la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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viernes, 15 de mayo de 2015


Martes 19 de mayo

Hora 20



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jueves, 14 de mayo de 2015

Lo roto se repara

Incompatibilidad entre pensiones y jubilaciones para ex presos políticos

Sala de Redacción - Facultad de Información y Comunicación - 
Por Tamara Mardones

Uruguay tuvo 20.000 presos políticos en los años de la Dictadura Cívico Militar (1973-1985), 6.000 sometidos a tribunales militares. Hoy se los obliga a elegir entre una Pensión Especial Reparatoria (PER) y las jubilaciones, subsidios u otras pensiones cuando se presenta la posibilidad de percibir ambas.
MARCO LEGAL
Se encuentra en vigencia la ley N° 18.033 del año 2006, que refiere a aquellos ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 y a la recuperación de sus derechos jubilatorios y pensionarios.
El artículo 11 de la normativa indica que “las personas comprendidas en el artículo 1° de esta ley que habiendo sido detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil y que, como consecuencia de ello sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, tendrán derecho a una Pensión Especial Reparatoria  (PER) equivalente, al momento del inicio de su percepción, a 8,5 (ocho y media) Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC)  mensuales”.
Un aspecto cuestionado desde la Asociación de Ex Presos Políticos (Crysol) sobre esta ley responde a que “no tendrán derecho a percibir la prestación establecida en el presente artículo los titulares de una jubilación, pensión, o retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por la pensión especial reparatoria”. Esto implica que aquellos expresos políticos que cumplan con las condiciones para ser amparados, deben elegir entre percibir esta PER o cualquier otro subsidio y tampoco pueden percibir ingresos superiores a 15 BPC mensuales.
OBLIGACIONES ESTATALES
Gastón Grisoni, presidente de Crysol, expresó a Sala de Redacción que “los Estados tienen la obligación de investigar, esclarecer, castigar a quienes cometen violaciones, solidarizarse con las víctimas y resarcir por el dolor, el daño moral, físico, psicológico y por la destrucción del proyecto de vida. Se tiene que abordar esta temática y, al resarcir, no te pueden obligar a renunciar a otros legítimos derechos, que son propios de un ciudadano”.
Lo ideal, según Grisoni, es compatibilizar el cobro de la PER y otra jubilación o subsidio. Para la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), ambos ingresos tienen naturalezas distintas: la PER proviene de una fuente de reparación por haber sido víctima de terrorismo de Estado y la jubilación es un derecho ciudadano adquirido, generado por trabajo, pero en ningún caso puede ser considerada como un “beneficio”, tal como se cataloga en varios pasajes del estatuto.
Como lo sostiene la INDDHH, máximo tribunal en materia de derechos humanos en el país, según la ley N° 18.446, “los Estados tienen que reparar y al hacerlo, no pueden ni deben en honor a las mismas normas de derechos humanos que se invocan, obligar o inducir, compulsiva o implícitamente, a renunciar a otros legítimos derechos ciudadanos, de naturaleza jurídica diferente, como ha ocurrido con las leyes mencionadas”.
José Luis Blasina, ex diputado socialista, estuvo presente en la votación de la ley en el Parlamento e hizo énfasis en su incapacidad para considerarla “beneficio”. Para él, un “beneficio” sería “percibir algo superior a lo que se tiene hoy”, y no es el caso, más allá de que reconoce el proceso que se realizó por parte de los partidos políticos y las organizaciones sociales para ir “de menos a más” e incluir paulatinamente cada vez más mejoras en las leyes. “Creo que apenas es una reparación, aún insuficiente como definición, porque hay cosas imposibles de reparar”, menciona.
Para el ex diputado, el esfuerzo no finalizó con la ley 18.033, sino que ésta fue un paso. Con la insistencia posterior se lograron otras reparaciones -limitadas,  pero de un gran contenido- como es el caso de la Ley N° 18.596 de 2009, que plantea la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de Junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, con el reconocimiento y la reparación a las víctimas.
Independientemente de estas percepciones, Blasina considera que la necesidad de optar entre una jubilación y la PER recae en que muchas de esas jubilaciones se obtuvieron cuando se reconocieron -en forma ficta-, los años de prisión o exilio como efectivamente trabajados y aportados al Banco de Previsión Social, por lo que implícitamente queda reconocida otra reparación, además de la PER, como pensión reparatoria en sí misma. A eso se le adiciona el monto que hubiera significado la doble percepción monetaria a cargo de Rentas Generales, que limita las posibilidades de financiamiento.
Ariela Peralta, representante de la INDDHH, conversó con SdR y manifestó que no existe ningún instrumento o tratado internacional que estipule que la o las reparaciones deban ser de determinada manera: “Los principios de las Naciones Unidas sobre reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos se fueron revisando y mejorando. Son justamente los que marcan el alcance de las reparaciones y en Uruguay (las leyes N° 18.033 y la N° 18.596) se quedan súper cortas”, expresó.
Las reparaciones recaen en puntos esenciales: atención psicosocial y jurídica, reparación simbólica y monetaria que, según Peralta, hay que contemplar en su totalidad: “No es un menú de opciones. El Estado tiene que cumplir con todos los puntos para realmente estar en armonía con la reparación integral a víctimas de graves violaciones a derechos humanos de violencia estatal”, remarcó.
La ordenanza 60/147 de las Naciones Unidas es el documento a nivel internacional que establece de manera pormenorizada y detallada las obligaciones de los Estados para superar situaciones traumáticas como las que vivió el país durante el Terrorismo de Estado y para Crysol es el estándar de calidad que se debe aplicar a las leyes actuales.
Basados en esta resolución internacional, Crysol y la INDDHH presentaron hace unas semanas una serie de propuestas a Presidencia de la República referidas al ámbito de la justicia para que fueran “investigadas, esclarecidas y sancionadas las graves violaciones a los derechos humanos”, según Grisoni.

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No hay excusas

La diaria – 13 5 15 – Por Azul Cordo


Jueza Mota criticó fallo de la SCJ por causa Julio Castro y dijo que Zabala sabía que cumplía una “orden ilegítima”



La Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) interpela: “Tenés derecho a que te chupe un huevo” lo que ocurrió en el pasado. ¿Ocurrió en el pasado? ¿Sigue pasando?

