la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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sábado, 13 de septiembre de 2014

martes, 9 de septiembre de 2014

Desatino mayúsculo






Hay que rebuscar mucho en la historia uruguaya para encontrar una ley tan inconstitucional como la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Aprobada en diciembre del año 1986 y ratificada mediante un plebiscito en abril del año 1989, instancia que por cierto no logró subsanar sus defectos de origen y de sustancia, se lleva todos los premios en materia de inconstitucionalidad.


Al retornar a la institucionalidad democrática y comenzar a procesarse por la justicia las primeras investigaciones por las graves violaciones a los DDHH cometidas durante la dictadura, ante la primera convocatoria formal a que declarara un conspicuo grupo de involucrados, el Tte. Gral. Medina, comandante en jefe de la época, instó al Poder Ejecutivo la aprobación de una noma que pusiera punto final a este peligro para evitar un retroceso institucional. Las fuerzas armadas no estaban dispuestas acatar las disposiciones del Poder Judicial. Habían vuelto a los cuarteles ante la derrota del Plebiscito constitucional de 1980 y el repudio ciudadano incontenible pero  sus convicciones democráticas y republicanas eran una simple apariencia formal para evitar males mayores.


El presidente de ese momento, Dr. Julio María Sanguinetti, entendió que era conveniente atender el reclamo corporativo de las fuerzas armadas. Con ese fin envió al Poder Legislativo un proyecto de ley de amnistía para los militares y policías involucrados en los graves delitos. Dicho proyecto fue rechazado en el ámbito parlamentario y fracasó como iniciativa legal.


Nuevas convocatorias judiciales a militares y la férrea negativa de las fuerzas armadas a cumplir con las normas legales impulsaron al Dr. Julio María Sanguinetti a llegar a un acuerdo con sectores del Partido Nacional que derivó en la aprobación de la Ley 15 848: Ley de Caducidad de la pretensión punitiva.


Mediante dicha norma, el Estado renunció a castigar a los militares y policías involucrados en las graves violaciones a los DDHH perpretradas durante la dictadura, en primer lugar. Además se estableció que ante cada denuncia que por dichos delitos se presentaran en los juzgados, el Poder Judicial debía solicitar autorización al Poder Ejecutivo para procesar las mismas. Formalmente el Poder Judicial quedó supeditado a las decisiones del máximo órgano político de nuestro país.


Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y un amplísimo abanico de fuerzas sociales y políticas promovieron entonces un plebiscito popular para derogar dicha ley. Llevado a cabo en el mes de abril de 1989, la mayoría de la población votó a favor de mantener dicha ley por un escaso margen de votos.


La gran vuelta de tuerca.


En Octubre de 2009, ante un recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal Dra. Mirtha Guianze para el caso Nibia Sabalsagaray, asesinada por torturas en el año 1974 en un cuartel, la Suprema Corte de Justicia estableció, en sentencia ratificada ante nuevos recursos presentados, y que sigue vigente hasta el día de hoy, que la Ley 15 848 era inconstitucional, que violaba las disposiciones legales y  no debía aplicarse.


La Resolución 365/2009, redactada por el Dr. Jorge Chediak, con el voto conforme de tres actuales integrantes del cuerpo, el Dr. Jorge Larrieux, actual Presidente del máximo órgano y del Dr. Jorge Ruibal Pino, no tuvo la trascendencia pública y mediática que merecía. Fue adoptada y difundida a escasos días de la instancia electoral que consagró el ascenso a la presidencia del actual mandatario, José Mujica. Judicialmente condujo a que el Gral. Julio Dalmao fuera procesado por el asesinato de la profesora Nibia Sabalsagaray junto con quien fuera en el momento del crimen el responsable del cuartel, el Tte. Cnel ® José Chialanza.


El Dr. Julio María Sanguinetti principal instigador de la Ley de Caducidad, defendió a capa y espada, en un reciente debate televisivo, dicha norma definiéndola como una amnistía equiparable a la que se otorgó a los expresos políticos de la dictadura. El punto de vista del exmandatario es contrario y opuesto, claramente, a lo afirmado por SCJ en la Resolución 365/2009.


Si bien es potestad legítima del Parlamento otorgar indultos y amnistías en circunstancias excepcionales, en ocasión de aprobarse la Ley de Caducidad no se cumplió con las regulaciones formales que establece la Constitución para dichas leyes. La Ley de Caducidad, como amnistía, no podía aprobarse en ese período legislativo pues ya se había aprobado la Ley 15 737 que excluyó expresamente a los militares y policías y, además, un proyecto específico, en tal sentido había fracasado tres meses antes.


