la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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martes, 27 de enero de 2015

Nuevo impulso

Estudiantes de Derecho de la Udelar harán pasantías en causas vinculadas a los derechos humanos.

La diaria - 27 1 15

El Observatorio Luz Ibarburu, que hace el seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, elaboró un proyecto de convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), para que estudiantes de esa carrera hagan pasantías voluntarias y honorarias en causas relacionadas con denuncias por crímenes de la dictadura. La iniciativa fue presentada originalmente por el decano de ese servicio universitario y profesor grado cinco de técnica forense, Gonzalo Uriarte, que se reunió a finales de diciembre con Raúl Olivera, uno de los referentes del Observatorio Luz Ibarburu. Aunque todavía falta la aprobación del Consejo de la Facultad de Derecho, ambas partes confían en que este acuerdo institucional empezará a aplicarse durante este año lectivo.

"Es algo importante, porque es una tarea muy compleja. Nosotros tenemos registrados unos 250 expedientes y en muchos casos carecen de abogados patrocinantes de los denunciantes y de las víctimas. Son denuncias que se presentaron antes de que se aprobara la Ley de Caducidad, luego se archivaron y, como pasó el tiempo, no hay representantes legales. La idea es darles un nuevo impulso con gente más joven. Contar con una mirada nueva es algo muy relevante", explicó el abogado Pablo Chargoñia, integrante del Observatorio Luz Ibarburu.
Esta red de organizaciones sociales monitorea todas las causas judiciales vinculadas con los crímenes de la dictadura. Manejan información sobre cuáles son los expedientes que tienen avances y cuáles están más demorados; en qué casos hay duplicación de pruebas y qué pruebas de un expediente pueden servirle a otro.
En el Observatorio piensan que, en principio, el acuerdo con la Facultad de Derecho puede involucrar a unos 12 estudiantes, pero es posible que terminen siendo más, según el interés que concite. Está pensado para estudiantes de Técnica Forense, una materia que se imparte en el quinto año de la carrera de Abogacía.
Chargoñia recordó que el decano de Derecho expresó, en un seminario que organizó el año pasado el Observatorio Luz Ibarburu, que es importante rescatar una noción "vinculada con lo que se conoce como litigio estratégico, es decir, una mirada a largo plazo en materia de derecho". "En este caso concreto, implica desarrollar la noción que tiene el derecho internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes, y promover que los jurados nacionales adopten una tesitura favorable a la aplicación de ese derecho internacional. Incorporar estos aspectos en la formación de los estudiantes de derecho es fundamental, y es la base de este acuerdo. Muchas veces la formación se acota a patrocinar casos de divorcio o de pensiones alimenticias, y es importante darles otro vuelo, otra ambición a los estudiantes. En ese sentido, es un acuerdo muy importante”, explicó el abogado.
Por otra parte, está previsto, también en el marco de este acuerdo, que desde la Facultad de Derecho se brinden cursos de capacitación para las organizaciones que integran el Observatorio Luz Ibarburu. 
La lista es larga: en esta coalición participan Familiares de Detenidos Desaparecidos, PIT-CNT, HIJOS, Crysol, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la Fundación Mario Benedetti, el Servicio Paz y Justicia, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Sur, la Mesa Permanente contra la Impunidad, Pro Derechos, el colectivo Denunciantes de Octubre de 2011, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Fundación Zelmar Michelini, el Movimiento Educadores por la Paz, la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca y la Asociación Civil ex Trabajadores del Diario El Popular (1957/1973).
El Observatorio Luz Ibarburu patrocina unas 30 denuncias vinculadas con el terrorismo de Estado, entre las que se incluyen causas emblemáticas como las que se presentaron por torturas en el centro de detención clandestino 300 Carlos y en la sede del cuerpo de Fusileros Navales, el homicidio del militante comunista Álvaro Balbi y el caso de los fusilados de Soca, entre otros. Este año, además, contará con un equipo estable de cuatro abogados (Chargoñia, Silvia Antúnez, Florencia Retamosa y Natalia Jubin) y tiene pensado mudarse a un nuevo local en la esquina de Eduardo Acevedo y José Enrique Rodó, que fue donado por el PIT-CNT.
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domingo, 25 de enero de 2015

"Hay 240 causas" de la dictadura "paralizadas por inacción" oficial

Wilder Tyler, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, considera que Defensa y la Suprema Corte frenan investigaciones

