Caudillo Pedro Lerena: un crimen impune

Estaba clandestino en nuestro país. Fue detenido a fines del mes de mayo de 1975 en un sangriento operativo represivo de las Fuerzas Conjuntas (FFCC) junto a otros militantes de la resistencia. Era miembro del MLN- Tupamaros. A fines de setiembre de ese año, luego de cuatro meses de incomunicación y crueles torturas, sus restos mortales fueron entregados a sus familiares.

Jorge Pajarito Silveira: un contumaz y cobarde torturador, activamente involucrado en las torturas que sufrió Pedro Lerena y en su asesinato. A las cosas hay que llamarlas por su nombre.

 

Pedro Lerena fue detenido el 25 de mayo de 1975 en el marco de la Operación Conejo orquestada por diversos servicios represivos y dirigido por el mayor José Nino Gavazzo. Participaron otros notorios terroristas estatales como el coronel retirado Jorge Pajarito Silveira, el único que sobrevive hasta el día de hoy. Pedro Lerena era miembro de la resistencia que en las más duras y crueles condiciones enfrentaba al régimen militar dentro del pais. Fue detenido junto a Walter, Cholo, González, ex preso político, dirigente cañero y testigo declarante en la causa.

Un homicidio estatal

Los testigos no mienten. Las evidencias son abrumadoras. La autopsia determinó que falleció por ahorcamiento pero el cuerpo presentaba brutales signos de las bárbaras torturas a que fue sometido. Pedro Lerena fue bárbaramente torturado en la Paloma, en la casona de Punta Gorda, en el 4º de Caballería y fue ahorcado en el 9 de Caballería en setiembre de ese año, habiendo estado incomunicado todo ese tiempo. Cuatro meses estuvo desaparecido hasta que le entregaron su cuerpo macerado a los familiares. Jorge, el Pajarito Silveira, participó activamente en la última sesión de torturas como lo señalan los testigos. Luego de cuatro meses de incomunicación y torturas no hay suicidios. Hay asesinatos. Así de simple. La justicia debe tipificarlo de esta manera.

La justicia es el único camino

Recordar y condenar estos crímenes siempre es necesario y positivo. La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, es el único camino que asegura que estos crímenes no vuelvan a ocurrir en el futuro. Reclamar justicia y reclamar por el destino de las detenidas y detenidos desaparecidos son acciones básicas de quienes quieren superar las heridas y secuelas de la dictadura civil militar mirando hacia el futuro democrático.

No son cuentas a cobrar. Son delitos graves que deben ser investigados y castigados para que haya pleno futuro democrático. Los responsables de ellos deben asumir sus responsabilidades penales aunque la impunidad de dos décadas los lleva a comparecer en los tribunales a edades avanzadas. El Estado uruguayo y el sistema político deben tener una actitud firme.

Los criminales estatales deben ser juzgados y condenados con todas las garantías del debido proceso como ha ocurrido hasta el momento, cualquiera sea su edad. No debe haber lugar ni para ellos ni para quienes promueven una memoria elogiosa de la dictadura civil militar. Mucho menos para quienes se sienten emocionalmente empáticos con ellos como el general retirado Carlos Sequeira a quien se quiso promover para integrar el Supremo Tribunal Militar recientemente por parte del gobierno.

Tipificar homicidio

La madre, la esposa, las hijas de Pedro Lerena Martínez y otros familiares, han jugado un papel determinante para que el crimen no permanezca impune. Los detenidos junto con él testimoniaron. Los peritos fueron contundentes al detallar las secuelas de las torturas. El Fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad fundamentó el pedido de procesamiento. Es hora de que el Poder Judicial se pronuncie y procese a Jorge Pajarito Silveira por el delito de homicidio por su activa participación durante esos cuatro meses en las torturas sufridas por Pedro Lerena. Es de justicia.

 

Opinando N° 5 – Año 14 – Miércoles 1º de octubre de 2025

Sequeiras nunca Más

1. Expresamos nuestro rechazo a la propuesta de designar al general retirado Carlos Sequeira como integrante del Supremo Tribunal Militar. Ha demostrado carecer de idoneidad moral democrática para ocupar responsabilidades de tanta importancia.

2. El general retirado Carlos Sequeira participó en el Tribunal de Alzada que analizó y mantuvo la decisión del Tribunal de Honor que juzgó la conducta del terrorista de Estado Tte. Coronel José Nino Gavazzo. Entendió que no violentó el honor del Ejército al haber confesado el asesinato y su propia participación en la desaparición de los restos de Roberto Gomensoro Josman.

3. Roberto Gomensoro Josman fue secuestrado por las Fuerzas Armadas el 18 de marzo de 1973, antes de la disolución de las Cámaras, trasladado al batallón de Artillería 1 en el Cerro, torturado hasta morir. Como confesó José Nino Gavazzo, por orden del general Esteban Cristi, jefe de la Región Militar Nº 1, sus restos mortales fueron arrojados a las aguas de la represa del Rincón del Bonete.

4. Roberto Gomensoro Josman fue el primer detenido desaparecido, de los 197 casos de personas detenidas desaparecidas, a manos de las Fuerzas Armadas.

5. El Tribunal de Honor, a instancias del general Guido Manini Ríos, sancionó al terrorista estatal teniente coronel José Nino Gavazzo por haber permitido que el coronel Juan Carlos Gómez fuera procesado sabiendo que era inocente. No lo sancionó por los crímenes reconocidos ante el Tribunal.