Según las normas constitucionales vigentes, cuando un proyecto de amnistía es rechazado por el Parlamento, un proyecto similar o de igual tenor no puede aprobarse hasta el siguiente período legislativo, es decir, se debería haber esperado el gobierno del Dr. Lacalle Herrera para hacerlo.


Además de este aspecto, el Dr. Jorge Chediak señala en la Resolución 365/2009 que las leyes de amnistía, según lo establecen las disposiciones constitucionales, requieren de mayorías especiales en la votación de la Asamblea General que no se obtuvieron en este caso concreto: faltó un voto de un diputado para que la Ley de Caducidad pudiera ser aprobada legítimamente como Ley de Amnistía por el número de votantes a favor.


Un aspecto sustancial e importante mencionado por la Resolución 365/2009 para declarar la inconstitucionalidad de la Ley 15 848, lo constituye el hecho de que la misma interfiere con las legítimas atribuciones que tiene el Poder Judicial de acuerdo a nuestra constitución. Es precisamente sobre esta característica que hace hincapié el Dr. Jorge Chediak cuando señala: “declarar la caducidad de las acciones penales, en cualquier supuesto, excede las facultades de los legisladores e invade el ámbito de una función constitucionalmente asignada a los jueces”.


Más adelante el fallo de la SCJ que comentamos señala que el Artículo 3 de la Ley 15 848 es inconstitucional pues le atribuye al Poder Ejecutivo funciones que son propias del Poder Judicial, el cual según el artículo 233 de la Constitución será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y Juzgados en la forma que estableciere la ley. Es clarísimo para la SCJ, y así lo remarca en la Resolución, que las disposiciones de la Ley 15 848 conculcan la separación de poderes que la organización democrático-representativa constitucional del país les confiere sólo a los jueces del Poder Judicial.


El Artículo 3 de la Ley de Caducidad condiciona la “actividad jurisdiccional a una decisión del Poder Ejecutivo, con eficacia absoluta, lo cual colide ostensiblemente con las facultades de los Jueces de establecer quiénes son o no son responsables de la comisión de delitos comunes, que como se dijo, es función del Juez ordinario y de nadie más”. Esta función jurisdiccional, de neto rango constitucional, no puede ser otorgada a otra autoridad o Poder del Estado sin transgredir el principio de separación de poderes.


Las víctimas impedidas de ejercer sus derechos.


La SCJ señala claramente que debido a la Ley de Caducidad las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos se vieron impedidas de ejercer sus legítimos derechos a la justicia. La Ley de Caducidad fue un obstáculo insalvable, una muralla infranqueable,  para que quienes sufrieron secuestros, torturas, abusos sexuales, privaciones agravadas de la libertad, crímenes, asesinatos y desapariciones forzadas pudieran lograr que los responsables directos e indirectos de ellos fueran juzgados y castigados. Las víctimas se vieron imposibilitadas de ejercer derechos garantizados constitucionalmente.


Lo dispuesto por la SCJ  en la Resolución 365/2009 es muy importante,  tiene connotaciones jurídicas actuales ya que un principio básico del derecho establece que al injustamente impedido no le corre el plazo de prescripción. El tiempo en que la Ley 15 848 estuvo vigente no puede ni debe computarse a los efectos del plazo prescripcional de los delitos. Es la posición que lógicamente deriva de la sentencia que en su momento redactara el Dr. Jorge Chediak.


El plebiscito: irrelevante desde el punto de vista jurídico.

Los defensores de la Ley de Caducidad, quienes se opusieron en forma militante a su anulación y votaron en contra de la Ley 18 831 que en octubre de 2011 restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado argumentaron que la Impunidad había sido refrendada por el cuerpo electoral en el plebiscito de 1989.


Una lectura atenta de la Resolución 365/2009 pone en evidencia que  la oposición a restablecer la pretensión punitiva del Estado obedeció a posturas políticas y/o compromisos previamente asumidos. No hubo un verdadero compromiso democrático, republicano, ni de apego a las normas constitucionales. Pedro Bordaberry, incluso en estos días, en visita a Amnistía Internacional que reproduce “Búsqueda”, reafirmó su postura pro impunidad ignorando lo establecido por la Suprema Corte de Justicia en cuanto a su inconstitucionalidad.


Para la Corporación la ratificación popular que tuvo lugar en el recurso del plebiscito promovido contra la Ley en 1989, y el argumento es válido para la fracasada iniciativa del referéndum en 2009, no proyecta consecuencia relevante alguna con relación al análisis de constitucionalidad de la norma.


El Soberano no fue convocado para pronunciarse sobre la naturaleza jurídica ni sobre las mayorías con las que fue dictada la Ley, función propia, específica y exclusiva de la SCJ de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 72 de la Constitución. En nuestro ordenamiento legal solamente la SCJ determina la constitucionalidad de las leyes.


