueaba y le salían chispas” porque además de las descargas eléctricas, le echaban baldazos de agua. Y que Herminia, a pesar de lo atroz del tormento, no les dijo nada. “Le preguntaban por el marido, dónde estaban sus hijas, y ella sólo gritó mis hijas no, mis hijas no.” Cuando la creyeron muerta, se fueron. La prisionera Servanda “Tita” Buitrago –una enfermera de cuarenta y pico de años a quien habían puesto a servir la comida a los demás cautivos– fue quien la vio morir. “Cuando entré más tarde, todavía estaba atada y viva, pobrecita... Le acaricié la frente y ella me dijo ‘gracias’. Y eso fue lo último antes de morirse... Tan chiquita y agradecida ¡y mirá lo que le habían hecho estos asesinos!”, se condolió casi cuarenta años después en su testimonio por videoconferencia desde el Chaco. “¡Todos torturaban, todos mataban, todos violaban! ¡Era lo único que sabían hacer estos desgraciados!”, acusó la mujer ahora de 86 años. Entre los imputados, hubo alguno que hasta bajó la cabeza ante los insultos. Fue el caso de Exequiel “Rulo” Acosta, quien acostumbraba contarle sus “cuitas” a Tita, la prisionera a la que muchos llaman “la mamá” de La Perla.

Huesitos y batitas

Otro que no se privó de insultarlos fue el arriero José Julián Solanille. “Sinvergüenzas, hijos de mala madre”, los descalificó una y otra vez el único testigo que afirmó haber visto con sus propios ojos a Luciano Benjamín Menéndez “al frente de un pelotón de fusilamiento” que asesinó, al borde de una gigantesca fosa común, a un centenar de jóvenes “atados de pies y manos”. Solanille era empleado del dueño de un campo cercano a La Perla y atravesaba la zona cuidando animales. “Eran todos asesinos, torturadores”, aseguró el hombre que dijo haber contado “más de 200 pozos” de enterramientos clandestinos en el predio de La Perla.
En su testimonio también recordó cuando escuchó por primera vez el apodo de Barreiro. “Fue por boca de la mujer de un paracaidista de apellido Baigorria. Me acuerdo de que el marido tenía un Chevy amarillo. Venían, y este señor dejaba a la señora, que era muy linda, en mi casa. Una vez ella salió al campo con un termo y estaba cerquita de la cárcel (así llamó todo el tiempo al edificio donde se torturaba). Se sentían gritos. Se escuchaban muchos gritos de chicas... Entonces los dos vimos pasar a Barreiro como a unos ocho metros. Ella me dijo entonces ‘ahí va el Nabo. Vas a ver cómo se va a acabar el griterío de las putas esas’.” En la audiencia, Barreiro se rió echando la cabeza atrás como si hubiese escuchado el mejor de los chistes. Pero su mano izquierda lo traicionó: le temblaba hiperkinética, sin parar, sobre la rodilla. El hombre dijo haber escuchado tiros y luego el silencio, como le anunció la mujer.
En La Perla, “donde no murió nadie”, el arriero vio arrojar “los cuerpos de dos chicas desde un helicóptero el 3 de mayo de 1976”. Y en su propia casa, a unos 500 metros del campo de tortura, sintió “el olor a carne quemada de los pozos donde tiraban a la gente. El humo con ese olor espantoso se vino para mi casa. Era insoportable. Mi mujer y mis hijos se quejaban. Era horrible”. En su relato también recordó cuando una perrita que tenía comenzó a llevar a la cucha “huesos chiquitos, cabecitas muy chiquitas...”. Y ahí fue cuando el enorme hombre que es todavía don Solanille, se quebró. Se cubrió los ojos con una de sus manos y sollozó: “Perdónenme Abuelas, pero la perrita traía manitos, bracitos, batitas celestes y rosas...”