Referentes de la cultura y la academia uruguaya, entre los que se encuentran Alejandro Balbis, Mariana Percovich, Gabriel Calderón, Rafael Cotelo y el ex rector de la Universidad de la República Rodrigo Arocena, convocan a la 20ª Marcha del Silencio mediante un spot de la FEUU y reflexionan sobre la importancia de pensar que la lucha contra las violaciones a los derechos humanos no es un tema del pasado, aunque advierten: “De la verdad no hay retorno”.
Además, exhortan a “no construir la historia desde el olvido” y explican por qué la movilización de los 20 de mayo se sigue haciendo en silencio: “Podríamos juntarnos a gritar, pero no alcanzan las palabras”.
Lo mucho que falta
El video fue presentado ayer en la Facultad de Información y Comunicación (FIC), antes del comienzo de un panel sobre “Impunidad hoy” en el que participaron la jueza Mariana Mota; Elena Zaffaroni y Graciela Montes de Oca, integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Uruguayos; Eduardo Contreras, abogado y actual embajador de Chile en Uruguay, y el periodista Samuel Blixen.
“La tragedia no es sólo morir sin saber la verdad”, dice otro tramo del reclame; también podría ser que el Poder Judicial no haya hecho “el menor esfuerzo para abrir los caminos” hacia la verdad y la justicia, sostuvo Zaffaroni, ante decenas de estudiantes que colmaron el salón 5 de la FIC.
La militante destacó que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno nacional, en marzo de 2005, hubo un “cambio sustancial” respecto de la actitud para buscar justicia, pero “lamentablemente se fue a menos”. “Pensamos que iba a haber una resolución profunda y abarcativa del Estado. Se hicieron investigaciones sobre las desapariciones y se puso luz sobre operativos represivos, pero no hubo ni verdad ni justicia”.
En estos años, “los familiares se fueron haciendo un poco investigadores y abogados”, agregó. Ante esto, Mota sostuvo que “se necesita formación específica y especialización de los jueces en las causas de derechos humanos”, además de la creación de una unidad especializada.
La magistrada, que en 2013 fue trasladada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la órbita penal a la civil, consideró que desde el Estado “se debe brindar asistencia jurídica a las víctimas” y señaló que los magistrados necesitan “la colaboración por parte de los ministerios para acceder a los archivos del pasado”, además de “aprender a decodificar la información militar que logramos recibir”.
Consultados sobre las expectativas que genera la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, anunciado por el presidente Tabaré Vázquez días antes de asumir su mandato, desde Familiares, que cuenta con un representante en ese ámbito, aclararon que se trata de un espacio que “está en formación” y que su decreto reglamentario “todavía no está firmado”.
También sostuvieron, por otra parte, que es “una amenaza a la democracia” que las Fuerzas Armadas “no hayan aceptado sus delitos” cometidos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985), y criticaron el reciente fallo de la SCJ que absolvió al ex policía Ricardo Zabala como cómplice del secuestro del maestro Julio Castro, “dando lugar al argumento de la obediencia debida”.
Al respecto, la jueza Mota afirmó: “No es cierto cuando un militar dice que no sabía” qué pasaba en las unidades militares. En este caso específico “es impensable que Zabala no supiera que iba a detener a una persona, siendo él parte del sistema de represión”. “No cabe aquí la obediencia debida para Zabala, porque sabía que estaba cumpliendo una orden ilegítima”, continuó.
Emitir una sentencia así, según su punto de vista, “es aislar del contexto histórico el análisis de estas causas” judiciales, y concluyó enfatizando que “esto es un tema de todo el Estado”, en referencia a que “se destrabe” la impunidad.
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viernes, 17 de abril de 2015

Nulas y sin ningún valor para siempre





La aprobación de la Declaración del Estado de Guerra Interno el 15 de abril de 1972 por parte del Parlamento marcó el comienzo de una nueva fase de  la escalada represiva en Uruguay. El asalto a la Seccional 20 del Partido Comunista en la noche del domingo 16 fue una señal premonitoria de los tiempos oscuros que se avecinaban en  el país.  

Mediante la  creación de un mecanismo no previsto en Constitución vigente, a instancias del Poder Ejecutivo presidido por Juan María Bordaberry, se suspendieron las  garantías individuales y se consagró la intervención de la Justicia Militar desplazando al Poder Judicial de sus cometidos. Inicialmente  lo fue para el juzgamiento de las personas que fueran detenidas por las Fuerzas  Conjuntas en su plan de aniquilamiento y destrucción de los grupos armados aunque posteriormente se extendería a toda la oposición.

Las fuerzas armadas y la policía política, supeditada operativamente a ellas, obtuvieron una autorización tácita para institucionalizar y potenciar al máximo nivel las torturas a los detenidos que ya se practicaban en forma habitual.

El desplazamiento del Poder Judicial para juzgar a los detenidos supuso una  gravísima  alteración del orden institucional y del  estado de Derecho. La justicia militar, una instancia prevista para juzgar exclusivamente  a  los miembros de las fuerzas armadas, no  era un órgano autónomo e independiente. Era una instancia administrativa supeditada jerárquicamente  a  los mandos militares que ya planificaban el golpe de Estado desde mucho tiempo atrás, como ha quedado documentado.

La intervención de la Justicia Militar supuso la eliminación de las disposiciones constitucionales para detener a las personas: semiplena prueba, in fragranti delito o por orden escrita del juez competente. Además eliminó los plazos legales para la comparecencia ante un juez de los detenidos.

El empleo de la Justicia Militar fue un atropello a la institucionalidad democrática, al Estado de derecho, al sistema republicano de gobierno. Pretendió  darle un manto de legalidad al plan represivo de quienes se apropiarían  del Estado y lo gobernarían hasta el 1º de marzo de 1985.

La detención masiva de ciudadanos, incluyendo menores y adolescentes, la aplicación de torturas en forma sistemática y metódica, la prisión prolongada  en terribles condiciones de reclusión, fue la metodología deliberadamente seleccionada en Uruguay para destruir a las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, culturales o individualmente, que se oponían al proyecto de país que se implementó  en el marco de una estrategia continental de dominación diseñada en EEUU.

Con escasas excepciones, los más de  6.000 ciudadanos  puestos a disposición de los tribunales militares desde el 15 de abril de 1972, fueron torturados brutalmente: plantones durante  días, semanas y meses, encapuchados y atados, privados del sueño, de alimentación y atención médica, sin contacto con sus familiares o el mundo exterior, desaparecidos, sometidos a palizas y  golpizas constantes y permanentes, a sesiones de submarino, de tacho, choques eléctricos, colgadas y cuanta bestialidad se les ocurriera a los ejecutores de tales interrogatorios, incluyendo los abusos sexuales y las violaciones.