Una ley nefasta para el país y la salud democrática.


La inmensa mayoría de los uruguayos tiene hoy sumamente claro que la Ley de Caducidad fue inconstitucional desde todos los ángulos.  También fue nefasta y perjudicial para la salud de la democracia. Impidió la afirmación plena de las normas de DDHH como valores básicos para una convivencia pacífica, civilizada y enriquecedora. Sus efectos siguen proyectándose hasta el día de hoy, superando incluso el ámbito específico para el cual fue diseñada extendiéndose hacia toda la sociedad.


En Uruguay, al amparo de la caducidad de la pretensión punitiva, solo un reducido grupo de criminales seriales ha sido enjuiciado y condenado para demérito de las normas constitucionales y de DDHH. Hasta el momento una parte mayoritaria de los involucrados ha evadido a la justicia alentando la posibilidad de que las conductas delictivas puedan volver a repetirse en el futuro. La plena transición democrática iniciada en marzo de 1985 implica la implementación en la realidad del país de las disposiciones de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas. Es el instrumento internacional que especifica las obligaciones de los Estados.  Es el estándar de calidad institucional para superar la tragedia de la dictadura, el patrón de medida para una democracia sólida y con perspectivas de futuro, de Nunca Más terrorismo de Estado.


Equiparar la posibilidad de suprimir el delito de abuso innominado de funciones del Código Penal con la ley que impidió que decenas de criminales fueran juzgados, supone una inaceptable banalización de los delitos que ella amparó. Disminuye hasta límites absurdos el padecimiento sufrido por miles de uruguayos que lucharon por la libertad y la democracia en el país. Ofende la memoria histórica de lo ocurrido, le resta valor y significado a la lucha por Verdad y  Justicia, a la batalla por recuperar los restos de los detenidos desaparecidos, que desde hace décadas miles de uruguayos, entre ellos los expresos políticos agrupados en Crysol, venimos desplegando.


La verdad: una auténtica joya del arte de desmerecer la gravedad de los delitos y del daño ocasionado por el terrorismo de Estado. Casi una  encubierta y rebuscada apología del delito, un desatino mayúsculo.


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Opinando – Año 3 – Martes 9 de septiembre de 2014

viernes, 5 de septiembre de 2014

Sigue sin cerrar

Falta de información militar dificulta búsqueda de restos de desaparecidos, sostiene antropóloga del GIAF.

La diaria - 4 9 14 - Por Lourdes Rodríguez

Alicia Lusiardo será la nueva cara visible del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), cuya coordinación estaba a cargo de José López Mazz hasta su renuncia. Se incorporó al GIAF en 2007 como especialista en el análisis de restos óseos. 

Es antropóloga egresada de la Universidad de la República, de la que es docente, y se formó como forense en la estadounidense Universidad de Florida, ya que no existe en América Latina esta posibilidad. 

Presidió la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense y en la actualidad integra el Comité de Certificación de esa organización, que otorga a los antropólogos forenses latinoamericanos un aval de cumplimiento de estándares mínimos dentro de la disciplina. 

Es experta en mecanismos de respuesta rápida de la Justicia para la identificación, preservación y reporte de información relacionada con genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ejerce como perito forense en tres estados de México y ha participado en la exhumación de los restos de João Goulart en Brasil y, en Uruguay, en la localización y análisis de los restos de Timoteo Aparicio.

¿Es la nueva coordinadora del GIAF?

-No. El equipo, ante la noticia del alejamiento de López Mazz, tuvo varias reuniones y decidió que no queríamos tener un nuevo coordinador. López Mazz cumplió esa función en un momento en que el equipo estaba formándose. Ahora decidimos cambiar un poco la forma de trabajo. Tenemos una persona elegida para ser un referente, un nexo permanente con la Justicia y la Secretaría [de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia], y esa persona soy yo. Queremos que esto sea el GIAF y no un “equipo de” o un “equipo coordinado por”.

¿Qué opinión tiene de la salida de López Mazz?

-No queremos hablar de lo que motivó su salida; él ya ha hablado. Pero me gustaría decir que no se ha vivido con el dramatismo que algunos medios de prensa le han colocado. Éste es el mismo equipo, no dejó de trabajar ni un solo día. Es un equipo que está maduro y consolidado. Perdimos a un gestor, a una persona muy mediática, a alguien que conformó a este equipo.

¿Cómo está conformado ese equipo y cuál es su rol?