–¿Y cómo sabe usted que eran huesos de seres humanos y no de animales? –preguntó el juez Jaime Díaz Gavier.
–Porque soy hombre de campo, señor –respondió con firmeza–. Y sé distinguir cuando son huesos de animal o de cristianos. Y éstos eran de cristianos.
Uno de los tres cómplices de Barreiro en la “comisión para colaborar con la investigación” en este juicio, es Luis “Cogote de violín” Manzanelli. También con veleidades de profesor de historia, como su jefe, varios sobrevivientes lo señalaron como un tipo “que parecía tranquilo y de repente era una máquina de torturar”. Un gendarme llegado desde Orán para testificar, Carlos Beltrán, detalló una escena que sucedió en los descampados de La Perla. “Manzanelli, el del ‘cogote torcido’, me ordenó que le dispara a una pareja. Yo me negué. Le dije que entré a Gendarmería a cuidar las fronteras de mi patria, no a matar gente”. Según Beltrán, enloquecido por la ira, el propio Manzanelli los mató. “Les dio un tiro a cada uno. Primero al muchacho, al que le habían hecho cavar el pozo, y después a la chica que estaba embarazada y tenía una panza como de ocho meses. Fue horrible porque ella volvió a levantarse y él la remató a tiros”, describió espantado. Luego contó cómo los rociaron “con nafta, los quemaron y los taparon con tierra” en la oscuridad de los campos que rodean a La Perla. El muchacho fue echado de la Gendarmería por negarse a cumplir la orden.
El otro integrante, Héctor “Palito” Romero, se hizo “famoso” entre la caterva por su uso del “amansalocos”, como le llamaban al palo que usaba para torturar. Cecilia Suzzara contó cómo “torturó a David Colman en la primera oficina de La Perla. Las paredes –que luego debían limpiar los prisioneros utilizados como mano de obra esclava para todo servicio– quedaron manchadas con su sangre”.
De José Hugo “Quequeque” Herrera, hay –como de casi todos ellos– decenas de crímenes y perversiones que los incriminan. Pero en su caso se destaca el perfil de violador consuetudinario. Liliana Callizo, que fue una de sus víctimas, lo reconoció y señaló sin “ninguna duda” ante el Tribunal.
Los detalles de crímenes y vejámenes que cometieron –y de los que no se arrepienten– laceran lo esencial de la especie humana, y en los dos años que lleva este juicio se han escuchado ya 430 testimonios en 197 audiencias.
En los predios La Perla el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontró restos óseos humanos el 21 de octubre pasado. Y siguen encontrando restos. La integrante del equipo Anahí Ginarte le dijo a Página/12 que “es zarandear tierra de los hornos (de cal de la estancia La Ochoa, donde descansaba Menéndez los fines de semana) y encontrar huesos”.
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viernes, 12 de diciembre de 2014

