la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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jueves, 19 de febrero de 2015

Justicia, justicia y más justicia





La transición  democrática iniciada en marzo de 1985 tiene aún importantes desafíos por delante para lograr la plena vigencia de las normas de derechos humanos y  de todas las disposiciones constitucionales inherentes a un sistema democrático republicano de gobierno.

La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el instrumento internacional más avanzado y más exhaustivo en cuanto a la definición de los derechos que tienen las personas que han sufrido graves violaciones. Al mismo tiempo es el documento que detalla de manera pormenorizada las obligaciones de los Estados para superar con justicia y dignidad situaciones como las vividas por nuestro país durante el terrorismo de Estado. 

A la hora de evaluar los avances, diagnosticar el estado de situación para identificar los desafíos a encarar, es el estándar de calidad, el patrón de medida para evitar los subjetivismos de derecha y de izquierda, los voluntarismos y los mesianismos.

La Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de la ONU establece cinco elementos básicos y esenciales para superar situaciones traumáticas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Verdad, justicia, memoria y reparación son aspectos sustanciales que resumen la labor que deben llevar adelante los estados de acuerdo a sus normas y disposiciones constitucionales para afirmar la normativa internacional, pacificar y reconciliar a las sociedades,  dignificar a las víctimas y evitar que los hechos puedan volver a repetirse.

La implementación de la Resolución 60/147 de la ONU no es una apuesta al pasado sino una inversión estratégica de largo aliento para construir sociedades armoniosas, pacíficas y civilizadas. El Relator Especial de la ONU, Pablo de Greiff, tiene la responsabilidad de supervisar y de asesorar a los países miembros en cuanto a la implementación de dicha norma en cada uno de los  países.

En Uruguay, en materia de verdad y justicia para las graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones, privación agravada de la libertad, torturas, abusos sexuales, secuestros de niños, más allá de los avances indudables que se han registrado, especialmente en los últimos diez años, solo un pequeño puñado de represores y golpistas ha sido enjuiciado y condenado, a diferencia de lo ocurrido en Argentina donde más de un millar de represores se encuentran en prisión luego del debido proceso. 

A pesar de que la detención masiva de ciudadanos asociada a las torturas y los malos tratos fue la metodología deliberadamente seleccionada por las fuerzas armadas para destruir a los opositores y de que varios militares han reconocido en tribunales haber participado en ellas, hasta el momento no ha habido ni un solo procesado por dicho delito.

Uruguay ha avanzado poco en materia de Verdad y Justicia, no solo por el pacto mafioso y criminal de los represores. Hay una gran zona de oscuridad y de impunidad debido a que quienes dieron el golpe de Estado y perpetraron las graves violaciones a los DDHH siguen teniendo una gran influencia. Aún conservan poder político, ideológico, económico, militar, en los medios de comunicación,  como para impedir que se apliquen las normas y las leyes que los condenarían. Sigue habiendo impunidad como resultado del poder, aunque no hagan ostentación de él, que siguen teniendo los terroristas estatales, que no son solamente quienes se agrupan en los desprestigiados centros militares.

Al Pepe lo que es del Pepe

Bajo amenazas y “ruido de sables” al retornar a la vida democrática lograron votar en diciembre de 1986 la ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esta norma, aprobada sin los votos necesarios como amnistía, alteró el sistema institucional y supeditó al Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Consagró, en los hechos,  la impunidad para los responsables de las graves violaciones y de los crímenes cometidos durante el proceso iniciado en junio de 1968  que desembocó en el terrorismo de Estado desembozado.

Recién en octubre de 2009, a instancias de la fiscal Dra. Mirtha Guianze, la Suprema Corte de Justicia mediante la Resolución 365/2009 estableció la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso  Nibia Sabalsagaray y mantuvo dicho criterio para recursos posteriores.

Como resultado de dicho pronunciamiento,  en octubre de 2011, el Parlamento aprobó la ley 18 831 que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado y devolvió al Poder Judicial su autonomía e independencia. Luego de más de dos décadas de debilitamiento institucional y del Estado de Derecho, el Poder Judicial recobró su legítimo cometido de investigar, esclarecer, llegar a la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables y enjuiciarlos.

El restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado para las graves violaciones a los derechos humanos es el principal y más importante legado, aunque no el único, de la administración del presidente Mujica en lo referido al pasado reciente. Desde el punto de vista legal, desde octubre de 2011, no existen obstáculos legales para que la justicia actúe y cumpla con su razón de ser.

Ha sido acompañado de declaraciones y gestos poco enérgicas en materia de compromiso con las normas de DDHH,  de actitudes que hemos cuestionado como el mantenimiento de Fernández Huidobro como Ministro de Defensa a pesar de los obstáculos permanentes que tuvo hacia el accionar de la justicia o el  desconocimiento de la Recomendación de la Institución Nacional de DDHH de diciembre de 2012 sobre las leyes reparatorias.

Verdad, justicia, memoria y reparación

El nuevo gobierno ha anunciado el pasado viernes su intención de crear una Comisión de Trabajo para seguir avanzando en los temas referidos al pasado reciente con un particular énfasis en la temática de los Detenidos Desaparecidos. Ha anunciado su compromiso de colaborar activamente con el poder judicial para que el mismo pueda desempeñar su labor, nada fácil, por cierto, dado el pacto de silencio de los criminales y el paso del tiempo. También ha anunciado su intención de avanzar en otros aspectos importantes para superar los estragos del terrorismo de Estado.

La justicia no es ni ha sido nunca un obstáculo para llegar a la verdad. Ha sido precisamente la ausencia del pleno funcionamiento del poder judicial,  debido a la Ley de Caducidad durante más de dos décadas, lo que ha impedido mayores avances. La lucha por restablecer la pretensión punitiva del Estado estuvo siempre en primerísimo lugar en la agenda de las organizaciones sociales, habiendo convocado incluso un Referéndum en el año 2009 para lograrlo.

También ha anunciado su intención de avanzar en otros aspectos importantes para superar las secuelas nefastas  del terrorismo de Estado en materia de dignificación de las víctimas ante la sociedad, de forjar la memoria histórica de los hechos y de leyes reparatorias que atiendan las recomendaciones formuladas por la INDDHH y el Relator Especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff.