-Somos diez. La antropología tiene varias ramas; la arqueológica tiene que ver con búsqueda de material. Dentro del equipo hay un componente muy fuerte de arqueólogos que han ido incorporando el tema porque ninguno tenía formación en este tema -López Mazz tampoco-. Todos hicimos camino al andar, adaptando todas las técnicas arqueológicas clásicas a un contexto legal y forense. Eso se cubrió bien, pero faltaba la parte de análisis de restos óseos [su especialidad] porque, ¿qué pasaba ante la aparición de restos? Los de Ubagesner [Chaves Sosa] y [Fernando] Miranda pasaron directo al Poder Judicial. Ya en los casos de [Julio] Castro y [Ricardo] Blanco hicimos nosotros el análisis.

¿Cómo es una jornada de trabajo del GIAF?

-Los que venimos al laboratorio tenemos distintas tareas: llamamos a testigos, organizamos la información, revisamos mapas o podemos tener una pericia para realizar. La otra parte va directo al Batallón 13 [lugar actual de excavación] a las 8.00 y allí comienzan las tareas pautadas hasta las 16.00: continuar con una trinchera, hacer tareas de grillado, una prospección. Sólo excavamos en el marco de la causa de María Claudia [García de Gelman]. Los testimonios indican que está enterrada en predios donde también hay otras personas, pero la estamos buscando a ella.

¿El traslado de las excavaciones del Batallón 14 al Servicio Material de Armamento dentro del Batallón 13 significa un avance en la búsqueda?

-No encontrarla se puede ver como una búsqueda en vano, pero el no hallazgo va delimitando testimonios. Al intervenir se puede decir: “Aquí no hubo una persona enterrada, estos testimonios no son válidos”. Avance sería encontrar a María Claudia. El mayor problema es la calidad de la información. Tenemos un montón de testimonios, pero hasta ahora han probado ser inexactos y los predios son muy grandes. Necesitamos una estrategia o un compromiso de esferas más altas del Estado para conseguir esa información.

¿La investigación puede suplantar la falta de información?

-Lo hemos hablado mucho. Esto no va a ser eterno. Si no llegara más información y tuviéramos que trabajar con lo que tenemos, va a llegar un punto, no muy lejano en el tiempo para lo que es la causa de María Claudia, en el que vamos a tener que suspender la búsqueda. No se puede inventar el trabajo. Si no llegara más información, esto es una historia a muy corto plazo.

¿Sí o sí tienen que hablar los militares?

-Sin duda. Ésas son las problemáticas que tenemos en Uruguay. Las desapariciones son dentro de predios militares.Tiene que dar el paso al frente alguien que haya visto o participado colateralmente en esa situación.

¿Con qué hipótesis trabaja el GIAF?

-Los testimonios son los que posibilitan armar una hipótesis. Una es la existencia de la Operación Zanahoria. Muchos que hacen alusión a desenterramientos de cuerpos. Se trabajó en eso y en ningún caso hemos encontrado evidencia clara y científica que pruebe que tuvo lugar. No se puede hacer una remoción perfecta sin que quede ningún vestigio de vestimenta, ni de cal -que es el patrón que tenemos- ni de alguno de los 206 huesos que tiene un esqueleto. Tendrían que haber sido operaciones militares con técnicas arqueológicas a la perfección; no es posible.

¿Cómo se explica la aparición de fragmentos óseos en el Batallón 14?

-En el 90% logramos determinar que son animales. Para los que están en un estado de mucho deterioro y han perdido ya las características morfológicas claras hay que aplicar otro tipo de técnicas. Hemos mandado a distintos laboratorios [de Argentina y Estados Unidos] y esos resultados aún los estamos esperando.

¿Y los dos restos parciales que menciona López Mazz?

-Por un lado hace referencia al radio que apareció en 2006 en la trinchera número 12 [del Batallón 13]. Se estableció que era humano, se mandó a tres laboratorios diferentes, y no se pudo extraer el ADN. Aparece en un contexto de relleno, junto con losas provenientes de una calle. Que aparezca un resto humano en el batallón en este contexto no es inmediatamente igual a que se trata de un desaparecido. Después hay un fragmento de peroné que es de la misma trinchera en la que aparece el radio y que se mandó a estudiar ahora porque recién el año pasado se identificó como humano.

¿Habría fosas comunes?

-Hay testimonios de que en algunos sitios hay una equis cantidad de cuerpos y hay investigación histórica que habla de traslado de personas. Si nos basamos en lo que encontramos y otras evidencias de campo no podemos confirmar ni la Operación Zanahoria, ni fosas comunes, ni ejecuciones masivas, y mucho menos la inminencia de otro hallazgo.

¿Cuál es el plan de trabajo?

-Tenemos contrato hasta octubre. Nos reunimos con la secretaría para manifestarle nuestra voluntad de seguir y la preocupación por la culminación. Demostró interés en continuar y en hacer los esfuerzos para la renovación, que iría hasta febrero, que sería el fin del mandato de José Mujica. La renovación depende del próximo gobierno.