Confesiones

La Comisión Nacional de la Verdad de Brasil presentó su informe y pidió que 

se deje de aplicar la Ley de Amnistía.

Después de dos años y medio de investigaciones, la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) presentó su informe final sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Brasil (1964-1985). El documento será la base del discurso oficial sobre lo sucedido en ese período, y esto implica que por primera vez el Estado considerará que los abusos cometidos por la dictadura fueron generalizados y sistemáticos. Además, el informe amplía el número de muertos y desaparecidos que dejó ese régimen, y pide a las Fuerzas Armadas que reconozcan que cometieron violaciones a los derechos humanos.

La diaria - 11 12 14 - Por Andrea Martínez



Dilma Rousseff, durante un discurso, luego de recibir el informe final de
 la Comisión de la Verdad, ayer, en el Palacio del Planalto de Brasilia (Brasil).
Foto: Fernando Bizerra Jr.
“La verdad no significa revanchismo. La verdad no debe ser motivo para el odio o para el ajuste de cuentas. La verdad nos libera a todos de lo que quedó por decir, por explicar, por saber. La verdad libera de aquello que permaneció oculto [...] La verdad produce conciencia, aprendizaje, conocimiento. La verdad significa, por encima de todo, la oportunidad de tener un encuentro de nosotros mismos con nuestra historia y de nuestro pueblo con su historia”. Estas palabras las dijo en la presentación del informe final de la CNV1 Dilma Rousseff, hoy presidenta de Brasil y entre 1970 y 1972 presa política.
Una Dilma visiblemente emocionada tuvo que hacer una pausa durante su discurso debido a las lágrimas. “Merecen la verdad aquellos que perdieron familiares, parientes, amigos, compañeros y que continúan sufriendo...”, dijo. Con la pausa llegó una ovación de pie de las decenas de personas presentes.
La misión de la CNV era investigar para generar un discurso oficial sobre las violaciones a los derechos humanos en el período comprendido entre 1964 y 1988, ocupado en su mayor parte por la dictadura. Sus primeras conclusiones hacen hincapié en que esa dictadura, contrariamente a lo que se suele creer en Brasil, mantuvo una “práctica sistemática” de detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, desapariciones forzosas y ocultamiento de cadáveres. Las “graves violaciones de derechos humanos [...] fueron resultado de una acción generalizada y sistemática del Estado brasileño. En la dictadura militar la represión y la eliminación de opositores políticos se convirtieron en política de Estado”, indica la CNV, para luego señalar que “rechaza integralmente la explicación que hasta hoy es adoptada por las Fuerzas Armadas” de que estas prácticas “se cometieron en algunos pocos casos aislados o por excesos, generados por la voluntad de algunos pocos militares”.
La CNV confirma que 191 personas fueron asesinadas por la dictadura y otras 243 desaparecidas. De estas últimas se encontraron los cuerpos de 33. “Estos números ciertamente no corresponden al total de muertos y desaparecidos, sino sólo a los casos cuya comprobación fue posible [...] a pesar de los obstáculos encontrados en la investigación, en especial la falta de acceso a la documentación producida por las Fuerzas Armadas, oficialmente dada por destruida”.
En base a sus conclusiones, la CNV recomienda 29 medidas, entre ellas la de crear un órgano permanente que continúe con estas investigaciones y vigile el cumplimiento de las recomendaciones realizadas. La primera de las medidas es el “reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas de su responsabilidad institucional por la ocurrencia de graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar”. Es necesario, indica el informe, que “además de la responsabilidad que puede y debe recaer” sobre quienes cometieron estas violaciones, haya un reconocimiento expreso de las Fuerzas Armadas sobre su responsabilidad como institución.
A diferencia de lo que se preveía, la CNV pide expresamente que se deje de aplicar la Ley de Amnistía sobre agentes del Estado que cometieron delitos contra la humanidad, y se respalda en que los acuerdos internacionales establecen que este tipo de delitos son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados. La CNV también recomienda que se prohíban los eventos oficiales en conmemoración del golpe de Estado, como los que se realizan actualmente tanto en ámbitos militares como civiles, y que se retiren todos los honores a los responsables de delitos contra la humanidad, incluidos los nombres de calles o plazas en su honor.
Además, propone una reforma en la educación de los militares para que reciban formación en derechos humanos, y también que en el sistema educativo civil se incorporen “contenidos que contemplen la historia política reciente del país e incentiven el respeto a la democracia, a la institucionalidad constitucional, a los derechos humanos y a la diversidad cultural”.
La situación hoy
La CNV también concluye que en Brasil todavía se cometen “graves violaciones a los derechos humanos” y se refiere específicamente a detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y ocultamiento de cuerpos. En el informe se sostiene que estos delitos se siguen cometiendo “en gran parte” como consecuencia de que “no fueron adecuadamente denunciados ni sus autores responsabilizados, creándose las condiciones para su perpetuación”. Se proponen varias medidas para cambiar esta situación, entre ellas la creación de organismos, el fortalecimiento de las Defensorías Públicas y el apoyo a un nuevo órgano de protección y promoción de los derechos humanos. “Debe haber una valorización de los órganos existentes”, afirma la CNV y menciona a las comisiones de la verdad estaduales, municipales y sectoriales que fueron creadas en los últimos dos años.
Además, recomienda que se realicen las reformas necesarias para desmilitarizar a la Policía Militar de los distintos estados y “asegurar” su desvinculación de las Fuerzas Armadas, para que puedan integrarse con las Policías civiles con las que cuenta cada estado. También considera necesario el fin de la Justicia Militar estadual y la exclusión de los civiles de la jurisdicción de la Justicia Militar federal. Recomienda, además, que la Ley de Seguridad Nacional, que fue adoptada por la dictadura y que “refleja las concepciones doctrinarias” de ese período, se sustituya por una norma que se enfoque en “la protección al Estado democrático de derecho”.
Otra de las recomendaciones es que se hagan las modificaciones necesarias para que se puedan tipificar las figuras penales que corresponden para los crímenes contra la humanidad y de desaparición forzada.
En su informe, la CNV presentó una lista de 377 militares responsables de crímenes contra la humanidad, que agrega a 137 que ocuparon cargos de responsabilidad, entre ellos presidentes y comandantes. De estos 137 apenas siete están vivos, informó O Globo. Uno de ellos, Nilton Cerqueira, de 84 años, dijo ayer: “Sólo tengo una pregunta: ¿soy yo el que incumplió la ley, quien violó los derechos humanos? ¿Y los terroristas, incluida la terrorista que es presidente del país, qué son?”.