Nos congratulamos de que la temática de afirmar la normativa de DDHH figure en la agenda del próximo gobierno con un mensaje claro e indubitable al respecto y de que a tales efectos se vaya a conformar un grupo de trabajo específico que nuclea a reconocidas personalidades de diferentes ámbitos sociales.  Es un anuncio importante y trascendente. Es indudable la ausencia de protagonistas de primer nivel en la misma como el Pit – Cnt por poner solo un ejemplo.  No haber sido informados de la iniciativa con antelación y enterarnos por la prensa de que no seríamos convocados, con criterios que no compartimos, no le restan valor ni importancia ni mérito al anuncio gubernamental que consideramos muy auspicio y al cual apoyaremos activamente con propuestas e iniciativas.

La celebración del “Día del Liberado” (expreso político) el próximo Sábado 14 de marzo al cumplirse 30 años de la liberación de los últimos expresos políticos de la dictadura será una instancia de reafirmación de valores y de compromiso militante de nuestro colectivo. Para seguir avanzando.

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Opinando Nº 2 – Año 4 – Jueves 19 de febrero de 2015

viernes, 6 de febrero de 2015

El futuro en serio: que haya justicia





El reciente informe de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con algunas afirmaciones que no compartimos, ha puesto nuevamente al desnudo las inconsistencias  de la democracia uruguaya, más allá de las apariencias y de los símbolos exteriores de ella. Sin ser tremendistas, las normas de DDHH referidas al pasado dictatorial, tal vez lejano en el tiempo pero actual en la sensibilidad social,  no se aplican a cabalidad. El poder judicial, uno de los pilares del sistema democrático republicano de gobierno no cumple con sus cometidos básicos y esenciales  con auténtico compromiso.

A casi 30 años de la recuperación democrática, como resultado de elecciones que se llevaron a cabo con centenares de presos políticos en las cárceles y decenas de proscriptos para participar en ellas, más allá de las múltiples instancias electorales que se han celebrado, de la rotación de partidos en el gobierno, de la vigencia de las libertades y derechos consagrados por las disposiciones constitucionales, el Estado de Derecho aún no tiene sólidas bases, sus cimientos se siguen apoyando en arenas movedizas por dos grandes factores.

En primer lugar, como lo señala el informe de la CIJ, coincidente con lo señalado meses atrás por el Relator Especial de la ONU Pablo de Greiff, las normas y leyes de DDHH no se aplican con el rigor que merecen, se desconoce incluso la Resolución 60/147 de la ONU que es el estándar de calidad para situaciones como las que vivió Uruguay. Más allá de los avances indudables que se han registrado, especialmente en los últimos diez años, solo un pequeño puñado de represores y golpistas han sido enjuiciados y condenados, a diferencia de lo ocurrido en Argentina donde más de un millar de represores se encuentran en prisión luego del debido proceso.

En un lamentable deterioro institucional, durante más de dos décadas el Poder Judicial estuvo supeditado al Poder Ejecutivo para actuar en lo referido a las violaciones a los derechos humanos, como lo señaló la Resolución 365/2009 redactada por el Dr. Jorge Chediak, actual presidente de la SCJ. Luego de la aprobación de la Ley 18 831, en octubre de 2011, que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado han sido minúsculos los avances que se han registrado en las centenares de causas que las propias víctimas directas sobrevivientes o sus familiares han impulsado a su propio costo y esfuerzo, sin apoyo estatal de ningún tipo.

El segundo elemento a considerar, el más preocupante, es que quienes dieron el golpe de Estado y perpetraron las graves violaciones a los DDHH siguen teniendo un enorme poder político, ideológico, económico, militar, en los medios de comunicación, para impedir que se apliquen las normas y las leyes que los condenarían. Sigue habiendo impunidad como resultado del poder, aunque no hagan ostentación de él, que siguen teniendo los terroristas estatales, que no son solamente los cavernícolas y nostálgicos, cada vez más desprestigiados, que se agrupan en los centros militares.

Terrorismo de Estado: un proyecto de país

El terrorismo de Estado fue un “proyecto de país” de los sectores más reaccionarios, en el marco de una estrategia continental diseñada en EEUU, para impedir los cambios y las transformaciones de fondo que los trabajadores y sectores populares reclamaban. Fue un proyecto brutal para mantener un estatu quo injusto y de privilegios para pocos. Comenzó a gestarse el 13 de junio de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco estableció las Medidas Prontas de Seguridad para congelar los salarios, intervenir la enseñanza, militarizar a los trabajadores públicos,  reprimir al movimiento estudiantil y sindical, comenzando, paulatinamente, a vaciar de contenido la institucionalidad democrática.

Las Fuerzas Armadas fueron formalmente convocadas por el Decreto 566/71 de Jorge Pacheco Areco para combatir a la “subversión” mucho después de que la sangre de Líber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos regara  las calles montevideanas en defensa de la democracia y la libertad, que las torturas fueran frecuentes en la Policía,   que miles de trabajadores estatales hubieran sido militarizados y de que el Escuadrón de la Muerte cobrara las primeras víctimas.

Meses después, ya con el nombre de Fuerzas Conjuntas (la policía fue supeditada a las fuerzas armadas), fueron tácitamente autorizadas a torturar cuando por iniciativa del Poder Ejecutivo, que integraba el Dr. Julio María Sanguinetti, la Asamblea General del Parlamento, el 15 de abril de 1972, solamente con los votos de los legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional, declaró el Estado de Guerra Interno: suspensión de las garantías individuales, eliminación de los plazos legales para que las personas privadas de su libertad comparecieran ante un juez y sometimiento de todas ellas a tribunales militares (denominados Justicia Militar).

El resultado inmediato de la Declaración del Estado de Guerra Interno fue la ejecución por parte del Ejército de 8 militantes del Partido Comunista (PCU) en la Seccional 20 en la madrugada del lunes 17 de abril y el despliegue en todo el país de un plan represivo que incluyó la tortura masiva, sistemática y generalizada en las miles de detenciones que se registraron a partir de ese momento para aniquilar, en primera instancia, a las organizaciones que enfrentaban el proyecto reaccionario armas en mano. Luis Batalla, militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el 25 de mayo, fue el primer asesinado en la tortura en el Departamento de Treinta y Tres. Según cifras del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), más de 2.000 uruguayos fueron sometidos a la Justicia Militar, luego de ser bárbaramente torturados, durante el correr del año 1972.

Una vez recuperada la institucionalidad democrática, esos mismos sectores  políticos, con honrosas y dignas excepciones, promovieron y aprobaron  la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y batallaron a capa y espada por su mantenimiento, incluso luego de que la Suprema Corte de Justicia, en octubre de 2009, estableciera su inconstitucionalidad para el caso Nibia Sabalsagaray.