¿Ha sido útil el equipo especial que hace un año designó el Ministerio del Interior como auxiliar de la Justicia para crímenes cometidos en dictadura?

-Nos llamaron en una oportunidad para asesorar en el marco de una investigación. Ése fue el único contacto. Hemos planteado a la secretaría la necesidad de vincularnos más con ellos, de desarrollar un área de tipo criminalista que no es la nuestra.

¿Cómo es su vínculo con Familiares de Detenidos-Desaparecidos?

-Para alegría del equipo, cuando se dio la noticia de la renuncia de López Mazz, la primera organización que nos llamó fue Familiares. Pidió una reunión a todo el equipo, manifestaron su apoyo y su total confianza en lo técnico y en lo humano. A partir de entonces hemos empezado a tener reuniones periódicas con ellos. Creemos que pueden jugar un rol más activo del que han tenido hasta ahora. Antes no teníamos la posibilidad de vincularnos con ellos tan libremente como ahora.
*Para aportar información, con reserva, al GIAF: 24032026 y 098814004 o


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sábado, 30 de agosto de 2014

Marca de la memoria en CX30

LA MEMORIA COMO ABRAZO

Caras y Caretas - 30 8 14

En una ceremonia encabezada por la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, gran cantidad de oyentes y ex trabajadores de CX 30 se congregaron en la puerta del Palacio Salvo, donde se ubica el histórico estudio desde donde La Radio se constituyó en una herramienta de la resistencia a la Dictadura cívico-militar que sometió al Uruguay entre 1973 y 1985.

Marcas de la Memoria de la Resistencia es un proyecto que desarrollan la Intendencia de Montevideo, la Asociación Memoria de la Resistencia, el PIT CNT y la Universidad de la República.

En una primera etapa fueron 26 testimonios en lugares símbolos de la lucha del pueblo uruguayo contra la dictadura, al momento se han agregado otras tres.

Sobre este proyecto dijo Antonia Yañez, de la Asociación Memoria de la Resistencia: “Si se hace memoria y se ordenan los acontecimientos transcurridos entre estas fechas, particularmente los vinculados a la recuperación de la historia reciente, podría explicarse la razón del tiempo transcurrido”.

En agosto de 2006 el Instituto de Diseño la Facultad de Arquitectura presentó el proyecto “Lugares de la Resistencia”, propuesta que se gestó a pedido de la Asociación Memoria de la Resistencia 1973-1985.

En junio de 2010, la Junta Departamental de Montevideo aprobó el proyecto. En una resolución que fue votada en forma unánime por todas las fuerzas políticas.

La concreción de la obra se realiza mediante un convenio elaborado entre la Asociación, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Intendencia de Montevideo y el PIT-CNT.

En la marca se recuerda el papel que jugó La Radio, encabezada por José Germán Araujo, como faro de resistencia. Hicieron uso de la palabra, Fernanda Blanco, por la Asociación Memoria de la Resistencia 1973-1985; el acalde del Municipio B, Carlos Varela; Mateo Grille, director de CX30; Alberto Grille, director de CX 30 a la salida de la Dictadura y la intendenta Ana Olivera, quien destacó el símbolo que significó para aquello años el proyecto de comunicación.

 La Radio tuvo un rol preponderante la lucha por la libertad del pueblo uruguayo, este viernes Ana Olivera, recordó especialmente cuando durante el plebiscito de año 1980 CX30 armó una red de corresponsales -entregando más de dos mil carné de prensa- con los que salvaron la prohibición de participar como delegados en los circuitos de votación organizando un muestra de los resultados.

La placa que se instaló en la vereda frente al palacio Salvo dice lo siguiente: “CX 30 LA RADIO. Los medios de comunicación y particularmente CX 30 La Radio, tuvieron una actuación destacada en la promoción de la resistencia popular, ciudadana y democrática contra la dictadura cívico militar instaurada el 27 de junio de 1973”.