El observador - 25 1 15 - Por Lucía Núñez


Wilder Tyler, secretario general de la

Comisión Internacional de Juristas
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que integra la ONU, publicó el lunes un informe sobre los pasos dados en la recuperación democrática y resolución de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985), luego de que una misión de juristas estudió el caso uruguayo. Según el informe, Uruguay tiene un serio problema de derechos humanos “vista la forma como sus autoridades han abordado –sobre todo en el último período de gobierno–, los dilemas del pasado reciente y permitido que un importante grado de impunidad prevalezca en el país hasta este momento”. El secretario general de la CIJ, Wilder Tyler, habló con El Observador acerca de los resultados del informe.
¿Por qué estudiar el caso uruguayo? 
Esta organización ha seguido el caso uruguayo por décadas. Hacía tiempo que no se hacía una misión, pero empezamos a recibir una serie de pedidos, sobre todo de familiares de desaparecidos y abogados en causas de este tipo, que nos dijeron que estaban pasando una serie de cosas raras. Después tuvimos las sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que creó una conmoción porque estableció que no son crímenes de lesa humanidad los crímenes cometidos por la dictadura. Allí ya se empezó a generar un tanto de alarma. Este último episodio del ministro de Defensa (Eleuterio Fernández Huidobro) y las críticas a Serpaj, de alguna manera precipitó toda esta recepción sobre el tema.
¿Han tenido algún comentario sobre el informe por parte de las autoridades?
Aún no tuvimos respuesta del gobierno porque es muy reciente todo, pero nosotros vamos a tratar de seguir el diálogo. Yo creo que dentro de poco vamos a estar contactándonos con el gobierno del Frente Amplio para discutir, porque hay una legitimidad acá. Esta organización se preocupó durante muchísimos años por la suerte de las víctimas de la dictadura y nos parece importante ir ocupándonos ahora.
El informe trata de una nueva “tendencia de la inacción” a resolver los crímenes de la dictadura por parte del gobierno, ¿en qué consiste esta tendencia? 
Se han notado cosas que vienen, sobre todo, de las autoridades más altas a nivel presidencial. Una cosa que yo presencié, fue que el presidente de la República (José Mujica) dijo en un reportaje televisivo que la Justicia tiene “un olor a venganza” al hablar sobre este tema. Cosa que también sorprendió mucho porque, básicamente, nosotros vemos que es necesaria la Justicia para que no haya venganza. También que no se pronuncien en absoluto sobre el tema de la verdad. Después de esfuerzos que se hicieron durante un tiempo, los resultados para saber lo que pasó con los desaparecidos han sido muy magros. 
¿Cuáles son los principales obstáculos?
Por un lado, por el ministro de Defensa y la respuesta sistemática de que no existe información sobre ciertos temas, y que nos parece muy extraño porque las Fuerzas Armadas de cualquier país del mundo son bien conocidas por ser instituciones que registran todo. Esto aunado al tema de la SCJ que, enfrentada a situaciones de este tipo, toma opciones que son las más conservadoras posibles para cerrar estos casos. Tiene que quedar claro que, para este tema, cortes de Justicia de otros países muy cercanos al nuestro, como Argentina o Chile, hicieron opciones de justicia, no de impunidad. De alguna manera, esto pone a Uruguay en contravención de la normativa internacional, de la cual es parte.
¿Qué intereses podría tener el gobierno en la búsqueda de impunidad?
En primer lugar, hay una falsa apreciación del valor de este tema. Hay quienes dicen la impunidad trae o acarrea tranquilidad y armonía social, cosa que está probado que es incorrecto. La impunidad acarrea antagonismo a nivel social. Está clarísimo que este tema no se liquida por decreto. Si el tema sigue vigente es porque hay una necesidad de que algo no ha sido terminado. El tema de los desaparecidos es un tema que no se termina hasta que no se sabe lo que pasó. En segundo lugar, las personas que están a cargo de esto, el presidente y el ministro, quizá ven esto como un tema nada más entre aquellos que estuvieron involucrados en el conflicto armado, digamos los tupamaros y las Fuerzas Armadas. Pero la verdad es que una enorme mayoría de las víctimas no estuvo involucrada en el conflicto armado, no fueron combatientes, sino que fueron víctimas civiles. Entonces, es incorrecto que se trate a todo el mundo como si hubieran sido combatientes. Los niños desaparecidos y las mujeres violadas, ¿de qué combatientes se nos habla? Es un tema en el que creo que hay una apreciación histórica muy equivocada de lo que fueron aquellos años.
Durante la investigación se habló con legisladores, ¿qué opiniones tienen al respecto?
Hubo diferentes versiones porque los investigadores hablaron con gente de todos los partidos políticos. No hablaron con la SCJ, no porque no quisieran, sino porque la corte no los recibió. A pesar de que se les pidió con anticipación, la corte dijo que estaba muy ocupada para hablar de estas cosas. 
¿Se extrajo alguna cifra de la cantidad de casos resueltos y los que quedaron sin resolver?
Hay una veintena de militares procesados para miles y miles de casos de tortura. Hay alrededor de 240 causas judiciales que se han ido paralizando progresivamente en este último período como resultado de algunas de las sentencias de la SCJ, por inacción de los fiscales y también porque este tema necesita que haya cierta iniciativa política de parte del gobierno. Si el gobierno empieza a decir que “la Justicia tiene mal olor” está claro que se desalienta el fenómeno.
¿Considera paradójico que sea el Frente Amplio desde el gobierno y con Mujica de presidente quien realiza lo que ustedes denuncian?
No solo es paradójico porque Mujica está en el gobierno, sino también porque es un gobierno que ha hecho mucho en materia de derechos humanos en otros ámbitos: derechos de los niños, las mujeres, matrimonio igualitario. Hay una cantidad de aspectos en los que se han avanzado y, de alguna manera, rechina que sobre un tema tan pesado, tan cargado, tan enraizado en la conciencia del país y del debate nacional, adopten una posición de este tipo. 
¿En qué sentido consideran la clemencia humanitaria (arresto domiciliario) como evidencia de la impunidad del gobierno? 
Nos llama la atención que, justamente, sean los presos que están en mejores condiciones. Además, desde el Derecho Internacional, la clemencia incluso está considerando si el violador de derechos humanos ayuda a esclarecer el destino de la víctima. Pero está claro que en estos casos no se trata de gente que esté ayudando a esclarecer nada. Más bien que hay un acto mafioso de no decir qué fue lo que pasó. Suena muy raro este tema de pedido de clemencia para individuos que no tienen la más mínima consideración por sus propias víctimas.
¿Cómo es el vínculo del gobierno con las ONG involucradas?
El tema fue generado por el ataque contra Serpaj que tuvo un efecto conmovedor en mis colegas. Nos preocupó que no hubiera reprimenda pública sobre esto por parte del presidente porque el ministro de Defensa representa al Estado y al gobierno y además tiene bajo sus órdenes nada más y nada menos que la fuerza. La verdad, fue un exabrupto antidemocrático que nos dejó a todos muy perplejos.
¿Seguirán analizando el tema?
Nos interesa mucho hablar con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez porque su gobierno hizo muchos progresos en esta materia. Queremos alentarlos a retomar aquel espíritu de trabajo que fue tan importante en Uruguay.
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sábado, 24 de enero de 2015




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martes, 20 de enero de 2015

Pasado reciente

Organización mundial de jueces defendió a Serpaj y cuestionó a Defensa y la SCJ por investigaciones de delitos en dictadura.

La diaria - 20 1 15 - Por Facundo Franco


La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), ONG con sede en Ginebra, difundió ayer un informe de la situación de la “lucha por verdad y justicia” en los delitos ocurridos en la última dictadura cívico-militar, elaborado a través de varias misiones de la organización en Uruguay durante 18 meses. 