Justicia para llegar a la Verdad

Nuestra institucionalidad democrática, conquista de la resistencia y de la más amplia lucha popular, le confiere al Poder Judicial la responsabilidad exclusiva y monopólica del ejercicio sancionatorio de las infracciones a la ley. Con el auxilio de la Policía es él quién tiene que indagar las actividades y acciones con apariencia delictiva, esclarecer los hechos, llegar a la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables, enjuiciarlos y sancionarlos. La búsqueda de la verdad en todas las situaciones de delitos es una responsabilidad del Estado uruguayo en su conjunto, de sus tres poderes, específicamente del Poder Judicial, tal como lo establecen las disposiciones constitucionales vigentes.

El esclarecimiento de lo ocurrido con los casi 200 detenidos desaparecidos, delito que de acuerdo a la normativa internacional que Uruguay ha ratificado es de carácter permanente y se sigue cometiendo mientras no se hallen fehacientemente los restos, se aclaren las circunstancias de los hechos y se identifique a los responsables directos y la red de complicidades, es una responsabilidad constitucional del Poder Judicial ofreciendo las máximas garantías a todos los involucrados, tal como se ha hecho y se sigue haciendo en la Argentina y en Chile con resultados muy importantes y con cifras harto elocuentes.

No compartimos la tesis predominante en las máximas jerarquías gubernamentales de que la justicia impide llegar a la verdad o de que ella es un obstáculo para esclarecer lo ocurrido. Refleja una visión institucional equivocada aunque uno de los grandes logros de estos años haya sido el haber restablecido la plena independencia del poder judicial y la plena pretensión punitiva del Estado. Es una afirmación a contrapelo de la experiencia internacional y de lo ocurrido en Argentina y en Chile. Ha sido la falta de actuación de la justicia, debido a la resistencia de los terroristas estatales, a su miserable pacto de silencio, y a la vigencia de la Ley de Caducidad durante más de 20 años, lo que ha impedido mayores avances al respecto en nuestro país.

Los crímenes NO prescribieron

La Ley de Caducidad, vigente desde diciembre de 1986,  supeditó al Poder Judicial al Poder Ejecutivo con respecto a todas las violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado y cercenó el derecho constitucional de las víctimas sobrevivientes y de sus familiares a la justicia, tal como lo estableció la Resolución 365/2009 de octubre de 2009 de la SCJ, redactada por el actual presidente de la misma, Dr. Jorge Chediak.

Como lo señala la doctrina jurídica en forma unánime, aunque no se  considere Crímenes de Lesa Humanidad a la desaparición forzada, a los asesinatos políticos, a la tortura y a los abusos sexuales como correspondería,  el tiempo en que estuvo vigente la Ley de Caducidad no  puede ni debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de las graves violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo desde el 15 de abril de 1972. Durante su vigencia estuvo cercenado para miles de uruguayos el derecho de acceder plenamente a la justicia. Al injustamente impedido no le corre el plazo.

Más y mejor democracia

Los expresos políticos sobrevivientes del horror tenemos la obligación moral de testimoniar lo ocurrido, de trabajar para que la tragedia de la dictadura nunca más se repita. Es una batalla que se libra en mejores condiciones trabajando unidos y organizados democráticamente como lo hacemos en Crysol desde hace más de una década. La lucha por justicia para que haya verdad es todo lo opuesto al concepto de venganza. Enfrentar la impunidad es el esfuerzo constante y permanente por afirmar la institucionalidad democrática, de profundizar la democracia conquistada, por expandirla, llevarla a su mayor expresión: es el único camino para avanzar en la justicia social, el progreso, las transformaciones de fondo, la liberación nacional y senderos con horizontes y utopías socialistas.

La implementación de la Resolución 60/147 de la ONU en todos los planos, la norma internacional de DDHH más avanzada y actualizada en cuanto a definir las obligaciones estatales y los derechos de las víctimas de graves violaciones, es el único camino que asegura la no repetición y permite mirar el futuro con ojos de esperanza.

Aunque se avanzó en aspectos importantes y valiosos en la administración que culmina, no se hizo todo lo que se debía hacer ni con la intensidad militante que correspondía. El próximo gobierno deberá hacerse cargo de los desafíos pendientes, incluso en los aspectos reparatorios, tal como lo señaló la Institución Nacional de DDHH (INDDHH), el Relator Especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff y recientemente la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Es la ruta a transitar para seguir superando el legado del terrorismo de Estado.

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Opinando Nº 1 – Año 4 – Viernes 6 de febrero de 2015

domingo, 1 de febrero de 2015

Causa Plan Cóndor en Italia

La información al instante


El testigo de la causa que investiga el Plan Cóndor en Italia Lewis Rostán criticó a la Secretaría de DDHH de Presidencia y al Ministerio de Defensa y a quienes acusó de no brindar información: “Chiarino por lo menos decía no tengo conocimiento”.

Montevideo Portal - 31 1 15


Lewis Rostán y el periodista de Agesor Roger Rodríguez declararán en la causa que investiga el Plan Cóndor y el asesinato de varios ciudadanos italianos durante las dictaduras de la década del setenta. Según informó Agesor, los testigos pidieron información a varios organismos del Estado pero el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia no se las dieron.

La documentación, que sí fue entregada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe ser presentada antes del 12 de febrero para que sea incorporada al expediente.

Vencido ese plazo, se podría habilitar la incorporación de nueva documentación el día que el testigo va a declarar, pero siempre con el aval del Tribunal que entiende en la causa.

Según dijo Rostán a Montevideo Portal en la Secretaría de Derechos Humanos no estaba Graciela Jorge y le dijeron que no podían darle la información en ese momento porque tenían otras prioridades.

En tanto en el Ministerio de Defensa, no le respondieron: “He pedido entrevistas con el ministro desde que asumió”, afirmó Rostán que dijo que para el nuevo gobierno que asume el 1º de marzo, esperaba “un cambio de criterios o de nombres”.

Consultado, sobre si desde el Ministerio de Defensa no se daba la información deliberadamente o se trataba de otro tipo de razones, Rostan respondió: “Yo no puedo juzgar la intención, pero no responden nada. Me hace acordar a Juan Vicente Chiarino, aunque Chiarino por lo menos decía ´no tengo conocimiento´.