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martes, 26 de agosto de 2014

El dedo en la llaga

Antes de concretar su renuncia, López Mazz habla de la búsqueda de desaparecidos en Uruguay.
La diaria - 26 8 14 - Por Lourdes Rodríguez

Este viernes, el antropólogo José López Mazz dejará formalmente la coordinación del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), aunque entregará el informe de lo actuado en unas semanas. 
Admite que hubo diferencias con Familiares de Detenidos-Desaparecidos -“yo ya había saneado la situación”-, pero evita hablar de eso. Argumenta que ya “cumplió un ciclo” en ese rol, que su renuncia estaba planteada desde hacía meses y que deja un equipo preparado para continuar las investigaciones.
-¿Qué demostraron los cuatro hallazgos en estos diez años?
-Yo diría seis: cuatro hallazgos de enterramientos completos identificados [Ubagésner Cháves Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco] y restos residuales de dos personas distintas cuyo ADN no fue identificado en el chequeo con el banco de datos uruguayo ni el argentino. Los hallazgos confirmaron la existencia de desaparecidos; eso puede ser evidente para una parte de la población, pero no para todo el mundo. Produjimos el hecho desaparecido-aparecido. Se confirmó que la información que dieron a la Comisión para la Paz no era correcta. Demostraron que cada uno de los casos no era lo que se había dicho, que los patrones de violencia no eran como se sostenía y que no hubo excesos esporádicos: Castro tenía un balazo en la cabeza, evidentemente se trató de una ejecución.
-¿Qué cosas facilitaron esos hallazgos y qué faltó para que se produjeran otros?
-Hasta que empezamos a trabajar, había una comisión [en referencia a la Comisión para la Paz] que averiguaba. Nosotros empezamos a investigar, a sistematizar toda la información, a clasificarla, a tratar de establecer correlatos entre indicadores ocasionales de los testimonios y los lugares. La información era igual de imperfecta, sólo que no la certificamos como hizo la comisión de Jorge Batlle, que les dio certificación de calidad a todos los datos que dio el Ejército. Nuestra investigación produjo información independiente. La información que obtuvimos nunca fue buena, siempre exigió de nosotros trabajo de análisis y de crítica que nos permitiera, a partir de ella, obtener escenarios de búsqueda e hipótesis de trabajo. Eso hemos aportado: investigación y método.
-Cuando se habla de que hay “falta de información”, ¿se habla del silencio de los perpetradores o de que se salió a buscar y no se encontró?
-Yo hago lo que me toca. Cada gobierno pretende haber hecho gestiones y financia un equipo como el nuestro, que no es barato. Nosotros trabajamos con la información que nos suministran [desde el Poder Ejecutivo] y con la que somos capaces de obtener.
-¿Hubo diferencias entre las administraciones de Tabaré Vázquez y José Mujica?
-Tuve la misma buena disposición en cuanto a los medios y las coordinaciones. Me consta que en las dos administraciones se buscó información.
-Teniendo en cuenta que habrá un cambio de gobierno, ¿de qué depende que el GIAF continúe sus investigaciones?
-De la voluntad política. La voluntad política hace que exista un crédito; si no existe un crédito, [sus integrantes] no se van a transformar en boy scouts de Familiares, la gente va a tener que ir a trabajar.
-¿Qué avances hubo en la investigación sobre el paradero de María Claudia García de Gelman?
-Trabajamos en el marco de causas, y la vuelta del Batallón Nº 14 al Nº13 solicitada por el juez [Pedro] Salazar está en el marco de una hipótesis de que tanto María Claudia como otros traídos de Buenos Aires podrían haber pasado por el 13.
-¿Por qué si Blanco estaba “a pasitos” de Castro se demoró casi un año en encontrarlo?
-Marcamos una zona de trabajo, la dividimos en lo que se podía hacer por día y en determinado tiempo. La probabilidad de que aparezcan es ese tiempo no la sabés hasta que no ejecutaste toda la zona. Estaba en una zona próxima a donde habían estado buscando con máquinas y habían retirado cuerpos, y nosotros lo que buscábamos eran cuerpos que se les habían escapado. Lo sabíamos por fotos aéreas, porque ellos estaban obligados a desmalezar para pasar la retroexcavadora con la que buscaban [los cuerpos de los desaparecidos]. Nos concentramos en los límites donde no bajaron los árboles para meter la máquina: ahí encontramos los que se les escaparon.