En el informe señala que en el país se generó “un muy elevado nivel de impunidad para los autores de violaciones graves a los derechos humanos” entre 1973 y 1985, al tiempo que sostiene que en los últimos años el Poder Ejecutivo “no ha tenido mayor interés en escudriñar el pasado reciente” y en “estrechos círculos gubernamentales” predominó la “teoría de los dos demonios”. Según el informe “Uruguay parecía haber galvanizado la resolución para avanzar en un enfoque a largo plazo de este tema durante la segunda mitad de la década pasada, pero ahora se ha estancado, y amenaza con retroceder”.
En su misión en Uruguay, la CIJ dice haber recibido “serias y fundadas quejas”sobre la “falta de apoyo” de algunas autoridades, “que debían colaborar con los elementos y pruebas que los jueces necesitan para actuar contra los violadores de derechos humanos”. Los testimonios que la organización consultó -principalmente ONG y abogados de las causas- mostraron que “los peores obstáculos se han encontrado en el Ministerio de Defensa Nacional”. “El Ministerio les ha negado -también a los jueces letrados que iniciaban investigaciones- las listas de militares que en un momento dado revistaron en una unidad militar, los legajos personales de algunos altos oficiales, direcciones de soldados a quienes los abogados patrocinantes de las víctimas querían hacer comparecer ante el Juzgado y otras informaciones fundamentales para dar impulso a los procesos”, destaca el informe. 
Además, sostiene que para eso se aducen razones “que no parecen válidas a simple vista”, como que “ese tipo de documentación no se ha conservado en el Ministerio”.
Otro poder
El informe también responsabiliza al Poder Judicial del escaso avance de las investigaciones, especialmente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La CIJ concluye que “la SCJ ha asumido una importante cuota de responsabilidad en las acciones para terminar, a cualquier costo, con la investigación de las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes gubernamentales durante la dictadura militar”. 
La organización considera que los contenidos de sus sentencias en estas causas “niegan y son violatorios del derecho internacional”, y también menciona la aplicación de sanciones “disfrazadas” -como traslados “inconsultos e infundados”- a jueces de lo penal que quisieron seguir con los procesos a miembros de las Fuerzas Armadas.
La organización internacional asegura que la SCJ tuvo “un grave y deplorable enfoque” cuando, “debido a su alta investidura, debería estar a la cabeza de los esfuerzos institucionales para que la sociedad uruguaya realice plenamente los ideales de verdad y justicia respecto de algunos de los peores crímenes cometidos en la historia del país”. Además, recomienda revisar los mecanismos de designación, ascenso, traslados y sanciones de los jueces, porque “parecería que la forma actual no alcanza a ser considerada como un procedimiento abierto, transparente y adecuado, que privilegie el mérito y el esfuerzo de los jueces por sobre otras consideraciones”.
El informe también recomienda la revisión del Estatuto de los Fiscales Letrados del Ministerio Público, porque en opinión de la CIJ, “los Fiscales hubieran podido desarrollar un papel más activo” en los casos de violación de derechos humanos denunciados al término de la dictadura. Además, recuerda que de acuerdo con la normativa internacional, “si la violación de los derechos humanos implicó delitos penales, esos delitos deben perseguirse ex officio sin necesidad de que exista queja o denuncia de parte”.
Organización
El informe también alude al vínculo del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil en la materia -en particular Serpaj-, uno de los temas que estuvieron en agenda últimamente. La CIJ considera que estas organizaciones deben ser apoyadas, reconocidas y bienvenidas en un debate “abierto y respetuoso”, al tiempo que indica que “la injuria y los ataques” las perjudican, pero hacen lo mismo con “el gobierno que las tolera”. “La CIJ considera que sería muy importante que el gobierno entrante en Uruguay confirme que reconoce el rol que las ONG de los derechos humanos tienen en la sociedad, dando así un mensaje claro a todos los sectores involucrados”, agrega el informe. En el sitio web de la organización, el secretario general de la CIJ, Wilder Tayler, afirma que “los ataques del ministro de Defensa [Eleuterio Fernández Huidobro] contra las organizaciones de derechos humanos, aludiendo a una conspiración internacional desestabilizadora, son reminiscentes de los años de la dictadura y han causado alarma en la comunidad internacional”.


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miércoles, 14 de enero de 2015

Miguel Dalmao y el homicidio de Nibia Sabalsagaray

La muerte del general Miguel Dalmao, procesado y condenado a 28 años de prisión por el asesinato de Nibia Sabalsagaray en junio de 1974, ha permitido el florecimiento de una acotada campaña de exculpación del occiso que incluye, naturalmente, a sus compañeros de armas y amigos, pero que se extiende a algunos medios de prensa y sus más destacados columnistas, que no dudan en calificar a Dalmao como un “botín” y a su muerte como una “llaga en el Estado de Derecho”.

Caras y caretas - 11 1 15 - Por Leandro Grille


En la hipótesis sobre la que asientan sus reflexiones, Miguel Dalmao no pudo haber sido responsable del asesinato de Nibia porque, en primer lugar, no se habría probado que Nibia fuera asesinada y, en caso de que así sucediera, sería improbable que Dalmao, que era un joven alférez en ese momento, haya tenido la responsabilidad sobre su muerte. Habida cuenta, entonces, del conjunto de lo no probado y el conjunto de lo improbable –abunda ese tipo de aseveraciones matemáticas en los artículos de marras–, cabe concluir, para sus autores, que Miguel Ángel Dalmao fue preso por ser el “botín más preciado” del Partido Comunista, o que todas las actuaciones judiciales vinculadas a los delitos cometidos por el terrorismo de Estado, incluida esta, han tenido un “tufo a revancha”. Entre los allegados a Dalmao, sobre todo militares, en actividad o en retiro, hay quienes señalan complotados a jueces, fiscales y organizaciones de derechos humanos para sentenciar sin pruebas o con argumento fragilísimos, pasando por arriba incluso del derecho de los victimarios a un juicio justo. Pero volviendo a los periodistas, la frase final de la nota de Gabriel Pereyra en El Observador conviene citarla íntegra: “La dictadura militar quedará como una dolorosa mancha en la historia de la democracia uruguaya. La forma en que procedió la politizada Justicia con algunas consecuencias de aquella dictadura, será otra mancha más en la historia del Estado de Derecho, cuya solidez se mide no sólo por la forma en que protege el derecho de las víctimas, sino también, y sobre todo, el de los victimarios”.