También se pronunció el presidente del Club Militar -que reúne a militares retirados- Gilberto Pimentel: “Si quieren restablecer la verdad es necesario contar toda la historia y no apenas de forma sesgada”, indicó, antes de anunciar que hoy darán a conocer una lista de soldados muertos durante la dictadura.

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Confesiones

LOS REPRESORES DE LA ESMA HICIERON RECLAMOS POR PROBLEMAS MEDICOS Y EMOCIONALES DERIVADOS DE SUS CRIMENES
Expedientes administrativos de la Armada muestran que los marinos de la ESMA se quejaban por las “secuelas” que dejaban en ellos los delitos que cometieron. El médico Carlos Capdevila reconoció que no cumplió con su juramento hipocrático.

Página 12 - 7 12 14 - Por Alejandra Dandan


El 23 de octubre de 1989, la Armada tramitó un expediente administrativo vinculado al entonces capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo. Necesitaban establecer si los problemas médicos y emocionales que padecía guardaban relación con “los actos de servicio”. 

Allí, el represor de la ESMA alegó: “En diciembre de 1976 con el grado de TC (teniente de corbeta) fui destinado a la ESMA. Cumplí tareas relacionadas con todas las acciones que se libraron en el grupo de tareas 3.3.2 hasta enero de 1981. Esto me trajo aparejado estar sometido durante períodos de tiempo prolongado a tensiones que considero importantes. Aparte de las secuelas que todo esto me ocasionó por sí mismo, me he visto particular y profundamente afectado por todo lo ocurrido a partir de 1983. Baste como ejemplo mencionar que conocí a mi esposa en 1985, ignorando ella todas mis actividades en la Armada, lo que generó una serie de conflictos importantes al ser yo mencionado en diferentes medios de prensa de circulación pública. Considero que lo antedicho ha sido la principal causa de la situación en que me encuentro hoy”.

El médico Carlos Octavio Capdevila, que ofició como partero en la ESMA, también hizo reclamos por su propia salud ante sus superiores. Dijo que se encontró “permanentemente en la disyuntiva de cumplir” con su juramento hipocrático como profesional médico y que en cambio optó “por cumplir con las exigencias del servicio militar” en “medio de una gran presión psíquica”.

“Los sentimientos o conceptos de moral y legal se habían borrado en mí por así decirlo”, afirmó. Así, en expedientes internos de las Fuerzas Armadas los marinos de la ESMA relataron sin tapujos y en primera persona que cometieron actos criminales y vergonzosos y confirmaron los destinos que tuvieron durante el terrorismo de Estado.

Los Asuntos de Justicia son expedientes internos a través de los cuales las Fuerzas Armadas resuelven asuntos disciplinarios o de salud. En la Armada, se llaman Actuaciones de Justicia. Tratan de robos, deserciones o indisciplinas pero también accidentes, enfermedades o fallecimientos. Varias decenas de represores del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA iniciaron, ya en democracia, un expediente de salud o fueron tema de uno de esos expedientes. 

En ellos piden a la Armada que reconozca las supuestas afecciones nerviosas como efectos de “actos de servicio” porque de esa manera pueden obtener distinto tipo de beneficios: desde extender licencias de salud a costo de la Armada, evitar bajas por “no aptos” o pedir, como hace alguna viuda, mejores pensiones.

En esos expedientes los marinos van señalando sus “tareas” y los destinos que tuvieron durante la dictadura. Uno de los datos que salta a la vista es cómo cada uno de ellos confiesa su participación en el GT 3.3.2 o tareas “contra la subversión”, pero cómo la Armada de la democracia encuadró durante años todos estos crímenes como actos de justicia. 

Entre los marinos, hay cuadros depresivos, casos de personalidades paranoides, intentos de suicido, hasta violencia doméstica y también quien realiza once mudanzas para escaparse de las denuncias. Esta información fue hecha pública por los propios involucrados en esos expedientes administrativos que tenían como objetivo obtener reconocimiento por parte del Estado.

Cavallo es de los marinos más conocidos de la ESMA, hoy con asistencia casi perfecta en Comodoro Py, de traje, lentes y computadora. Era Marcelo o Sérpico en la ESMA. Lo describieron de voz metálica. Torturó a Thelma Jara de Cabezas, madre secuestrada mientras buscaba a su hijo. Y más tarde le armó la falsa entrevista en la revista Para Ti. 