En cuanto a la posibilidad de haber realizado un pedido de acceso a la información, tal como lo habilita la ley 18.381, Rostán señaló que no se hizo por la feria y también porque se pensó que no era necesario dado que el gobierno es querellante en la causa.

El juicio en primera instancia comenzará el próximo 12 de febrero en el Tribunal de Roma y en él estarán imputados un total de 32 personas, entre los que se encuentran los uruguayos Juan Carlos Blanco, el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, el general Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Ricardo Arab, Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Conrado Álvarez y Ernesto Soca.

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martes, 27 de enero de 2015

Nuevo impulso

Estudiantes de Derecho de la Udelar harán pasantías en causas vinculadas a los derechos humanos.

La diaria - 27 1 15

El Observatorio Luz Ibarburu, que hace el seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, elaboró un proyecto de convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), para que estudiantes de esa carrera hagan pasantías voluntarias y honorarias en causas relacionadas con denuncias por crímenes de la dictadura. La iniciativa fue presentada originalmente por el decano de ese servicio universitario y profesor grado cinco de técnica forense, Gonzalo Uriarte, que se reunió a finales de diciembre con Raúl Olivera, uno de los referentes del Observatorio Luz Ibarburu. Aunque todavía falta la aprobación del Consejo de la Facultad de Derecho, ambas partes confían en que este acuerdo institucional empezará a aplicarse durante este año lectivo.

"Es algo importante, porque es una tarea muy compleja. Nosotros tenemos registrados unos 250 expedientes y en muchos casos carecen de abogados patrocinantes de los denunciantes y de las víctimas. Son denuncias que se presentaron antes de que se aprobara la Ley de Caducidad, luego se archivaron y, como pasó el tiempo, no hay representantes legales. La idea es darles un nuevo impulso con gente más joven. Contar con una mirada nueva es algo muy relevante", explicó el abogado Pablo Chargoñia, integrante del Observatorio Luz Ibarburu.
Esta red de organizaciones sociales monitorea todas las causas judiciales vinculadas con los crímenes de la dictadura. Manejan información sobre cuáles son los expedientes que tienen avances y cuáles están más demorados; en qué casos hay duplicación de pruebas y qué pruebas de un expediente pueden servirle a otro.
En el Observatorio piensan que, en principio, el acuerdo con la Facultad de Derecho puede involucrar a unos 12 estudiantes, pero es posible que terminen siendo más, según el interés que concite. Está pensado para estudiantes de Técnica Forense, una materia que se imparte en el quinto año de la carrera de Abogacía.
Chargoñia recordó que el decano de Derecho expresó, en un seminario que organizó el año pasado el Observatorio Luz Ibarburu, que es importante rescatar una noción "vinculada con lo que se conoce como litigio estratégico, es decir, una mirada a largo plazo en materia de derecho". "En este caso concreto, implica desarrollar la noción que tiene el derecho internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes, y promover que los jurados nacionales adopten una tesitura favorable a la aplicación de ese derecho internacional. Incorporar estos aspectos en la formación de los estudiantes de derecho es fundamental, y es la base de este acuerdo. Muchas veces la formación se acota a patrocinar casos de divorcio o de pensiones alimenticias, y es importante darles otro vuelo, otra ambición a los estudiantes. En ese sentido, es un acuerdo muy importante”, explicó el abogado.
Por otra parte, está previsto, también en el marco de este acuerdo, que desde la Facultad de Derecho se brinden cursos de capacitación para las organizaciones que integran el Observatorio Luz Ibarburu. 
La lista es larga: en esta coalición participan Familiares de Detenidos Desaparecidos, PIT-CNT, HIJOS, Crysol, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la Fundación Mario Benedetti, el Servicio Paz y Justicia, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Sur, la Mesa Permanente contra la Impunidad, Pro Derechos, el colectivo Denunciantes de Octubre de 2011, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Fundación Zelmar Michelini, el Movimiento Educadores por la Paz, la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca y la Asociación Civil ex Trabajadores del Diario El Popular (1957/1973).
El Observatorio Luz Ibarburu patrocina unas 30 denuncias vinculadas con el terrorismo de Estado, entre las que se incluyen causas emblemáticas como las que se presentaron por torturas en el centro de detención clandestino 300 Carlos y en la sede del cuerpo de Fusileros Navales, el homicidio del militante comunista Álvaro Balbi y el caso de los fusilados de Soca, entre otros. Este año, además, contará con un equipo estable de cuatro abogados (Chargoñia, Silvia Antúnez, Florencia Retamosa y Natalia Jubin) y tiene pensado mudarse a un nuevo local en la esquina de Eduardo Acevedo y José Enrique Rodó, que fue donado por el PIT-CNT.
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domingo, 25 de enero de 2015

"Hay 240 causas" de la dictadura "paralizadas por inacción" oficial

Wilder Tyler, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, considera que Defensa y la Suprema Corte frenan investigaciones