Veamos. Es más fácil escribir una nota que leer todo el expediente judicial que abre paso a una condena o dar seguimiento a todos los testimonios que se producen en torno a una causa a lo largo de los años. Pero no debemos olvidar que el mentado Estado de Derecho reserva la función de administración de justicia al Poder Judicial y si bien los dictámenes en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito penal, siempre serán motivo de polémica, las resoluciones judiciales deben ser apeladas formalmente ante tribunales superiores del propio poder, que para eso existen varias instancias antes de considerarse una cosa juzgada. En ese marco, los textos más o menos inculpatorios o las monumentales y encendidas defensas de los condenados en la palestra pública pueden cumplir una función política o constituir testimonios éticos insoslayables, pero de ningún modo deben erigirse por encima del poder público ni sustituir a los que tienen la responsabilidad constitucional de juzgar. En un Estado de Derecho que se precie, el grito de la tribuna es simplemente eso: grito de la tribuna, nada más y nada menos.
Si uno se toma el trabajo de estudiar el caso de Nibia Sabalsagaray, lo primero que salta a las claras es que Miguel Ángel Dalmao tuvo algo que ver con su muerte. Por lo menos, algo que ver. Nadie puede pasar por alto que era él quien ejercía, esa fatídica madrugada, la jefatura de la unidad antisubversiva en el batallón de transmisiones número 1, suplantando a su jefe, que estaba sancionado. Él, por alférez que fuera, era oficial del S2 a cargo ese día, y además fue él, Dalmao, el que firmó el informe militar en que se da cuenta del presunto suicidio de Nibia. Las inconsistencias sobre la versión del suicidio son múltiples y para aclarar el caso se tomaron diversidad de testimonios, participaron innumerables peritos y actuaron cuatro fiscales y cinco jueces, incluyendo fiscales penales, de corte, jueces penal, de apelaciones y una jueza más que es la que determina la condena. En todos los casos, coinciden con señalar la responsabilidad en el grado de coautores tanto del extinto general Dalmao como del coronel retirado Chialanza, que era el jefe del batallón en ese momento, y cuyos procesamientos fueran dictaminados en 2010, luego de que la Suprema Corte de Justicia decretó la inconstitucionalidad de la ley de caducidad para ese caso.
No tiene sentido ahondar en los detalles que surgen del expediente. Cualquiera puede leerlo. Pero hay que contestar crudamente a los que se obstinan en situar el procesamiento con prisión de Dalmao, y hasta su posterior muerte –como si la muerte natural de Dalmao fuera una parte constitutiva de una sentencia y no un hecho natural acaecido mientras cumplía su condena–, como una “llaga en el Estado de Derecho” o como el fruto de una conspiración, un negociado o un ánimo de revancha caprichoso. Todo el mundo puede tener la opinión que quiera sobre lo que pudo suceder o no esa noche, pero resulta innegable que si Dalmao no fue el autor del interrogatorio –verbigracia, apremio y tortura física y psicológica– y homicidio de Nibia, sí estuvo directamente implicado en la fragua intelectual de una versión de suicidio que no ocurrió jamás, porque Nibia Sabalsagaray no se suicidó, y ese invento, y su posterior propagación formal, resultan especialmente infamantes para con la memoria de una joven militante, profesora de literatura recién egresada, a punto de casarse con su compañero, a la que quisieron matar dos veces: la una directamente, y la otra, atribuyéndole incluso la autoría de su propia muerte.
La verdadera llaga en el Estado de Derecho desde el retorno de la democracia es y ha sido la impunidad. La ley de impunidad ha permitido que no se juzgara a nadie durante más de treinta años y, cuando por fin pudo abrirse una puerta para que ingresara la Justicia, los militares y ex militares se han comportado como una cuerpo mafioso supeditado a un juramento de omertà. Esa práctica de ocultamiento le cabe también al general Dalmao, y quizá ha sido tan o más responsable de su castigo que cualquiera de las pericias. Si Dalmao no lo hizo, si no cometió el asesinato de Nibia, entonces protegió hasta el último instante de su vida a quienes sí lo hicieron. Su declaración por escrito a la Justicia y, en especial, su rectificación posterior, cuando las pruebas se acumulaban en su contra, son tremendamente incriminadoras. Casi no dejan lugar a dudas. 
Se podrá discutir siempre si Marcos Carámbula podía, como estudiante al borde del egreso, constatar científicamente que Nibia no se había suicidado, pero lo que hizo fue un acto valiente, sumamente valiente, y profundamente honesto. Lo que él vio exactamente, el tipo de heridas que tenía Nibia, la marca en su cuello, eran incompatibles con un suicidio, y además las recordó –y las siguió recordando toda su vida– y se las relató al doctor Julio Arzuaga, profesor titular de Medicina Legal, decano de la Facultad, que fue contundente y le dijo que eso que Carámbula relataba no era un suicidio. Pero no se puede discutir que fue “ablandada” primero, apuntándole con focos de una camioneta al borde de un foso –de eso hay hasta testigos militares, que no fueron llevados a declarar por los abogados de la familia de Nibia, sino que concurrieron motu proprio–, que fue interrogada –y eso siempre incluía torturas– después, y que fue una muerte violenta.
Si finalmente Miguel Ángel Dalmao no la mató, entonces encubrió. Pero si fuera cierto que le dieron la orden de que firmara el informe militar de la muerte de Nibia, debió decir ante la Justicia quién le dio esa orden. Y si, por una peregrina circunstancia, finalmente no sólo no participó del interrogatorio, la tortura y la muerte de Nibia, y apenas firmó un papel que contenía el informe oficial de un “suicidio” en el cuartel sin ni siquiera haber leído lo que decía el informe y sin poder recordar haber firmado lo que firmó –algo absolutamente inexplicable para un joven alférez pero “experto” en “interrogatorios”, con curso aprobado de lucha antisubversiva en la Escuela de Las Américas en Panamá y titular del S2 de inteligencia militar en el hoy batallón de comunicaciones número 1–, entonces los que lo hicieron, los militares que dieron la orden, que fraguaron el informe y que asesinaron a Nibia son los verdaderos complotados, los verdaderos corruptos. Y, además, traidores a su propio subalterno –entonces– y, en apariencia, amigo hasta el día de su muerte, que permitieron que un camarada, que era inocente, muriera condenado por un crimen que no había cometido.
Los militares de la época pueden escribir a Búsqueda o expresarse en el entierro con dureza, y decir, haciéndose los guapos, que buscarán venganza contra fiscales y jueces, pero a la hora de la hora protegen su pellejo y están dispuestos a que cualquier perejil se pudra tras las rejas sin hacerse cargo de lo que hicieron. No son guapos, nunca lo fueron; lo que hicieron fue de bestias y de cobardes, y siguen siendo bestias y cobardes hasta el día de hoy, por eso cacarean donde pueden, pero no asumen sus crímenes, no reconocen sus actos y, si efectivamente Dalmao no fue coautor y murió preso, habrá sido por culpa de la pusilanimidad de sus camaradas, que prefirieron no hacerse cargo.