Los jueces sumariantes de la Justicia Militar integraban los equipos de interrogatorios.  En promedio, los detenidos en Uruguay, durante el terrorismo de Estado, permanecieron incomunicados 100 días antes de ser sometidos ante un juez formal, sin asistencia legal de ningún tipo. Todas las declaraciones de los sometidos a la Justicia Militar fueron realizadas en las salas de tortura que funcionaban en todos los cuarteles y centros represivos de la policía en todo el país.

Todos los procesados por la justicia militar, incluidos menores de edad, lo fueron en base a testimonios propios o de terceros obtenidos en sesiones de tortura. En una sociedad democrática, libre de los valores y de la cultura propia de la impunidad, dichas declaraciones son nulas y sin ningún valor para siempre. Son testimonios documentales del horror que padecieron miles de compatriotas. Todas las personas que comparecieron ante tribunales militares sufrieron gravísimas violaciones a sus derechos humanos y son víctimas directas del terrorismo de Estado.

Sólo mentes enfermas de terrorismo estatal pueden invocar dichas actas y confesiones para intentar desacreditar públicamente a un ciudadano. O ciudadana.

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Opinando Nº 4 – Año 4 - Viernes 17 de abril de 2015    


viernes, 20 de marzo de 2015

Siempre llegando

Un documental retrata la historia de los 154 niños exiliados que llegaron al país en 1983.


La diaria - 20 3 15 - Por Débora Quiring


Caravana con los 154 niños hijos de exiliados que arribaron al país en 1983.

Foto: Documental Tus Padres Volverán, s/d de autor
Una caravana multitudinaria se despliega a lo largo de la rambla. Un pueblo emocionado y cientos de niños que sonríen y saludan desde los ómnibus Leyland de la época. El motivo no era el acto del obelisco ni la proclama leída por Alberto Candeau. Tampoco la recordada Marcha del Estudiante o la celebración, después de tanto, del 1° de mayo, sino un vuelo de 154 niños hijos de exiliados que arribaban al país en medio del año 1983, instalando el desexilio en la agenda nacional e internacional.