El observador - 25 1 15 - Por Lucía Núñez


Wilder Tyler, secretario general de la

Comisión Internacional de Juristas
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que integra la ONU, publicó el lunes un informe sobre los pasos dados en la recuperación democrática y resolución de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985), luego de que una misión de juristas estudió el caso uruguayo. Según el informe, Uruguay tiene un serio problema de derechos humanos “vista la forma como sus autoridades han abordado –sobre todo en el último período de gobierno–, los dilemas del pasado reciente y permitido que un importante grado de impunidad prevalezca en el país hasta este momento”. El secretario general de la CIJ, Wilder Tyler, habló con El Observador acerca de los resultados del informe.
¿Por qué estudiar el caso uruguayo? 
Esta organización ha seguido el caso uruguayo por décadas. Hacía tiempo que no se hacía una misión, pero empezamos a recibir una serie de pedidos, sobre todo de familiares de desaparecidos y abogados en causas de este tipo, que nos dijeron que estaban pasando una serie de cosas raras. Después tuvimos las sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que creó una conmoción porque estableció que no son crímenes de lesa humanidad los crímenes cometidos por la dictadura. Allí ya se empezó a generar un tanto de alarma. Este último episodio del ministro de Defensa (Eleuterio Fernández Huidobro) y las críticas a Serpaj, de alguna manera precipitó toda esta recepción sobre el tema.
¿Han tenido algún comentario sobre el informe por parte de las autoridades?
Aún no tuvimos respuesta del gobierno porque es muy reciente todo, pero nosotros vamos a tratar de seguir el diálogo. Yo creo que dentro de poco vamos a estar contactándonos con el gobierno del Frente Amplio para discutir, porque hay una legitimidad acá. Esta organización se preocupó durante muchísimos años por la suerte de las víctimas de la dictadura y nos parece importante ir ocupándonos ahora.
El informe trata de una nueva “tendencia de la inacción” a resolver los crímenes de la dictadura por parte del gobierno, ¿en qué consiste esta tendencia? 
Se han notado cosas que vienen, sobre todo, de las autoridades más altas a nivel presidencial. Una cosa que yo presencié, fue que el presidente de la República (José Mujica) dijo en un reportaje televisivo que la Justicia tiene “un olor a venganza” al hablar sobre este tema. Cosa que también sorprendió mucho porque, básicamente, nosotros vemos que es necesaria la Justicia para que no haya venganza. También que no se pronuncien en absoluto sobre el tema de la verdad. Después de esfuerzos que se hicieron durante un tiempo, los resultados para saber lo que pasó con los desaparecidos han sido muy magros. 
¿Cuáles son los principales obstáculos?
Por un lado, por el ministro de Defensa y la respuesta sistemática de que no existe información sobre ciertos temas, y que nos parece muy extraño porque las Fuerzas Armadas de cualquier país del mundo son bien conocidas por ser instituciones que registran todo. Esto aunado al tema de la SCJ que, enfrentada a situaciones de este tipo, toma opciones que son las más conservadoras posibles para cerrar estos casos. Tiene que quedar claro que, para este tema, cortes de Justicia de otros países muy cercanos al nuestro, como Argentina o Chile, hicieron opciones de justicia, no de impunidad. De alguna manera, esto pone a Uruguay en contravención de la normativa internacional, de la cual es parte.
¿Qué intereses podría tener el gobierno en la búsqueda de impunidad?
En primer lugar, hay una falsa apreciación del valor de este tema. Hay quienes dicen la impunidad trae o acarrea tranquilidad y armonía social, cosa que está probado que es incorrecto. La impunidad acarrea antagonismo a nivel social. Está clarísimo que este tema no se liquida por decreto. Si el tema sigue vigente es porque hay una necesidad de que algo no ha sido terminado. El tema de los desaparecidos es un tema que no se termina hasta que no se sabe lo que pasó. En segundo lugar, las personas que están a cargo de esto, el presidente y el ministro, quizá ven esto como un tema nada más entre aquellos que estuvieron involucrados en el conflicto armado, digamos los tupamaros y las Fuerzas Armadas. Pero la verdad es que una enorme mayoría de las víctimas no estuvo involucrada en el conflicto armado, no fueron combatientes, sino que fueron víctimas civiles. Entonces, es incorrecto que se trate a todo el mundo como si hubieran sido combatientes. Los niños desaparecidos y las mujeres violadas, ¿de qué combatientes se nos habla? Es un tema en el que creo que hay una apreciación histórica muy equivocada de lo que fueron aquellos años.
Durante la investigación se habló con legisladores, ¿qué opiniones tienen al respecto?
Hubo diferentes versiones porque los investigadores hablaron con gente de todos los partidos políticos. No hablaron con la SCJ, no porque no quisieran, sino porque la corte no los recibió. A pesar de que se les pidió con anticipación, la corte dijo que estaba muy ocupada para hablar de estas cosas. 
¿Se extrajo alguna cifra de la cantidad de casos resueltos y los que quedaron sin resolver?
Hay una veintena de militares procesados para miles y miles de casos de tortura. Hay alrededor de 240 causas judiciales que se han ido paralizando progresivamente en este último período como resultado de algunas de las sentencias de la SCJ, por inacción de los fiscales y también porque este tema necesita que haya cierta iniciativa política de parte del gobierno. Si el gobierno empieza a decir que “la Justicia tiene mal olor” está claro que se desalienta el fenómeno.
¿Considera paradójico que sea el Frente Amplio desde el gobierno y con Mujica de presidente quien realiza lo que ustedes denuncian?
No solo es paradójico porque Mujica está en el gobierno, sino también porque es un gobierno que ha hecho mucho en materia de derechos humanos en otros ámbitos: derechos de los niños, las mujeres, matrimonio igualitario. Hay una cantidad de aspectos en los que se han avanzado y, de alguna manera, rechina que sobre un tema tan pesado, tan cargado, tan enraizado en la conciencia del país y del debate nacional, adopten una posición de este tipo. 
¿En qué sentido consideran la clemencia humanitaria (arresto domiciliario) como evidencia de la impunidad del gobierno? 
Nos llama la atención que, justamente, sean los presos que están en mejores condiciones. Además, desde el Derecho Internacional, la clemencia incluso está considerando si el violador de derechos humanos ayuda a esclarecer el destino de la víctima. Pero está claro que en estos casos no se trata de gente que esté ayudando a esclarecer nada. Más bien que hay un acto mafioso de no decir qué fue lo que pasó. Suena muy raro este tema de pedido de clemencia para individuos que no tienen la más mínima consideración por sus propias víctimas.
¿Cómo es el vínculo del gobierno con las ONG involucradas?
El tema fue generado por el ataque contra Serpaj que tuvo un efecto conmovedor en mis colegas. Nos preocupó que no hubiera reprimenda pública sobre esto por parte del presidente porque el ministro de Defensa representa al Estado y al gobierno y además tiene bajo sus órdenes nada más y nada menos que la fuerza. La verdad, fue un exabrupto antidemocrático que nos dejó a todos muy perplejos.
¿Seguirán analizando el tema?
Nos interesa mucho hablar con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez porque su gobierno hizo muchos progresos en esta materia. Queremos alentarlos a retomar aquel espíritu de trabajo que fue tan importante en Uruguay.
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sábado, 24 de enero de 2015




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martes, 20 de enero de 2015

Pasado reciente

Organización mundial de jueces defendió a Serpaj y cuestionó a Defensa y la SCJ por investigaciones de delitos en dictadura.

La diaria - 20 1 15 - Por Facundo Franco


La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), ONG con sede en Ginebra, difundió ayer un informe de la situación de la “lucha por verdad y justicia” en los delitos ocurridos en la última dictadura cívico-militar, elaborado a través de varias misiones de la organización en Uruguay durante 18 meses. 