6. La investigación, el esclarecimiento y la sanción, penal y administrativa, de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil militar y el terrorismo de Estado, es un paso imprescindible  para que las mismas no vuelvan a ocurrir.

7. Para que el olvido no se haga costumbre, en las estructuras del Estado uruguayo no debe haber lugar para los terroristas de Estado ni para aquellas personas que promueven una memoria elogiosa de su accionar o demuestran  empatía emocional con ellos, como realizó en su momento, el general Carlos Sequeira.

 

Montevideo, 5 de setiembre de 2025

De nuevo la piedra en el zapato de la Inddhh

 

El Parlamento se encuentra abocado a la tarea de elegir a la persona que sustituirá al renunciante Dr. Bernardo Legnani en el Consejo Directivo de la Institución Nacional de DDHH (Inddhh). La historia vuelve a repetirse.

A la hora de presentar candidatos vemos que varios legisladores, al margen de las disposiciones legales, han tomado la iniciativa de hacerlo, de acuerdo a fuentes periodísticas. Es un problema de larga data. En la elección de integrantes del Consejo Directivo durante el 2022, gobierno con mayoría parlamentaria de la Coalición Republicana, adquirió visos escandalosos con resultados nefastos.

Inspirada en los principios de París, la postulación de candidatos para integrar el Consejo Directivo de la Inddhh se regula por el Artículo 39 de la Ley 18 446. El primer inciso, que aborda el tema, es bien claro y explícito. Establece quienes pueden postular candidatos. Lo hace de una manera que no da lugar a dudas. Solamente las organizaciones sociales que están en condiciones de participar en las Asambleas Extraordinarias de la Inddhh pueden postular candidatos al Consejo Directivo.

A los parlamentarios y  parlamentarias el texto legal les otorga otras facultades y lo señala a texto expreso para que no haya confusión: pueden recibir propuestas y formular una lista de candidatos. De hecho, además de elegir, mediante el voto,  es la función específica que realizan, a través de la Comisión Especial bicameral que se crea a tales efectos, como lo señala la misma ley.

El Artículo 39 en ningún momento menciona la posibilidad de que los parlamentarios ni otras personas puedan postular candidatos. Es más, la potestad de postular candidatos es la única atribución que la ley  otorga a las organizaciones de la sociedad civil organizada.

Para tapar el ojo

Cuando en la ocasión anterior algunas organizaciones hemos objetado este procedimiento, la Comisión Especial ha aducido que el texto no es claro, que es plausible de diferentes interpretaciones y recurrió a solicitar el apoyo de la División Jurídica. En el año 2022 ésta falló a favor de la interpretación que más convenía a la mayoría republicana, como era previsible. Adujo que cuando se presentó el proyecto original, los parlamentarios señalaron que era su intención que pudieran presentar candidatos.

Sin embargo, el texto aprobado otorga esa facultad solamente a las organizaciones de la sociedad civil que cumplan con determinados requisitos regulados por la misma norma. Y el mismo texto explicita el papel que ellos pueden desempeñar: recepcionar propuestas y formular listas para someterlas a la consideración de la Asamblea General.

Violentan a las organizaciones sociales

Cuando los parlamentarios postulan candidatos para integrar el Consejo Directivo de la Inddhh violentan los derechos que la ley  otorga a las organizaciones sociales. Se apropian, por la vía de los hechos, de los pocos derechos que ellas tienen en el actual ordenamiento legal. Desnaturalizan el sentido que la propia Institución debe tener. Para la sociedad civil presentar candidatos pasa a ser una simple formalidad condenada al fracaso. Habrá que negociar políticamente pero siempre será,  posiblemente, al margen de lo propuesto por la sociedad civil.

Partidizan y domestican a la Inddhh

El Parlamento es un órgano político. Cuando no existen las mayorías necesarias es lógico y razonable que se lleven a cabo negociaciones que permitan alcanzar acuerdos y soluciones. Así funciona la democracia. El problema radica cuando las negociaciones prescinden de los candidatos propuestos por las organizaciones sociales, se negocia en clave partidaria y de acuerdo a los estándares de los mapas electorales, prescindiendo del único y legítimo derecho que la ley otorga a la sociedad civil.

Los candidatos propuestos por partidos políticos o por parlamentarios, en caso de ser seleccionados, tenderán a respetar los códigos de las organizaciones partidarias que los promovieron y de quienes depende su futuro, conspirando contra la autonomía que la institución debe tener.

Inddhh: una herramienta al servicio de los vulnerados

Las normas de Derechos Humanos son una conquista de las sociedades. Se orientan a potenciar la dignidad de todas las personas. Son un escudo protector de los sectores más vulnerables y vulnerados de la sociedad ante los potenciales abusos de los funcionarios del Estado. Instituciones como la Inddhh, con la misión específica de promover y defender esos derechos, fortalecen la democracia y mejoran la calidad de la misma. Como lo señala la ley, deben ser gobernadas por personas de alta autoridad moral, con experiencia y notoria versación en la materia. Postuladas por organizaciones de la sociedad civil.

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    Opinando N° 4 – Año 14 – Domingo 27 de julio de 2025

 

Respetar a la sociedad civil organizada

 

1. El artículo 39 de la Ley 18 446 es bien claro y explícito. No requiere interpretaciones de ningún tipo. Solamente las organizaciones de la sociedad civil pueden postular candidatos para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).