Este hecho sin precedentes, que se llamó el “viaje de los niños”, se convirtió en un emblema: hoy volvían los hijos, pronto retornarían los padres. Pero aun así, con este cierre clave para un año fundamental en la lucha contra la dictadura militar, el hecho fue pasando a un segundo plano en la historia reciente, hasta tal punto que muchos de los que participaron en esa prolongada caravana (los ómnibus demoraron cuatro horas en llegar desde el aeropuerto a la sede de AEBU), hoy apenas lo recuerdan como una nebulosa fantasía. En 2013, cuando se cumplieron 30 años de aquel vuelo, tanto los medios de prensa como varios de los involucrados organizaron actividades que homenajearon aquella quijotesca cruzada.
Luego se sucedieron dos hechos significativos de manera paralela: por un lado, en diciembre se publicó el libro Los niños del reencuentro (de Isabel Collazo, María de los Ángeles Fein, Rosana Passeggi y Ana María Sosa), trabajo que reconstruye este hecho histórico mediante la memoria, y por otro, este mes de marzo la película Tus padres volverán, de Pablo Martínez Pessi, aguarda para circular por numerosos festivales internacionales: se exhibirá por primera vez el 4 y 10 de abril en el Festival Internacional de Cine de Cinemateca, dentro de la sección Derechos Humanos. 
El 13 se proyectará en Río de Janeiro y el 14 en San Pablo, dentro del Festival É tudo verdade. El viernes 17 del mismo mes se exhibirá en el Festival de Málaga, y si bien el estreno en Montevideo está previsto para julio, los días 24, 25 y 26 de abril se estrenará en la Cineteca de Madrid.
Candombe del recuerdo
“Tus padres volverán”. Ésa era la consigna que coreaba la multitud en medio de una de las tardes más calurosas del año, mientras de boca a boca comenzaba a circular una sola noticia: “reabrieron la 30”, en alusión a la clausura de la radio CX30 de José Germán Araújo. Y si bien la clausura se levantó unos días después, no faltaron los numerosos carteles que rezaban “Transmite CX 30”.
La película de Pablo Martínez Pessi se centra en seis de los 154 niños que volaron solos desde Europa a Uruguay para conocer a sus familiares o reencontrarse con ellos: Fernando de Meersman y Salvador Banchero residen actualmente en Uruguay, los demás volvieron a radicarse en el exterior: Cecilia Rodríguez (España), Marcos Medina (Bélgica), Jorge Garibaldi (Dinamarca) y Guzmán Tierno (Italia).
Cuando Martínez Pessi vio un informe de María Inés Obaldía al conmemorarse los 25 años del viaje, no podía creer que eso realmente hubiera sucedido. En 1983 el director vivía en Dolores y tenía sólo tres años, como varios de los niños que viajaron en aquel chárter proporcionado por el gobierno español.
En ese mismo momento comenzó a buscar información, y dos años después (2010) ya iniciaba una investigación junto al periodista Gabriel Farías, recabando los datos sobre el hecho concreto y la llegada de los niños a Uruguay.
En el proceso de gestación del viaje participó el dirigente sindical y militante socialista en el exilio Artigas Melgarejo, quien le propuso a Enrique Quico Mañero -secretario de la Juventud Socialista en España- organizar esta movilización. También el político uruguayo Víctor Vaillant, que luego de viajar a Europa para reunirse con las colectividades de exiliados uruguayos en varios países europeos, se encontró con Melgarejo en Madrid durante los primeros días de noviembre de 1983, cuando concibieron la idea de organizar un viaje a Uruguay que concentrara los hijos de los exiliados políticos. Pocos días después, de regreso en Montevideo, Vaillant escribió un editorial en el semanario Convicciónlanzando la idea. Sólo 24 horas después ya se creaba la Comisión del Reencuentro de los uruguayos, presidida por Vaillant, para organizar el viaje a nivel local. El 26 de diciembre, ante el desconcierto de la dictadura, un vuelo de Iberia llegaba a Montevideo con 154 niños, provocando una de las movilizaciones populares más importantes del año.
Cuando Martínez Pessi y Farías avanzaron en la investigación, se reunieron con algunos de los organizadores, como Melgarejo, Vaillant y Eduardo Lalo Fernández, “para tratar de armar la historia, ya que no estaba claro exactamente cómo había sucedido todo, en buena medida porque dependíamos del relato de cada uno de los protagonistas”, dijo a la diaria Martínez.
“Cuando veía esas imágenes en que la multitud se acercaba a los niños, me preguntaba cómo se sentiría un niño de tres años -que era la edad que yo tenía en 1983- viajando 11 horas. ¿Cómo estaba preparado? ¿Cuál era la historia que había detrás de cada uno?”, se pregunta el realizador.
Martínez recuerda que se han retratado y narrado historias sobre presos políticos, exiliados, militantes y desaparecidos, “relatos importantes para construir la memoria y la historia reciente del país”, pero se cuestiona qué sucedió con los niños: “¿Y la historia de esas personas que se vieron involucradas en la causa sin decidirlo? Esta historia de los otros no se ha contado”. Con respecto a esta perspectiva, el director sostiene que él podría haber decidido contar la historia del vuelo, del proceso para que se concretara, del diálogo con los militares para organizar el recorrido, o cómo lo ideó Melgarejo junto al grupo de exiliados y la colaboración española. En cambio, optó por tomar el hecho del viaje de los niños para hablar de la identidad, el exilio y la familia, tríada que definió como los tres ejes temáticos fundamentales de la película.
“Voy a contar la historia de cómo vivieron seis niños ese momento, y cómo el viaje influyó en el resto de sus vidas. Ellos comprendieron que eran hijos de exiliados políticos, y también por qué debieron irse sus padres”, sostiene. Consultado sobre cuándo asimilaron el exilio, Martínez no dudó en responder que los seis protagonistas lo asimilaron luego del viaje. “Porque ¿cómo interpretan y les llega el relato sobre el Uruguay de sus padres sin conocerlo? Es claro que para los más grandes fue distinto, ya que ellos sí sabían qué era Uruguay. Gabriel [Melgarejo, hijo de Artigas] ya entendía cuál era la lucha, qué eran los militares, la dictadura y la represión. Él lo comprendió y de alguna manera se acopló a esa lucha viviendo en Madrid. De hecho él era una de las personas que, en cada acto en el que participaron, tuvo un discurso para decir”.
El sorianense centró su interés en cómo vivieron estos niños la experiencia del viaje. Y si bien aclara que es una obviedad que los más grandes lo comprendían (el rango de edades iba de los tres a los 17 años), y para ellos sí se concretaba un reencuentro, para los más chicos era distinto, ya que considera que en estos casos, más que un encuentro se producía una suerte de primer acercamiento. “Partí desde este lugar para hablar sobre cómo ha sido la vida de estos niños luego del encuentro”, precisó.