En el informe señala que en el país se generó “un muy elevado nivel de impunidad para los autores de violaciones graves a los derechos humanos” entre 1973 y 1985, al tiempo que sostiene que en los últimos años el Poder Ejecutivo “no ha tenido mayor interés en escudriñar el pasado reciente” y en “estrechos círculos gubernamentales” predominó la “teoría de los dos demonios”. Según el informe “Uruguay parecía haber galvanizado la resolución para avanzar en un enfoque a largo plazo de este tema durante la segunda mitad de la década pasada, pero ahora se ha estancado, y amenaza con retroceder”.
En su misión en Uruguay, la CIJ dice haber recibido “serias y fundadas quejas”sobre la “falta de apoyo” de algunas autoridades, “que debían colaborar con los elementos y pruebas que los jueces necesitan para actuar contra los violadores de derechos humanos”. Los testimonios que la organización consultó -principalmente ONG y abogados de las causas- mostraron que “los peores obstáculos se han encontrado en el Ministerio de Defensa Nacional”. “El Ministerio les ha negado -también a los jueces letrados que iniciaban investigaciones- las listas de militares que en un momento dado revistaron en una unidad militar, los legajos personales de algunos altos oficiales, direcciones de soldados a quienes los abogados patrocinantes de las víctimas querían hacer comparecer ante el Juzgado y otras informaciones fundamentales para dar impulso a los procesos”, destaca el informe. 
Además, sostiene que para eso se aducen razones “que no parecen válidas a simple vista”, como que “ese tipo de documentación no se ha conservado en el Ministerio”.
Otro poder
El informe también responsabiliza al Poder Judicial del escaso avance de las investigaciones, especialmente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La CIJ concluye que “la SCJ ha asumido una importante cuota de responsabilidad en las acciones para terminar, a cualquier costo, con la investigación de las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes gubernamentales durante la dictadura militar”. 
La organización considera que los contenidos de sus sentencias en estas causas “niegan y son violatorios del derecho internacional”, y también menciona la aplicación de sanciones “disfrazadas” -como traslados “inconsultos e infundados”- a jueces de lo penal que quisieron seguir con los procesos a miembros de las Fuerzas Armadas.
La organización internacional asegura que la SCJ tuvo “un grave y deplorable enfoque” cuando, “debido a su alta investidura, debería estar a la cabeza de los esfuerzos institucionales para que la sociedad uruguaya realice plenamente los ideales de verdad y justicia respecto de algunos de los peores crímenes cometidos en la historia del país”. Además, recomienda revisar los mecanismos de designación, ascenso, traslados y sanciones de los jueces, porque “parecería que la forma actual no alcanza a ser considerada como un procedimiento abierto, transparente y adecuado, que privilegie el mérito y el esfuerzo de los jueces por sobre otras consideraciones”.
El informe también recomienda la revisión del Estatuto de los Fiscales Letrados del Ministerio Público, porque en opinión de la CIJ, “los Fiscales hubieran podido desarrollar un papel más activo” en los casos de violación de derechos humanos denunciados al término de la dictadura. Además, recuerda que de acuerdo con la normativa internacional, “si la violación de los derechos humanos implicó delitos penales, esos delitos deben perseguirse ex officio sin necesidad de que exista queja o denuncia de parte”.
Organización
El informe también alude al vínculo del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil en la materia -en particular Serpaj-, uno de los temas que estuvieron en agenda últimamente. La CIJ considera que estas organizaciones deben ser apoyadas, reconocidas y bienvenidas en un debate “abierto y respetuoso”, al tiempo que indica que “la injuria y los ataques” las perjudican, pero hacen lo mismo con “el gobierno que las tolera”. “La CIJ considera que sería muy importante que el gobierno entrante en Uruguay confirme que reconoce el rol que las ONG de los derechos humanos tienen en la sociedad, dando así un mensaje claro a todos los sectores involucrados”, agrega el informe. En el sitio web de la organización, el secretario general de la CIJ, Wilder Tayler, afirma que “los ataques del ministro de Defensa [Eleuterio Fernández Huidobro] contra las organizaciones de derechos humanos, aludiendo a una conspiración internacional desestabilizadora, son reminiscentes de los años de la dictadura y han causado alarma en la comunidad internacional”.


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miércoles, 14 de enero de 2015

Miguel Dalmao y el homicidio de Nibia Sabalsagaray

La muerte del general Miguel Dalmao, procesado y condenado a 28 años de prisión por el asesinato de Nibia Sabalsagaray en junio de 1974, ha permitido el florecimiento de una acotada campaña de exculpación del occiso que incluye, naturalmente, a sus compañeros de armas y amigos, pero que se extiende a algunos medios de prensa y sus más destacados columnistas, que no dudan en calificar a Dalmao como un “botín” y a su muerte como una “llaga en el Estado de Derecho”.

Caras y caretas - 11 1 15 - Por Leandro Grille


En la hipótesis sobre la que asientan sus reflexiones, Miguel Dalmao no pudo haber sido responsable del asesinato de Nibia porque, en primer lugar, no se habría probado que Nibia fuera asesinada y, en caso de que así sucediera, sería improbable que Dalmao, que era un joven alférez en ese momento, haya tenido la responsabilidad sobre su muerte. Habida cuenta, entonces, del conjunto de lo no probado y el conjunto de lo improbable –abunda ese tipo de aseveraciones matemáticas en los artículos de marras–, cabe concluir, para sus autores, que Miguel Ángel Dalmao fue preso por ser el “botín más preciado” del Partido Comunista, o que todas las actuaciones judiciales vinculadas a los delitos cometidos por el terrorismo de Estado, incluida esta, han tenido un “tufo a revancha”. Entre los allegados a Dalmao, sobre todo militares, en actividad o en retiro, hay quienes señalan complotados a jueces, fiscales y organizaciones de derechos humanos para sentenciar sin pruebas o con argumento fragilísimos, pasando por arriba incluso del derecho de los victimarios a un juicio justo. Pero volviendo a los periodistas, la frase final de la nota de Gabriel Pereyra en El Observador conviene citarla íntegra: “La dictadura militar quedará como una dolorosa mancha en la historia de la democracia uruguaya. La forma en que procedió la politizada Justicia con algunas consecuencias de aquella dictadura, será otra mancha más en la historia del Estado de Derecho, cuya solidez se mide no sólo por la forma en que protege el derecho de las víctimas, sino también, y sobre todo, el de los victimarios”.