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lunes, 12 de enero de 2015

Hay que cerrar Guantánamo y devolverle el territorio a Cuba

Publicado el 9 de enero de 2015

Amy Goodman, con la colaboración de Denis Moynihan

Esta semana se cumplen trece años de la llegada de los primeros prisioneros tras el atentado del 11 de septiembre de 2001 a la prisión de la Bahía de Guantánamo, la cárcel más tristemente célebre del planeta. Este sombrío aniversario, y el comienzo de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, sirven como recordatorio de que tenemos que cerrar definitivamente esta cárcel y devolverle el territorio a sus propietarios legítimos: el pueblo cubano. Es hora de poner fin a este capítulo oscuro de la historia estadounidense.
“El centro de detención de Guantánamo para los individuos contemplados en esta orden ejecutiva se cerrará tan pronto como sea posible”. Eso dijo el presidente Barack Obama cuando anunció hace casi seis años una de sus primeras órdenes ejecutivas, el 22 de enero de 2009. A pesar de eso, la cárcel sigue abierta, con 127 prisioneros que permanecen allí luego de que Kazajstán aceptara recibir a cinco ex prisioneros que fueron puestos en libertad el pasado 30 de diciembre. Según la información pública, ha habido 779 presos retenidos en la base desde 2002, algunos de los cuales permanecieron detenidos por más de diez años sin que se presentaran cargos en su contra ni fueran sometidos a juicio. Gracias a WikiLeaks y a su presunta fuente, Chelsea Manning, sabemos la mayoría de sus nombres.
El coronel Morris Davis fue el fiscal general de Guantánamo entre 2005 y 2007. Dimitió después de que un funcionario designado por George W. Bush anulara su decisión de prohibir el uso de las pruebas obtenidas bajo tortura. En una entrevista, Davis me dijo: “Yo estaba convencido de que no estábamos comprometidos a celebrar juicios completos, justos y abiertos, y que iba a predominar el teatro político más que la justicia”. Obama nombró un enviado especial para el cierre de Guantánamo, aunque la persona que más recientemente ocupó el cargo, Cliff Sloan, renunció abruptamente a finales de diciembre, sin dar motivos. En un artículo de opinión recientemente publicado en el periódico New York Times, Sloan escribió: “Como me dijo una vez un funcionario de seguridad de alto rango de uno de nuestros más firmes aliados en la lucha contra el terrorismo (no de Europa): 'La mejor medida que puede tomar Estados Unidos para luchar contra el terrorismo es cerrar Guantánamo'”.
Estados Unidos ha impuesto un aplastante bloqueo a Cuba desde hace más de medio siglo, con el pretexto de castigar al pequeño país por su forma de gobierno. ¿Qué tipo de alternativa les mostramos a los cubanos en esa esquina de su isla controlada por Estados Unidos? Una cárcel militar infernal, que está fuera del alcance de las leyes de Estados Unidos, donde cientos de hombres han sido retenidos, la mayoría sin cargos, y muchos de los cuales han sido golpeados y torturados.
El presidente Obama critica con toda razón a Egipto por el encarcelamiento de tres periodistas de Al Jazeera: Peter Greste, Mohamed Fahmy y Baher Mohamed. “Tanto de forma pública como privada fuimos claros respecto a que deben ser liberados”. Eso dijo el presidente Obama a la prensa el pasado mes de agosto. Sin embargo, y por desgracia, basta con que Egipto mire a Estados Unidos para determinar cuál es el tratamiento aceptable de los periodistas de Al Jazeera. Sami al-Hajj era camarógrafo de esta cadena de noticias y se hallaba cubriendo la invasión estadounidense de Afganistán en 2001 cuando los militares paquistaníes lo apresaron y entregaron a las fuerzas estadounidenses. Tras diecisiete días brutales en la Base Aérea de Bagram fue trasladado a Guantánamo, donde estuvo detenido sin cargos durante más de seis años. Fue torturado, golpeado y humillado. Al-Hajj inició una huelga de hambre de 480 días y fue sometido a alimentación forzada a través de tubos nasales. Quedó en libertad en mayo de 2008.
En diciembre de 2012 estuve con Sami al-Hajj en la sede de Al Jazeera en Doha, Qatar, donde dirigía la oficina de Derechos Humanos y Libertades Públicas de la cadena. Me dijo que durante el tiempo que permaneció en Guantánamo, Estados Unidos intentó forzarlo a convertirse en espía:
“Empezaron a hacerme la oferta de darme la nacionalidad estadounidense y cuidar de mi familia si trabajaba para ellos en la CIA mientras continuaba con mi trabajo de periodista para Al Jazeera. Querían que les envíe información sobre el vínculo entre Al Jazeera y Al Qaeda y otros grupos terroristas y algunas personas en Medio Oriente. Por supuesto que me negué a hacerlo. Les dije: 'Yo soy periodista, y moriré siendo periodista'".
Estados Unidos sabía que Sami al-Hajj era inocente pero quería que espiara a Al Jazeera, y por ello lo sometió a varios años de duro encarcelamiento en un intento de quebrarlo.
Estados Unidos tomó la Bahía de Guantánamo por la fuerza en 1898 durante la Guerra hispano-estadounidense y obtuvo de parte de Cuba la cesión y usufructo indefinido de la propiedad en 1903. 
Devolverle la Bahía de Guantánamo a Cuba significaría comenzar a remediar más de un siglo de agravios perpetrados por el gobierno de Estados Unidos allí. Y más importante aún: la devolución de la base naval y prisión de la Bahía de Guantánamo hará que sea más difícil que los futuros criminales de guerra, ya sea que estén liderando la Casa Blanca, el Pentágono o laCIA, y sus partidarios en el Congreso, utilicen Guantánamo como un calabozo fortificado y remoto para infligir tortura y terrorismo contra los prisioneros, muchos de ellos inocentes, lejos de los ojos del pueblo estadounidense y lejos del alcance de la justicia.
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sábado, 10 de enero de 2015

Sanción y tribunal de honor al general (r) Purtscher

EL MILITAR HABLÓ DE TOMAR “VENGANZA” POR LA MUERTE DE DALMAO


El país – 10 1 15




Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro. Foto: Gerardo Pérez.

El general retirado dijo que pretende “venganza” por el fallecimiento del general (r) Miguel Dalmao. Consideró que su muerte fue “un asesinato” por parte de “jueces que se creen dioses”.

El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, sancionó al general retirado Wile Purtscher por sus dichos contra el sistema de justicia, publicados el jueves 8 de enero en el semanario Búsqueda.

Purtscher afirmó que pretende “venganza” por el fallecimiento del general (r) Miguel Dalmao. Consideró que su muerte fue “un asesinato” por parte de “jueces que se creen dioses” y que, sostuvo, son “corruptos, ya que obedecen a ideologías partidarias”.

Dalmao falleció el pasado 29 de diciembre en el Hospital Militar aquejado por varias dolencias cardíacas y respiratorias.

Esta mañana el Ministerio de Defensa anunció la sanción disciplinaria e indicó que Purtscher será sometido a Tribunal de Honor.

Pese a que el militar se retiró en 2013, puede ser sancionado hasta cuatro años después, según la Ley Orgánica Militar.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo envió hoy un oficio al Ministerio de Defensa Nacional informando que comenzó una investigación sobre los dichos de Purtscher.