La película también incluye imágenes de archivo y el testimonio de algunos organizadores. Pero el verdadero protagonismo recae en esas seis historias de vida. Tus padres volverán comienza a hablar de un supuesto viaje y una supuesta bienvenida ambientada en dictadura. El director adelanta que los espectadores irán -paulatinamente- construyendo la historia a partir del relato de esos niños. De este modo, los realizadores pensaron la película a partir de una estructura narrativa en la que, poco a poco, se devela toda la historia y su contexto: quiénes son los niños, de dónde vinieron, quiénes eran sus padres, qué significa el exilio para ellos hoy, cómo viven en sus países. “Claro que incluimos datos concretos de cómo fue la construcción del viaje, pero eso no se vuelve un tema protagónico.” Sobre esto, Martínez asegura que los seis testimonios representan lo que podrían haber sido las 154 experiencias: todos tienen historias de vida y puntos de vista diferentes, pero cree que ésta es la primera vez que se habla de los protagonistas del viaje.
Incluso, según cuenta Martínez, todos los personajes aceptaron participar en la película porque se iba a hablar de ellos mismos, porque interesaba suhistoria. Con respecto a esto, cuenta que después de participar en la película recibió muchos agradecimientos, ya que para ellos ha sido muy difícil poder hablar. Esta contrariedad llegó a tal punto que uno de los participantes se negaba a integrarse al proyecto, hasta que un día aceptó porque se dio cuenta de que ya era hora de poder hablarlo.
“Por un lado está el vuelo de los niños -reflexiona el cineasta-, y por otro el mensaje político y la reivindicación de los derechos humanos, además del mensaje sobre la existencia de los exiliados, gente que quería este país pero debió irse por luchar. Los padres querían estar en el lugar de sus hijos, y de ahí surge todo. En lugar de los padres volaron los hijos”.
El niño que fui
El conductor radial Salvador Banchero nació en Buenos Aires en 1976, y cinco años después se exilió junto a su familia en Madrid. El único uruguayo de su familia era su padre, quien en 1973 había viajado a Buenos Aires y pasado a la clandestinidad.
Banchero cuenta que en su casa el exilio siempre estuvo presente de un modo muy natural, sin que generara un clima denso. Incluso recuerda una infancia feliz y no una sensación de desarraigo, aunque justifica el hecho por la rápida adaptación que se logra en la infancia. Pese a los buenos recuerdos, hasta el día de hoy le sigue llamando la atención la conciencia que tenía sobre la situación que vivía su familia, sobre todo teniendo en cuenta lo que se podía esperar de un niño de su edad.
El periodista recuerda que cuando se abordaba el tema del exilio en su familia siempre estaba más presente Uruguay que Argentina, incluso cuando la única presencia uruguaya era la de su padre. Todo lo que Banchero conocía de Uruguay se reducía a los viajes que hacía junto a su madre a Carmelo, donde visitaba a su abuela paterna. Pero aun así, el viaje lo sumió en una emoción difícil de explicar.
“No recuerdo cuándo me propusieron el viaje, pero estoy seguro de que mis padres me preguntaron si quería venir, ya que en casa todo se democratizaba. Durante muchos años pensé que las imágenes que tenía de esos momentos estaban distorsionadas, o agrandadas por el recuerdo de la infancia. Varios años después, cuando vi algunas imágenes me impactaron mucho, porque comprobé que realmente había sido así. Tenía recuerdos de la gente como una especie de corso, que se extendía a lo largo de las cuatro horas que demoró la caravana, cosas de las que siempre había dudado”, dice.
Centrándose en la conciencia de lo que estaba viviendo, recuerda que cuando iba en la caravana le interesaban cosas extrañas. Da el ejemplo de una veterana que se subió al ómnibus llorando (las puertas estaban abiertas por el calor sofocante de ese 26 de diciembre), y entre la emoción repetía “reabrieron la 30”. Su curiosidad fue tal que se olvidó de la multitud que los rodeaba y le preguntó a alguien de qué hablaba esa señora. La respuesta tenía que ver con la clausura de la radio, que se suponía que en ese momento había reabierto y estaba transmitiendo la llegada. “Entendía perfecto qué era lo que hacíamos ahí, y no tengo el mínimo recuerdo de haber sentido miedo. Las autoras del libro [Los niños del reencuentro] me preguntaban si alguna vez había sentido miedo, y en realidad nunca me había puesto a pensar en eso, que tenía absoluta lógica”.
Como en el viaje coincidió con amigos suyos que se encontraban en la misma situación que él (estaban en el exilio pero no tenían familiares presos, muertos o desaparecidos), al comunicador le llevó mucho tiempo darse cuenta de que su realidad de viaje era diferente, y que había 154 viajes e historias distintas. Con respecto a su situación, cuenta que al llegar fue a visitar a su abuela en Carmelo, cuando otros visitaban a su padre preso, o quedaban en medio de familias maternas y paternas que se los disputaban. “Sabía intelectualmente que existían personas con otras realidades, pero no era consciente de eso. Esto me sucedió años después, sobre todo cuando comencé a hablar con otra gente que había viajado. Me di cuenta de que no todos tenían la misma percepción, y a otros no les gustaba hablar mucho del viaje, o no lo recordaban como algo positivo. Algunos, incluso, se sintieron usados. Yo sabía perfectamente a lo que venía, por más que tuviera siete años, y por eso también fue una decisión propia.”
Evocando esta experiencia movilizadora, Banchero cree que fue un acontecimiento “redondo”, ya que alcanzó una brillantez estratégica de comunicación sin fisuras. Tiene en cuenta que debían comunicar una situación, y para ello, a los organizadores se les ocurrió que viajaran niños junto a algunas instituciones, organizaciones y diplomáticos, y así poder blindar el asunto y quitarle el componente político (vinieron integrantes de la Cruz roja, Naciones Unidas, delegaciones del Partido Socialista Obrero Español -PSOE- y el PP). Por eso mismo al régimen militar le resultó un suceso que se le imponía de forma irrevocable.
Otro de sus recuerdos tiene que ver con que, durante muchísimo tiempo, creyó que ésta era una historia compartida con todos los que hicieron el viaje, cuando en general la gente de su edad no lo recuerda. Frente a esta situación, Banchero habla de la necesidad que sentía de poder comunicarlo, aunque le resultaba casi imposible transmitir la experiencia. “Comencé a hacerlo por estos proyectos que se están haciendo, y tal vez por eso mismo me resulta un poco más sencillo”.