2. Expresamos nuestro rechazo a que partidos políticos, o parlamentarios a título personal, presenten candidatos para integrar la Comisión Directiva de la INDDHH usurpando una potestad que el texto legal atribuye, exclusivamente, a las organizaciones de la sociedad civil.

3. Cuando los parlamentarios presentan candidatos  para integrar el Consejo Directivo de la Inddh reducen y limitan al máximo las posibilidades de las organizaciones de la sociedad civil organizada  para incidir en el proceso de designación de las autoridades. Desnaturalizan el sentido y la naturaleza de la propia institución.

4. La última elección de integrantes de la Comisión Directiva de la INDDHH mediante un reparto político partidario, que no contempló el mapa electoral del país ni tampoco realizó una rigurosa evaluación de los currículums de los candidatos, ha conducido a la misma a una grave crisis institucional en todos los planos.

5. Las normas de DDHH son una conquista de la sociedad para proteger a la ciudadanía de los potenciales abusos de poder de los funcionarios y de los organismos del Estado. Las instituciones que las promueven y vigilan su cumplimiento, como la INDDHH, deben otorgar un rol protagónico a las organizaciones de la sociedad civil auténticas que tanto trabajo desenvuelven, muchas veces, en condiciones hostiles.

6. A 40 años del retorno a la institucionalidad democrática, llamamos a todas y todos los parlamentarios a respetar al pie de la letra el texto del Artículo 39 de la Ley 18 446 para que el Consejo Directivo adquiera la autonomía política que corresponde al margen de las decisiones de los partidos que integran el sistema nacional.

 

Montevideo, 24 de julio  de 2025

 

Votar a Mariana Mota

 

1. Expresamos nuestro rechazo a que grupos políticos, o parlamentarios a título personal, presenten candidatos para integrar la Comisión Directiva de la INDDHH. Reduce y limita al máximo las posibilidades de las organizaciones de la sociedad civil organizada  para incidir en el proceso y desnaturaliza el papel de la Institución.

2. La última elección de integrantes de la Comisión Directiva de la INDDHH mediante un reparto político que ni siquiera contempló el mapa electoral del país ha conducido a la institución a una grave crisis institucional en todos los planos. La actual presidenta, que debería haber renunciado, fue cuestionada por incurrir en abuso laboral y el Parlamento deberá expedirse al respecto.

3. Expresamos nuestro agradecimiento público al Dr. Wilder Tayler por aceptar integrar la Comisión Directiva de la INDDHH y por la labor desarrollada en todos estos años, especialmente, en el trabajo referido a la búsqueda de las  personas detenidas desaparecidas.

4. Las normas de DDHH son una enorme conquista de la sociedad para proteger a la ciudadanía de los potenciales abusos de poder de los funcionarios y de los organismos del Estado. Las instituciones que las promueven y vigilan su cumplimiento como la INDDHH deben otorgar un rol protagónico a las organizaciones de la sociedad civil auténticas que tanto trabajo desenvuelven, muchas veces, en condiciones hostiles.

5. A 40 años del retorno a la institucionalidad democrática, llamamos a todas y todos los parlamentarios a que muestren su compromiso con la búsqueda de las personas  Detenidas Desaparecidas votando a la Dra. Mariana Mota para integrar el Consejo Directivo de la INDDHH como propuso Madres y Familiares y decenas de organizaciones de la sociedad civil. En su trayectoria vital, la Dra. Mariana Mota ha demostrado un enorme compromiso, idoneidad y conocimientos para continuar implementando lo establecido por la Ley 19 822.

 

Montevideo, 26 de junio de 2025

25 aniversario: fuimos, somos y seremos

 

Nuestra organización celebra su 25 aniversario. Como lo venimos haciendo desde hace muchos años, el sábado 21, al mediodía, en la sede social de Aute, gremio siempre generoso y solidario, en la calle Agraciada 2463, habrá un busecazo crysolero, para  brindar y confraternizar.

Surgimos formalmente en el invierno del año 2000. Gobernaba el Dr. Jorge Batlle, en plena época de cultura de la impunidad. Los principales responsables de las graves violaciones a los DDHH seguían ocupando cargos jerárquicos en las Fuerzas Armadas. Eran notorios y preocupantes los estragos causados por el terrorismo de Estado en miles de ex presos políticos. Las secuelas de una ausencia total de políticas de reinserción eran evidentes. En lo referido al pasado reciente: impunidad para los asesinos y torturadores e ignorancia y silencio para las víctimas sobrevivientes.

Espacio para la solidaridad y el apoyo mutuo

Empezamos como un espacio de encuentro y de reencuentro, para organizar la solidaridad con los que estaban en peores condiciones, para generar puestos laborales, encontrar soluciones y paliativos. En el horizonte, para reclamar justicia, verdad, políticas de memoria y el cumplimiento de las normas internacionales de DDHH en materia reparatoria (En aquella época “Los principios de Joinet”).

Crysol: un historial impresionante de logros

El paso del tiempo ha sido inexorable. Hemos envejecido, es cierto, pero hemos podido forjar una organización pujante, con integrantes mayoritariamente septuagenarios, que siempre superan largamente el millar de asociados. Somos la organización de todas y de todos los ex presos políticos. Como tal somos reconocidos a nivel nacional y fuera de fronteras por los organismos de DDHH regionales, latinoamericanos y la propia ONU. Tenemos un historial de logros para el país y para el colectivo del cual estamos orgullosos y que justifican largamente los esfuerzos.