-¿De dónde sale la hipótesis de la existencia de la Operación Zanahoria?
-No es una hipótesis mía ni del GIAF. Esa hipótesis se la pasaron al secretario de Presidencia [durante el gobierno de Vázquez], Gonzalo Fernández. Fue la primera información que obtuvo el gobierno. También fue usada por el Ejército en el informe que envió a la primera Comisión para la Paz, pero de manera abusiva, como diciendo que habían retirado todo y no había quedado nada. Nosotros demostramos que no es así. Señalamos que para que fuera verdad deberíamos encontrar indicaciones de dónde habían trabajado esas máquinas, la tierra revuelta, restos residuales de cuerpos humanos; las huellas de las máquinas en la película de Virginia Martínez [Las manos en la tierra, de 2010] termina con eso. Y eso fue hallado. Están las huellas de las máquinas debajo de los bosques. Los restos parciales, el lugar de emplazamiento de Castro y Blanco es al borde de grandes desmalezamientos que hicieron en 1983 o 1984, buscando los cuerpos para hacerlos desaparecer. Yo no digo que [la Operación Zanahoria] haya sido exhaustiva, porque hay gente que se enoja. Yo soy científico. Establezco los parámetros de control: desde observaciones hasta la calidad de la prueba. No puedo decir que el cocodrilo vuela pero bajito.
-Es que esa hipótesis atenta contra las expectativas de quienes buscan a sus seres queridos.
-Pero no es mi trabajo cuidar las expectativas. Yo soy como un vidriero: si el vidrio está mal puesto, está mal puesto. Si me dicen que existió la Operación Zanahoria, yo te muestro las pruebas que la mostrarían. Si las encuentro no puedo estar cambiándolas; no sería serio. No nos llamaron para hacer eso. Nosotros venimos de la academia. Que no se olvide la gente de que no venimos de un comité.
-También habló de fosas comunes.
-Hay análisis de tipo criminalístico que no se han hecho porque no disponemos de los recursos humanos necesarios. Pero los patrones de violencia son bastante claros. Hay momentos en que están “matando” gente que se les muere en la tortura; eso da lugar a enterramientos próximos a lugares de tortura. Raptan gente en Buenos Aires, hacen vuelos clandestinos. Es evidente que cuando ejecutan el tipo de enterramiento clandestino no es el de muertes periódicas. Es muy probable que toda esa gente esté junta porque se necesita de un procedimiento. No es lo mismo matar a una persona eventualmente que ejecutar entre 20 y 30. Esa conducta produce otros escenarios, son patrones de violencia bastante estudiados. No digo que existan fosas comunes, digo que no lo descarto. Sólo en el caso de que hubieran salido con cada uno a cada punta del país...
-¿Cuáles serían esos lugares?
-[La información que manejamos desde el principio hace referencia a seis u ocho lugares y que en esos lugares es probables que estén]. Son lugares extensos y complicados, no te los puedo decir porque están en el marco de presumario.
-¿Cómo fue la relación con el Poder Judicial?
-Con los diez o 12 jueces con los que me ha tocado trabajar, excelente.
-¿Se reunió con Familiares después de su renuncia?
-No, me había reunido antes. La situación estaba planteada desde hacía un mes. Ya había saneado la situación, ya se sabía que en octubre me iba a ir. Y bueno, alguna cosita yo había defendido de mi autonomía técnica. Es lo que me ha dado tanto rédito y respeto. No tengo por qué renunciar a ella; para eso me manda la Universidad. Los cocodrilos no vuelan, que me disculpen. Y “familiares” es una palabra muy grande, ¿no? Hay organizaciones que tienen ese nombre. Yo no paro de recibir mensajes de familiares que también son familiares.
-¿Qué quiere decir en este contexto lo de los cocodrilos?
-Que hay cosas que son sí o no, que no son en porcentaje. A Uruguay le cuesta mucho eso. Se conjuga todo en un futuro condicional: si hubiera, si hubiese, si eso ocurriera, entonces había, y se construye una torre de Babel en la que la primera premisa es falsa y después se cayó. Consideré que soy un científico y tengo una actividad profesional, que en estos años hemos avanzado muchísimo y que hay gente formada que podía seguir trabajando, y que yo quería cumplir un ciclo. No es tan terrible eso.
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viernes, 22 de agosto de 2014