Una de sus muchas actuaciones en el terrorismo de Estado fue encabezar la patota de secuestro de Carlos Chiappollini: entró en la casa de su compañera, Cristina Muro, cuando amantaba a su hijo de cinco días. “Como yo gritaba mucho, lo agarraron a Carlitos de un tobillo y teniéndolo cabeza abajo lo apuntaron con una pistola y me pidieron a los gritos que me callara”, dijo ella en el juicio.

Pero los expedientes internos de la Armada cuentan otra cosa: allí los victimarios se presentan como víctimas.

Salomón

El 21 de noviembre de 1989, declaró un compañero de armas de Cavallo, Miguel Angel Benazzi, alias Salomón, Manuel o Turco, quien integró el Grupo de Tareas 3.3.2 de fines de 1976 a fines de 1978. En febrero de 1979 fue agregado naval en Bolivia, retornando en 1980 a la ESMA. 

En el expediente de Cavallo dijo “que estuvo destinado con el causante en el Grupo de Tareas 3.3 de ESMA”. “Si bien no fue subordinado directo, tenía frecuente relación y su desempeño era excepcional, por tratarse de un hombre sumamente dispuesto al trabajo, altamente subordinado y responsable. Entiendo que sus cualidades fueron las que motivaron su traslado a un puesto de alta responsabilidad como ayudante del agregado naval argentino en Francia”.

El 19 de diciembre de ese 1989 el destino fue confirmado por la Armada, que estableció que, “entre sus antecedentes personales, se destaca su participación en un G.T. durante la lucha antisubversiva, durante 3 años en nuestro país y durante aproximadamente 2 años, en el exterior, Francia”. 

Un dato extra en este punto es que del texto se desprende que la Armada está considerando a Francia –es decir el Centro Piloto de París– como un destino relacionado con la “lucha antisubversiva”. El 23 de mayo de 1990, la Armada finalmente resuelve el caso Cavallo: afirma que “la afección” de Cavallo “guarda relación con actos de servicio”. A esa misma conclusión llegaron los marinos ante los reclamos de otras caras conocidas de la ESMA.

Capdevila

Carlos Octavio Capdevila era uno de los parteros de la maternidad clandestina montada en la ESMA. Médico, estuvo en el parto de María del Carmen Poblete. “Fue la primera que me pidió que la acompañara a parir –dijo Sara Osatinsky durante el juicio–: entonces, nos bajaron al sótano, allí estaban el doctor (Jorge) Magnacco y Capdevila”.

Capdevila también estuvo cuando dio a luz Susana Pegoraro, secuestrada el 8 de julio de 1977 con cinco meses de embarazo y cuando lo hizo Silvia Dameri, secuestrada el 4 de julio de 1980 con cinco meses de embarazo. Las tres mujeres están desaparecidas. Lo mismo que la hija de María del Carmen Poblete. En 2008 recuperaron su identidad Evelyn Bauer Pegoraro y Laura Ruiz Dameri.

En enero de 1993, la Armada inició un expediente con su caso. Buscaba “determinar la relación de los actos de servicio” y algo que llaman “neurosis de guerra”. Capdevila explicó: “Fui asignado por orden del señor director de dicha Escuela, a una Unidad de Tarea cuya misión era desarrollar operaciones contra la subversión. El marco en que se desarrolló mi actividad y el tipo de tareas que debí cumplir hicieron que permanentemente me encontrase en la disyuntiva de cumplir con mi juramento hipocrático como profesional médico y mi carácter de militar; opté por cumplir con las exigencias que el servicio militar me imponía y en medio de una gran presión psíquica; fueron muchas las noches de insomnio tanto en mi destino como en los pocos momentos que pasaba en mi hogar; mi psiquis vivía en conflicto permanente”.

En la ESMA, se “me encargó atender las necesidades de subversivos que se hallaban en libertad”. “Recuerdo que uno de ellos me denunció después en Conadep (...). También participé en diversos operativos para detener subversivos y en actividades de inteligencia antisubversiva. En los años 1980 y 1981, además de las misiones que he relatado, pasé a hacerme cargo de las comunicaciones de la Unidad, lo que incluía escuchas telefónicas (...) Los sentimientos o conceptos de moral y legal se habían borrado en mí por así decirlo.”