Agrupados como colectivo, mantenemos los sueños y las convicciones de siempre. Continuamos  el compromiso con los ideales y las utopías de la juventud. Asumimos   envejecer activamente, basados en la movilización gris y oscura de todos los días. Sin militancia, sin esfuerzo, sin participación, sin buscar consensos colectivos, caminos de acción que nos involucren a todos, con mucha tolerancia y paciencia, sin compromiso personal y dedicación, no se construye presente ni futuro.

Se trata de cambiar el mundo

Somos la Asociación de todas y de todos los ex presos políticos, sin importar su compromiso militante partidario, su experiencia carcelaria, su edad y su tiempo de reclusión. Integramos  Onajpu, mantenemos relaciones fraternas con el movimiento sindical, con su central única, con las principales organizaciones sociales y de DDHH. Somos una organización formal, democrática, con personería jurídica y pleno acatamiento de las disposiciones estatutarias y contamos con más de un millar de asociados que colaboran activamente.

Los gobiernos que se  sucedieron desde marzo de 2005 hasta el 2020 han sido decisivos, por su sensibilidad, para los logros que hemos obtenido como colectivo. Pero fue la presencia orgánica y militante de Crysol, con el apoyo de miles que lo hizo posible. Todas y todos los ex presos políticos lo saben. Incluso aquellos que  tienen diferencias, en algunos casos muy grandes, y las exponen públicamente, con los puntos de vista que asumimos como colectivo organizado.

Gracias a Crysol, desde hace más de 19 años,  la gran mayoría  de los  luchadores sociales y políticos de Uruguay han logrado llegar a la  vejez con ingresos que les permiten cubrir sus necesidades básicas, les dan estabilidad familiar y emocional. Cuentan con acceso a la atención médica.  Solo ese logro inmenso alcanzaría para justificar nuestra existencia.

Más y mejor Crysol

Las puertas de la institución están siempre abiertas a todas y todos los que quieran sumarse a dar una mano. No tenemos capacidad militante ociosa, sí tenemos muchos proyectos,  iniciativas y desafíos, para defender las conquistas logradas, lograr su plena instrumentación y dar cumplimiento a las recomendaciones pendientes dela INDDHH y de los Relatores Especiales de la ONU.

La del sábado no será una simple comida compartida. Será  un reencuentro, como todos los años, para ratificar nuestro compromiso con la unidad, con la organización, con la pluralidad, la democracia y la vigencia de la institución. Siempre junto a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El sábado 21 estaremos en la buseca celebrando estos 25 años de lucha y levantando las banderas de Crysol por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación. Como siempre y más allá de las diferencias habrá un gran abrazo crysolero. Entre todas y todos. Como debe ser.

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Opinando N° 3 – Año 12 – Viernes 20  de junio de 2025

40 años sin presas ni presos políticos

 

El  próximo1º de marzo asume la presidencia de la República Yamandú Orsi. El viernes 14 de marzo, se cumplen 40 años de la salida de las y de los últimos presos políticos de la dictadura.

Foto de Nancy Urrutia

Desde hace más de una década, cada 14 de marzo, nuestra organización conmemora esa jornada histórica concurriendo al Memorial de los Detenidos Desaparecidos en el Parque Vaz Ferreira, en el Cerro. Se lleva a cabo una sencilla ceremonia.

Se entonan las estrofas del Himno Nacional. Se realiza un minuto de silencio en homenaje a los Detenidos Desaparecidos,  presas y presos políticos. Se recuerda también  a todas y todos los ex presos políticos que ya han fallecido. A medida que pasan los años, el número de sobrevivientes se reduce.

Desde hace muchos años hemos abandonado la vieja denominación de Día del Liberado. Más allá de las buenas intenciones, homenajear y recordar a los ex presos políticos, no nos parece correcta ni apropiada en los tiempos actuales.

Día del Liberado invisibiliza a los muertos en prisión

Durante la dictadura y el terrorismo de Estado, los centros de reclusión fueron concebidos como lugares de destrucción física, síquica, moral e ideológica de las personas privadas de su libertad. Se encarcelaba, muchas veces por largos periodos, pero también se intentaba hacer sufrir y destruir a las personas.

La  vieja denominación Día del Liberado hace referencia a los prisioneros que recuperaron su libertad luego de cumplir la condena establecida por los tribunales militares o como resultado del fin de la dictadura.

La propia denominación, con las mejores intenciones, lamentablemente, olvida a decenas de luchadoras y luchadores que fueron prisioneros políticos y que fallecieron en los recintos carcelarios, en los centros de reclusión, mientras cumplían sus condenas. En el caso de Punta de Rieles fueron 9 las compañeras fallecidas, en Paso de los Toros una, en el caso del Penal de Libertad fueron 34 muertos.

Una denominación anticuada

Aunque generalmente no se recuerda, el jueves 14 de marzo  de 1985, fueron liberados 47 prisioneros varones y 5 mujeres desde Cárcel Central en Montevideo.