El presidente del BPS en defensa de planes electorales de Vázquez

MURRO AFIRMÓ QUE LA OPOSICIÓN HACE PROPUESTAS "SIN HACER CUENTAS"

El presidente del BPS, Ernesto Murro, elogió ayer las propuestas de Tabaré Vázquez de entregar tablets a los jubilados y la creación del Sistema Nacional de Cuidados por entender que generarán mayor equidad y justicia social en el país.


El País - Por EDUARDO BARRENECHE vie ago 22 2014



Murro habló del proyecto de las tablets para jubilados. Foto: Agustín Martínez

En un discurso de una hora y 40 minutos ante un centenar de expresos políticos congregados en la sede de Crysol, Murro también disparó a la oposición por presentar propuestas sin explicar cómo serán financiadas. "En estos tiempos se hacen promesas sin hacer cuentas", afirmó.
En el comienzo de su intervención, Murro aclaró que se encontraba en la sede de la asociación de expresos políticos como presidente del Banco de Previsión Social. "Hoy estamos ocupando la presidencia del BPS y, en esa condición estamos acá", dijo.
En una primera parte de su intervención, Murro explicó la incidencia que hoy tiene la tecnología en los hogares y en la vida de las personas.
Tras indicar que junto con organizaciones sociales el BPS entrega a jubilados y pensionistas computadoras recicladas, el titular del banco previsional señaló que existe una demanda de más equipos en este segmento de la población y agregó que, en ocasiones, muchos adultos mayores le preguntan cuándo se entregarán las tablets prometidas por Vázquez.
"Esa es una necesidad que está creciendo", dijo en alusión al incremento del uso de la tecnología en dicha franja etaria.
Tras efectuar un racconto de todos los beneficios que el BPS otorga a los adultos mayores, Murro se refirió a la creación del Sistema Nacional de Cuidados, otra de las propuestas lanzadas recientemente por Tabaré Vázquez.
El candidato izquierdista planteó que, en caso de alcanzar el gobierno, creará un sistema de cuidados que abarcará a niños de menos de tres años, ancianos y personas discapacitadas de todas las edades.
El presidente del BPS dijo que esta iniciativa hoy se puede plantear porque "antes se hicieron otras cosas" como haber extendido la jubilación, haber implementado una reforma de la salud, aumentado la cantidad de personas empleadas, triplicado las exportaciones y reducido la deuda externa.
Murro dijo que un Sistema Nacional de Cuidados "es algo raro en el mundo" y se trata de un régimen que "solo existe en países nórdicos". Agregó que en América Latina "no hay" un sistema de cuidados
Un Sistema Nacional de Cuidados es una necesidad porque "las mujeres trabajan a la par de los hombres y todavía ellas tienen que atender a los niños y a los ancianos. Tenemos que resolver esa contradicción y para eso hay que crear ese sistema", insistió el presidente del BPS.
También recordó que la expectativa de vida en Uruguay aumentó en comparación con otras regiones del mundo, lo que conlleva que existan más personas -sobre todo mujeres- viviendo solas.

Negocio redondo.


En 2005, 140.000 personas cobraban el equivalente de $ 7.000 de jubilación. Hoy, dijo Murro, solo 7.000 pasivos perciben esas cifras y eso porque reciben ingresos de otras cajas previsionales o del extranjero. "Por el BPS nadie percibe menos de esa suma", reiteró.
Murro señaló que un productor rural aporta durante su vida laboral $ 1.000 por mes y cuando se jubila pasa a cobrar $ 7.000. "No hay un mejor negocio en el país. Alguien tiene que hacer estas cuentas", advirtió.
Señaló que una situación similar ocurre con un almacenero que aporta $ 1.300 mensuales y se jubila con $ 7.000 y explicó que ambos casos ocurren porque en Uruguay funciona un sistema previsional solidario.
"Los $ 7.000 no son suficientes para vivir. Pero esas personas (el comerciante y el estanciero) aportaron $ 1.000 mensuales y habrían recibido $ 2.500 o $ 3.000 como jubilación", insistió el jerarca previsional en alusión a los aumentos por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) que otorgó el BPS en los últimos años.
Murro dijo que "no tiene gollete que los productores agropecuarios, en Uruguay, no paguen el Impuesto de Primaria".
También cuestionó a productores granjeros por solicitar la exoneración de aportes patronales cada vez que padecen una inundación o sequía.
"Ese pedido es un invento uruguayo. No existe en otra parte del mundo. Estas son las cosas que hay que discutir. Estamos en los aportes patronales más bajos de la historia de Uruguay. Antes se paga 12% y hoy 7,5%", reiteró.
Según Murro, la cifra que se paga en Uruguay por ese concepto es menor que la que se abona en Brasil y Argentina (18% y 20% respectivamente), así como también en India, China y Rusia (18%).

Jubilados: tablet o aguinaldo


Tablets o aguinaldos. Esa cuestión, que se plantean muchos jubilados, también fue abordada ayer por el presidente del BPS, Ernesto Murro, en la charla con expresos políticos efectuada en la sede de Crysol.
Murro advirtió que la disyuntiva que pretendía plantear era aguinaldo o aumento constante de las jubilaciones.
Recordó que el aumento de las jubilaciones por encima del IPC cuesta US$ 500 millones. "En la dictadura hubo aguinaldo para los jubilados. Pero las jubilaciones eran miserables", recordó.
También planteó que en lugar de otorgar un aumento de un 12% de las jubilaciones -la inflación de 2013 fue de 8,52%- se otorga un 9%, "se pueden pagar los aguinaldos. Prefiero dar aumentos constantes porque las jubilaciones crecen en el tiempo", dijo.

Tras destacar políticas sociales implementadas por el BPS, Murro puso énfasis en el programa de turismo social que benefician a 50.000 jubilados cada año. Dijo que, gracias a que Cutcsa vende al BPS ómnibus reciclados para el uso de adultos mayores, jubilados de varios departamentos recorren zonas de interés turístico. "Algunos de ellos hacía 20 años que no salían de sus barrios", contó.
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