González

Alberto Eduardo González era Gato González, Luis, Oscar Paz Alara. Capitán de corbeta, oficial de inteligencia del GT 3.3. Pasó a Cancillería en 1978. González viajó a Suiza como custodia de Pablo González Langarica, secuestrado, al que extorsionaron para obligarlo a sacar de una caja de seguridad dinero de Montoneros.

En 1990, la Armada inició un expediente con su caso. González llevaba varias licencias médicas. El 4 de junio de ese mismo año, explicó a través de un exhorto que sus males se originaron en la ESMA. “Este es un largo proceso cuyos primeros síntomas los identifico claramente después de irme de pase de la ESMA a raíz de diversos inconvenientes que sufrí junto a mi grupo familiar”, indicó. “Luego de mi pase a la ESMA tuve una actitud de recluirme, perdí prácticamente a todos mis amigos y mantuve una relación muy restringida con otros miembros de la Armada, incluidos mis propios compañeros, de quienes me distancié.”

Dijo que se sentía “responsable por la vida que debió llevar mi familia como consecuencia de mi actividad antiterrorista”. Y que “cuando me fui de pase a la ESMA comencé con alergias de tipo psicosomáticas (...) y una alteración profunda en los valores y en mi personalidad (...) cuestiones relacionadas con la contrainteligencia motivaron que mi persona se haga pública y a partir de allí comenzaron los medios masivos de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, a bloquear cualquier acción que yo hubiese emprendido para recuperar mi grupo familiar. Así mi familia leía y veía por TV lo que yo negaba siguiendo las directivas de mis superiores”.

Y agregó: “Para 1985 vuelve a surgir este problema una vez más y en esa oportunidad consulté a la Armada y la respuesta que recibí fue otro de los contribuyentes a mi actual estado. Paralelamente mi grupo familiar se vio sometido a continuas mudanzas llegando a registrar once en los años que van de 1979 a 1982”.

Marca de los tiempos

Las Actuaciones de Justicia comienzan de distintas maneras. Si hay una herida de bala, se labran inmediatamente porque el herido debe salir del servicio y la fuerza debe saber si debe pagar la licencia. En los casos de afecciones psíquicas, como la mayor parte de estos casos, los marinos van obteniendo distintas licencias médicas. Al cabo del tiempo, las licencias se agotan y deben pedir el retiro o abrir una evaluación paralela con el objetivo de hacerla pasar como lesiones provocadas a raíz de actos de servicio. De esa manera, no sólo pueden seguir dentro de la fuerza sino que además pueden cobrar.

María Laura Guembe coordina la investigación sobre los archivos de Policía, Prefectura y Gendarmería en el Ministerio de Seguridad. Ella dio testimonio ante el Tribunal Oral Federal Nº 5.

“Las Actuaciones de Justicia muestran los tiempos políticos –dice–: aumentan en el ’85 y ’86 y cuando los militares empiezan a sentirse amenazados por los juicios dejan de hacerlo. En esos momentos invocan otros temas, como Malvinas, y cuando aparecen las leyes de impunidad otra vez vuelven a las Actuaciones y a decir ‘Yo participé’. Esto es muy claro, sobre todo, en la década del ’90. Hay que aclarar que se trata de Actuaciones de Justicia por cuestiones psiquiátricas. Porque estas actuaciones en sí no varían particularmente en cantidad sino esas en particular.”

Estos expedientes, sostiene Guembe, son además un reclamo político hacia la cúpula de la Armada. Como sucedió con el marino Adolfo Scilingo, muchos piden un aval que reconozca los padecimientos como efectos del servicio.

Para Guembe, “estos documentos tienen un altísimo valor testimonial. Por un lado, permiten ver algo de lo cotidiano que ningún otro documento oficial muestra. Nos permiten acercarnos más y comprender mejor. Por otro lado, tienen el valor singular de traer las voces en primera persona de miembros de la fuerza de todas las jerarquías. Se trata de voces complejas, que hay que tomar en su enclave original: sujetos integrando una fuerza armada, relacionados jerárquicamente, pronunciándose en un marco de investigación oficial”.

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jueves, 11 de diciembre de 2014

Ilegalidad de la Suprema Corte de Justicia

La Suprema Corte de Justicia, en el llamado “caso Perrini”, ha adoptado una resolución flagrantemente contraria al derecho y consecuentemente ilegal.