Cuando comenzó a emplearse la expresión Día del Liberado no se lo hizo en el sentido de emplear el masculino genérico con el propósito de incluir a todo el universo de  personas privadas de su libertad. En esa época era común y habitual  no apreciar y valorar  a las mujeres como combatientes y como prisioneras políticas. Día del Liberado respondía a una visión masculina de la lucha que obviaba y desvalorizaba los aportes de las compañeras.

Se pensaba en la prisión política como un fenómeno masculino, con los varones siendo los protagonistas centrales de la épica lucha. Hasta se usaba, exclusivamente, en las comunicaciones, una foto de la salida de los presos políticos del Penal de Libertad el 10 de marzo. Para celebrar la fecha, CRySOL incluyó también y viralizó la salida de las últimas prisioneras en una imagen magistral captada por Nancy Urrutia.

En la actualidad “Liberado” es un término neutro

Hace 50 años, durante la dictadura, las personas rapadas que circulaban  por la ciudad de tanto en tanto, eran reconocidas como ex presos políticos que recién habían recobrado la libertad. Se les llamaba “liberados”. Con el paso del tiempo, el término ha perdido significado para la inmensa mayoría de la ciudadanía.

Luego de promover la aprobación de la Ley 18 596 en el año 2009, durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, Crysol, la organización que representa a todas y a todos los ex presos políticos, gestionó y obtuvo ante la Comisión Especial de la misma, que el día 14 de marzo fuera declarado y reconocido como Día de la y del ex preso político en homenaje a quienes fueron privados de su libertad por confrontar al gobierno autoritario de Jorge Pacheco Areco, a la dictadura y al terrorismo de Estado.

A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, la prisión política masiva y prolongada, asociada a las torturas, a las violaciones y abusos sexuales y malos tratos, sin descartar otras estrategias represivas, fue la metodología deliberadamente seleccionada por los dictadores de la época para reprimir y mantenerse en el poder. El Día de la  y el ex preso político hace referencia, precisamente, a ese hecho.

Crysol ya ha presentado un proyecto de ley para que el 14 de marzo sea declarado Día de la y el ex preso político.

El próximo viernes 14 de marzo, en el Memorial del Cerro, celebraremos 40 años sin presas ni presos políticos. Reivindicaremos el papel histórico desempeñado por quienes enfrentaron a Jorge Pacheco Areco, la dictadura de Juan María Bordaberry y el terrorismo de Estado y que, por eso mismo, fueron privados de su libertad. También rendiremos homenaje a todas y todos aquellos que ya no nos acompañan y levantaremos, una vez más, nuestras banderas de lucha. Las y los esperamos.

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Opinando N° 1 – Año 14 –  Viernes  28 de febrero de 2025

El vía crucis del Negro Viana Acosta (*)

 Por Roger Rodríguez - 14 septiembre 2008

Antonio Viana Acosta era tupamaro y estaba radicado en Argentina desde abril de 1973. Vivía en el barrio Once y trabajaba en Anchorena 51, la sede del Ministerio de Bienestar Social, eje del gobierno del general Juan Domingo Perón, quien designó a José López Rega como secretario de esa cartera.

Viana Acosta fue testigo del proceso que se fue dando en aquel ministerio, donde se cobijarían los más peligrosos elementos de la ultraderecha argentina. Los ojos de aquel moreno uruguayo criado en Rocha llegaron a ver cómo, en el subsuelo del ministerio, cargaban armamentos en una ambulancia.

En el Carnaval de 1974 las cosas empeorarían, cuando jefes de la represión de las dictaduras de Bolivia, Chile y Uruguay (representado por el inspector Víctor Castiglioni), acordaron con la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) una coordinación represiva, que años después evolucionaría en el Plan Cóndor.

Luego que se formalizara la coordinación represiva entre la ultraderecha argentina y las dictaduras de la región, los «zurditos» que habían llegado al Estado con el gobierno del «delfín» Héctor Cámpora, se convirtieron en un objetivo para los agentes de la represión porteña. Viana caería el 21 de febrero de 1974.

Los «pesados»

Al «Negro» Viana lo secuestraron los capos de la «patota» argentina: Almirón Sena, guardaespaldas de López Rega, Luis Margaride, Alberto Villar, subjefe de la Federal y principal de la Triple A, Miguel Angel Iñiguiz jefe de la Policía Federal y el coronel Jorge Osinde. Todos reconocidos como «pesados».

En democracia, lo llevaron a Coordinación Federal («Coordina»), en la calle Moreno 1417, cerca del Congreso. Allí lo torturaron los policías uruguayos Víctor Castiglioni y Hugo Campos Hermida, y los militares Manuel Cordero, José Gavazzo, Sergio Coubarrere y Carlos Calcagno, a quién ya había sufrido en el Batallón Florida.

Permaneció incomunicado en la Cárcel de Devoto varias semanas y lo llevaron a la Cárcel de Caseros, por otros 20 días, hasta que lo pasaron al local de Alcaldía 21 y quedó con otros presos, entre ellos varios bolivianos que iban a «poner en libertad». La acción represiva pactada en enero ya era internacional.

Viana Acosta se las ingenió para poder sacar una esquela dirigida al exiliado senador Enrique Erro, que estaba alojado en el Hotel Roy en la céntrica esquina de Corrientes y Esmeralda. Le pidió ayuda y Erro les mando dos famosos abogados: Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi.