Veamos. Es más fácil escribir una nota que leer todo el expediente judicial que abre paso a una condena o dar seguimiento a todos los testimonios que se producen en torno a una causa a lo largo de los años. Pero no debemos olvidar que el mentado Estado de Derecho reserva la función de administración de justicia al Poder Judicial y si bien los dictámenes en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito penal, siempre serán motivo de polémica, las resoluciones judiciales deben ser apeladas formalmente ante tribunales superiores del propio poder, que para eso existen varias instancias antes de considerarse una cosa juzgada. En ese marco, los textos más o menos inculpatorios o las monumentales y encendidas defensas de los condenados en la palestra pública pueden cumplir una función política o constituir testimonios éticos insoslayables, pero de ningún modo deben erigirse por encima del poder público ni sustituir a los que tienen la responsabilidad constitucional de juzgar. En un Estado de Derecho que se precie, el grito de la tribuna es simplemente eso: grito de la tribuna, nada más y nada menos.
Si uno se toma el trabajo de estudiar el caso de Nibia Sabalsagaray, lo primero que salta a las claras es que Miguel Ángel Dalmao tuvo algo que ver con su muerte. Por lo menos, algo que ver. Nadie puede pasar por alto que era él quien ejercía, esa fatídica madrugada, la jefatura de la unidad antisubversiva en el batallón de transmisiones número 1, suplantando a su jefe, que estaba sancionado. Él, por alférez que fuera, era oficial del S2 a cargo ese día, y además fue él, Dalmao, el que firmó el informe militar en que se da cuenta del presunto suicidio de Nibia. Las inconsistencias sobre la versión del suicidio son múltiples y para aclarar el caso se tomaron diversidad de testimonios, participaron innumerables peritos y actuaron cuatro fiscales y cinco jueces, incluyendo fiscales penales, de corte, jueces penal, de apelaciones y una jueza más que es la que determina la condena. En todos los casos, coinciden con señalar la responsabilidad en el grado de coautores tanto del extinto general Dalmao como del coronel retirado Chialanza, que era el jefe del batallón en ese momento, y cuyos procesamientos fueran dictaminados en 2010, luego de que la Suprema Corte de Justicia decretó la inconstitucionalidad de la ley de caducidad para ese caso.
No tiene sentido ahondar en los detalles que surgen del expediente. Cualquiera puede leerlo. Pero hay que contestar crudamente a los que se obstinan en situar el procesamiento con prisión de Dalmao, y hasta su posterior muerte –como si la muerte natural de Dalmao fuera una parte constitutiva de una sentencia y no un hecho natural acaecido mientras cumplía su condena–, como una “llaga en el Estado de Derecho” o como el fruto de una conspiración, un negociado o un ánimo de revancha caprichoso. Todo el mundo puede tener la opinión que quiera sobre lo que pudo suceder o no esa noche, pero resulta innegable que si Dalmao no fue el autor del interrogatorio –verbigracia, apremio y tortura física y psicológica– y homicidio de Nibia, sí estuvo directamente implicado en la fragua intelectual de una versión de suicidio que no ocurrió jamás, porque Nibia Sabalsagaray no se suicidó, y ese invento, y su posterior propagación formal, resultan especialmente infamantes para con la memoria de una joven militante, profesora de literatura recién egresada, a punto de casarse con su compañero, a la que quisieron matar dos veces: la una directamente, y la otra, atribuyéndole incluso la autoría de su propia muerte.
La verdadera llaga en el Estado de Derecho desde el retorno de la democracia es y ha sido la impunidad. La ley de impunidad ha permitido que no se juzgara a nadie durante más de treinta años y, cuando por fin pudo abrirse una puerta para que ingresara la Justicia, los militares y ex militares se han comportado como una cuerpo mafioso supeditado a un juramento de omertà. Esa práctica de ocultamiento le cabe también al general Dalmao, y quizá ha sido tan o más responsable de su castigo que cualquiera de las pericias. Si Dalmao no lo hizo, si no cometió el asesinato de Nibia, entonces protegió hasta el último instante de su vida a quienes sí lo hicieron. Su declaración por escrito a la Justicia y, en especial, su rectificación posterior, cuando las pruebas se acumulaban en su contra, son tremendamente incriminadoras. Casi no dejan lugar a dudas. 
Se podrá discutir siempre si Marcos Carámbula podía, como estudiante al borde del egreso, constatar científicamente que Nibia no se había suicidado, pero lo que hizo fue un acto valiente, sumamente valiente, y profundamente honesto. Lo que él vio exactamente, el tipo de heridas que tenía Nibia, la marca en su cuello, eran incompatibles con un suicidio, y además las recordó –y las siguió recordando toda su vida– y se las relató al doctor Julio Arzuaga, profesor titular de Medicina Legal, decano de la Facultad, que fue contundente y le dijo que eso que Carámbula relataba no era un suicidio. Pero no se puede discutir que fue “ablandada” primero, apuntándole con focos de una camioneta al borde de un foso –de eso hay hasta testigos militares, que no fueron llevados a declarar por los abogados de la familia de Nibia, sino que concurrieron motu proprio–, que fue interrogada –y eso siempre incluía torturas– después, y que fue una muerte violenta.
Si finalmente Miguel Ángel Dalmao no la mató, entonces encubrió. Pero si fuera cierto que le dieron la orden de que firmara el informe militar de la muerte de Nibia, debió decir ante la Justicia quién le dio esa orden. Y si, por una peregrina circunstancia, finalmente no sólo no participó del interrogatorio, la tortura y la muerte de Nibia, y apenas firmó un papel que contenía el informe oficial de un “suicidio” en el cuartel sin ni siquiera haber leído lo que decía el informe y sin poder recordar haber firmado lo que firmó –algo absolutamente inexplicable para un joven alférez pero “experto” en “interrogatorios”, con curso aprobado de lucha antisubversiva en la Escuela de Las Américas en Panamá y titular del S2 de inteligencia militar en el hoy batallón de comunicaciones número 1–, entonces los que lo hicieron, los militares que dieron la orden, que fraguaron el informe y que asesinaron a Nibia son los verdaderos complotados, los verdaderos corruptos. Y, además, traidores a su propio subalterno –entonces– y, en apariencia, amigo hasta el día de su muerte, que permitieron que un camarada, que era inocente, muriera condenado por un crimen que no había cometido.
Los militares de la época pueden escribir a Búsqueda o expresarse en el entierro con dureza, y decir, haciéndose los guapos, que buscarán venganza contra fiscales y jueces, pero a la hora de la hora protegen su pellejo y están dispuestos a que cualquier perejil se pudra tras las rejas sin hacerse cargo de lo que hicieron. No son guapos, nunca lo fueron; lo que hicieron fue de bestias y de cobardes, y siguen siendo bestias y cobardes hasta el día de hoy, por eso cacarean donde pueden, pero no asumen sus crímenes, no reconocen sus actos y, si efectivamente Dalmao no fue coautor y murió preso, habrá sido por culpa de la pusilanimidad de sus camaradas, que prefirieron no hacerse cargo.