En efecto, la Sentencia N° 2123 del 24 de noviembre de 2014 dictada por la Suprema Corte de Justicia viola el art. 269 del Código de Proceso Penal.


La diaria - Jueves 11 12 14

Doy por conocida la causa judicial aludida. La justicia busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de Perrini durante la dictadura: un ciudadano, padre de familia, sin militancia política, heladero de Carmelo, muerto por torturas cuando estaba privado ilegalmente de libertad en el cuartel de Colonia.
Los hechos fueron fehacientemente probados en el expediente penal.
La Fiscalía solicitó el procesamiento por homicidio de varios exmilitares involucrados y a pesar de que en su momento la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley 18.831 sobre imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura, la causa judicial continuó avanzando.
Sucede que no se aplicó la ley impugnada, habida cuenta de que los plazos de prescripción no corrieron durante la vigencia de la ley de caducidad, sin perjuicio de que se trata, a nuestro juicio, de un crimen imprescriptible. Es así que se citó a audiencia a uno de los responsables previo a resolver sobre su procesamiento.
La defensa presentó recursos, pero tanto el juez de primera instancia como el tribunal de apelaciones, mantuvieron sus decisiones de rechazar la clausura de la indagatoria y ordenaron que se llevara a cabo la audiencia pendiente.
La defensa del imputado presentó nuevos recursos ante la Suprema Corte de Justicia y aquí ingresamos en el tema.


Es un principio de todo ordenamiento jurídico que las resoluciones y sentencias de un juez pueden ser revisadas por jueces superiores en los casos y por las razones que la ley dispone. Por lo tanto, la parte que se siente agraviada por un fallo judicial puede interponer recursos según el tipo y la naturaleza jurídica de la resolución de que se trate.
Para poner un ejemplo: una sentencia definitiva de primera instancia (que es la que resuelve un juicio) puede ser impugnada mediante recursos de apelación (para que sea revisada por el tribunal superior inmediato). Esto es: si la sentencia fue de un Juez de Paz, la revisará en apelación el Juez Letrado; si la sentencia fue de un Juez Letrado, la revisará en apelación el Tribunal de Apelaciones.
Asimismo, esta nueva sentencia del tribunal superior, cuando es dictada por un Tribunal de Apelaciones, también puede ser impugnada, en situaciones especiales, ante la Suprema Corte de Justicia, mediante recurso de casación. Sin embargo, no todas las sentencias (definitivas o interlocutorias) de los Tribunales de Apelaciones admiten recurso de casación ante la Suprema Corte Justicia.
El Código General del Proceso (CGP) y el Código de Proceso Penal (CPP) son los que regulan, para los procesos civiles y penales respectivamente, todo lo concerniente a los medios de impugnación de las decisiones judiciales. Expresamente establecen, de manera muy clara, las resoluciones que pueden ser llevadas ante la Suprema Corte de Justicia.


En materia penal, solamente admiten recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, las sentencias definitivas o las resoluciones judiciales que pongan fin a la acción penal o hagan imposible su continuación. Lo establece el artículo 269 del Código de Proceso Penal. Pues bien, en el caso Perrini, la resolución de la jueza de primera instancia que rechazó la clausura del proceso y convocó a audiencia para el 23 de setiembre del 2013 (año pasado), fue apelada por los imputados y revisada por el Tribunal de Apelaciones quien resolvió mantenerla en todos sus términos.
Contra esta sentencia del Tribunal de Apelaciones, los imputados presentaron recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, sucede que dicho recurso de casación es inadmisible legalmente y no corresponde darle curso.
En efecto, de acuerdo al artículo 269 del CPP, la decisión confirmatoria del Tribunal de Apelaciones no puede ser objeto de casación ante la Suprema Corte de Justicia porque no es una sentencia definitiva, ni es una resolución o sentencia interlocutoria que ponga fin a la acción penal o haga imposible su continuación.
No se trata de una sentencia definitiva porque no resolvió sobre la cuestión principal o el fondo de la causa. Tampoco es una sentencia interlocutoria que ponga fin a la acción penal o que impida la continuación del proceso, lo que resulta obvio ya que si no hizo lugar al pedido de clausura del proceso y convocó a una audiencia, el caso continúa.
Cuando la Suprema Corte de Justicia recibió el recurso de casación, correctamente y por unanimidad de sus miembros, lo declaró inadmisible y lo rechazó sin entrar en el fondo del tema basándose en la norma de procedimiento que hemos analizado (Sentencia N° 1620 del 10 de setiembre de 2014).
La defensa de los imputados, frente a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, presentó un nuevo recurso. Se trató de un recurso de reposición para que la Suprema Corte revisara y cambiara su sentencia (tengamos presente que no hay otro órgano judicial superior a la Suprema Corte que pueda revisar sus fallos y lo único que cabe es la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia “revoque” su resolución).
Insólitamente luego, por nueva sentencia N° 2123 del 24 de noviembre de 2014, la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, con la honrosa excepción del Ministro Dr. Pérez Manrique, revocó su anterior sentencia y admitió ilegalmente la casación, violando de esta forma el art. 269 del CPP en el que fundamentó su rechazo original.
Nótese que en los casos anteriores de recursos de casación contra una sentencia de los tribunales de apelaciones que no era definitiva o que no ponía fin al proceso, la Corte no dio entrada a los recursos por considerarlos inadmisibles.1