 

El «Vuelo 158″

Los dos juristas argentinos, quienes ya habían colaborado con Zelmar Michelini en su presentación ante el Tribunal Russell, presentaron un habeas corpus que obligó a la policía federal a cambiar o acelerar sus planes. Era el 3 de abril de 1974 y hacía más de cuarenta días que Viana Acosta era torturado.

Sólo un día después, el 4 de abril, a las 10 de la mañana lo volvieron a llevar a «Coordina», lo subieron al 9º piso, y le anunciaron que sería entregado «sin causa» a la dictadura uruguaya. Fue el jefe de interrogadores Juan Carlos Lapuyole (alias «El Francés») quien lo trasladó en un Falcón hasta Aeroparque.

Lo instalaron en Migraciones, esposado a un calefactor. Lo subieron a un avión de Pluna. Era el Vuelo 158. Le sacaron las esposas y lo amenazaron para que no provocara incidentes. Quedó a cargo del capitán de la nave: un aviador morocho trigueño, alto, corpulento. El día 5, a las 12.20 horas llegó a Carrasco.

En el mismo vuelo viajaban su compañera, Estela Barboza, con su hijo David Rowinsky, quienes también habían sido secuestrados y deportados. Le logró pasar una carta para advertirle sobre lo que había declarado. Ella rompió la nota, pero los papeles aparecerían pegados cuando lo volvieron a interrogar…

«¿No te dije…?»

Personal del Departamento 4 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) lo fue a buscar dentro del avión a su llegada a Montevideo. Lo llevaron a San José y Yí, esposado y sin capucha. Lo encerraron en las celdas de seguridad del cuarto piso. Allí pudo ver a Isacc Lewi.

En las celdas de Jefatura volvió a ser torturado e interrogado por el subcomisario Raúl R. Benítez Caches (Viana no olvida la cicatriz de su rostro) y Pablo Fontana Zunino. El 9 de abril se decide su traslado al Batallón Nº 12 de Rocha, el lugar donde había estado preso antes de viajar a Argentina.

Había sido liberado en 1972. «Si es necesario te voy a ir a buscar a donde sea y te voy a volver a traer acá», le había advertido entonces el oficial Pedro Enrique Buzó Correa. El comisario Benítez lo entregó para el traslado a Rocha. Buzó lo recibió con una sonrisa: «¿No te dije que te iba a ir a buscar?», le dijo.

En Rocha, con el oficial Néstor Ramón Silvera Fonseca, lo bajaron a culatazos, lo arrastraron por la Plaza de Armas y lo subieron al segundo piso del edificio principal donde estaba el «S 2″ de inteligencia militar. «¿Qué hacemos con éste?», preguntó el subalterno. «Tratamiento consabido», le respondió el oficial.

A solas con Nino

Fueron testigos de aquella tortura tres dirigentes principales de los tupamaros que estaban en el Batallón. Eleuterio Fernández Huidobro («El Ñato») se alojaba en la Celda «3». En la «2» estaba Mauricio Rosencof («Pelado» o «Caruso») y en la Celda 1, se encontraba José Mujica («Pepe» o «Facundo»).

Fernández Huidobro relata el horror de aquella tortura al «Pantera Negra» durante aquellos días de «tacho» y «picana», en los que su cuerpo masacrado era tirado diariamente en la Celda «4». Al quinto día ya lo iban a torturar en el mismo calabozo. «Yo vivo en Buenos Aires, en Quilmes» se defendía Viana.

El 22 de abril, llegó a Rocha el mayor José Nino Gavazzo. Acababan de matar a Silvia Reyes, esposa de Washington Barrios, junto a sus amigas Laura Raggio y Diana Maidanick.

El Nino llevaba a una detenida de Artillería 1 y aprovechó para hacerle un careo con Viana en la enfermería del Batallón 12.

Quería saber sobre Washington Barrios. Ante las negativas de Viana, Gavazzo lo subió a la sala del «S 2″ y lo torturó personalmente. Le llegó a cerrar una puerta en la mano para quebrarle todos los dedos. Entonces ordenaron que lo enviaran al cuartel de Minas… «Allí vas a hablar, todos hablan», le advirtieron.

Zelmar y Barrios

En El Batallón de Infantería Nº 11 de Minas lo volvieron a torturar el mayor Gustavo Adolfo Taramasco Steinfeld («Alfredo») del OCOA, los hermanos capitanes Héctor Mario Castromán y Osvaldo Castromán, el capitán Tabaré Camacho Pastorino y personal del Batallón 12 de Rocha.

Viana recuerda los grados que los militares del Ejército llevaban en el cuello de sus uniformes como los oficiales de la «SS» en la Alemania nazi. También reconoció a oficiales de la Fuerza Aérea en las sesiones. Tampoco olvida la responsabilidad del piloto de la aviación que lo trajo en el viaje de Pluna.

El interrogatorio se centró en las actividades de Enrique Erro y Zelmar Michelini. Querían saber por qué lo defendieron Ortega Peña y Frondizi. También le preguntaban por Washington Barrios, a quién él desconocía. Se buscaba una justificación para las muertes de la calle Mariano Soler 3098.

En esos primeros días de mayo de 1974, el Negro Viana Acosta sufrió la intensa tortura en manos de Gavazzo y el «pajarito» Jorge Silveira. Hacía tres o cuatro días que lo tenían colgado y dándole «tacho», cuando alguien entró y en el lugar se hizo silencio…

La fusta del Goyo

Ese día estaban presentes los oficiales Buzó, Silveira y Raúl Mario Saravia. Le pusieron una capucha para que no reconociera al visitante, pero Viana había podido hacer pequeños agujeros en la tela para ver. Era el general Gregorio Conrado Alvarez, entonces comandante de la División de Ejército IV.