Juan Raúl Ferreira, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, destacó en su cuenta de Twitter la medida adoptada por el Ministerio de Defensa.La Mesa Ejecutiva de la Vertiente Artiguista plateará a las autoridades del Frente Amplio “la necesidad de estudiar las acciones penales que puedan corresponder, sin perjuicio de las eventuales acciones de oficio que puedan existir”.
En una declaración pública, este sector sostuvo que estas declaraciones “constituyen en sí mismas un acto de insubordinación y desprecio a los tres poderes del Estado, y por tanto, un atentado al régimen democrático republicano de gobierno, sin perjuicio de que las expresas amenazas e instigación a la persecución de personas pueden por si mismas constituir un delito penal”.

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Ejecutivo rechazó los dichos del general Purtscher

EL MINISTRO ÓSCAR GÓMEZ EMITIÓ UNA DECLARACIÓN

Caras y caretas - 10 1 15



El Ministerio de Educación y Cultura emitió un comunicado en el que rechazó por “inexactos” los dichos del general retirado Purtscher quien cuestionó las a una serie de afirmaciones sobre el funcionamiento de la justicia en el caso del homicidio de Nibia Sabalzagaray.

El ministro interino de Cultura, Óscar Gómez, señaló en el comunicado que el general Miguel Dalmao “fue procesado” por resoluciones de primera y segunda instancia por el homicidio de Nibia Sabalzagaray, además en la primera instancia fue “condenado como autor” del referido homicidio.
Gómez aclaró además que las sentencias que dispusieron el procesamiento y prisión primero y la condena después fueron dictadas “por jueces independientes”. Y a requerimiento de fiscales designados por el Poder Ejecutivo, “previa venia del Senado de la República otorgada por las dos terceras partes de sus integrantes”.
Además que en el homicidio de Nibia Sabalzagaray “intervinieron dos Jueces Letrados de 1° Instancia en lo Penal, tres Ministros de un Tribunal de Apelaciones en lo Penal y tres Fiscales Letrados Nacionales en lo Penal”.
Y que todos los magistrados actuantes coincidieron en la responsabilidad penal de Dalmao.
Por tanto concluye que las declaraciones del militar deben ser “rechazadas porque cuestionan la estructura y funcionamiento del sistema de justicia establecido en la Constitución y en las Leyes de la República y son no solo inexactas sino que sugieren la convocatoria a acciones fuera del ámbito del derecho”.
El comunicado oficial está firmado por el ministro interino de Educación y Cultura, maestro Óscar Gómez.
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viernes, 9 de enero de 2015

Pero no las mañas

General retirado volvió a la carga y ahora dijo que quiere “venganza” contra operadores judiciales; Ministerio de Defensa lo sancionará.

La diaria - 9 1 15 - Por Natalia Uval




Wile Purtscher y Jorge Rosales durante el acto de relevo en jefatura de División de Ejercito 2.
 Foto: s/d de autor, Ministerio de Defensa Nacional (archivo, mayo 2011)


El general retirado Wile Purtscher está teniendo su minuto de fama. No contento con acusar de “corruptos” a la fiscal y al juez que actuaron en el procesamiento del general Miguel Dalmao, fallecido recientemente en prisión -Mirtha Guianze y Rolando Vomero, respectivamente-, ayer dijo en una misiva publicada en la sección de “Cartas al Director” de Búsqueda que quiere “venganza”. En la carta, Purtscher confiesa que se siente “destruido moralmente, avasallado por la corrupción judicial e impotente ante un hecho consumado”. “Asesinaron al Gral. Miguel Dalmao, esto es una más de estos jueces que se creen dioses, jueces que estudiaron en la escuela de que la Justicia es venganza, corruptos, ya que obedecen a ideologías partidarias, muchos de ellos con participación política y que ya han recibido el pago”, continúa.
Luego dice que Mirtha Guianze “es presidenta de ese mamarracho de Comisión de Derechos Humanos (se refiere a la Institución Nacional de Derechos Humanos, INDDHH), donde recibe un suculento sueldo, más que el del fiscal, y el decadente, venal e inmoral juez ahora es miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, bien pago por los deberes bien cumplidos”.
También sostiene (destacado con negrita) que existen “presos políticos” en Uruguay. Dice que el titular de la secretaría de Derechos Humanos, Javier Miranda, y el historiador Gerardo Caetano “saben muy bien” que Dalmao es inocente y que “todo esto fue tramado y hurgado por la fiscal y el juez de la causa, apoyados por un grupo de abogados, solventados sus costes económicos por Organizaciones no Gubernamentales y a veces desde el mismo Estado, para armar un entramado novelesco y patético”. “Cada vez siento más bronca y lo que temía, ahora soy yo el que quiero venganza [en negrita]. Ésta llegará, por algún medio. También sabremos esperar, también seguiremos trabajando para demostrar el prevaricato que han cometido en el juicio al General. Mi amigo ahora descansa en paz, pero aquellos que fueron contra él, que no duerman en paz, porque recuerden que mientras exista un amigo del General, al igual que ustedes lo hicieron, persiguiéndolos estaremos”, concluye la carta.
No es la primera vez que Purtscher hace explícita su visión sobre el tema. El 7 de octubre de 2009, en entrevista con la diaria en momentos en que se desempeñaba como director general del Instituto Militar de Estudios Superiores, cuestionó entre otras cosas la derogación de la ley de caducidad, y valoró que si se concretaba, “podemos ir muchos presos por cualquier denuncia que haga cualquiera”. Además, dijo que en dictadura se luchó contra el “enemigo interno”. Estas declaraciones le valieron una sanción por parte del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
En diciembre de 2012, Purtscher dejó la División de Ejército II y fue nombrado jefe de misión en la embajada de Uruguay en Estados Unidos. En aquella instancia el militar dijo que dejaba el cargo con “sentimientos opuestos”. Dijo que sentía “alegría por el destino”, pero que dejar el comando de la División II “a mitad de camino” no le “agradaba mucho”. “Gracias por soportar mis impertinencias y desplantes. Soy así y ni las palabras ni los cargos me harán cambiar”, manifestó Purtscher en aquella instancia, según consignó el diario Primera Hora de San José.
En reiteración real
Fuentes de la cúpula del Ministerio de Defensa dijeron a la diaria que el general será nuevamente sancionado. Si bien Purtscher es un general retirado, la Ley Orgánica Militar establece que un militar sólo quedará liberado “de las limitaciones y obligaciones que le impone” su estado una vez transcurridos cuatro años del pase a situación de retiro. Estas limitaciones son, entre otras: deber de obediencia, respeto y subordinación al superior en toda circunstancia de tiempo y lugar, de acuerdo a las leyes y reglamentaciones en vigencia; sometimiento a la jurisdicción penal militar; y abstención de toda actividad política excepto el sufragio. El MDN no descarta presentar una denuncia ante la Justicia ordinaria por las declaraciones. Una fuente de la cartera hizo notar que la Justicia podría actuar de oficio por amenazas o apología del delito.
Ayer la senadora frenteamplista Constanza Moreira expresó su “repudio” a las declaraciones y su “total apoyo” a la INDDHH y a su presidenta, Mirtha Guianze. “Nuevamente se escuchan agravios contra las instituciones que trabajan por la causa de los derechos humanos en Uruguay. Ayer fue Serpaj, hoy es la INDDHH, y toda la Justicia (los fiscales y jueces que actuaron en la causa de Dalmao)”, sostuvo Moreira mediante un comunicado. “Los agravios, los insultos, las descalificaciones, son una muestra de la debilidad de sus argumentos. Por eso decimos: ante cualquier agravio, la verdad. Ante cualquier amenaza, la Justicia”, agregó.
El martes, en una columna publicada en Facebook, Guianze consideró como “agravios intolerables” las primeras afirmaciones de Purtscher sobre el tema. Consultada ayer por la diaria, la presidenta de la INDDHH descartó por el momento formular una denuncia ante la Justicia por las declaraciones. No obstante, la INDDHH ya resolvió realizar por escrito una solicitud de información al Ministerio de Defensa sobre este caso, informó a la diaria la directora de la institución Ariela Peralta. Guianze no firmará la solicitud por estar involucrada.