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lunes, 12 de enero de 2015

Hay que cerrar Guantánamo y devolverle el territorio a Cuba

Publicado el 9 de enero de 2015

Amy Goodman, con la colaboración de Denis Moynihan

Esta semana se cumplen trece años de la llegada de los primeros prisioneros tras el atentado del 11 de septiembre de 2001 a la prisión de la Bahía de Guantánamo, la cárcel más tristemente célebre del planeta. Este sombrío aniversario, y el comienzo de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, sirven como recordatorio de que tenemos que cerrar definitivamente esta cárcel y devolverle el territorio a sus propietarios legítimos: el pueblo cubano. Es hora de poner fin a este capítulo oscuro de la historia estadounidense.
“El centro de detención de Guantánamo para los individuos contemplados en esta orden ejecutiva se cerrará tan pronto como sea posible”. Eso dijo el presidente Barack Obama cuando anunció hace casi seis años una de sus primeras órdenes ejecutivas, el 22 de enero de 2009. A pesar de eso, la cárcel sigue abierta, con 127 prisioneros que permanecen allí luego de que Kazajstán aceptara recibir a cinco ex prisioneros que fueron puestos en libertad el pasado 30 de diciembre. Según la información pública, ha habido 779 presos retenidos en la base desde 2002, algunos de los cuales permanecieron detenidos por más de diez años sin que se presentaran cargos en su contra ni fueran sometidos a juicio. Gracias a WikiLeaks y a su presunta fuente, Chelsea Manning, sabemos la mayoría de sus nombres.
El coronel Morris Davis fue el fiscal general de Guantánamo entre 2005 y 2007. Dimitió después de que un funcionario designado por George W. Bush anulara su decisión de prohibir el uso de las pruebas obtenidas bajo tortura. En una entrevista, Davis me dijo: “Yo estaba convencido de que no estábamos comprometidos a celebrar juicios completos, justos y abiertos, y que iba a predominar el teatro político más que la justicia”. Obama nombró un enviado especial para el cierre de Guantánamo, aunque la persona que más recientemente ocupó el cargo, Cliff Sloan, renunció abruptamente a finales de diciembre, sin dar motivos. En un artículo de opinión recientemente publicado en el periódico New York Times, Sloan escribió: “Como me dijo una vez un funcionario de seguridad de alto rango de uno de nuestros más firmes aliados en la lucha contra el terrorismo (no de Europa): 'La mejor medida que puede tomar Estados Unidos para luchar contra el terrorismo es cerrar Guantánamo'”.
Estados Unidos ha impuesto un aplastante bloqueo a Cuba desde hace más de medio siglo, con el pretexto de castigar al pequeño país por su forma de gobierno. ¿Qué tipo de alternativa les mostramos a los cubanos en esa esquina de su isla controlada por Estados Unidos? Una cárcel militar infernal, que está fuera del alcance de las leyes de Estados Unidos, donde cientos de hombres han sido retenidos, la mayoría sin cargos, y muchos de los cuales han sido golpeados y torturados.
El presidente Obama critica con toda razón a Egipto por el encarcelamiento de tres periodistas de Al Jazeera: Peter Greste, Mohamed Fahmy y Baher Mohamed. “Tanto de forma pública como privada fuimos claros respecto a que deben ser liberados”. Eso dijo el presidente Obama a la prensa el pasado mes de agosto. Sin embargo, y por desgracia, basta con que Egipto mire a Estados Unidos para determinar cuál es el tratamiento aceptable de los periodistas de Al Jazeera. Sami al-Hajj era camarógrafo de esta cadena de noticias y se hallaba cubriendo la invasión estadounidense de Afganistán en 2001 cuando los militares paquistaníes lo apresaron y entregaron a las fuerzas estadounidenses. Tras diecisiete días brutales en la Base Aérea de Bagram fue trasladado a Guantánamo, donde estuvo detenido sin cargos durante más de seis años. Fue torturado, golpeado y humillado. Al-Hajj inició una huelga de hambre de 480 días y fue sometido a alimentación forzada a través de tubos nasales. Quedó en libertad en mayo de 2008.
En diciembre de 2012 estuve con Sami al-Hajj en la sede de Al Jazeera en Doha, Qatar, donde dirigía la oficina de Derechos Humanos y Libertades Públicas de la cadena. Me dijo que durante el tiempo que permaneció en Guantánamo, Estados Unidos intentó forzarlo a convertirse en espía:
“Empezaron a hacerme la oferta de darme la nacionalidad estadounidense y cuidar de mi familia si trabajaba para ellos en la CIA mientras continuaba con mi trabajo de periodista para Al Jazeera. Querían que les envíe información sobre el vínculo entre Al Jazeera y Al Qaeda y otros grupos terroristas y algunas personas en Medio Oriente. Por supuesto que me negué a hacerlo. Les dije: 'Yo soy periodista, y moriré siendo periodista'".
Estados Unidos sabía que Sami al-Hajj era inocente pero quería que espiara a Al Jazeera, y por ello lo sometió a varios años de duro encarcelamiento en un intento de quebrarlo.
Estados Unidos tomó la Bahía de Guantánamo por la fuerza en 1898 durante la Guerra hispano-estadounidense y obtuvo de parte de Cuba la cesión y usufructo indefinido de la propiedad en 1903. 
Devolverle la Bahía de Guantánamo a Cuba significaría comenzar a remediar más de un siglo de agravios perpetrados por el gobierno de Estados Unidos allí. Y más importante aún: la devolución de la base naval y prisión de la Bahía de Guantánamo hará que sea más difícil que los futuros criminales de guerra, ya sea que estén liderando la Casa Blanca, el Pentágono o laCIA, y sus partidarios en el Congreso, utilicen Guantánamo como un calabozo fortificado y remoto para infligir tortura y terrorismo contra los prisioneros, muchos de ellos inocentes, lejos de los ojos del pueblo estadounidense y lejos del alcance de la justicia.
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