«Así que es éste», dijo con sarcasmo el Goyo. Viana cuenta que el general se cansó de golpearlo con la fusta e insistir en que dijera algo sobre Washington Barrios. Cuando comprendió que no lograría su propósito, recuperó la compostura y dijo: «Pueden continuar con él… tiene que hablar».

Con el visto bueno del oficial superior, la tortura sobre Viana Acosta se convirtió en saña.Tanto lo golpearon, lo picanearon y lo asfixiaron que uno de los que lo conocía de Rocha, tuvo que advertir que el negro había sufrido un paro cardíaco cuando años antes lo torturaron en el Batallón 12. Viana quedó días tirado en su celda, tapado con un poncho. Cuando volvieron a interrogarlo, dijo que tenía ladillas.

Llegó a arrojar en el rostro del torturador un puñado de pelos y parásitos que arrancó de su pubis. Tiraron DDT en su celda y casi se muere envenenado. Lo salvó un enfermero llamado Líber.

El «blanqueo»

Finalmente, Viana Acosta fue curado y preparado para devolverlo al Batallón 12 de Rocha. Allí no volvieron a golpearlo. Sólo lo sometieron a algunos plantones.

El 24 de octubre de 1974 el prisionero dejó de estar en condición de «desaparecido» y fue llevado ante el juez militar para ser procesado.

El juez militar de instrucción de 4º turno, capitán de navío Oscar Pío Llorens, asistido del secretario, capitán Juan Emilio Dendrines, le imputó «asociación subversiva» y «atentado a la Constitución en el grado de conspiración». Lo condenaron a seis años de cárcel que luego aumentaron a siete.

Permaneció en el Penal de Libertad (recorrió las alas 4 A y 4 B, las barracas y el 5 A) hasta que fue liberado el 18 de febrero de 1981, a casi siete años exactos de su secuestro. Se exilió entonces en la ciudad de Växjö, en el centro de Suecia, desde donde denunció internacionalmente su odisea.

Antonio Viana Acosta. Hoy vive en la Barra del Chuy, pero no olvida lo sufrido durante la dictadura en 1974.

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(*) Antonio Viana falleció recientemente en el Chuy lugar donde residía.

Malas y buenas noticias: Crysol recurre a Comisión IDH

 

El pasado martes 17 de diciembre, una delegación de Crysol se entrevistó con el Dr. Leonardo Costa y la Dra. Sofía Matteo del estudio jurídico Brum Costa que nos patrocina

Tal como era previsible, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó el recurso de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de tres incisos del artículo 11 de la Ley 18 033 presentado por CRySOL con la firma de 896 peticionantes, en setiembre del año 2023.

Habiendo agotado las gestiones con los gobiernos anteriores, el recurso fue presentado a los efectos de agotar las instancias nacionales de reclamación para poder recurrir a los tribunales latinoamericanos. El propósito es lograr que la Pensión Especial Reparatoria (PER) y la Pensión de Sobrevivencia que ella genera para los familiares de quienes fallecen sean compatibles y acumulables con las jubilaciones y pensiones propias.

En su fallo, la SCJ mantiene el criterio de rechazar los recursos presentados por las víctimas del terrorismo de Estado, desdeña los pronunciamientos de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH), la Resolución Silvia Flores Mosquera de la Comisión IDH y el Acuerdo de Solución Amistosa que llevó a cabo el actual gobierno en dicho caso para cumplir con los requerimientos del órgano de DDHH latinoamericano.

En los primeros días de febrero de 2025, CRySOL se estará presentando ante la  Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) para solicitar el amparo de la misma y lograr que el Estado adecue su legislación a los estándares internacionales y de acuerdo a los compromisos asumidos.

De acuerdo a las normas internacionales, los Estados deben reparar el daño ocasionado a sus víctimas, deben hacerlo de una manera integral y tampoco pueden obligar a renunciar a otros legítimos derechos para acceder a la reparación.

Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia que suscribieron la resolución fueron: Dra. Elena Martínez (Presidenta), Dra. Bernadette Minvielle Sánchez, Dr. Tabaré Sosa Aguirre, Dr. John Pérez Brignani y Dra. Doris Morales.

Montevideo, 23 de diciembre de 2024

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Crysol homenajeó a las y a los Fusilados de Soca

Las y los Fusilados de Soca: un crimen colectivo del Estado

 uruguayo en los comienzos del Plan Cóndor

Gastón Grisoni – Presidente de Crysol

Con duros cuestionamientos al papel del Poder Judicial, el sábado 14 de diciembre, a 50 años, Crysol homenajeó a las y a los fusilados de Soca junto al memorial que los recuerda en Canelones

Cuando construimos este Memorial,  en el año 2008,  lo hicimos, entre otros propósitos, para reclamar justicia. Hoy, a dieciséis  años, hemos logrado que la justicia finalmente se pronunciara, se identificara a algunos de los principales involucrados y se condenara al mayor retirado Ricardo Arab. La verdad de lo ocurrido, al menos una parte importante de ella, es de público conocimiento.