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jueves, 8 de enero de 2015

Pretensión punitiva

Guianze calificó de “agravios intolerables” contra la Justicia los dichos del general Purtscher en entierro de Dalmao.


La diaria - 8 1 15



Mirtha Guianze. Foto: Pedro Rincón (archivo, junio de 2014)


La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Mirtha Guianze, publicó el martes en su perfil de Facebook “una reflexión” sobre una crónica publicada por el semanario Búsqueda el pasado 31 de diciembre y que fuera destacada en la tapa. Guianze escribió que reflexiona “en la víspera” de sus 70 años (los cumplió ayer) y hace referencia al titular del semanario que presenta la crónica del entierro del general Miguel Dalmao, ocurrido el 30 de diciembre en el cementerio de Soca.
Dalmao, el único militar en actividad procesado con prisión y condenado por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, falleció el lunes 29 en el Hospital Militar a los 64 años, por una afección respiratoria. “El encarcelamiento de Dalmao fue una falsa y burda comedia tejida por fiscales y jueces corruptos”, destacó el titular de la tapa del semanario. 
Guianze escribió en su columna que en la crónica sobre el entierro del militar “no se escatiman, a la par que el relato de las acerbas críticas de los concurrentes, la relación de otras opiniones igualmente convencidas de la presunta inocencia del condenado y de la actuación indebida de la Justicia”. Guianze, actuando como fiscal en 2010, pidió el procesamiento con prisión de Dalmao, por entonces comandante en jefe de la División de Ejército IV, y del coronel retirado José Chialanza por el “homicidio muy especialmente agravado” de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. El juez Penal de 10º turno, Rolando Vomero, hizo lugar a la solicitud de la representante del Ministerio Público y posteriormente la jueza Dolores Sánchez condenó al militar a 28 años de reclusión.
Guianze se refirió al discurso pronunciado por el general retirado Wile Purtscher en el entierro y recogido por la nota de Búsqueda, en el que el militar califica la muerte de Dalmao como un asesinato “de la democracia” y de “los derechos humanos” cometido por “una arpía Justicia que está desvirtuada por aspectos personales, ambiciones a futuro e hinchada de venganza”, y luego promete que no pararán “de luchar para demostrar que todo fue una falsa y burda comedia tejida por fiscales y jueces corruptos”. Guianze señaló que “el vocero” se atreve “a calificar de ‘corruptos’ a jueces y fiscales” que actuaron en el caso, “en presencia de autoridades y, según se dice, de ‘altos mandos del Ejército’, entre los que se contaba el futuro comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos”, según la crónica. “Obviamente, no es necesario aclarar el significado del vocablo ‘corrupto’. He debido tolerar (hablo en primera persona) a lo largo de mi vida profesional, muchos calificativos ofensivos o al menos injustificados. Pero jamás nadie me había llamado corrupta”, escribió Guianze, destacando esta última oración con letras mayúsculas, y agregó: “Y siento que no puedo permitirlo a esta altura de mi vida”.
“No es justo ni lógico que las autoridades correspondientes permitan que esos agravios se digan en público, fuere por acción o por omisión. Un militar -eso dicen- lo sigue siendo aunque pase a retiro, un comandante en jefe que escucha calladamente eso, tácitamente lo está consintiendo, o al menos eso es lo que siento”, opinó después. Guianze añadió que no va a hacer “un juicio por daños y perjuicios a nadie”, porque “no tiene sentido”, pero llama “a la reflexión”, y pide disculpas por hacerlo “por hecho propio”, pero le resulta “muy doloroso”. “Fui designada en el Ministerio Público el 28 de diciembre de 1967 como administrativa en el último grado, hice toda mi carrera con honradez, mis compañeros de ayer y de hoy lo saben. ¿Habrá ahora alguna autoridad que tenga a bien aquilatar que hay agravios intolerables? ¿Alguien de la revista Búsqueda se dignará reparar el daño que causan, cuando ‘objetivamente’ informan sobre esos insultos?”, concluyó Guianze.
Juan Raúl Ferreira, otro de los integrantes del Consejo Directivo de la INDDHH, tuiteó ayer en el mismo sentido: “¿Cómo puede Búsqueda tratar al barrer a ‘jueces y fiscales’ que procesaron y condenaron militares por crímenes de lesa humanidad de ‘corruptos’?”.
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domingo, 4 de enero de 2015

Etica para todos o para nadie


Brecha - Por Samuel Blixen - 2 de enero 2015
  
Hay que tomarle la palabra al presidente: la ética, en función de la equidad, prevalece sobre la legalidad. No sólo en el conflicto con el Poder Judicial; hay otras inequidades tan o más flagrantes y costosas. Por ejemplo, el escandaloso privilegio de las jubilaciones militares.

En su audición del martes 23 el presidente José Mujica analizó el conflicto de los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que calificó de “puja salarial de altos funcionarios muy bien retribuidos que ponen en juego la distribución con equidad”. Y en su análisis introdujo un valor que habitualmente no forma parte de la ecuación política: la ética en relación con la justicia en el sentido profundo. El presidente reivindicó “la equidad más allá de cualquier discusión que surja en materia de legalidad, porque hay cosas que pueden ser legales pero no son justas, ni ética ni moralmente”. 
La disyuntiva entre ética y legalidad –donde la ética aparece como un valor social consensuado y la legalidad como una norma devaluada por “las dos bibliotecas”– interpela cada vez más al gobierno y al Estado. Tan sólo dos ejemplos: cobrar intereses de hasta 69 por ciento (común en los préstamos de las financieras) es legal; pero no es ético. Permitir que el mercado fije sobreprecios abusivos a los productos de consumo masivo es legal; pero no es ético.