Para amanecer
“Encontramos una filmación clandestina del acto del 1° de mayo en una feria barrial”, dice animado Gabriel Melgarejo ni bien recibe a la diaria en su oficina (es secretario ejecutivo del PIT-CNT y uno de los fundadores de la murga Contrafarsa). “¿Te das cuenta de cómo se cruza todo, no?”, pregunta antes de iniciar la charla.
Lo primero a lo que se refiere son las actividades de 1983, una movilización popular que -para los que estaban fuera del país- indicaba que algo estaba sucediendo. “Dentro de todo este abanico de sucesos importantes, el viaje de los niños, en términos de registro, pasó desapercibido. Creo que recién ahora se está comenzando a hacer justicia, al ubicar este hecho concreto -casi inédito a nivel mundial- en ese concierto de actividades de movilización”.
Melgarejo tenía 15 años cuando arribó al aeropuerto de Carrasco. Dice que cuenta con un recuerdo muy grato de la visita, porque ellos vivían en una suerte de fantasía, mientras se llevaba a cabo una fuerte movilización política y social. “No sabíamos a qué llegábamos porque no sabíamos qué iba a pasar. Tampoco éramos conscientes de la magnitud. Cuando salíamos del aeropuerto y veíamos toda esa gente en la calle nos dábamos cuenta de lo increíble que era, y que finalmente sería algo disfrutable”. Cuenta que cuando aterrizaron, todo el avión comenzó a cantar “Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar”, mientras los mayores a cargo se desesperaban por callar el cántico de los 154 niños.
Uno de los claros ejemplos de cómo la sociedad comenzaba a asumir más riesgos se vincula con el momento en que los militares y policías quisieron desviar la caravana por Avenida Italia, ya que estaban al tanto del número de personas que se desplegaba a lo largo de la rambla, pero la gente los enfrentó, impidiendo el cambio de rumbo.
“Vivimos esos 15 días como una suerte de fiesta, porque nos recibían y reconocían en todos lados, mientras la gente coreaba ‘tus padres volverán’. Por eso el título de la película de Pablo es muy sintomático, porque ésa era la consigna y lo que la gente nos transmitía en la calle. Recuerdo que íbamos al Prado, a las cooperativas, y todo era una fiesta de recibimiento. Tal vez era un contraste con lo que el país vivía en ese momento, pero la gente tenía una actitud tan propositiva de alegría, que era inevitable contagiarse. Cuando llegué a Madrid le dije a mi viejo ‘Preparate porque dentro de poquito volvemos, y si no, me vuelvo yo’”. En esta misma línea, reconoce que el viaje no sólo marcó a fuego su vida afectiva, sino también su formación política.
“Esto no tiene nada que ver con la política”, dice el quinceañero Melgarejo a El Diario, el 2 de enero de 1984, cuando el periodista le pregunta: “¿De qué forma calificarías la visita tuya y de los otros chicos al Uruguay?”. Él y otros compañeros eran, en cierto modo, la cara visible del viaje, y por eso mismo tenían muy claro qué le debían decir a la prensa. Sobre esto, el secretario de la central cuenta que venían adoctrinados, ya que debían transmitir un mensaje: la idea fuerza fue que ellos no eran 154 niños, sino que representaban a todos los uruguayos que no podían estar en el país por razones de exilio, y el mensaje era, precisamente, la necesidad del reencuentro de los uruguayos.
“Queríamos oponer la imagen que daba la dictadura de que esto era un operativo político -que obviamente lo era-, y en las declaraciones nosotros debíamos contrarrestar el concepto, ya que lo fundamental era lo humanitario de la misión, y la necesidad de plantear el problema latente de la cantidad de uruguayos que estaban en el exterior por no poder expresar sus ideas libremente. Hoy lo digo a 30 años de distancia, con 46 años y con plena conciencia de mi intelectualidad política, pero en aquel momento era un niño. Hay que trasladarlo a ese momento: un niño con un discurso político o con un marco de discurso político dentro del cual debía dejar un mensaje. Era una movida muy pesada y compleja. No sé si yo haría lo mismo con mis hijos, y no estoy juzgando a nuestros padres. Al contrario, fueron gestores de un hecho importantísimo en la historia reciente de Uruguay”.
Tal vez por lo difícil que resulta procesar este tipo de experiencias, Melgarejo explica que se ha encontrado con muchas personas que compartieron el viaje, y que recién ahora, después de 30 años, comenzaron a animarse a contar la historia.
Cuando se le pregunta por la gestación del viaje no puede evitar sonreír y definirla como “muy particular”. Después del proceso inicial entre Quico Mañero, el diálogo con el entonces presidente Felipe González y el PSOE, se inicia una segunda etapa que tiene que ver con la selección de los niños, ya que eran muchas las familias que querían enviar a sus hijos. Artigas Melgarejo junto a otros integrantes de la colonia de exiliados de Madrid asumió la responsabilidad de estudiar caso por caso, ver de dónde venían, cuál era la situación de los niños y de sus familias en el país, y también comprobar que existiera un tutor que los pudiera recoger en AEBU. Su hijo recuerda que fue un largo trabajo de ingeniería burocrática, ya que implicaba la conexión de esa oficina en Madrid y la Comisión del Reencuentro de Uruguay.
En el transcurso de esos días sucedieron muchísimas cosas. Por ejemplo, a las tres de la mañana sonaba el teléfono en la casa de la familia Melgarejo: era una madre que vivía en Bélgica y lloraba diciendo que su marido estaba en el Penal de Libertad y que ella quería que su hijo pudiera conocer a su padre. “Como la lista ya estaba completa, mi viejo nos bajaba del avión a mi hermano y a mí. Esto pasó muchas veces, y hasta último momento no sabíamos si veníamos”.
En cuanto a Tus padres volverán, considera que es muy interesante el enfoque de la película, ya que se centra en un punto de vista más humano que político, para así poder retratar cómo repercutió y transformó la vida de esos niños.
Una de las grandes preocupaciones actuales de Melgarejo se vincula con la percepción de que la memoria reciente se vuelve cada vez más acotada. Cree que es un deber proyectar e intentar ofrecer herramientas para que las personas puedan conocer qué es lo que sucedió. “En esta época en la que contamos con una democracia muy estable y podemos disfrutarla, perdemos la perspectiva de que para que esto exista fue necesario haber padecido todo aquello. Me preocupaba que las nuevas generaciones conozcan esta perspectiva, y también me preocupa mucho la proyección de aquellos hechos hacia el futuro”.