El asesinato de Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Angeles Corbo  que estaba embarazada y de Graciela Estefanell,  fue, en su momento, un crimen brutal y estremecedor. Lo sigue siendo. Tan brutal  como el hecho de que recién a 49 años del mismo se haya logrado que exista una  sentencia condenatoria.

A comienzos del mes de noviembre de 1974, estos cinco uruguayos,  junto con Julio Abreu y Amaral García, un niño pequeño en aquel entonces, fueron secuestrados en Buenos Aires, lugar donde residían luego de instaurada la dictadura en Uruguay.

Luego de ser torturados en centros clandestinos de Argentina, fueron trasladados en secreto a Uruguay,  torturados durante varios días, en la Casa de Punta Gorda, y, finalmente, ametrallados precisamente en este lugar. El testimonio de Julio Abreu, ha sido de vital importancia para conocer parte de lo ocurrido.

El Poder judicial ha estado omiso

Debemos señalarlo y dejarlo muy en claro. En este crimen colectivo, con la excepción de la Dra. Mariana Mota, el Poder Judicial estuvo omiso durante décadas. Lo decimos sin pelos en la lengua. En especial, ha estado omiso el máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia.

El avance en el esclarecimiento de estos hechos se debió, básicamente, a los esfuerzos privados de familiares, de compañeros y amigos, y, en los últimos años, del gobierno de Canelones, que nunca bajaron sus brazos.

Ley de Caducidad: inconstitucional de forma y contenido

Hay quienes cuestionan los procesamientos y formalizaciones de los terroristas estatales. Aducen que la actuación de la justicia desconoce los pronunciamientos populares que hubo. No es cierto. Como lo señaló la Suprema Corte de Justicia, las consultas populares no están por encima de las disposiciones constitucionales vigentes en el país. En  octubre del año 2009, la resolución 365 de la Suprema Corte de Justicia, presidida por Jorge Chediak fue categórica. La Ley 15 848, la ley de caducidad, fue declarada inconstitucional por motivos de forma y de contenido.

De acuerdo al  pronunciamiento judicial de esta causa, el principal imputado, el mayor en situación de reforma Ricardo Arab, en la actualidad, goza de prisión domiciliaria y el coronel Manuel Cordero está condenado y preso en Argentina por la causa Orletti. Son los únicos sobrevivientes de los autores materiales de una decisión adoptada al máximo nivel gubernamental en aquel período.

El enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo,  fundamental, incluso, para llegar a la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos.

Son Crímenes de Lesa Humanidad

El Poder Judicial tiene que cumplir con sus cometidos institucionales. Su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia debe aceptar de una vez por todas, que desde el Tribunal de Nuremberg, al cual Uruguay adhirió, estos asesinatos son “crímenes de Lesa Humanidad” tal como señaló la Sentencia Diana Maidanik y otros, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre del año 2021.

La lucha por la justicia es la lucha contra la impunidad, contra la cultura de la impunidad, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática. Es la lucha por afirmar las normas de Derechos Humanos y enfrentar todos los intentos por cambiar la Memoria de lo ocurrido, el relato histórico interesado en relativizar la responsabilidad de quienes promovieron y llevaron a cabo el proceso  del terrorismo de Estado.

La dictadura fue un proyecto pais

No fueron las acciones de grupos armados, ni  las protestas gremiales, estudiantiles y sindicales, las que abrieron las puertas a los militares,  las que fueron causantes de la dictadura y del terrorismo de Estado. La dictadura fue la respuesta de los grupos de poder dominantes a la crisis económica del país que se manifestó desde 1955.

Como lo señala la Ley 18 596, el 13 de junio de 1968 es una fecha histórica, marca un antes y un después en la vida de Uruguay. Ese día, Jorge Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad. Lo hizo para implementar, a sangre y fuego, las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional, iniciando el camino de la represión y la debacle institucional.

La dictadura fue un proyecto global e integral  de país que se impuso en América Latina y especialmente en el Cono Sur impulsado desde EEUU. Es la realidad de los hechos, es la verdad histórica.

Mantienen secuestrada la Verdad

En los últimos años, con un gran trabajo de fiscales comprometidos con la justicia y que en forma constante son hostigados públicamente por los nostálgicos del proceso o por quienes promueven una memoria elogiosa del mismo, se ha logrado el procesamiento de más de un centenar de represores. Es un número importante y significativo.

Es un logro de la persistente movilización popular. Lo celebramos. Seguiremos movilizándonos por la verdad acerca de nuestros detenidos desaparecidos, para encontrar sus restos, para que la democracia uruguaya sea de mejor calidad. También para que todos los represores sean juzgados, condenados y cumplan con sus castigos penales como lo regulan las normas vigentes. Hasta el momento no han brindado información relevante, no han colaborado con la justicia y siguen secuestrando la verdad.

40 años del retorno a la democracia

Dentro de unos meses, en marzo, precisamente, se cumplirán 40 años del retorno a la vida democrática, una etapa histórica que se logró con un enorme esfuerzo y dolor. A 50 años de lo ocurrido, una vez más, rendimos homenaje a los Fusilados de Soca, reivindicamos su compromiso con la vida y el país, rescatamos su legado y lo seguiremos haciendo, reclamando Memoria, Verdad y Justicia.

Cabalgando en la faz de la brisa, con margaritas de amor y de paz, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen: uruguayos Nunca Más!

Vivan las y los  Fusilados de Soca!