En el conflicto con el Poder Judicial la ética enfrenta un problema adicional: la legalidad (que por otra parte el presidente cuestionó) ampara una conquista laboral, por lo que Mujica introdujo un argumento adicional: “Si por una artimaña de un sector se le pega semejante mascada a los recursos públicos, habrá menos para causas impostergables, porque lo que se nos exige, supuestamente en forma legal, equivale a cerca de 500 millones de dólares en un quinquenio, más de 100 millones anuales”.
Efectivamente, el argumento es fuerte: 500 millones de dólares representan casi un punto del producto bruto interno. Pero si esa “mascada” refuerza el criterio ético que prioriza la equidad –“si accedemos a semejante gasto, hay muchos otros que están muy atrás en la fila del reparto a los que no podremos atender”, sostuvo el presidente–, otros “mordiscos” similares, legales pero impúdicos, no activan la contradicción. 
Algo menos de 500 millones de dólares alrededor de 400 millones, es lo que el Estado, por vía presupuestal, destina para cubrir el desfinanciamiento crónico de la Caja de Pensiones Militares. Hace ya un tiempo el entonces presidente del Bps y ahora designado como ministro de Trabajo en el futuro gobierno, Ernesto Murro, había revelado: “En la Caja Militar por cada peso que entra salen cinco, los otros cuatro pesos los paga la sociedad a través de impuestos”. El jerarca además planteó una interrogante: “¿Es correcto que aquellos militares que tienen altas jubilaciones no contribuyan para la propia Caja Militar?”. El Estado tiene que asistir con 80 millones de dólares por año a la Caja Militar, y para desentrañar la ética más allá de la legalidad es preciso detallar cómo se genera ese déficit.
Con un presupuesto quinquenal de 650.718.647 dólares –la senadora Constanza Moreira explicó en Brecha (véase “Seremos capaces de discutir abiertamente”, 15-X-12, y Constanza, el desafío, Ediciones Trilce)–, Defensa es el segundo rubro en importancia del presupuesto nacional con el 4,2 por ciento, superado sólo por el Ministerio del Interior (5,1 por ciento); el gasto en sueldos representa más de las dos terceras partes de la asignación.

En las Fuerzas Armadas revistan hoy 22.563 efectivos (N.B. de Sirio: RECUÉRDESE que Uruguay tiene 3.300.000 habitantes, que la mitad de los trabajadores uruguayos gana menos de 14.000 pesos mensuales, y que hasta ahora los militares no se apartaron de su pasado torturador y vendido a los EEUU): Ejército, 15.407, de los cuales 1.498 son oficiales, y de ellos, 425 oficiales superiores; Armada, 4.672 (564 oficiales); Fuerza Aérea, 2.484, (444 oficiales, 110 oficiales superiores). Las remuneraciones, a fines de 2012, sin contar con las dos actualizaciones salariales posteriores, eran: teniente general o almirante, 93.569 pesos; general o contralmirante, 81.102; coronel o capitán de navío, 64.919; teniente coronel o capitán de fragata, 46.309; capitán o capitán de corbeta, 43.091. En el otro extremo, un suboficial ganaba 19.913 pesos y un soldado o marinero, 10.963 pesos.

Estos sueldos se incrementan en 50 por ciento cuando los efectivos participan en misiones en el exterior. Hay 1.809 militares en misiones de paz de las Naciones Unidas, 58 observadores en el Sinaí, 228 en cursos de capacitación para operaciones de la Onu, 40 en cursos de “experto en misiones”, 23 en cursos para mujeres en misiones de paz, 33 en cursos de protección a civiles y 16 en cursos de protección de niños. Y se incrementan en 100 por ciento en cualquiera de estas tres eventualidades: cuando existe un estado de guerra y se participa en el teatro de operaciones; cuando se aplican medidas prontas de seguridad, o cuando se realizan actividades de vuelo en forma permanente.

Los sueldos más altos en las Fuerzas Armadas corresponden a los 2.506 oficiales y en particular a los superiores (teniente general, general y coronel), de los cuales hay 425 en el Ejército y 110 en la Fuerza Aérea (no se pudo obtener el número de oficiales superiores en la Armada, pese a que su página web es la única que incorpora un ítem de “transparencia”).

Para comprender el déficit de la Caja Militar, que según la senadora Moreira incrementa en 57 por ciento el presupuesto de Defensa, hay que detallar el cúmulo de normas excepcionales que se aplican al pase a retiro de los oficiales, consagrado en unas 97 leyes o artículos, más algunos decretos, y cuya estructura básica se apoya en la ley orgánica militar (14.157), de febrero de 1974. Ese corpus consagra un esquema de privilegio para las jubilaciones militares:

● El oficial puede pasar a retiro al cumplir 20 años simples de servicio (los civiles deben trabajar un mínimo de 30 años para cobrar la totalidad de la jubilación que les corresponda). Cada año de servicio en el exterior se computa doble, de modo que los 20 años simples pueden disminuir significativamente.

● El general pasa a retiro obligatorio al cumplir 60 años u ocho años en el grado; el coronel a los 55 años y el teniente coronel a los 52.

● Los oficiales (superiores o no) se jubilan con el 100 por ciento de los haberes que recibían el mes anterior al pase a retiro (la jubilación de los civiles es el 50 por ciento del promedio de los mejores diez años).

● Las pensiones militares se ajustan automáticamente según el índice medio de salarios o, lo que es lo mismo, según los aumentos de los funcionarios públicos (las jubilaciones de los civiles dependen de ajustes especiales, que pueden o no corresponder al índice medio de salarios).
● Cuando el pase a retiro es obligatorio (por edad o permanencia en el grado, y salvo una evaluación deficiente), los oficiales perciben una pensión equivalente al sueldo del grado superior inmediato. Así, un coronel cuyo salario es de 64.919 pesos, al pasar a retiro obligatorio cobrará 81.102 pesos (un jubilado civil podrá eventualmente alcanzar hasta un 70 por ciento del promedio del salario de la década).
● Los pasivos de las Fuerzas Armadas reciben aguinaldo (los jubilados civiles no lo conocen).
Para mantener este régimen de pensión militar, los ciudadanos civiles, mediante el pago de impuestos, deben financiar los 400 millones de dólares del déficit de la Caja Militar. Esta situación, como la de los magistrados, amerita aplicar el criterio de Mujica sobre la ética y la equidad. Pero de esto nadie habla.
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