Teniendo en cuenta que toda historia de vida resulta fragmentaria y subjetiva, la realidad irreal del exilio vuelve a exhibirse, esta vez desde la perspectiva infantil de un suceso que marcó la historia reciente. Aun hoy, sorprendido, Melgarejo reconoce que recién al llegar a Madrid comprendieron “lo que significó aquel viaje”, mientras la consigna “tus padres volverán” aún continuaba resonando a lo lejos.
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miércoles, 18 de marzo de 2015

Propuesta del Pit Cnt sobre DDHH

EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL PRESIDENTE VÁZQUEZ


Portal Caras y Caretas - 17 3 15


El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT envió una carta al presidente Tabaré Vázquez acercándole una serie de propuestas para el trabajo del gobierno en relación al tema de los Derechos Humanos. La central reconoce los avances en la materia de los gobiernos frenteamplistas al tiempo que reclama el cumplimiento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La misiva de la central obrera señala responde a la solicitud que el presidente Vázquez hizo en su discurso por cadena nacional el pasado 1º de marzo, horas después de haber asumido la primera magistratura.
Según explican los trabajadores, en este documento, sintetizan en esta propuesta la “larga experiencia reclamando en los últimos treinta y cinco años justicia ante los tribunales nacionales y extranjeros”. Y argumentan que ello les ha permitido detectar “los graves problemas que afectaron y aún afectan” a la Justicia.
Al reconocer los avances de los gobiernos del Frente Amplio, el PIT CNT cuestionó la organización que se dio el Estado “para responsabilizar penalmente a los terroristas” que actuaron en su nombre. Reclamando que “una política que desestructurara la impunidad, no debe ubicarse sus causas solamente en los aspectos jurídicos. También tiene que ver con aspectos de orden estructural e institucional”.
Por esto se señala que estos aspectos “no deben continuar recayendo en las espaldas de la sociedad civil y de las víctimas, sino que deben ser encaradas y resueltas por el Estado”, por estar dentro de sus deberes.
“No es una tarea que deba descansar sobre una suerte de Comisión Ad-oc integrada por la sociedad civil”, enfatiza el documento.
Dentro de la solicitud del movimiento sindical se enumera una serie de ítems que integrarían un plan de derechos humanos vinculado a los hechos del pasado reciente que cumpla con las obligaciones que estableció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado uruguayo y que fuera recogido en el informe de Pablo de Greiffl el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición.
Entre las medidas administrativas reclamadas están: “Designar en los Ministerio de Defensa Nacional, Interior y Relaciones Exteriores (y en todos aquellos que se considere necesario) un funcionario responsable al que se dotara de las facultades y los medios necesarios (materiales y humanos) para recabar toda la documentación de interés en esta materia, El mismo será responsable de responder en tiempo y forma todos los pedidos de información, documentación y colaboración que le sea solicitada ya sea de otros poderes del Estado y otros organismos con responsabilidad en el tratamiento de estos temas. (En especial del Sistema Judicial y el Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior, cuando corresponda). Dicho funcionario podrá así mismo solicitar información, documentación y colaboración a los distintos Ministerios si fuera necesario a los efectos de complementar su trabajo. El no cumplimiento de estas obligaciones, la negligencia y la obstrucción serán consideradas faltas graves administrativas y en su caso de corresponder serán pasibles de ser denunciadas penalmente”.
En el segundo punto se señala que “se debe facultar a que los distintos ministerios y organismos públicos remitan al Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior toda información recabada a los efectos del cumplimiento de sus cometidos. Y en caso de corresponder a la Unidad Especializada en Crímenes de Terrorismo de Estado de la fiscalía (que debe crearse)”.
En cuanto a los recursos para el cumplimiento de la ley: “Dotar al Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior y a la Unidad Especializadas en Crímenes de terrorismo de Estado de las Fiscalías, de expertos en investigación criminalística y todas aquellas especialidades que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones”.
Y gestionar ante el Poder Judicial el “descongestionamiento de aquellas sedes penales que tengan una cantidad de causas que por su número o complejidad sea necesario a los efectos de avanzar en la investigación y eventual establecimiento de responsabilidades”.
A nivel de las fiscalías penales “tomar las medidas administrativas que correspondan a los efectos de descongestionar aquellos turnos que tengan un número de causas o que por la complejidad de las mismas, sea necesario a los efectos de avanzar en la investigación y eventual establecimiento de responsabilidades”.
Además reclaman la atención a las víctimas mediante servicio de acompañamiento establecido por convenio con la Universidad de la República.
El PIT CNT reclama que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia evalué “el eficaz cumplimiento de las medidas dispuestas e informará al Poder Ejecutivo”.
Se pide que el Ministerio de Educación y Cultura realice un relevamiento de los exhortos tramitados al extranjero relativo a estos temas, de manera tal que todas las sedes penales puedan disponer de ellos en caso de ser necesarios y ya se encuentren en nuestro país.
Ya que según argumentan en algunas causas de violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado y de la coordinación represiva del Plan Cóndor, como parte de las investigaciones y las pruebas, se hace necesario contar con expedientes e información que se han sustanciado en la justicia de la región.
Por lo expuesto los trabajadores piden “rever aquellas disposiciones que constituyen trabas y demoras en el proceso de justicia y contar con lo solicitado precedentemente”.
Luego se establece un grupo de medidas legislativas se solicita:
“Dar trámite urgente al desglose del Proyecto de reforma de la Fiscalía Nacional del artículo que faculta al Fiscal de Corte la creación de Unidades Especializadas, mediante un agregado al artículo 7 del Decreto ley 15.365 que faculte crear, modificar y/o suprimir unidades especializadas centralizadas en las materias que entienda pertinente, que desempeñan funciones en las áreas de asesoramiento, análisis, coordinación, capacitación, elaboración y difusión de las mismas”.
“Establecer por ley la Unidad Especial del Ministerio del Interior. Modificación de las leyes preparatorias de acuerdo a las recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”.
Además los trabajadores piden “tomar el ejemplo de la Argentina sobre los diversos programas vinculados con la asistencia y acompañamiento de los testigos y/o presuntas víctimas que deban prestar declaración testimonial en el marco de causas vinculadas con delitos de lesa humanidad”.
Entre las medidas presupuestales se reclaman además:
“Dotar de recursos presupuestales a la Unidad Especial del Ministerio del Interior”.
Además “dotar de recursos presupuestales a la Unidad especializada en crímenes de terrorismo de Estado de la Fiscalía”.
Reclama además “recursos necesarios para atender el Servicio de acompañamiento a las víctimas de Terrorismo de Estado”.
Finalmente la comunicación establece que no se ignora la importancia del mensaje institucional dado por el Poder Ejecutivo que “constituye un compromiso que asume el actual gobierno en un tema que no se ha resuelto”.
Y remarca que estas propuestas “no se contraponen” a la instalación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia anunciado el pasado 13 de febrero y que “tampoco constituyen directa o indirectamente un cuestionamiento” a su integración.