La Suprema Corte de Justicia cambió su propia posición contra lo que dice la ley y dio entrada a la tramitación de un nuevo recurso.
Esto le habilita en los hechos una oportunidad para, cuando tenga que resolver en definitiva sobre el tema de fondo, poder eventualmente volver a sostener su visión de que los crímenes de la dictadura prescribieron y clausurar la indagatoria penal.


En cuestiones jurídicas puede haber –y de hecho lo hay– posiciones encontradas sobre la aplicación del derecho, incluso entre los propios tribunales, fundamentalmente respecto de aquellas situaciones que requieren labores complejas de interpretación jurídica porque las normas no son claras o admiten más de una interpretación.
Notorio es que en materia del juzgamiento de crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar discrepamos con la interpretación jurídica que la Suprema Corte de Justicia viene efectuando recientemente sobre la prescripción de los delitos y hemos dado nuestros argumentos.2 Es obvio que hay dos corrientes jurídicas enfrentadas en los tribunales y en la doctrina.
Cuando se trata de aplicar el derecho a un caso concreto la última palabra la tienen, en el acierto o en el error, los jueces; y cuando un asunto es sentenciado por la Suprema Corte de Justicia acaba la cuestión judicial, aunque no termina el debate jurídico que nutre la evolución del derecho.
Se compartan los argumentos de una sentencia o se discrepe con ellos, la esencia del Estado de Derecho republicado es acatar y cumplir con las decisiones del Poder Judicial.
Y las acatamos. Esto no implica ocultar nuestra discrepancia sobre fundamentos jurídicos que pueden ser controvertidos, tal cual lo hemos hecho precisamente en el tema de la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura. Sin embargo, ingresamos a un plano diferente cuando una resolución del máximo órgano jurisdiccional es, a nuestro criterio, manifiestamente ilegal.
Acatamos la decisión pero aquí no solamente se trata de discrepar con sus fundamentos sino de advertir sobre su ilegalidad.
Es gravísimo que la mayoría de la Suprema Corte de Justicia haya desconocido una norma legal de procedimiento y haya dado trámite a un recurso de casación inadmisible.
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1 Sentencia N° 1243/2013 de 26 de junio de 2013, en IUE 2-114252/2011: “…va de suyo que aquellas decisiones interlocutorias que no ponen fin al proceso no son interlocutorias con fuerza definitivas y, por ende, no admiten el recurso de casación”. Sentencia N° 1712/2009 de 26 de octubre de 2009, en IUE 172-1146/2002: “La Suprema Corte de Justicia declarará inadmisible el recurso de casación. En efecto, la sentencia que desestima la prescripción extintiva…, no integra el elenco de las interlocutorias que ponen fin al proceso –art. 268 del CGP (Cf. Sentencias Nos. 2983/92, 1017/94, 795/95 y 263/2000).” Sentencia N° 1713/2009 de 26 de octubre de 2009, en IUE 2-28536/2008. Sentencia N° 1737/2009 de 4 de noviembre de 2009, en IUE 2-14900/2006.

2 Oscar López Goldaracena, Las violaciones a los derechos humanos de la dictadura deben juzgarse por ser crímenes de lesa humanidad. Crímenes de Lesa Humanidad, Principio de Legalidad y Régimen de Imprescriptibilidad, La Justicia Uruguaya, tomo 147, 2013, Jurisprudencia Comentada, págs. 81 a 120.
Dr. Óscar López Goldaracena

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