A CONTINUACIÓN LA TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO PRESENTADO POR EL PIT CNT AL PRESIDENTE VÀZQUEZ:

Sr PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Dr. Tabaré VAZQUEZ
PRESENTE:
De nuestra mayor consideración.
El 1º de marzo al dirigirse por cadena de radio y televisión a la ciudadanía, Ud. expresó que impulsaría un Grupo de Trabajo integrado por diversas personas de la sociedad civil para encarar un proceso de Verdad y Justicia sobre nuestro pasado reciente. Y exhorto a que: “Aquellas personas u organizaciones que crean tener una propuesta mejor que la que hemos anunciado, por favor, que la presenten formalmente a Presidencia de la República para su debida consideración”.
Atento a ello y al compromiso que hemos mantenido a lo largo de nuestra historia para resolver adecuadamente las secuelas del accionar ilegal del Estado en el pasado reciente, el movimiento sindical le traslada a Usted, algunas propuestas atendiendo a lo solicitado en la oportunidad antes mencionada.
Las mismas recogen y sintetizan nuestra larga experiencia reclamando en los últimos treinta y cinco años justicia ante los tribunales nacionales y extranjeros. En diversas oportunidades comparecimos ante los Tribunales de la República Argentina, de España y de Italia, además de comparecer ante diversos organismos internacionales. En el escenario de nuestro sistema judicial, desde el Observatorio Luz Ibarburu venimos realizando, conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil, el seguimiento de más de dos centenares de causas radicadas a lo largo y ancho del país y el patrocinio directo en más de tres decenas de ellas. Ello nos a permitido, detectar los graves problemas que afectaron y aún afectan al proceso de justicia en nuestro país, y sobre esas dificultades hemos trabajado desde hace mucho tiempo para superarlas, ya sea reclamando y/o proponiendo medidas concretas.
Es desde esa experiencia que nos consideramos con la autoridad indiscutible para afirmar, que el Estado uruguayo a los efectos de dar cumplimiento a sus obligaciones emergentes del derecho internacional de los derechos humanos, deberá necesariamente tomar urgentemente un conjunto de medidas administrativas, legislativas y presupuestales de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por los organismos de supervisión. Y que esas obligaciones no deben ni pueden seguir siendo sostenidas desde la sociedad civil.
Esas medidas, que reiteramos deben tomar el Estado en forma urgente, tienen que estar en consonancia con el cumplimiento en tiempo y forma de la sentencia de la Corte IDH y referirse a todos los delitos cometidos en el marco del Terrorismo de Estado.
En el pasado dictatorial y en el periodo de autoritarismo estatal que lo precedió, el Estado uruguayo supo organizarse para aplicar sus políticas terroristas. Posteriormente en los primeros gobiernos democráticos, el Estado supo organizarse para aplicar y sostener políticas de impunidad. Los dos gobiernos que precedieron al que Ud. hoy preside, aunque tuvo notoriamente políticas que se diferenciaron a los anteriores, el Estado no se organizó adecuada y coherentemente para responsabilizar penalmente a los terroristas de Estado.
El hecho de no haber tenido el Estado uruguayo una política que desestructurara la impunidad, no debe ubicarse sus causas solamente en los aspectos jurídicos. También tiene que ver con aspectos de orden estructural e institucional. Aspectos estos que no deben continuar recayendo en las espaldas de la sociedad civil y de las víctimas, sino que deben ser encaradas y resueltas por el Estado, ya que. la tarea de investigar sigue siendo parte de los deberes del Estado. No es una tarea que deba descansar sobre una suerte de Comisión Ad-hoc integrada por la sociedad civil.
El movimiento sindical, las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas, vamos a seguir reclamando a su gobierno lo que le hemos reclamado a todos los gobiernos anteriores: Un plan de derechos humanos vinculado a los hechos del pasado reciente que cumpla con las obligaciones que le estableció al Estado uruguayo la sentencia de la Corte IDH y que fuera recogido en el informe de Pablo de Greiffl el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.
1.- Designar en los Ministerio de Defensa Nacional, Interior y Relaciones Exteriores (y en todos aquellos que se considere necesario) un funcionario responsable al que se dotara de las facultades y los medios necesarios (materiales y humanos) para recabar toda la documentación de interés en esta materia, El mismo será responsable de responder en tiempo y forma todos los pedidos de información, documentación y colaboración que le sea solicitada ya sea de otros poderes del Estado y otros organismos con responsabilidad en el tratamiento de estos temas. (En especial del Sistema Judicial y el Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior, cuando corresponda). Dicho funcionario podrá así mismo solicitar información, documentación y colaboración a los distintos Ministerios si fuera necesario a los efectos de complementar su trabajo. El no cumplimiento de estas obligaciones, la negligencia y la obstrucción serán consideradas faltas graves administrativas y en su caso de corresponder serán pasibles de ser denunciadas penalmente.
2.-Facultar a que los distintos ministerios y/o organismos públicos remitan al Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior toda información recabada a los efectos del cumplimiento de sus cometidos. Y en caso de corresponder a la Unidad Especializada en Crímenes de Terrorismo de Estado de la fiscalía ( a crearse).
3.- Dotar al Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior y a la Unidad Especializadas en Crímenes de terrorismo de Estado de las Fiscalías, de expertos en investigación criminalística y todas aquellas especialidades que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
4.- Gestionar ante el Poder Judicial el descongestionamiento de aquellas sedes penales que tengan una cantidad de causas que por su número o complejidad sea necesario a los efectos de avanzar en la investigación y eventual establecimiento de responsabilidades.
5.- A nivel de las fiscalías penales tomar las medidas administrativas que correspondan a los efectos de descongestionar aquellos turnos que tengan un número de causas o que por la complejidad de las mismas, sea necesario a los efectos de avanzar en la investigación y eventual establecimiento de responsabilidades.
5.-Establecer mediante convenio con la UDELAR un Servicios de Acompañamiento a las Victimas.
6.- El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia evaluará el eficaz cumplimiento de las medidas dispuestas e informará al Poder Ejecutivo.
7.- El Ministerio de Educación y Cultura realizara un relevamiento de los exhortos tramitados al extranjero relativo a estos temas, de manera tal que todas las sedes penales puedan disponer de ellos en caso de ser necesarios y ya se encuentren en nuestro país.
En algunas causas de violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado y de la coordinación represiva del Plan Cóndor, como parte de las investigaciones y las pruebas, se hace necesario contar con expedientes e información que se han sustanciado en la justicia de la región. En algunos casos, dado que no se han creado las unidades especiales a nivel de la fiscalía a que hacemos mención en otro punto de esta nota, se repiten las mismas solicitudes, y cuando no es así, se producen excesivas demoras que ponen en entredicho supuestos acuerdos de cooperación entre Uruguay y la Argentina. Cuando desde el Observatorio se ha buscado prestar colaboración ya sea para saber si lo que se solicita ya fue anteriormente enviado al país, o para agilitar su trámite, la repartición de este Ministerio encargada de dichos tramites manifiesta que no se puede brindarnos ninguna información.
Por lo expuesto se deberá rever aquellas disposiciones que constituyen trabas y demoras en el proceso de justicia y contar con lo solicitado precedentemente.
8.- Reglamentar la Ley 18.435 promulgada el 12/12/2008 que crea el Archivo Nacional de la Memoria y se proceda a integrar su Consejo Directivo de acuerdo a su artículo 5 literal c designando en él a un representante de una organización defensora de los derechos humanos.
MEDIDAS LEGISLATIVAS.
1.-Dar trámite urgente al desglose del Proyecto de reforma de la Fiscalía Nacional del artículo que faculta al Fiscal de Corte la creación de Unidades Especializadas, mediante un agregado al artículo 7 del Decreto ley 15.365 que faculte crear, modificar y/o suprimir unidades especializadas centralizadas en las materias que entienda pertinente, que desempeñan funciones en las áreas de asesoramiento, análisis, coordinación, capacitación, elaboración y difusión de las mismas.
En el apartado Nº 273 de le sentencia de la Corte IDH se establece que:. El Estado informó que se “ha elaborado un proyecto de ley por el cual se crean unidades especializadas en el Ministerio Público [y] en el Poder Judicial con jurisdicción para [participar] en „la investigación de denuncias de graves violaciones de derechos humanos‟”.
En reiteradas oportunidades a través del Observatorio Luz Ibarburu se requirió de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación que se diera cumplimiento a dicha creación, ya que la misma constituiría una herramienta que ayudaría a que el proceso de justicia se cumpliera en forma eficaz y en plazos razonable,
2.-Establecer por ley la Unidad Especial del Ministerio del Interior.
3.-Modificacion de las leyes preparatorias de acuerdo a las recomendaciones de la INDHYDP.
4.- Tomar el ejemplo de la Argentina sobre los diversos programas vinculados con la asistencia y acompañamiento de los testigos y/o presuntas víctimas que deban prestar declaración testimonial en el marco de causas vinculadas con delitos de lesa humanidad.
MEDIDAS PRESUPUESTALES.
1.-Dotar de recursos presupuestales a la Unidad Especial del Ministerio del Interior.
2.- Dotar de recursos presupuestales a la Unidad especializada en crímenes de terrorismo de Estado de la Fiscalía.
3.- Dotar de los recursos necesarios para atender el Servicio de acompañamiento a las víctimas de Terrorismo de Estado.
Estas propuestas no se contraponen a la instalación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia anunciado el pasado 13 de febrero,
Tampoco constituyen directa o indirectamente un cuestionamiento a su integración.
Tampoco ignoramos la importancia del mensaje institucional en tanto constituye un compromiso que asume el actual gobierno en un tema que no se ha resuelto.
Estas propuestas creemos que son funcionales al compromiso asumido el 1º de marzo y estamos convencidos que de ser tenidas en cuenta a la hora de establecer los mecanismos y responsabilidades correspondientes para el cumplimiento de los objetivos planteados, constituirán un importante avance. Y reiteramos no se trata de un cuestionamiento al profundo sentido simbólico que encarnan los nombres de las personas designadas.
Sin otro particular lo saludan.


Secretariado Ejecutivo del PIT/CNT
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